El 2023 fue un año decisivo para Guatemala, no solamente se jugó el gobierno de los siguientes cuatro años sino su frágil modelo democrático. De forma inédita, fueron principalmente los pueblos y comunidades indígenas quienes protegieron al país del golpe técnico que pretendía ser el último paso hacia la consolidación de una dictadura. La defensa de la democracia se hizo desde diferentes formas de lucha como acciones legales, expresiones artísticas, asambleas, caminatas, plantones indefinidos y tomas de carreteras.
Por Prensa Comunitaria
Todos los pronósticos advertían que en 2023 el Pacto de Corruptos lograría cooptar todo el Estado y que las elecciones serían la guinda del pastel para que pasáramos de un régimen híbrido a uno autoritario. Un buen porcentaje de la población se negó a aceptarlo y expresó en la segunda vuelta electoral su voluntad de hacer un cambio votando por el partido Movimiento Semilla. Bernardo Arévalo y Karin Herrera obtuvieron el 58% de los votos mientras que Sandra Torres, candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), con un 36.9% se quedaba por tercera vez lejos de llegar al cargo. La resistencia de este bloque de poder no se hizo esperar en forma de varios agravios, persecución penal y amenazas, pero la gente se volcó a las calles a defender su voto, siendo el momento más álgido el Paro Nacional Indefinido que inició el 2 de octubre.
Para comprender esta resistencia y su génesis, podemos partir de dos preguntas que la alcaldesa saliente de Santa Lucía Utatlán, Sololá, Luz Emilia Ulario Zavala ha planteado en referencia al modelo excluyente en el que sobrevive la mayoría de la población: ¿por qué tenemos esta vida? y ¿por qué debemos aceptarla?
El conflicto armado interno que intentó exterminar a las poblaciones indígenas opositoras a los regímenes militares terminó hace 27 años, dejando saldos irreparables como masacres, desapariciones masivas y crímenes considerados de lesa humanidad. En la actualidad, los fusiles han sido reemplazados por otras acciones más sofisticadas, aunque igualmente atemorizantes: cooptación del Estado, el uso del rumor y difamación a través de redes sociales, denuncias espurias y encarcelamiento hacia opositores y personas incómodas en un marco de derecho parcializado, que ha instrumentalizado a la institucionalidad pública contra la población que demanda la supervivencia de la poca democracia que queda.
Con su acción decidida en la forma de Paro Nacional, los pueblos y autoridades ancestrales e indígenas, históricamente excluidos de los espacios de toma de decisiones, han demostrado su fortaleza para defender una democracia que no consideran propia, pero de la que quieren formar parte.
Una democracia que apenas protege
¿Por qué deciden defender esta democracia? Fue la pregunta que planteamos a las autoridades indígenas.
“Esta democracia tampoco nos pertenece, sin embargo, si no actuamos, somos los pueblos indígenas los que más vamos a ser afectados por un Estado tan corrompido y criminal. Se va a acentuar la criminalidad en contra de nuestros pueblos”, asegura Rigoberto Juárez Mateo, autoridad del Gobierno Ancestral Plurinacional de Huehuetenango.
“Cuando digo que hay una democracia que no es la nuestra, pero sí nos afecta y nos daña, ¿Entonces cómo a hacer para que ya no nos siga dañando?”, cuestiona.
Rigoberto Juárez asegura que el ejercicio de la autoridad ancestral, la forma como las autoridades son nombradas o llegan a una responsabilidad no tienen nada que ver con el sistema democrático de elección que rige el Estado de Guatemala.
“Por ejemplo, en muchas comunidades y territorios de pueblos indígenas, hay un proceso de selección de nombramiento de sus propias autoridades y en ese sentido el Estado impuesto no ha sabido controlar o no lo puede controlar. Son mecanismos propios y son independientes y autónomos de este Estado”.
