Toni en el reino de los ultras guatemaltecos

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Créditos: Redacción Regional

Toni y sus compañeras tuvieron que desafiar a las autoridades de Antigua Guatemala para defender sus derechos a marchar con orgullo. Su lucha es contra un sistema en el que coinciden abogados, iglesias, diputados y organizaciones conservadoras que buscan imponer su visión de la familia, la sexualidad y la religión desde los tribunales y el Congreso. Esta es una historia de cómo se teje el poder político de la fe en Guatemala y la resistencia de quienes se niegan a vivir con miedo.

Por Daniel Valencia y Jovanna García

Esta tarde el Soul Inn comienza a despertarse cuando una joven bohemia se asoma desde una de sus habitaciones y, detrás de ella, de otro cuarto, salen dos rubios sin camisa, una pareja con pinta de haber prolongado la fiesta hasta el amanecer. Desde las pequeñas mesas y la barra dispuestas en el pasillo de entrada del hostal, se observa el constante ir y venir de turistas por la 5.ª calle Poniente, camino al parque central. Al otro lado, en la acera de enfrente, está el High Rollers Boardgame Café, que se promociona como un espacio seguro para mujeres y la comunidad queer. La noche del 20 de junio de 2026, agentes de la “muni”, como llaman aquí a la autoridad municipal encabezada por el alcalde Juan Manuel Asturias, amenazaron con cerrar el establecimiento si en su interior se realizaba algún evento a favor de la población LGBTQ+ de la ciudad.

“Te cité ahí para contarte esa historia”, me cuenta Toni, una chica trans delgada, colocha y de ‘un metro noventa’ que acaba de entrar al Soul Inn. Es octubre en Antigua y la lluvia por fin se ha calmado. “Una se mueve solo en lugares seguros”, me dice. High Rollers todavía no había abierto.

Toni se acomoda y pide una cerveza. Viste una camisa sin mangas, una falda de mezclilla larga, de botones y tenis de montañista. Sobre el tobillo derecho sobresale una puntera blanca; sobre el izquierdo, una negra. Tiene un piercing en el párpado derecho y unos mechones colochos y rebeldes le caen sobre el rostro. Ella siempre los aparta con coquetería.

Toni en Antigua. En agosto se estrenó como organizadora de la primera marcha del orgullo en Antigua. Foto de Daniel Valencia.

Cuatro meses antes, Toni estaba parada y nerviosa en la carretera de entrada a Antigua, ciudad colonial declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Llevaba camisa blanca, gorra, la bandera trans sobre los hombros y un megáfono en la mano. El mechón rebelde se escapaba otra vez.

“¡Bienvenidos a la primera marcha histórica de Antigua Guatemala!”, gritó. Al fondo, en el video, se alcanzan a escuchar los gritos emocionados de la concurrencia.

Toni es una de las organizadoras del primer Pride de Antigua Guatemala. Lo que comenzó como una caminata de unas pocas decenas de personas terminó en una defensa a la libertad de expresión de la población LGBTQ+ y en un asunto nacional.

Detrás de esas controversias aparece una Guatemala ultraconservadora que lleva años disputando leyes, tribunales y espacios de poder. El alcalde Asturias invocó la protección del patrimonio y las buenas costumbres; un abogado que litiga contra la población desde hace tres años acudió a la Corte de Constitucionalidad (CC), que no la prohibió, pero restringió su paso por el centro de Antigua.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH) expresaron preocupación por las restricciones y recordaron la obligación estatal de garantizar manifestaciones pacíficas sin discriminación.

“El derecho a la reunión pacífica y a la libertad de expresión de las personas LGBTI deben ser garantizados por el Estado, sin discriminación. Observamos con preocupación las restricciones impuestas a la manifestación del orgullo en Antigua Guatemala y recordamos que los discursos y medidas de exclusión vulneran los compromisos internacionales en derechos humanos”, escribió en redes sociales Andrea Pochack, relatora de la CIDH.

