Créditos: Santiago Botón – Telesur
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Con un llamado a la población a no votar por corruptos, organizaciones de pueblos indígenas, mujeres, víctimas del conflicto armado y populares pidieron al TSE corregir el rumbo de las elecciones de 2023, al permitir la inscripción de candidatos no idóneos y denegar la participación de otras propuestas.

Por Regina Pérez

Corregir el rumbo de las elecciones fue la principal demanda que realizaron varios sectores sociales durante una protesta en el Centro Histórico para exigir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que revoquen la inscripción de candidaturas que consideran no idóneas y que han sido cuestionadas por vínculos con la corrupción.

La marcha convocada por la Asamblea Social y Popular (ASP) y la Plataforma Nacional de Víctimas del Conflicto Armado Interno comenzó en la Corte de Constitucionalidad (CC) donde manifestaron su descontento por la inscripción de Zury Ríos, presidenciable de la coalición Valor-Unionista, quien en elecciones pasadas no ha podido participar por tener prohibición constitucional, por ser hija del general Efraín Ríos Montt, autor de un golpe de Estado el 23 de marzo de 1982.

Manifestantes participan en una marcha para exigir al TSE que corrija el rumbo de las elecciones. Foto: Juan Rosales

Este 2023, Ríos fue inscrita sin objeciones por el Registro de Ciudadanos, motivo por el cual víctimas de la guerra accionaron con un amparo en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de esa inscripción, pero a un mes de ser presentada no ha sido resuelta. Consideramos que Ríos no debe participar en este proceso, ya que durante el juicio por genocidio de su padre influyó en la decisión de la CC para absolverlo, señalaron.

Al llamado de la ASP y la Plataforma también se unió el sector interreligioso Centinelas, que realizó un “viacrucis” y un performance para representar el sufrimiento de la población guatemalteca ante la corrupción.

“Así es como trata Allan Rodríguez al pueblo, lo golpea, la corrupción es un flagelo”, señalaron en un acto artístico frente al edificio Legislativo, en referencia al expresidente del Congreso, quien busca su reelección con el partido oficial VAMOS. Durante la presidencia de Rodríguez en 2020, se aprobó un Presupuesto que generó inconformidad en la ciudadanía, que fue reprimida cuando salió a manifestar.

María José Macz, de la ASP, dijo que la acción de salir a las calles se debe a que el Tribunal ha inscrito candidaturas que consideran no son idóneas, como Zury Ríos, quien tiene prohibición constitucional. Las mujeres y hombres del campo y la ciudad exigimos la inscripción de candidatas y candidatos que representan a la población, dijo Macz.

Frente a la Casa Presidencial las y los manifestantes se solidarizaron  con personas defensoras de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia que han salido al exilio o han sufrido la persecución penal por parte del Ministerio Público (MP).

Al llegar al TSE entregaron un memorial donde las organizaciones solicitan revocar la inscripción de candidaturas que han tenido señalamientos como los diputados Felipe Alejos, Allan Rodríguez, Sofia Hernández, Delia Bac y Jorge Estuardo Vargas, todos sancionados por Estados Unidos por vínculos con la corrupción.

Una víctima de la guerra expresa su rechazo a la candidatura de Zury Ríos como presidenciable de VALOR. Foto: Juan Rosales

“Reiteramos nuestra demanda para que las magistradas y magistrados del TSE corrijan el rumbo de sus actuaciones en este proceso electoral”, indicaron organizaciones como Alianza por Reformas, Acción Ciudadana, Waqib Kej y ASP, en un comunicado.

La primera fase del proceso electoral que comenzó el 20 de enero con la inscripción de candidatos finaliza el domingo 26 de marzo. En esta fase, el Tribunal denegó la participación al binomio presidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) conformado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas y revocó las credenciales del binomio de PODEMOS, que impulsó a Roberto Arzú y David Pineda.

En tanto, sí permitió la inscripción de personas que enfrentan procesos penales, entre ellos Manuel Baldizón, expresidenciable de LIDER y candidato a diputado del Congreso, que posteriormente fue revocada, luego de varias críticas hacia el Tribunal.

“Alertamos desde el inicio del proceso sobre la discrecionalidad en las decisiones de los y las magistradas del TSE quienes han violado el derecho constitucional de participación de unos candidatos que cumplen los requerimientos legales, mientras han inscrito a otros con prohibiciones constitucionales”, indicaron las organizaciones.

En el proceso la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP ha dirigido sus acciones hacia determinados candidatos como Edmond Mulet, del partido CABAL, quien ha sido denunciado por obstrucción a la justicia, por pronunciarse en contra de los procesos judiciales contra periodistas.

Durante la entrega del memorial, dirigentes manifestaron que empleados públicos no les querían dejar ingresar. “Es triste la actitud de los empleados del Tribunal, no fue fácil el acceso a las instalaciones, incluso nos empujaron, ese no debe ser el trato de estas dependencias”, criticaron.

Reportero agredido

Durante la marcha, Joaquín Ochoa, corresponsal de TV Iximulew fue agredido por personas que presuntamente pertenecen al Comité de Huelga de la Facultad de Derecho, cuando el comunicador estaba transmitiendo la protesta.

Ochoa presentó la denuncia por la agresión en la Fiscalía de Delitos contra Periodistas. En los videos que se difundieron se identificó a uno de los agresores como Marvin Hernández, conocido como el “Niño del Tambor”, informó el noticiero.

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