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El 2023 fue un año decisivo para Guatemala, no solamente se jugó el gobierno de los siguientes cuatro años sino su frágil modelo democrático. De forma inédita, fueron principalmente los pueblos y comunidades indígenas quienes protegieron al país del golpe técnico que pretendía ser el último paso hacia la consolidación de una dictadura. La defensa de la democracia se hizo desde diferentes formas de lucha como acciones legales, expresiones artísticas, asambleas, caminatas, plantones indefinidos y tomas de carreteras.
Por Prensa Comunitaria
Así, la resistencia indígena cuajó en un contexto político que se fue complicando, en el que se hizo evidente que el gobierno estaba dando un golpe de Estado técnico, alegando fallas administrativas en las inscripciones de los postulantes. En definitiva, que estaba dispuesto a todo para impedir cualquier posibilidad de que un nuevo gobierno democrático llegara al poder, y pudiera fin a la cooptación del Estado.
Mientras el TSE cerraba el plazo de inscripción de candidatos, en el país surgía un nuevo malestar.
A finales de marzo de 2023, un grupo de autoridades indígenas del pueblo Ixil, el Parlamento Xinca, los 48 Cantones de Totonicapán y la Alcaldía Indígena de Sololá, integrados como Alianza Nacional de los Pueblos Indígenas (ANPI), salieron a las calles e instalaron un primer paro nacional en importantes rutas del occidente del país, como Cuatro Caminos, Los Encuentros y Totonicapán. Exigían que se anulara la iniciativa 6165 “Ley de Regularización e Incorporación de los Sectores Productivos Primario, Pecuario, Bovino e Informal al Sistema Tributario” y el acuerdo gubernativo 245-2022, que amenazaban con cobrar impuestos al sector de la golpeada economía informal.
Aleisar Arana, presidente del Parlamento Xinka, dijo que como pueblos presentaron varias acciones contra la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero no fue hasta las elecciones “donde se logró, por fin, mostrar esa fuerza a través de las autoridades de los pueblos indígenas”. Poco después, la SAT accedió a derogar las normativas.
“Fue en esta última movilización que las autoridades o alcaldías indígenas ancestrales se presentaron como una articulación de Alcaldías Indígenas Ancestrales, bajo la denominación de Alianza de Pueblos Indígenas”, escribió el académico, Demetrio Cojtí.
Esa misma resistencia indígena o bloque de defensa, como lo ha llamado Rigoberto Juárez, fue la que en septiembre previo se había opuesto a la Ley Monsanto, que ya había sido aprobada y derogada en 2014 y que podría poner en riesgo la alimentación con la modificación de semillas, y a la Ley de Amnistía, que buscaba beneficiar a los militares enjuiciados en casos de lesa humanidad por sus crímenes de guerra. Una de las encomiendas del Pacto de Corruptos.
También protestaron contra la prolongación del contrato a la petrolera Perenco. La resistencia notó, en esa oportunidad, que hubo anomalías en el proceso de aprobación de la prórroga, pues solamente fue enviada a la Comisión de Finanzas del Congreso para la emisión de un dictamen, sin pasar por las comisiones de Energía y Minas y de Ambiente, que son las que tienen experiencia en la temática.
A inicios de septiembre de este año, un grupo de diputados de la oposición denunció haber recibido ofrecimientos económicos a cambio de vender sus votos para aprobar la iniciativa 6021 en la tercera lectura. Los ofrecimientos van de Q250 mil a Q300 mil (unos US$38 mil 900).
Las autoridades indígenas, ya articuladas contra el incremento tributario, decidieron permanecer organizadas bajo una misma resistencia por los problemas que surgieron en la primera etapa del proceso electoral, contó Luz Emilia Ulario Zavala, alcaldesa saliente de Santa Lucía Utatlán, Sololá.
Pese a que su marco de incidencia siempre había sido local, esta decisión fue la que permitió que se desarrollara un movimiento nacional con apoyo de los territorios.
La persecución de la FECI a Semilla
En el plano electoral, tal como lo previeron las autoridades indígenas, la problemática por el actuar del TSE y de las cortes evolucionó a otra fase aún más complicada y sin precedentes: el intento de cancelación de la agrupación Movimiento Semilla.