A la Guatemala conservadora, poco le importó.

Cuatro meses después, Toni intenta reconstruir lo vivido con sus compañeras. Habla del amor que recibieron durante la organización y marcha, pero también del odio y las amenazas que todavía trata de procesar.

Barricada. Apoyada por la Corte de Constitucionalidad, la Policía Municipal de Antigua y la comuna impidieron el paso de la marcha hacia el centro de la ciudad. Orgullo Antigua decidió entonces hacer el recorrido por los laterales. Foto de Didy Aceituno.

Conociendo a la Guatemala ultra

Toni toma un sorbo de cerveza y se dispara. Desde la marcha, dice, ha estado “investigando” a su país para entender de dónde viene el odio contra su comunidad. Tiene 37 años, es ingeniera graduada de la Universidad de San Carlos (USAC) —“soy sancarlista”, dice orgullosa— y lleva once años viviendo en Antigua. Llegó desde Mixco por “negocios” y se quedó. Hace un año hizo su transición, después de terminar una relación y de leer un libro que le cambió la vida: Queer Sex: A Trans and Non-Binary Guide to Intimacy, Pleasure and Relationships de Juno Roche.

Dice que antes se sentía incómoda en su piel, con el comportamiento “manada de hombre del patriarcado”. “No, no me cuajaba, siempre me juntaba más con amigas. Era como el amigo gay que se puede quedar a dormir con todas las chicas, ¿verdad? Y era porque me sentía en casa con chicas”.

El Día de Brujas de 2025, “estratégica”, se puso por primera vez una falda y un ‘suétercito’ y salió a la calle. Los insultos no la detuvieron. Se sintió plena, viva. Un año después, todavía le cuesta creer que se puso al frente de la primera marcha del orgullo de Antigua.

Ahora intenta entender por qué las odian. En su búsqueda retrocede hasta la conquista, la imposición del cristianismo y el despojo de tierras indígenas. Salta después a las familias poderosas, las primeras misiones protestantes, la Guerra Fría y el anticomunismo. Se detiene en las hipótesis que señalan el papel de Estados Unidos en la expansión evangélica y en las operaciones de inteligencia para contrarrestar la teología de la liberación. De allí pasa a las megaiglesias, los pastores que incursionan en política y los partidos señalados en investigaciones de corrupción. Toni arma su propio mapa, a saltos, con lecturas y preguntas. No todo lo que encuentra explica lo ocurrido en Antigua. Pero su curiosidad apunta a una historia que investigadores y periodistas llevan décadas documentando: las relaciones entre religión, dinero y poder en Guatemala.

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Durante el trayecto, la Policía Municipal puso también barricadas en todas las entradas alternas a la ciudad. Foto de Didy Aceituno.

Este país es uno de los escenarios más visibles del crecimiento evangélico y neopentecostal en Centroamérica, pero eso no significa que todas las iglesias participen de una misma agenda política.

En tan solo 20 años, entre 2004 y 2024, los guatemaltecos que se identifican como evangélicos superaron a los católicos. Según Latinobarómetro, en 2024 un 40 % de guatemaltecos se identificaba como evangélico y un 38,6 % como católico. Dos décadas antes, el catolicismo aventajaba a las demás denominaciones cristianas por 26 puntos.

Marcos Galicia, investigador del centro de estudios sociales Foco Guatemala, advierte sobre la instrumentalización política de ciertas iglesias neopentecostales y sus vínculos con élites conservadoras. Galicia, que se declara un evangélico pentecostal, aclara que hay que hacer matices. El primero es que no todas las iglesias son sionistas y, el segundo, que no todas las corrientes están tomando “posturas conservadoras y neofascistas que vemos hoy día”.

Pero el investigador sí advierte que el problema no está en la fe ni en la religión, sino en los líderes religiosos que hacen alianzas con políticos, y viceversa, que instrumentalizan la interpretación de la Biblia a su antojo.