“Pero la imposición de autoridades municipales, los alcaldes, concejos municipales que están también en la línea vertical del ejercicio del sistema impuesto, eso sí afecta ¿Por qué? porque el recurso económico que llega a los municipios no llega a manos de la autoridad ancestral, sino llega en forma de control y administración de los recursos y eso afecta directamente”.
“Quizás ahí es donde cuesta entender por qué estamos volcados a defender esta poca democracia que queda porque tampoco existe, es una falsa democracia”, asevera Juárez Mateo.
“Los pueblos, como guardianes de la democracia, tienen claro que, si no se defienden del Pacto de Corruptos, este seguirá usando la criminalidad y violencia en su contra para desestabilizarlos”.
“Hoy nuestra gente, y las autoridades ancestrales, principalmente, estamos volcados a defender el voto de la gente, el voto de su comunidad, el voto del vecino, ese voto es sagrado y cuando ese voto no ha sido comprado, que se fue a depositar con toda la certeza, que no fue posible manipularlo, se convierte aún más sagrado. ¿Cómo va a ser posible que alguien venga y le robe el único momento cuando la gente acuda a votar en cuatro años? Porque hay un gobierno municipal, hay un concejo municipal, hay diputados que se eligen y van a tener una duración de cuatro años. Y hay un gobierno central que se elige y va a tener una duración de ejercicio durante cuatro años y si ese gobierno occidental va a actuar de una manera un poco menos violenta, menos agresiva en contra de nosotros, desde luego es importante, es bueno para nuestros pueblos”.
“Y ahí es que vemos en estas elecciones una posibilidad de que Bernardo Arévalo podría ser una alternativa que nos acerque a esas posibilidades de fortalecer nuestras formas de gobierno”, concluye la autoridad ancestral del norte de Huehuetenango.
Por su parte, Feliciana Herrera, autoridad indígena del pueblo Ixil de Nebaj aseguró que se organizaron con otras autoridades del país para apoyar la resistencia porque precisamente en sus territorios están “sufriendo el bloqueo al desarrollo”.
“Lo que vimos en el Congreso con la aprobación del presupuesto de la nación es que no les importa la salud ni la educación. Si hay un alto índice de migración hacia Estados Unidos es porque no existen las condiciones de vida para quedarnos en nuestros territorios. Las leyes parecen que existen solo para beneficio del Pacto de Corruptos. Si no accionamos, el pueblo seguirá en la miseria y aislado en cuanto a sus derechos. En la ciudad podemos ver avances con Universidades privadas y buenas instalaciones, pero la Universidad del pueblo debería estar en el pueblo y las carreras que nos han obligado a estudiar son las pocas que llegan a nuestros territorios. Entonces, uno no se siente satisfecho de estudiar eso porque no es lo suyo. Mejores condiciones de vida es lo que exige el pueblo desde hace 500 años”, señala Herrera.
La defensa de los derechos que los pueblos y comunidades indígenas han ejercido por años en sus diferentes territorios se trasladó a la capital a inicios del año y se alineó al malestar generalizado para abanderar una lucha contra los enemigos comunes de los pueblos indígenas y el pueblo mestizo: la fiscal general del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, los fiscales de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, y el juez Fredy Orellana.
Estos actores, desde sus oficinas, han girado órdenes de detención, allanamientos y secuestros para fabricar una investigación en la que ha conseguido varias cosas: la primera, poner en duda la integridad del voto y de los resultados de las elecciones generales 2023; la segunda, debilitar al binomio ganador de la Presidencia, el Movimiento Semilla, con una denuncia por un supuesto amaño de sus bases de afiliados; la tercera, dar continuidad a las acciones de criminalización de otros actores que se han opuesto a las medidas golpistas del MP, entre ellos el binomio de Bernardo Arévalo y Karin Herrera; y la cuarta, interrumpir la transición de mandos de enero del 2024.
