El único argumento fiscal para pedir allanamientos en el Parque de la Industria y del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral es una denuncia escueta del ciudadano Giovanni Fratti en la que no constan pruebas de ningún ilícito. El juez Fredy Orellana se tomó un minuto y 40 segundos después de oír los argumentos de la fiscal del caso para autorizar las requisas de material informático, teléfonos, actas y urnas por “indicios” de que el Movimiento Semilla podía incurrir en defraudación al patrimonio del Estado.
Por Héctor Silva Ávalos
Toda la operación judicial iniciada por el Ministerio Público (MP) de Guatemala para apropiarse de las urnas electorales está basada en una denuncia interpuesta por el ciudadano Giovani Fratti el 26 de julio de 2023, un mes después de que Bernardo Arévalo y Karin Herrera, del Movimiento Semilla, pasaron a la segunda vuelta electoral tras la primera jornada de la elección presidencial.
Fratti es un columnista -él se autodefine como periodista- que suele hacerse eco de planteamientos de la ultraderecha guatemalteca. En sus redes sociales, sobre todo en su cuenta X, ha expresado opiniones afines a las de grupos como Guatemala Inmortal o la Fundación contra el Terrorismo, según las cuales el partido Movimiento Semilla cometió fraude en la primera ronda electoral y, gracias a ello, ganó el balotaje en agosto pasado.
Un mes después de la primera vuelta electoral, Fratti fue al Ministerio Público a hacer una denuncia contra el Movimiento Semilla. Su razonamiento es que el partido con el que Bernardo Arévalo llegó a la presidencia puede caer en una ilegalidad a futuro si recibe la deuda electoral que le corresponde por cada voto válido obtenido en la primera vuelta.
La ilegalidad, razona Fratti, estaría basada, primero, en que el Movimiento Semilla había sido suspendido por un juez, Fredy Orellana, el 12 de julio de 2023, por lo que no debería de recibir fondos públicos, y luego, en supuestas discrepancias entre los votos físicos recibidos por Semilla y los reportados en las actas electorales avaladas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). De lo segundo Fratti no presenta prueba alguna y de lo primero dice estar informado por “reportes en medios de comunicación”. Orellana suspendió temporalmente a Semilla por la supuesta falsificación de firmas durante la inscripción del partido político; el caso está basado en la denuncia de una persona.
Sin agregar nada a lo solicitado por Fratti, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público hizo suya la denuncia del columnista y la ocupó como base para pedir al juez Fredy Orellana, el mismo que había suspendido a Semilla en julio pasado, que autorizara el allanamiento del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el Parque de la Industria y del Registro de Ciudadanos en la Zona 2 de la capital.
El 7 de septiembre, a petición del MP, el juez Orellana convocó una audiencia extraordinaria para escuchar la petición fiscal. La audiencia inició a las 10:41 a.m. de ese día. Leonor Eugenia Morales Lazo, la fiscal asignada, leyó ante Orellana sus argumentos, que son los mismos que usó Fratti: “Existe el peligro razonable y fundado de que el partido suspendido provisionalmente reciba fondos del Estado de Guatemala producto de las falsedades o inconsistencias en la cantidad de votos válidos obtenidos defraudando fondos públicos de manera ilícita dadas las irregularidades e inconsistencias que han sido establecidas en este proceso electoral 2023, existiendo la posibilidad razonable y fundada que se defrauden fondos de patrimonio del Estado y pueblo de Guatemala”.
Cuando terminó de leer su argumentación, la fiscal Morales entregó la documentación de soporte al juez, incluida la denuncia de Fratti. Menos de dos minutos después, Orellana dio su respuesta en voz alta: “La autorización de lo solicitado es congruente con la búsqueda de la verdad histórica o material. Ha lugar lo solicitado… Se autorizan los allanamientos”, dijo este juzgador, a quien el Departamento de Estado de Estados Unidos ha calificado como funcionario antidemocrático y corrupto por “socavar procesos e instituciones democráticas al autorizar cargos criminales no sustentados y con motivación política contra periodistas que ejercían su libertad de expresión protegidos por la ley guatemalteca”.