Las candidaturas de personajes del oficialismo o vinculados con este, como Zury Ríos y Manuel Conde, tenían en común ser negacionistas del genocidio Ixil y eso no sentó bien a los pueblos indígenas víctimas del terror de Estado, del exterminio y/o limpieza étnica/identitaria a manos de los regímenes militares. Durante la campaña electoral, hubo muchas expresiones de repudio por esta razón hacia la candidata de Valor, Zury Ríos, hija de José Efraín Ríos Montt, quien recibió una condena de un tribunal por delitos de lesa humanidad.
Bernardo Arévalo no era una figura suficientemente conocida, mucha gente no sabía que era diputado en funciones, pero ser hijo de uno de los presidentes mejor recordados de la historia, Juan José Arévalo Bermejo, le ganó una parte de los apoyos. El Movimiento Semilla fue la opción democrática que quedó, ya que el Pacto de Corruptos no lo vio como una amenaza. La narrativa principal de su campaña giró en torno al discurso anticorrupción y prometió al cierre de su campaña “un futuro sin CACIF”. La otra parte del respaldo que obtuvo fue una especie de coincidencia histórica entre el malestar de la gente por el amaño de las candidaturas y un castigo a la clase política tradicional que, a la vez que prometía mejoras en sus gobiernos, era la promotora de la corrupción que había llevado a la crisis política más aguda que se ha visto en los 27 años de la era democrática.
“En los territorios nos dimos cuenta de que la gente estaba haciendo propaganda a Arévalo. Con conversaciones, la gente fue regando la voz. Las personas mayores tuvieron protagonismo en este proceso, pues fueron quienes vivieron el período de Juan José Arévalo Bermejo. Se fueron escuchando las historias, se formaron la idea de que podía haber un candidato diferente. Así fue como logró pasar a la segunda vuelta”, explicó el integrante del Parlamento Xinka.
La llegada de Semilla a la segunda vuelta, con Sandra Torres, cuatro veces candidata de la UNE, fue una sorpresa para todos, pues la expectativa de la llegada de los candidatos del Pacto de Corruptos -Ríos o Conde- a la siguiente fase no era una mera ilusión: contaban con la plataforma del gobierno para lanzarse, con fondos públicos y otros apoyos, que en elecciones típicas habrían dado resultado.
Lo único que se cumplió de esa predicción del pacto fue el avance de Torres a la segunda vuelta, como ha ocurrido, sin falta, desde 2015.
Tras el pase inesperado de Semilla a la segunda vuelta, la FECI, que hasta julio de 2021 había sido la mano derecha en las investigaciones contra estructuras del crimen organizado que la CICIG perseguía, enfocó sus esfuerzos para invalidar la personalidad jurídica de Semilla, alegando que un ciudadano (hasta después se supo fue Giovanni Fratti, un disidente de la izquierda y a quien se le ha vinculado con grupos de la ultraderecha como Guatemala Inmortal o la Fundación contra el Terrorismo), denunció “el amaño” de la base de afiliados de Semilla para lograr su inscripción en 2019 como partido político. Una denuncia hecha sin prueba alguna.
No es casualidad este papel de Fratti, pues las organizaciones a las que apoya han sido claves para darle apariencia de legalidad a las persecuciones contra los opositores del gobierno actual. Estas organizaciones han presentado denuncias “ciudadanas” que se enmarcan dentro de la venganza contra los actores que encarcelaron al Pacto de Corruptos o que representan una amenaza para la continuidad del régimen.
Esta débil denuncia fue suficiente para que la FECI emprendiera su ataque contra Semilla, mientras el pacto se aliaba con Torres para asegurarse de conservar el poder al ganar la elección. Aunque no se dijo claramente, las intenciones desde entonces eran alegar que el binomio no contaba con un partido de base y, con ello, impedir que participaran en la segunda vuelta. Eso colocaría a Ríos o a Orellana en la carrera de nuevo.
Casi de inmediato, la FECI y el juez Fredy Orellana giraron órdenes de allanamiento y secuestro tanto en la sede de Semilla, como en las distintas sedes del TSE, para investigar la denuncia de Fratti. El primer allanamiento fue el 14 de julio. Fue claro entonces que, ni siquiera las advertencias internacionales de sanciones y exclusiones de Guatemala de ciertas consideraciones, detendrían el actuar del régimen.