“¿En qué poder influimos las iglesias?”, se cuestiona. “No solo en electoral, sino en lo político, en lo económico, en lo social de nuestras comunidades”, dice.

En quién puede o no puede marchar en Antigua.

La conclusión de Toni es menos académica que visceral: hay un sistema que se justifica en la religión y la fe para impulsar un discurso de odio. “Yo doy el discurso de apertura de la marcha, que lo publicaron en redes, y ahí empieza todo el discurso de odio y esa facilitación de decir: “tírenles gasolina, quemémoslos…”.

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Protestas contra el alcalde de Antigua durante la marcha. Foto de Didy Aceituno.

Le pregunto a Toni si cree que ese sistema estuvo detrás del intento de frenar la marcha. Ella no supone una coordinación general y cree que el alcalde, en realidad, buscaba desviar la atención por una serie de denuncias por el mal uso de fondos públicos. Para ella, el problema empezó cuando las organizadoras buscaron protección en las mismas instituciones que terminaron poniéndoles obstáculos.

“Por inexperiencia, fuimos a avisar a la Muni, que íbamos a estar ahí porque nos parecía como algo responsable, como ciudadanos, ¿no? Y al mismo tiempo una solicitud de alguna garantía de protección… Y entonces viene el alcalde, ¿ya viste el video? Que se niega rotundamente…”

La fe mueve montañas… y alcaldes, abogados, iglesias y magistrados

A comienzos de junio, después de recibir la solicitud de las organizadoras, el alcalde Juan Manuel Asturias dijo que protegería el patrimonio histórico de la Antigua. Luego propuso declarar junio como el mes de la familia, la moral y las buenas costumbres, en oposición a lo que describió como corrientes capaces de alterar el orden de la ciudad.

La controversia llegó después a la Corte de Constitucionalidad, que terminó bloqueando el pase libre de la marcha por el centro de la ciudad.

“Eso nos unió. Nos preguntábamos qué hacer, pero estábamos en nuestro derecho y no podían impedirnos marchar. Yo fui de las que más empujó para seguir adelante. Les decía: ‘¿Se imaginan cada esquina de Antigua llena de gente?’. Ya calculábamos unas 300 personas. Aquello se nos había salido de las manos”, recuerda entre risas.

Perfil del alcalde de Antigua, tomado de la página oficial de la municipalidad.

Mientras, en Ciudad de Guatemala, “un señor salió diciendo que somos el anticristo. Con su perdón, anticrista, por favor. ¡Dijo que hasta comemos alpiste, como que fuéramos animales!”.

Toni no lo conoce personalmente, pero se trata de Roberto Antonio Cano López, presidente de la Asociación Guatemalteca de Abogados y Profesionales Cristianos (APC). En 2024 y 2025 participó en controversias judiciales relacionadas con las marchas del orgullo en la capital, motivado, dice, luego de haber atestiguado un “degenere” en la marcha de 2023 mientras paseaba junto a sus nietos por la Sexta Avenida del centro de la ciudad.

Él cuenta que tras la primera querella de 2024 quedó motivado para, más tarde, fundar la APC. En 2026 llevó su ofensiva hasta la Antigua y colaboró, asegura, con el amparo presentado por la municipalidad. Según Cano, fue contactado por el equipo del alcalde Asturias a través de intermediarios. “Un amigo me recomendó con el asesor de él”, dice. Cano, que ya había presentado su escrito, asegura que facilitó “la base legal que ya tenía elaborada y se lo mandé”. El objetivo en común era “preservar más que todo la salud mental y visual de los niños”.

Al salir de la Corte, Cano dijo quería evitar que la marcha “invadiera” una ciudad declarada patrimonio. Los visitantes, sostuvo, buscaban paz espiritual, no “un prostíbulo o un circo callejero”. También hizo comentarios despectivos sobre personas LGBTIQ+, identificándolas como “animales” que comen “alpiste”.