Cuando el MP allanó el Parque de la Industria el 12 de septiembre pasado, seis días después de que el juez Orellana avalará las requisas, el jefe de la FECI, a cargo del procedimiento, aseguró más de una vez que el operativo no estaba relacionado con Semilla. “No hay ninguna implicación directa al partido político Movimiento Semilla”, dijo Rafael Curruchiche, el líder de la FECI nombrado por la fiscal general Consuelo Porras. Antes había dicho algo similar: “Esta diligencia no tiene ninguna vinculación directa o indirecta para favorecer o perjudicar a ningún partido político o a sus dirigentes”. Curruchiche y Porras también han sido nombrados funcionarios corruptos y antidemocráticos por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos.
Documentos relacionados al proceso judicial relacionados con estos allanamientos, el número 1079-:2023-231, dejan claro que Curruchiche mintió: todo lo actuado por el MP en este caso está relacionado con el Movimiento Semilla y con la posibilidad de que, en el futuro, el partido ganador de las presidenciales reciba deuda electoral del Estado mientras dura su suspensión temporal. La denuncia del ciudadano Fratti es directamente contra Semilla. Y es esa denuncia la que sustenta todo lo actuado por Curruchiche, la fiscal Morales Lazo y el juez Orellana.
En público, el jefe de FECI siempre fue vago al hablar de las razones para hacer los allanamientos. Sus acciones, dijo, se derivan de “algunas inconsistencias que pudieron haberse generado ese día”. En ninguno de los documentos que el juez Orellana tuvo a la vista para autorizar los allanamientos del COPE y el Registro de Ciudadanos constan cuáles son esas inconsistencias. Curruchiche, protegido por la reserva que Orellana decretó al caso, no ha tenido que decir más.
Una intervención condenada dentro y fuera de Guatemala
Cuando los agentes del MP, encabezados por Curruchiche y la fiscal Morales Lazo, ingresaron a las instalaciones del TSE en el Parque de la Industria protegidos por contingentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se embarcaron en acciones que no se habían visto en Guatemala desde los tiempos de las dictaduras militares a mediados del siglo pasado. Nunca, en la historia reciente, una autoridad había confiscado urnas y votos después de una jornada electoral.
En una de sus intervenciones públicas aquel día, Curruchiche justificó sus acciones diciendo que si bien en las urnas estaba depositada la voluntad de los guatemaltecos, como lo reconocía el TSE, para él ahí podía haber “indicios”.
Varios gobiernos extranjeros y organismos multilaterales acompañaron las protestas que las acciones del MP provocaron en Guatemala. Uno de los más incisivos ha sido Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien incluso viajó a la ciudad de Guatemala. El 6 de septiembre, Almagro se reunió con Consuelo Porras para expresarle su preocupación por las acciones contra los ganadores de las elecciones. Un día después del encuentro, el MP solicitó allanar el TSE en su intento por defenestrar a Semilla.
Durante la reunión del 6 de septiembre, fue Rafael Curruchiche quien tomó la palabra para contestar a Almagro. Los reclamos, dijo el jefe de FECI, eran actos de injerencia extranjera; también dijo el fiscal guatemalteco que él solo debía de responder a la Constitución de su país.
Pocos días después, el 12 de septiembre, la OEA publicó un comunicado contundente sobre los allanamientos que el MP había hecho ese día. Eran, dijo el organismo, muestras de la “instrumentalización política del aparato de persecución penal”.
“Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a las miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes”, dijo la OEA en su comunicado.
También se pronunció el gobierno de Biden en Washington: “Este comportamiento antidemocrático socava las instituciones democráticas guatemaltecas y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana… El pueblo de Guatemala ha hablado. Su voz debe de ser respetada”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado. A finales de octubre, los estadounidenses anunciaron la suspensión de visas a funcionarios y particulares vinculados con los actos antidemocráticos entre los que nombró “los esfuerzos continuados para socavar la transición pacífica del poder al presidente electo Bernardo Arévalo”, y mencionó las acciones del MP de “decomisar los materiales electorales” bajo custodia del TSE.
El repudio más grande, sin embargo, fue el de decenas de miles de guatemaltecos que salieron a la calle a protestar, se tomaron las principales calles del país e incluso cerraron durante varios días las ciudades más importantes, incluida la capital. Las protestas, que iniciaron el 2 de octubre, se han mantenido aunque de forma intermitente y continúan exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas.