Giammattei trató de aparentar que respetaba la separación del poder judicial y argumentó que no podría destituir a los actores del golpe por una reforma a la Ley Orgánica del MP de 2016, que refiere que la fiscal general del MP solo podrá ser destituida por “la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función”. La Corte de Constitucionalidad (CC) tampoco amparó a los abogados que buscaron revertir ese aspecto.
“De ahí es que empezamos a hablar entre nosotros de lo que íbamos a hacer. Por eso, en nuestros discursos hemos dicho que no era por un partido político, sino en la defensa de la democracia, porque se pasearon en todo. Ya no se respetaron sus propias leyes. Vamos a tratar de salvar una democracia que aún no es nuestra, pero hay que ir detrás de ella”, refirió Juárez.
Así, en julio pasado, estudiantes de la USAC, la Alcaldía Indígena de Palín y algunas organizaciones sociales convocaron a la Marcha de las Flores contra las actuaciones de la FECI dirigida por Rafael Curruchiche, subordinado a la fiscal general Consuelo Porras, y contra las órdenes del Juzgado Séptimo Penal, que insistían al Registro de Ciudadanos hacer desaparecer a Semilla.
“Los otros partidos utilizaron grandes cantidades de dinero, víveres, coimas, para comprar a la gente. Muchos se unieron a ser fiscales sin que les pagaran, para apoyar. Eso indignó porque estaba claro que el ganador legítimo era Arévalo. Eso generó el levantamiento del pueblo. Dimos el primer paso al hacer el llamado, pero la gente fue la que se sumó. Pusieron mini plantones en varios lugares”, recordó Aleisar Arana.
Arévalo y Herrera ganaron la elección contra todo pronóstico, cuando en la segunda vuelta, realizada el 20 de agosto, obtuvieron un 58% de los votos emitidos. Lo lograron sin una base partidaria grande, que no contaba con demasiados recursos para hacer una campaña más amplia.
El rol del TSE fue clave en este proceso. Si bien, al inicio del año el Tribunal pareció alinearse con el pacto para excluir a los candidatos incómodos al régimen, en esta segunda parte defendieron los resultados. Y lo hicieron todavía más cuando, en la primera vuelta, las actas de votación fueron escrutadas por orden de las cortes, después de que un grupo de partidos alegara que no confiaban en el conteo de votos reportado por sus fiscales de mesa.
La alcaldesa saliente de Santa Lucía Utatlán refirió que a los pueblos les desagradó el reconteo de votos, pues se notó la intención de los partidos que lideraban las encuestas de intención de voto, de cuestionar la voluntad popular. “La gente se molestó con el recuento. Eso impulsó a la gente a manifestarse”, señaló Ulario.
El TSE oficializó los resultados el 28 de agosto. De acuerdo al tribunal, una vez oficializados no se puede detener el traslado de mando, pero eso no impidió que el MP igualmente desafiara la ley.
El paro nacional para detener un golpe de Estado en marcha
Uno de los golpes más impactantes de la FECI ocurrió cuando el 29 de septiembre secuestró las cajas electorales y de las actas originales de las votaciones. Todo estaba organizado para poner en duda los resultados e impedir que a Arévalo se le adjudicara el cargo formalmente.
Este atraco a las elecciones fue la chispa que consolidó la articulación de los diferentes pueblos para combatir un enemigo común: al MP y a las cortes que propiciaron el golpe de Estado.
El medio de presión y de contrapeso que los pueblos decidieron contra las decisiones antidemocráticas que se tomaron fue paralizar al país y contra las instituciones públicas detrás del golpe, fue tomar las sedes distritales del MP o las Gobernaciones Departamentales.
“Nos reunimos en una asamblea, después de los secuestros y allanamientos al TSE, y aun cuando llegaron -la FECI- al Parque de la Industria. Habíamos puesto un amparo donde pedimos que se respetara el resultado electoral. No queríamos salir a las calles sin antes agotar lo legal. Tampoco fuimos escuchados. El 2 de octubre, los siete pueblos que iniciamos estábamos decididos a que se tomarían las calles en resistencia”, dijo Arana del Parlamento Xinka.
Así se logró una articulación que no se veía desde el conflicto armado interno.