El argumento patrimonial convivía con otro, moral y con una asignación basada en dogmas de fe: ¿quién podía ocupar las calles de Antigua? Toni y las suyas, no.

Pero los litigios de Cano no se limitan a las marchas del orgullo. En mayo de 2025 intentó frenar una decisión del presidente Bernardo Arévalo que buscaba reafirmar la obligación de Guatemala de cumplir sus tratados internacionales, sin poder alegar leyes internas para incumplirlos.

Roberto Cano en una entrevista concedida a Cambio Radical GT. Captura de pantalla.

Cano cuestionó el retiro de una reserva que Guatemala mantenía desde 1997 al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Los accionantes argumentaron que el presidente había actuado sin autorización del Congreso y que la medida podía comprometer la soberanía nacional y los valores conservadores del país. No estaban solos: entre quienes presentaron otros amparos contra la misma decisión figuraban el partido evangélico VIVA y la Fundación contra el Terrorismo. El 20 de mayo de 2025, la Corte les concedió protección provisional y suspendió la decisión presidencial.

Cano dice que la APC forma parte de una red más amplia de organizaciones alineadas bajo la premisa de impulsar una “nueva Guatemala” fundamentada en el marco constitucional y en valores cristianos. En esa red él incluye articulaciones con diputados pertenecientes a un caucus religioso en el Congreso, a la Liga ProPatria, la iglesia coreana presbiteriana, la Asociación Familia Importa (AFI) y plataformas mediáticas cristianas como La Palabra.

Su interpretación sobre el alcance de los derechos fundamentales le perfilan: “los derechos humanos son precursores para la estabilidad y desarrollo de las sociedades, pero hay que ver su aplicación: ¿derechos para quién? Derechos para los correctos”, dice.

Sus recursos llegan a una Corte cuya integración ha estado marcada por disputas políticas. Dina Josefina Ochoa Escribá y Roberto Molina Barreto participaron en controversias sobre las marchas del orgullo de años anteriores. Ambos tienen, además, antecedentes en decisiones relacionadas contra la Guatemala que lucha contra la corrupción, contra aquellos que exigen la independencia judicial y contra quienes defienden los bienes naturales.

Molina Barreto fue candidato a la vicepresidencia junto con Zury Ríos, del partido Valor, en 2019. En 2013 integró la Corte que anuló por razones procesales la condena por genocidio contra José Efraín Ríos Montt, padre de Ríos, que abrazó el protestantismo durante su dictadura. En marzo de 2026, el Congreso volvió a designarlo magistrado titular para el período 2026-2031.

Además de las causas contra la población LGBTQ+, uno de los últimos fallos que los une ocurrió en septiembre pasado. Molina Barreto, Ochoa y Julia Rivera rechazaron un amparo contra el cierre de una causa penal relacionada con el empresario Gustavo Alejos. Se trataba del caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”, una investigación de desvío de fondos a favor de Alejos que salpicaba al expresidente Otto Pérez Molina y al exvicepresidente de Guatemala, Gustavo Adolfo Espina Salguero y que la CICIG también vinculó a su hijo, Manuel Espina, exembajador en Washington durante el gobierno de Jimmy Morales y promotor de los Desayunos de Oración en Guatemala y El Salvador.

Alejos no es un personaje menor en la historia de la justicia guatemalteca. Su nombre había sido investigado por presuntas redes de influencia política y judicial, entre ellas intentos de incidir en la elección de magistrados. Esas controversias alimentan los cuestionamientos públicos a la independencia de la Corte y a las relaciones de algunos de sus integrantes con sectores identificados como el “Pacto de Corruptos”.

En un país tan marcado por la religión, las capas en las que circulan los funcionarios se traslapan. En una entrevista de 2012 con la revista cristiana Actitud, Ochoa dijo que, antes de dictar sentencia, pedía a Dios “sabiduría para hacer justicia”.