Han sido los pueblos quiénes con sus acciones, no solo han liderado la resistencia pacífica y han moldeado las manifestaciones por la convicción de acabar con un Estado criminal y formar parte de la nueva república, donde se cumpla con la alternancia del poder, sino que, de manera más concreta, han detenido la conclusión del golpe y retorno de Guatemala a una época de completa oscuridad. El apoyo y respaldo de la comunidad internacional ante las convicciones de todo un pueblo, no se hicieron esperar. Estos dos frentes lograron cambiar la brújula del país.
Breve repaso de la cooptación
Para entender cómo los pueblos indígenas se han convertido en los guardianes de la democracia, es obligatorio conocer cómo pasamos de ser un país aplaudido internacionalmente por sus casos anticorrupción que colocaron a varios actores -políticos, militares, narcos y lavadores de dinero- tras las rejas, a ser uno marcado por la persecución y criminalización de sus operadores de justicia y opositores y por un golpe de Estado que desde la legalidad ha intentado invalidar los resultados de las elecciones generales.
Para ello hay que recordar algunas acciones que han sido claves para el retroceso institucional y el socavamiento de los procesos democráticos, que fueron la ruta para hacerse con la cooptación del Estado y el posterior intento de amaño de las elecciones generales.
El retroceso institucional o la regresión autoritaria inició en 2017. El primer golpe a la democracia lo dio el entonces presidente Jimmy Morales cuando anunció que Iván Velásquez, comisionado anticorrupción había sido declarado “persona non grata” y debía abandonar el país de inmediato, y decidió que ya no renovaría un nuevo período a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, año en que finalizaría su mandato.
Esta decisión vino después de que el comisionado Iván Velásquez diera un giro al sistema de justicia y que tocara varias estructuras importantes del sector privado y el crimen organizado, algunas de las cuales tenían vínculos con los gobiernos anteriores. En ese marco, fue inédito ver en 2018 a un grupo de empresarios pidiendo perdón al pueblo de Guatemala por haber financiado ilícitamente al partido FCN Nación, que había llevado a Jimmy Morales al gobierno.
El encarcelamiento en conjunto de políticos, militares, narcos y lavadores de dinero, señalados de grandes casos de corrupción y de crímenes de lesa humanidad, fue parte de la llamada primavera judicial. Pero esos mismos actores, sus familiares y empresas, reunidos bajo el sistema de cárceles, idearon un plan, una venganza contra quienes les encerraron ahí.
A partir de esto nació el Pacto de Corruptos, una alianza de las fuerzas criminales que utilizó al aparato estatal para desbaratar los avances logrados en la modernización del sistema de justicia. Empezaron a ser nombrados así el 13 de septiembre de 2017, cuando los diputados del Congreso de la República intentaron modificar el Código Penal para blindarse de ser investigados y procesados por corrupción, en particular de financiamiento electoral ilícito.
Con la llegada a la presidencia de la República de Alejandro Giammattei, un político acusado de la ejecución extrajudicial de reos en 2004, se concretó un segundo golpe con ayuda del pacto: la desintegración de las cortes, arrebatando la poca independencia judicial que la había caracterizado como nunca, en la segunda década de los dos mil.
Lo logró a través de la cooptación del Organismo Judicial, con la compra de jueces y magistrados a favor del Ejecutivo y con la prolongación ilegal en sus cargos frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Cortes de Apelaciones de 2019 a 2023.
Durante este tiempo, los diputados del pacto intentaron remover del puesto sin éxito al procurador de derechos humanos, Jordán Rodas, quien expresó su apoyo a la CICIG y a la lucha anticorrupción. Cuando terminó su periodo en agosto de 2022 colocaron a un procurador afín al pacto y a Giammattei: Alejandro Córdova.
Mientras esto ocurría, Rodas participó en la elección para rector en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), pero no fue incluido en la votación final, pues el Consejo Superior Universitario (CSU) excluyó a varios electores de las planillas opositoras a Walter Mazariegos, decano de Humanidades y representante del Ejecutivo y del Pacto. El fraude que llevó a la imposición de Mazariegos sirvió para cooptar uno de los últimos espacios autónomos que quedaban en el país y que, históricamente había funcionado como espacio de lucha a favor de problemáticas sociales y políticas.
