Sololá tiene una larga tradición de resistencia y oposición a los gobiernos dictatoriales. Por eso, pasada la tregua concedida al gobierno, fue el único departamento que decidió tomar las carreteras por una semana más. Del 24 al 27 de octubre sostuvieron la única movilización como una medida de hecho para demostrar su rechazo al intento de golpe de Estado.
Por Paolina Albani
El pueblo de Sololá retomó el control de las carreteras del departamento el 24 octubre pasado, como parte de las acciones del paro nacional para continuar haciendo presión al gobierno en sus demandas por desaforar a la fiscal general, Consuelo Porras, a los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, además del juez Fredy Orellana. Sin embargo, esa decisión no fue imitada por los 48 Cantones, que concedieron al Ejecutivo una tregua de tres días, el pasado 21, tras la cual ya no regresaron a las calles en los territorios.
La decisión de Sololá de renovar la toma de los caminos se dio tras una asamblea en donde los alcaldes comunitarios acordaron alargar las manifestaciones y concentraciones a partir del 24 de octubre, a las 7 de la mañana, sobre la carretera Interamericana, según dio a conocer Misrahi Xoquic, alcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá.
“Hemos tomado un pequeño receso, pero los ánimos están recuperados. Según los acuerdos en la asamblea de alcaldes comunitarios del viernes -20 de octubre-, se acordó retomar las manifestaciones y puntos de concentración”, anunció Xoquic.
Mientras su vicealcalde, Esteban Toc Tzay, expresó que las movilizaciones las inició el pueblo de Sololá al ver que nadie más “tenía las agallas” de levantar la lucha contra la corrupción.
“Muchos hablaban de la corrupción. Sin embargo, nadie se animaba. Hoy por hoy, fuimos los primeros en decir: démosle y ahora todos están encima”, indicó el día que anunciaron el regreso a las calles.
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Fuentes en Sololá dijeron que la toma sería indefinida, como la primera, y calcularon que podría durar otros 20 días.
“Todavía hay autoridad indígena, que aplica la justicia como debe de ser. Miren cómo tienen a Guatemala estos señores. Hemos tenido presidentes, diputados, alcaldes, gobernadores, empresarios corruptos. Y qué han hecho. Nada. Porque los que imparten justicia también son corruptos, mientras el pueblo se está muriendo por falta de desarrollo, de justicia, de certeza”, refirió Edgar Tuy, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá, en su mensaje del 24 de octubre, en el día 23 del paro nacional.
El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Chuiquel, tomó el kilómetro 140 de la carretera Interamericana que atraviesa Sololá, en la cual participaron más de 17 comunidades. Además del kilómetro 130, conocido como La Cuchilla, una toma que fue organizada por seis alcaldes comunitarios; el kilómetro 137 a manos de la aldea María Tecún Alayo; y el kilómetro 138.5 en San Juan Argueta.
“Tenemos que triunfar sobre estos corruptos que están engañando a nuestro país, queremos que renuncien, porque el pueblo de Sololá está cansado… los Cacifes -las cámaras empresariales- y los diputados se han llevado nuestros impuestos, por eso no hay proyectos, no hay buena salud en los hospitales ni educación”, indicó Pedro Quisquina, alcalde indígena del área urbana de Sololá el pasado 25 de octubre.
La nueva estrategia de Sololá
Las acciones de Sololá no se quedaron en la toma, sino que diversificaron su estrategia de presión. No solo taparían el paso en los caminos sino que cerrarían negocios, enviarían caravanas a la capital de Guatemala para apoyar el paro nacional frente al Ministerio Público (MP) del barrio Gerona, en la zona 1, e iniciarían un proceso de recolección de firmas para un memorial que entregarían al gobierno.
Pero la estrategia también fue comunicativa. Los pueblos de Sololá, que se mostraron herméticos con algunos medios capitalinos señalándolos de ser cómplices del régimen de Alejandro Giammattei, llevaron a sus comunicadores, a sus medios locales y a sus tiktokeros para que transmitieran las acciones que ponían en marcha y que llegaran a los pobladores que sostenían la lucha en sus comunidades.
Sin embargo, el cierre en Las Trampas, Los Encuentros, La Cuchilla, La vuelta del Toro. Y en la bajada a Panajachel, entre otras, duró solamente una semana más, pese a que, desde el inicio, se dijo que no la levantarían hasta que renunciaran los operadores de justicia que intentaron dar golpe a las elecciones generales.
A lo largo del paro nacional, Sololá y otros pueblos han expresado que la corrupción en las instituciones y servicios públicos habían decaído en calidad y acceso, perjudicando la calidad de vida de la gente.
“Manifestamos nuestro malestar porque vivimos en una Guatemala llena de tanta corrupción” y “estamos luchando por un mejor país y queremos la democracia”, fueron algunas de las muchas frases dichas por los comunitarios de Sololá, destinadas a repudiar la corrupción.
Para el 25 de octubre, otro grupo de vecinos conformados por las autoridades comunitarias y ancestral del pueblo Tz’utujil de Santiago Atitlán, se organizaron para dejar establecido en un memorial su inconformidad por la continuidad de la fiscal general en el cargo, además de demandar las reformas a la Ley Orgánica del MP, que posibilitaría al presidente destituir a los funcionarios señalados de instrumentalizar las instituciones para dar el golpe de Estado.