“Veníamos analizando, veíamos demasiada corrupción y los abusos de las autoridades. Era fuerte. Teníamos que entrarle al paro para hacerlos entender que no nos dejaríamos robar las elecciones. Decidimos hacer un paro nacional, pero habíamos dicho que era indefinido porque había que tocar estructuras del sistema y creímos que se iba a tardar. Dio la casualidad de que un fin de semana, secuestraron los votos, pero ya habíamos pensado entrar en paro el 2 de octubre”, contó Ulario.
Fue ese día cuando se inició el paro nacional. La convocatoria fue hecha por las autoridades K’iche’ de los 48 Cantones de Totonicapán; del Parlamento Xinka, Ixil de Nebaj, Quiché; Kaqchikel y Tz’utujil de Sololá. Cuatro Caminos se convirtió en el epicentro de las manifestaciones y fue el espacio de confluencia de miles de personas de Huehuetenango, San Marcos y Quetzaltenango que llegaron a expresar su apoyo.
Junto a este punto, fueron tomados otros más en Chimaltenango, Sololá, Santa Rosa, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula. Paralelamente, se instaló una manifestación frente al edificio central del Ministerio Público, en la capital.
El movimiento por la democracia empezó en los departamentos. La capital no se unió inmediatamente a los plantones: fue hasta el 6 de octubre que empezaron a dar muestras de su participación en el paro.
Cuando se sumaron, la ciudad quedó paralizada con manifestaciones pacíficas en barrios de las zonas 3, 11, 12, 19 y 21. Además, la ciudadanía tomó algunos puntos de Boca del Monte y Mixco. Estudiantes de las universidades Landívar, Del Valle y San Carlos se incorporaron a las protestas.
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Estudiantes universitarios y pobladores paralizan la ciudad de Guatemala
El lunes 9 de octubre, iniciaba la segunda semana de paro nacional con manifestaciones registradas en 145 puntos por toda la República. El presidente Alejandro Giammattei y la jefa del Ministerio Púbico criminalizaron los plantones calificándolos como actos vandálicos y saqueos.
Porras se pronunció a través de un vídeo, en el que incluso calificó a las protestas como un delito. Desde entonces, la funcionaria no se volvió a referir en torno a las movilizaciones.
La noche de ese 9 de octubre, después del mensaje presidencial en cadena nacional, un grupo de personas con el rostro cubierto se infiltraron en la manifestación frente al Palacio de la Cultura y destrozaron las instalaciones del Monumento al Bicentenario que se encuentra a un costado de la Plaza Central.
En su mensaje Giammattei dijo que las protestas eran ilegales y omitió hablar de la demanda de la población de renuncia de la fiscal general.
La tercera semana del paro nacional comenzó con una serie de caravanas hacia la sede central del Ministerio Público en el barrio de Gerona, como los cientos de personas del pueblo Kaqchikel de San Juan Sacatepéquez que marcharon hacia Gerona el 16 de octubre. En los días siguientes llegaron caravanas de Sololá, Huehuetenango, Alta Verapaz, Quiché, Chimaltenango, Suchitepéquez, San Marcos, Jutiapa, Santa Rosa y muchos más lugares.
Ese día también se registró un ataque en contra de una manifestación que se realizaba en Malacatán, San Marcos, provocando la muerte de Francisco Gonzalo Velásquez Gómez. Uno de los señalados por este hecho es César Gudiel Ramírez Castillo, guardaespaldas del alcalde electo de Ocós, Álvaro López Rabanales, quien pertenece al partido Vamos.
Cinco mercados capitalinos ya habían participado en las manifestaciones del 9 de octubre. Sin embargo, nueve días después, por lo menos 50 más del departamento de Guatemala, organizaron una marcha masiva en contra de los funcionarios “corruptos”.
Fueron más de tres mil vendedores los que participaron para exigir la renuncia de Consuelo Porras. A esa movilización se unieron las autoridades indígenas que llevaban tres semanas de resistencia en Gerona.
La conmemoración del Aniversario 79 de la Revolución de Octubre coincidió con la movilización territorial. Encabezados por autoridades indígenas, organizaciones, colectivos, movimiento estudiantil y sindicatos se sumaron a la marcha que se llevó a cabo en la capital para recordar este periodo de la historia del país.
Ese día, el presidente electo Bernardo Arévalo brindó un discurso en el Centro Cívico. “Hoy, ante una tiranía de corruptos, estamos frente a una nueva primavera de prosperidad”, dijo el próximo gobernante frente a una multitud.