La historia continuó con la incursión de Rodas para las elecciones generales del 2023 como vice presidenciable del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), partido indígena de izquierda, junto a Thelma Cabrera, defensora maya Mam e integrante de CODECA, una de las agrupaciones campesinas de mayor impacto y poder de convocatoria en el país. Todo apuntaba a que el MLP podría ganar grandes apoyos, pues, en la campaña de 2019, el partido indígena había generado simpatías con su slogan: Digna Resistencia.
Pero, como ha sido recurrente en la palestra política, no todo estaba dicho aún.
El bloqueo de candidatos
El 20 de enero de 2023, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las elecciones generales, iniciando la inscripción de candidatos para los cargos de Presidencia, Vicepresidencia, Alcaldías y diputaciones. Ahí comenzó a cobrar vigencia el panorama de obstaculización que inició en el fraude de la USAC.
El TSE y las cortes dejaron fuera de la contienda a varios candidatos presidenciales identificados como incómodos al poder por su discurso de alguna forma antisistema. El primero fue el binomio del MLP. Siguió Roberto Arzú del partido Podemos e hijo del expresidente Álvaro Arzú, quien utilizó su influencia para expulsar a la CICIG. Finalmente, a Carlos Pineda del partido Prosperidad Ciudadana, outsider de la política que empezaba a ganar popularidad entre los jóvenes por su dominio de las redes sociales.
Al MLP ya le habían bloqueado en la elección pasada y en esta no le dejaron inscribirse alegando que el finiquito de Rodas no tenía vigencia por dos supuestas denuncias en su contra hechas por el nuevo procurador, que nunca fueron esclarecidas.
A Podemos, que ya había conseguido la inscripción, se le revocaron por campaña anticipada. Y a Prosperidad Ciudadana le invalidaron las más de mil 200 candidaturas a pocos días de las elecciones.
“El TSE fue nombrado bajo el esquema de servir a Giammattei. Fue eliminando a candidatos que podrían ser el contrapeso, como Thelma Cabrera y Jordán Rodas”, recordó Rigoberto Juárez Mateo, autoridad ancestral.
El silencio de las cortes fue clave para la depuración de los candidatos. Ningún amparo o acción de inconstitucionalidad prosperó para defender su derecho a participar en las elecciones.
De las microresistencias a la macroresistencia contra el golpe
El proceso electoral que inició el 20 de enero de 2023 estuvo marcado por cuestionamientos y temor a un fraude. Desde que el TSE dio el banderazo, varias organizaciones sociales, pueblos indígenas, partidos políticos y analistas alertaron sobre un golpe electoral en Guatemala.
El primer binomio presidencial que quedó vetado del derecho a participar y ser electo, fue Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, una agrupación que surgió en el seno del Comité Campesino de Desarrollo (CODECA).
Ahí comenzó el camino de la batalla legal y la lucha social contra las decisiones arbitrarias del Tribunal Supremo Electoral. Más de 20 recursos fueron presentados por esta agrupación, tanto en el plano nacional e internacional, pero ninguno trascendió. Sin embargo, Thelma Cabrera y Jordán Rodas lograron poner en el ojo mundial el contexto político guatemalteco.
¿Qué había pasado con el binomio del MLP?
Era un 28 de enero cuando el Registro de Ciudadanos notificó al partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos que rechazaba la inscripción de su binomio presidencial integrado por Thelma Cabrera como candidata a la Presidencia de la República y de Jordán Rodas, candidato a la Vicepresidencia.
La autoridad electoral señalaba que el finiquito presentado por el candidato vicepresidencial del MLP, Jordán Rodas, no era válido porque según información de la Contraloría General de Cuentas (CGC) tenía una denuncia y le “aparecen cargos jurídicos”.
Así comenzó el camino de Cabrera y Rodas hasta quedarse fuera de la contienda electoral 2023.