El 19 de junio de 2026, un día antes de la primera marcha del Orgullo en Antigua Guatemala, la Corte de Constitucionalidad concedió un amparo provisional solicitado por la Muni de Juan Manuel Asturias. En el expediente 5464-2026, el máximo tribunal respaldó las restricciones municipales sobre los lugares y recorridos de la manifestación, pero también invocó la protección de la niñez, los “valores espirituales y morales” de la sociedad y las “buenas costumbres”. La Corte no prohibió expresamente la marcha, pero convirtió la supuesta necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes en uno de los argumentos para condicionar el ejercicio de un derecho constitucional, sin que se hubiera demostrado un peligro concreto para ellos, según advirtieron las magistradas disidentes Annabella Morfín y Astrid Lemus.

Dina Josefina Ochoa participó en la resolución, mientras Roberto Molina Barreto estuvo ausente y fue sustituido por Luis Alfonso Rosales Marroquín.

Así, la marcha que Toni y sus compañeras habían imaginado por las calles empedradas de Antigua terminó sometida a una decisión judicial en la que la niñez, la moral y las buenas costumbres sirvieron de justificación para obligarlas a marchar por calles periféricas.

“¿Y qué pasa cuando la Corte de Constitucionalidad, encargada de velar por la Constitución, viola la Constitución? Nadie me sabe responder eso”, cuestiona Toni.

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Para Toni y Orgullo Antigua, que les bloquearan el acceso al centro de Antigua les unió y les fortaleció para seguir luchando por sus derechos. Foto de Didy Aceituno.

Las leyes de Dios y los diputados del Congreso

La disputa por la moral y las buenas costumbres de Guatemala no termina en los tribunales. Mientras Cano lleva a la Corte sus objeciones contra las marchas, diputados de distintos partidos buscan traducir una agenda religiosa en leyes. Pueden enfrentarse por cargos o presupuestos, pero coincidir cuando se discuten el aborto, la diversidad sexual, la educación o las obligaciones del Estado frente a las iglesias.

El 8 de marzo de 2022, Día Internacional de la Mujer, 101 diputados aprobaron una ley que endurecía las penas por aborto, reforzaba la definición del matrimonio como una unión entre un hombre y una mujer y restringía la educación sexual inclusiva. Solo ocho votaron en contra; otros 51 estuvieron ausentes.

La iniciativa había sido presentada en 2017 por un grupo de legisladores, entre ellos Aníbal Rojas, del partido VIVA, fundado por Harold Caballeros, pastor de la iglesia El Shaddai, con una apuesta explícita por la participación cristiana en la política. La Iniciativa 5272, Ley para la Protección de la Vida y la Familia, obtuvo dictamen favorable en 2018 y llegó a convertirse en el Decreto 18-2022.

Pero nunca entró en vigor. Organizaciones de mujeres, colectivos LGBTIQ+ y defensores de derechos humanos denunciaron su carácter discriminatorio. Alejandro Giammattei, que acababa de participar en la proclamación de Guatemala como Capital Iberoamericana Provida, anunció que vetaría el decreto por considerar que violaba la Constitución y tratados internacionales. El 15 de marzo, el Congreso suspendió definitivamente su trámite.

La ofensiva legislativa coincidía con una agenda defendida públicamente por organizaciones religiosas como la Asociación La Familia Importa (AFI) y la Alianza Evangélica de Guatemala. La primera, surgida en 2013 y ligada al Opus Dei, ha promovido compromisos con políticos y candidatos alrededor de la defensa de la vida y la familia. La segunda reivindica una trayectoria que se remonta a 1937 y afirma agrupar a 76 organizaciones que representan a más de 25,000 congregaciones. Su influencia se extiende al debate electoral: en 2023, aunque declaró que no respaldaba a ningún candidato, hizo un llamado público a votar y a defender sus principios religiosos.

Pero el fracaso del decreto no borró sus 101 votos. La aprobación había demostrado que una agenda conservadora sobre familia, aborto y diversidad sexual podía reunir una amplia mayoría legislativa, más allá de las diferencias partidarias.