El día 22 de octubre se levantó el plantón en la mayoría de las carreteras tomadas. Las autoridades indígenas mencionaron que esta era una medida para reorganizar la movilización.
Si bien se acordó suspender las marchas por las rutas, las protestas continuaron en los departamentos y, principalmente, en Gerona en donde se mantuvo el corazón de la resistencia pacífica.
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Paro nacional: fechas y acciones importantes tras 44 días de resistencia
El paro llegó a ocupar más de 170 puntos a nivel nacional y tuvo su impacto más grande en los primeros 20 días de toma de carreteras. Después de ese tiempo, el 21 de octubre, concedieron tres días de tregua al gobierno que acabaron en nada.
Solo la Municipalidad Indígena de Sololá regresó a las calles, pero tras una semana, las autoridades recibieron peticiones de sus comunidades para buscar otras formas de protesta pacífica, pues, incluso ellos estaban siendo afectados por la pausa en la vida económica y comercial.
De esa cuenta, la segunda fase del paro consistió en establecer la manifestación pacífica frente a la sede central del MP en el barrio Gerona, zona 1 de la capital, como plantón permanente. Desde que el 2 octubre inició el Paro Nacional Indefinido, este plantón se convirtió en uno de los puntos más importantes de lucha y la demanda de renuncia de Consuelo Porras, fiscal general y otros actores detrás del intento de golpe de Estado.
Desde entonces se nutrió con la participación de caravanas que se han turnado para viajar desde los territorios hacia la ciudad capital. Se mantuvo como expresión de defensa de la democracia hasta el día que Bernardo Arévalo tomó posesión como presidente de Guatemala, ocupado por diversas delegaciones y caravanas que llegaban todos los días desde distintos territorios a hacer turnos de 24 horas.
Los pueblos se aseguraron de mantenerse visibles, pero también relevantes, al presentar acciones legales que marquen su rechazo a las maniobras del gobierno.
Por ejemplo, el 27 de octubre, las autoridades ancestrales y grupo de vecinos de la Comisión Ciudadana por la Transparencia de Santiago Atitlán, Sololá, llegaron a la ciudad de Guatemala para entregar a la Secretaría Privada de la Presidencia un memorial con más de 4 mil firmas en el que demandaron que el presidente cumpliera con la transición del poder el próximo 14 de enero.
El 14 de noviembre, la Alcaldía Indígena de Palín, Escuintla, denunció a la fiscal general por violar a la Constitución tras los allanamientos realizados al TSE. El 21 de noviembre, organizaron una manifestación que salió del Parque Morazán de la zona 2, pasó por el TSE y se dirigió hacia el Congreso para entregar otro memorial. Ahí las autoridades indígenas se toparon con una valla de policías que no les permitía el ingreso. Como respuesta, la marcha decidió organizar un nuevo plantón y durante 13 días no se movieron de ese emplazamiento.
La estrategia de los pueblos fue “multiplicarse” e instalar tomas en puntos estratégicos de ingreso hacia el Congreso, para impedir a los diputados entrar al edificio cuando estaban discutiendo la aprobación del Presupuesto 2024. La idea era presionarlos lo suficiente como para obligarlos a recibirlos y poder exponer sus demandas, pero eso no ocurrió.
En este contexto, el binomio electo abrió un espacio de diálogo con los pueblos llamado Acción por la Democracia, una especie de foro donde son escuchadas sus demandas, dando a las comunidades la esperanza de que el nuevo gobierno abriera una nueva era en la historia en la que incluya a los pueblos originarios.
Una de las preocupaciones de los pueblos, expresada por Rigoberto Juárez, fue la imposición de las autoridades municipales. Muchos son caciques que no reparten los fondos asignados por los gobiernos para que las autoridades ancestrales puedan también administrarlo en los proyectos que necesitan sus comunidades. Y eso lo excluye del desarrollo.
Las demandas y ganancias del paro
En este tiempo, las demandas del paro fueron variando. Primero exigieron defender la integridad del voto ante posibles manipulaciones, después fue la defensa de la democracia ante el golpe, pues desde octubre se temía que las investigaciones fabricadas por la FECI y el MP terminaran por comprometer el traspaso de poder y que esto provocara que Giammattei se perpetuara en el cargo, tal como pasó con los magistrados de la CSJ en 2019.