La reacción de quienes apoyan a la fiscal Porras y adversan el triunfo electoral de Semilla se hace eco de los argumentos que el MP hizo ante el juez Orellana, basados en los argumentos del ciudadano Giovanni Fratti. Hubo, dicen, fraude electoral. Entre las cajas de resonancia que siguen usando este argumento está una organización que se llama Guatemala Inmortal, de la que Fratti ha sido miembro.
Los mismos de siempre
El nombre de Giovanni Fratti se agrega, hoy, a la lista que incluye a los funcionarios públicos que han encabezado las acciones del sistema judicial guatemalteco contra el Movimiento Semilla, entre ellos Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana.
Intentamos contactar a Fratti, pero no obtuvimos respuesta.
Fratti dice, en sus redes sociales, que es periodista. Fue, de hecho, columnista de Publinews, un periódico guatemalteco. Es también abogado. Se opuso siempre a las acciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Hoy, además, ha denunciado al Movimiento Semilla y su denuncia está a la base de acciones calificadas en todo el planeta como antidemocráticas.
Leonor Eugenia Morales Lazo, la fiscal que hizo suyos los argumentos de Fratti para pedir los allanamientos del TSE, también ha sido señalada. En enero de este año fue denunciada por los abogados Leily Santizo Rodas y Juan Francisco Sandoval, representados ambos por Claudia González, quienes acusaron a la fiscal de FECI de mentir y añadir información falsa en sendas solicitudes a un juez de órdenes de captura internacionales contra ellos.
Santizo fue mandataria de la CICIG y está exiliada. En Guatemala fue encarcelada por un caso que, como el de los allanamientos al TSE, está basado en denuncias interpuestas por cajas de resonancia de la ultraderecha guatemalteca, en este caso de la Fundación contra el Terrorismo. Sandoval fue jefe de la FECI antes que Curruchiche y está exiliado en Estados Unidos desde julio de 2021, cuando fue destituido por, entre otras cosas, investigar al presidente Alejandro Giammattei por supuestos sobornos.
Claudia González, la abogada que representó a Santizo y Sandoval en este caso que llevó la fiscal Morales Lazo, fue detenida hace más de dos meses por un caso espurio por supuesto abuso de autoridad, un delito que no se le puede achacar porque ella nunca fue funcionaria pública
A Morales Lazo, el exfiscal Sandoval y la exmandataria Santizo la acusaron de abuso de autoridad. Esta denuncia, sin embargo, quedó engavetada en el MP de Consuelo Porras. Morales, lejos de ser investigada, fue la voz principal en la audiencia de septiembre en que, con los mismos argumentos de un periodista que no lo es, pidió al juez Fredy Orellana allanar el Tribunal Supremo Electoral y llevarse las urnas de la jornada electoral. Ella es la fiscal que basó su alegato en una denuncia que está basada, a su vez, en la suspensión temporal del Movimiento Semilla, ordenada por el mismo juez, Orellana, que avaló los allanamientos. Con todo eso en la mesa, Rafael Curruchiche, el jefe de FECI, dijo que la requisa al TSE no tiene nada que ver con Semilla.
“Esto lo que demuestra, y por la persona que lo presenta (Fratti) es que no tienen absolutamente ningún caso y que se les va a caer. Hay un sector intentando un golpe de Estado. Han hecho cosas completamente ilegales e irracionales… Han quedado completamente en evidencia”, dijo Samuel Pérez, diputado por el partido Movimiento Semilla.
El audio fue publicado en la cuenta de X de la periodista Michelle Mendoza
🚨🚨🚨🚨ATENCIÓN🚨🚨🚨🚨
SE VAN A BAJAR LAS ELECCIONES.💥En el siguiente We Trasfer ustedes van a escuchar como en menos de 15 minutos "la fiscal" Leonor Eugenia Morales Lazo -aquella que arrebataba las cajas en el TSE- y el nefasto "juez" Freddy Orellana de manera tan vulgar y…
— Bertha Michelle Mendoza (@mmendoza_GT) November 10, 2023