Dos días después, el 30 de enero, la dirigencia del Movimiento para la Liberación de los Pueblos accionó en contra de la resolución del Registro de Ciudadanos que declaró improcedente la inscripción de su binomio. Aunque afirmaban que iban a agotar los recursos legales, no descartaban salir a las calles para exigir al TSE que permitiera la participación de sus candidatos. Efectivamente, salieron a las calles en más de cinco ocasiones para exigir la inscripción de la lideresa maya Mam, pero no lograron el cometido.
A pocos días del cierre de inscripción, que correspondía a la primera etapa del proceso electoral, en siete departamentos del país, distintos pueblos originarios salieron a las calles para respaldar al binomio del MLP y exigir al TSE la inscripción de Thelma Cabrera y Jordán Rodas. Argumentaban que las intenciones de excluir al MLP de la contienda electoral era la evidencia de un intento golpe electoral.
Con un llamado a la población a no votar por corruptos, organizaciones de pueblos indígenas, mujeres, víctimas del conflicto armado y populares pidieron al TSE corregir el rumbo de las elecciones de 2023, pues permitían la inscripción de candidatos no idóneos y denegaban la participación de otras propuestas.
“Nosotros anunciamos que el proceso electoral estaba ya comenzando en un fraude al limitar a los guatemaltecos de elegir libremente entre las distintas opciones. En el caso de Thelma Cabrera y su servidor, como parte del binomio proclamado por el MLP, cumplimos con todo lo legal, pero el Estado nos bloqueó. A veces se tiene la mala percepción que los fraudes solo pueden suceder en el momento de las urnas, pero ya los tiempos han cambiado. Bloquear al MLP fue el primer paso que dieron en este fraude”, señalaba en agosto Jordán Rodas en una entrevista a Prensa Comunitaria desde Washington DC.
Meses antes, en febrero, había denunciado junto a Thelma Cabrera el fraude electoral en Guatemala, ante senadores, congresistas, el Departamento de Estado, la Casa Blanca y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
“La Comisión hay que reconocer que sí prestó atención, y recordó al Estado guatemalteco que la libertad de elegir y ser electo es un derecho humano que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral olvidaron. Los magistrados se quieren revestir como un conjunto de profesionales, que no lo son, son parte de esto que ha pasado.
La situación del MLP que abrió la puerta al triunfo de Bernardo Arévalo también fue acompañada por la población guatemalteca, principalmente por las autoridades indígenas, que se entregaron para defender la democracia.
Apenas 15 días después del triunfo de Arévalo y Herrera en la segunda vuelta, la población se volcó a las calles. El 4 de septiembre, en once departamentos y en más de 20 municipios los pueblos Maya, Xinka y mestizo cerraron las sedes distritales y departamentales del MP para exigir la renuncia de Consuelo Porras, fiscal general, debido a que con sus acciones estaban judicializando el proceso electoral para consumar un golpe de Estado, según lo denunció Bernardo Arévalo, el presidente electo.
“No queremos paralizar el país, pero de ser necesario lo vamos a hacer”, afirmaron los 48 Cantones frente a la sede del MP en Totonicapán. Los pobladores atendieron el llamado y empezaron a reunirse desde las 7:00 de la mañana. En el lugar también se hizo presente el presidente de la organización comunal, Luis Pacheco, quien afirmó que como autoridades indígenas son respetuosos de la ley pero que Porras, Curruchiche y el juez Orellana con las acciones legales que impulsan “están afectando esta inestabilidad social”.
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También hay otro factor que se sumó al triunfo de Bernardo Arévalo: el legado de su padre Juan José Arévalo, uno de los presidentes de la Revolución. “Semilla no es la panacea, pero es una opción para tener un rumbo distinto a lo que hemos vivido hasta ahora, que ha sido funesto, una nube negra. Hoy tenemos esa esperanza y por eso la alianza criminal está haciendo todo lo posible para desestabilizarlo, criminalizarlo y todo”, dijo Jordán Rodas a pocos días de la segunda vuelta electoral, que se realizó el 20 de agosto.
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