Pese a que las autoridades ancestrales se articularon en torno a la demanda de la dimisión de Porras, Curruchiche y Fredy Orellana, el paro también fue la plataforma en la que resurgieron antiguas demandas de justicia social que el Estado tiene pendiente de honrar.
De tanto en tanto, el derecho a la salud, educación, el respeto de la voluntad popular de rechazo hacia los proyectos extractivos, la erradicación de la pobreza y la desnutrición, entre otros, encontraron un espacio donde mantenerse vigentes a través del único micrófono que estaba abierto a cualquiera que tuviera que decir algo: el micrófono de la resistencia en Gerona.
Las autoridades ancestrales entrevistadas han reconocido que el gobierno de Giamattei se blindó y se negó a escucharlos. Ni siquiera la venia de la Organización de los Estados Americanos (OEA) logró que la reunión entre autoridades ancestrales y el presidente en Casa Presidencial abriera la posibilidad de un diálogo.
Sin embargo, la resistencia fue exitosa de otras maneras. Por un lado, su cercanía al centro de poder donde se tomaban las decisiones agudizó la vigilancia a los organismos para accionar legalmente contra las medidas que amenazaran a la democracia, rompiendo con la habitual pared que el gobierno ha impuesto para ignorar las demandas populares.
Así ocurrió con la condena por la aprobación del Presupuesto General de 2024, en el que se redujo significativamente el aporte a salud, educación y desarrollo, pero se incrementó el aporte del MP que en los últimos años ha utilizado sus recursos para criminalizar a opositores, periodistas, jueces, magistrados, fiscales y activistas.
La prolongación del paro en las calles fue una muestra de unidad, articulación, determinación y de autoridad popular nunca conseguida. La antropóloga Aura Cumes resaltó que “muchos han dicho que no han servido las manifestaciones, pero rescato que a través de la negativa de los poderes y del MP a recibir a las autoridades ancestrales, se han puesto en evidencia como arrogantes, déspotas, tiranos”.
“Veo a las autoridades con mucha sabiduría luchando en un momento problemático, pero que se coloca la democracia que queda como lo principal a rescatar”, agregó.
En un momento político histórico como fue la lucha por que el presidente electo tomara posesión de su cargo, la respuesta a las preguntas que planteaba al inicio la alcaldesa Luz Ulario – ¿por qué tenemos esta vida? y ¿por qué debemos aceptarla? – encontraron su respuesta en el despertar de una población indignada que dejó su indiferencia política para integrarse a la búsqueda de propuestas y soluciones desde la realidad de los territorios.
Ante la decadencia del Estado y la presión del MP para anular las elecciones, las resistencias de los pueblos sostuvieron la clave para salir de ese momento oscuro: aprender a gobernar con legitimidad y confiar en el rol de guardianes del sistema democrático que han asumido para respaldar el actuar que, hasta ahora, ha logrado detener en una medida el golpe de Estado.
“Este momento demanda la participación activa de todos los sectores de la sociedad guatemalteca, está claramente definido quiénes son los corruptos, en Guatemala ya no pueden seguir viviendo. No excluyéndonos es como ganamos”, expresa Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral Q’anjob’al de la región norte de Huehuetenango.
El día 15 de enero de 2024, a las 4 de la mañana, después de lograr tomar posesión tras horas de bloqueo por parte de Pacto de corruptos dentro del Congreso de la República, el ya presidente de Guatemala Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera se trasladaron al plantón de la resistencia en el barrio Gerona para agradecer a las autoridades ancestrales e indígenas y sus muchos aliados por mantener la presión durante 106 días sobre el MP y el pacto de corruptos. De esta manera, reconocían el papel fundamental que la ciudadanía, los pueblos indígenas y sus autoridades habían tenido el mantenimiento de la precaria democracia de Guatemala.
Pero ellos no piensan bajar la guardia.
“Estaremos en asamblea permanente, no termina con la toma de posición de Arévalo, va a pasar a otro escenario que será definido en la medida que se muestre la voluntad política del gobierno que asumirá y del resto de la sociedad”, dijo Rigoberto Juárez.
Lea la parte I Los pueblos indígenas, guardianes de la democracia frente a la instalación de un régimen autoritario, parte I
La detención de Pantaleón fue por los presuntos dos delitos en el caso del Libramiento de Chimaltenango. Una obra que se construyó durante el gobierno del expresidente Jimmy Morales, que se desmorona cada invierno.