Además, recordaban a Giammattei la importancia de la alternancia de poderes y le exigían entregar el cargo el 14 de enero de próximo, como lo indica la Constitución Política.
El viernes 27, entregaron el memorial en la Secretaría Privada de la Presidencia y en el Congreso, una copia con más de 4 mil firmas recaudadas. No sin que trabajadores del Ejecutivo intentaran no recibir su documentación.
Esta acción que podrían pensarse no tiene el mismo peso que tomar caminos, es una acción que conecta a Sololá con su pasado de oposición y resistencia. Específicamente, al pueblo de Santiago Atitlán de los noventa. Tras la masacre del 2 de diciembre de 1990, en donde fueron asesinadas 13 personas desarmadas, los pobladores reunieron firmas y las entregaron al entonces presidente, Vinicio Cerezo, para que ordenara la retirada del Ejército de ese lugar.
La iniciativa, que fue una movida riesgosa por el poder que el Ejército aún tenía sobre las decisiones políticas, probó ser efectiva en alguna medida. Siete años después, Guatemala firmaba la paz y las fuerzas armadas serían ser reducidas como parte de los acuerdos de paz.
El pueblo de Sololá en la capital
La permanencia frente al MP no ha sido fácil. La gente que está ahí se enfrenta a las inclemencias del clima, al cansancio y agotamiento, pero sobre todo, a la pasividad y a la desatención del Ejecutivo para hacer los cambios necesarios y devolver la tranquilidad a quienes defienden, con todo lo que les queda, su derecho elegir autoridades.
“Lo hacemos porque queremos vivir mejor y que nuestros hijos tengan un mejor futuro”, refirió José Ben Ibate, autoridad ancestral de Panajachel, cuando se le entrevistó sobre sus motivaciones para integrarse al paro nacional.
Y es que el paro ha sido el espacio en donde han resurgido demandas históricas de justicia social como un mejor sistema y atención en salud, en educación, la inclusión y representatividad política de los pueblos indígenas, pero que también ha tendido una fuerte base para la expresión de solidaridad a las resistencias comunitarias.
“Las familias y comunidades están organizadas con su autoridad comunitaria para mejorar la educación, la salud, la nutrición de la niñez. Aunque hemos salido adelante a pesar de la falta de educación, a pesar de que no haya salud ni medicinas… Existe mucha corrupción en Guatemala. Por eso estamos acá, y no nos iremos hasta que el gobierno haga su trabajo”, indicó David Saloj, autoridad ancestral indígena de Sololá.
Saloj también dijo que las movilizaciones han sido una lucha en común para “recuperar la poquita democracia que nos queda, la libertad, el derecho y la dignidad”.
“No venimos a mendigar, exigimos justicia y que se cumplan las leyes. Queremos la victoria. No estamos paseando, venimos por un objetivo. Estamos aquí peleando por nuestro derecho”, agregó el alcalde indígena.
#GuateResiste ✊🏾”El objetivo de venir acá es poder pelear por lo que nuestros padres y abuelos han peleado durante 70 años”, expresó David Saloj, autoridad ancestral de #Sololá.
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— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) October 26, 2023
Estas resistencias, en ocasiones, han acarreado perjuicios personales con la esperanza de conseguir beneficios grupales.
Como ha sido el caso de Adriana Chiroy, alcaldesa del barrio San Antonio, y su hija, Adriana Elizabeth Vicente, quienes formaron parte de la comitiva de Sololá que acudió a la capital para apoyar las protestas contra los intentos por deslegitimar los resultados electorales por parte del gobierno.
Entre las dos atienden un negocio de venta de tortillas que fue cerrado por el paro nacional. Esta medida afectó su economía, pero admitieron que no más que la corrupción de todos los días.
La liberación de las carreteras
Las tomas en Sololá continuaron toda la semana pasada, eso antes de que las primeras comunidades, como Santa Lucía Utatlán y Panajachel, liberaran los primeros comunicados de integrantes de los Consejos Municipales de Desarrollo (Comude), en los que anunciaban que levantarían la toma de los caminos el jueves 26 de octubre.
La información solo fue confirmada de parte de Santa Lucía Utatlán. En el caso de Panajachel, se puso en duda la autenticidad del documento, pues algunas voces sugerían que había divisionismo en las comunidades y que la decisión no había sido consensuada con las autoridades ancestrales indígenas.
Fue hasta la noche del 27 que, de común acuerdo, las comunidades de Sololá pactaron detener la toma de carreteras.
Ese mismo día, las autoridades indígenas de Sololá anunciaron que permanecerían tomadas las instituciones como el MP, los juzgados y tribunales, Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Gobernación Departamental, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la municipalidad, Procuraduría General de la Nación (PGN), entre otros.
“Los alcaldes comunitarios hemos llegado a la conclusión de abrirlos, pero mantener la resistencia y manifestación pacífica en estos lugares”, dijo Tuy a los medios.
El cambio de la estrategia ha consistido en concentrar a más personas frente al MP de Gerona para presionar aún más al gobierno, dado que las tomas en los caminos no habían generado cambios. De parte de Santa Lucía Utatlán, convinieron enviar a 500 personas en caravana, por turnos.
Desde entonces, sin faltar un día, las diferentes comunidades de Sololá se han presentado frente al ministerio para continuar exigiendo (bajo el intenso sol y lluvia) la salida de Porras, Curruchiche, Monterroso y Orellana.