En 2024 apareció otra propuesta con planteamientos semejantes. La Iniciativa 6473, Ley para la Conservación Integral de la Sociedad. Esta retomaba la protección de la vida desde la concepción, la definición tradicional de la familia y las restricciones a materiales educativos considerados contrarios a valores familiares conservadores y espirituales.

La propuesta volvió a discutirse en 2025, pero el 28 de octubre de ese año recibió un dictamen desfavorable de la Comisión del Menor y de la Familia. El intento de convertir aquella agenda en ley volvía a encontrar un obstáculo, aunque sus promotores seguían ocupando escaños en el Congreso.

El Frente Parlamentario para la Protección de Libertad de Religión, que preside el diputado Rodrigo Pellecer (al centro, de negro), en el Día Internacional por la Libertad Religiosa. 27 de octubre de 2024. Imagen del Congreso de Guatemala.

Una alianza transversal

Las dos iniciativas muestran cómo diputados de bancadas diferentes pueden formar mayorías sin pertenecer a una sola estructura partidaria. Sus alianzas cambian, pero pueden coincidir en proyectos sobre familia, religión o derechos sexuales.

VIVA aporta su origen evangélico. Vamos, que llevó a Alejandro Giammattei a la Presidencia, contó con poder en el Ejecutivo y el Legislativo. A estas votaciones se suman, según el asunto, diputados de UNE, Cabal, BIEN, Victoria y otros bloques.

Valor y Unionista aportan dos herencias políticas. Valor está encabezado por Zury Ríos, hija de Efraín Ríos Montt, el dictador que pertenecía a la Iglesia del Verbo y convirtió la prédica evangélica en parte de su discurso de poder. Y Unionista procede de la estructura política de Álvaro Arzú Irigoyen, expresidente y exalcalde de la capital. Su hijo, Álvaro Arzú Escobar, presidió el Congreso. Valor y Unionista concurrieron juntos a las elecciones de 2023.

Otra votación dejó ver un interés más material. En septiembre de 2025, diputados de VIVA, Valor, Vamos y Cabal impulsaron una enmienda ambiental para eximir a iglesias e instituciones benéficas de ciertos requisitos. La propuesta obtuvo 83 votos, pero fue vetada por el presidente Bernardo Arévalo y el Congreso lo archivó.

Más recientemente, una investigación de Plaza Pública reveló que durante el gobierno de Alejandro Giammattei se inscribieron 1,261 iglesias evangélicas, casi un tercio de las registradas en dos décadas. Su administración eliminó requisitos, habilitó ventanillas especiales y agilizó los trámites. Con Bernardo Arévalo, las inscripciones cayeron de 438 en 2023 a 229 en 2024. Cinco diputados de oposición han buscado revertir esa caída mediante iniciativas de ley y presiones administrativas.

Chahim A’jam Vásquez Leal es una defensora de los derechos humanos guatemalteca que se autoidentifica como una mujer intersexual de raíces plurales. Activista desde Alta Verapaz, integra el Espacio de Resistencia Plural. Ella señala que la relación entre sectores religiosos y partidos políticos va más allá que un mero trámite transaccional por incidencias y cuotas de poder.

“Creo que son un instrumento para afianzar los sistemas de corrupción que hay en Guatemala. Y tenemos que hablar de que son fundamentalistas por una razón”, plantea.  “Los fundamentalismos son una estructura pensada, diseñada, reproducida e impuesta con una lógica paramilitar para el no funcionamiento de las leyes, para no el funcionamiento de un estado democrático”, añade.

El diputado Rodrigo Pellecer, al centro, corbata amarilla. Tomada de sus redes sociales oficiales.

