Las personas exiliadas señalaron que el Ministerio Público en la gestión de Consuelo Porras y el sistema de justicia impulsaron una política de criminalización contra operadores de justicia, activistas, periodistas, autoridades indígenas y otros sectores de la población en la defensa de la justicia y la democracia.
Por Simón Antonio Ramón
El exilio en Guatemala ha tenido tres momentos en los últimos 12 años según el informe “La verdad del exilio”, elaborado por la organización Casa Centroamérica, presentado en el Palacio Nacional este viernes 14 de agosto.
El primer momento se ubica en 2014 como represalia a las investigaciones en contra de altos mandos militares señalados de la comisión de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno.
El segundo momento, es la persecución contra operadores de justicia por la lucha contra la corrupción en 2020 tras la salida de la Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG); y el tercer momento, es por la defensa de la democracia en 2023, cuando consuelo Porras quien ejercía el cargo de fiscal general buscó por todos los medios anular los resultados electorales.
Helen Mack, de la Fundación Myrna Mack, quien asistió a la presentación del informe señaló que las personas que se han visto obligadas a salir del país, sufren las violencias como ocurrió durante el conflicto armado interno pero con otras modalidades. “Son prácticas que no han cesado ahora están bajo otros formatos, pero lo del conflicto armado todavía continúa bajo otras formas. Todo el tema de las ejecuciones extrajudiciales,la desaparición forzada, el genocidio continúa”, dijo.
Aseguró que los sectores que implementan los actos de violencia, han cambiado su discursos acorde a la época y sus intereses. “Es una narrativa que quieren cambiar, el tema de la democracia no les interesa o depende de los intereses sectoriales o personales, por ejemplo, nos llamaron comunistas cuando estamos con las reformas judiciales que viene desde hace más de 30 años, ahora son los mismos actores nada más que son del sector privado”, planteó.
Se tiene que frenar la criminalización
La exfiscal Claudia Paz y Paz, quien actualmente dirige el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) con sede en Costa Rica, dijo que se fue de Guatemala al finalizar su gestión en 2014 por represalias a su trabajo, manifestó que el Ministerio Público (MP) tiene que frenar la criminalización activada desde la gestión de Consuelo Porras.
“Lo más importante es que con la nueva fiscalía revisen los casos espurios que se abrieron, que cese la criminalización y para algunas personas se dé garantías de seguridad”, enfatizó.
Sin embargo, es consciente que frenar la criminalización no sólo depende de la fiscalía sino también del sistema de justicia. “Recordemos que hay jueces que fueron parte del engranaje de la criminalización, yo creo que esos jueces no pueden seguir conociendo expedientes, esos jueces deben ser trasladados o que la corte suprema encuentre mecanismos para que otros jueces verdaderamente independientes conozcan estos casos y de la misma forma me refiero a las Salas de Apelaciones y a las otras altas cortes que han sido partes de la criminalización”, señaló.
La activista Andrea Ixchiu, quien se encuentra en el exilio desde hace cuatro años, cuando salió a una cumbre climática sobre proyectos extractivos, ya no pudo volver a partir de múltiples hostigamientos del sistema judicial, lo que califica como una forma de muerte civil sin juicio, sin sentencias ni condenas.
“Lo que se hizo con nosotros, decenas de exiliados, no fue un accidente, no fue el exceso de un funcionario, fue una política. Se usó el sistema guatemalteco como arma, denuncias, órdenes de captura, antejuicios, campañas de difamación pagada, hostigamiento antes de ser criminalizados”, aseguró.
Ixchiu denunció que se presentaron múltiples denuncias ante el Ministerio Público (MP), pero la fiscalía investigó a quienes denuncian y no a los denunciados. “Muchas personas pusimos decenas de denuncias ante el Ministerio Público por diversas formas de agresión, incluso atentados en contra de nuestra vida. Cuando el Estado quien nos agrede y si te investiga a vos eso ya no es un sistema de justicia es un instrumento de violencia infundada y este informe permite narrar esta historia”, dijo.
Hasta el momento el gobierno manifestó que en el contexto de la presentación del informe se han impulsado mesas interinstitucionales para garantizar un exilio y retorno seguro a las personas que deseen volver al país, en donde se integran la Secretaría General de la Presidencia, la Secretaría Privada y cualquier otra entidad del Ejecutivo pertinente para atender la situación.
Foto: Eddy Zeta
“El deterioro de la justicia en el país tiene responsables”, dijo Plutarco de León, un estudiante de la USAC criminalizado. Señala que el informe “La verdad del exilio”) hace recomendaciones al Gobierno que debe atender para evitar que esto vuelva a repetirse.
“Quienes seguimos en el exilio exigimos el fin de la criminalización, acceso efectivo a nuestros expedientes, reparación integral y condiciones reales para un retorno seguro y digno, con garantías de no repetición”, señaló Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI y quien permanece fuera de Guatemala desde 2021.
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