El caucus del honorable diputado Pellecer

Rodrigo Antonio Pellecer Rodríguez llegó al Congreso en 2024 por el partido Comunidad Elefante. Antes de convertirse en diputado dirigía una red de 128 grupos de la iglesia neopentecostal Casa de Dios, que reunía, según él, a más de 3,000 personas. En abril de ese año impulsó la creación del Frente Parlamentario para la Protección de la Libertad Religiosa, integrado por diputados de distintas bancadas. Desde su escaño también ha promovido iniciativas para restringir contenidos relacionados con identidad de género y diversidad sexual en la educación. Todo esto ocurre en un Estado declarado laico.

Pellecer no considera que esas propuestas sean un ataque contra las personas LGBTIQ+. Sin embargo, cuando explica qué entiende por proteger a la niñez, su respuesta deja ver los límites que pretende imponer desde la legislación.

“Para mí, lo que no debería hacerse es normalizar las relaciones homosexuales”, afirma. “En las [religiones] que yo conozco, Dios hizo hombre y mujer”. Y añade: “Enseñémosles a los niños sobre hombre y mujer. Esa es la sexualidad que deben conocer”.

El diputado insiste en que no tiene nada contra la comunidad LGBTIQ+ y reconoce que una de sus intervenciones en el pleno fue una “patanada”. Allí dijo: “Si son mayores de edad, que den o que les den por donde les guste”. Durante la entrevista repite la frase y explica que pretendía defender la libertad de los adultos para decidir sobre su vida sexual, pero no la posibilidad de que los menores accedan a determinadas decisiones o contenidos relacionados con la identidad de género.

Es precisamente esa frontera, entre los derechos que Pellecer dice respetar y los que pretende limitar mediante leyes, donde Toni lucha en Antigua Guatemala. Mientras ella reclama el derecho a ocupar las calles sin esconder su identidad, el diputado considera que las relaciones homosexuales no deberían normalizarse en la educación. Son escenarios distintos de una misma controversia: quién decide qué expresiones de la diversidad sexual tienen cabida en el espacio y en la sociedad.

Pellecer también permite observar cómo esas convicciones encuentran apoyo fuera del Congreso. Durante la entrevista reconoce que organizaciones religiosas participaron en la revisión de dos iniciativas relacionadas con lo que denomina “indemnidad sexual” de los menores.

“Nos hicieron observaciones. Nos proporcionaron apoyo porque entiendo que tienen equipos de abogados que trabajan legislación comparada. Nos apoyaron un poco con eso”, dice en alusión a la Asociación la Familia Importa.

El diputado matiza que ese apoyo no implica una relación orgánica ni reuniones periódicas. Pero su declaración revela un mecanismo concreto de incidencia: organizaciones externas que aportan observaciones y asistencia jurídica a proyectos promovidos por legisladores.

La visión de Pellecer sobre la familia también está atravesada por sus creencias. Al preguntarle por el papel de hombres y mujeres en el matrimonio, responde: “La palabra dice que la cabeza del hogar es el varón”. Y explica que, según su interpretación bíblica, las mujeres deben sujetarse a sus maridos, mientras estos tienen la obligación de amarlas y protegerlas.

“Si tú quieres hacer tu voluntad desde la perspectiva religiosa de la que estamos hablando, te pones en rebelión, en rebeldía”, sostiene.

El diputado defiende, al mismo tiempo, la separación entre Iglesia y Estado. “Sí creo que el Estado y la Iglesia deben estar separados”, afirma. Pero introduce inmediatamente una salvedad: “Ningún ciudadano puede decir que separa sus convicciones de sus decisiones”.

Esa distinción resume la lógica con la que explica su participación política. No propone formalmente sustituir las leyes por mandatos religiosos, pero considera legítimo que sus creencias orienten las decisiones que toma como legislador. “Me convencí de que desde la política podíamos bendecir a muchas más personas que desde la iglesia”, cuenta.

En el Congreso encontró a otros diputados dispuestos a organizarse alrededor de esas convicciones. Los documentos fundacionales del Frente Parlamentario que preside establecen objetivos que van más allá de defender la libertad de culto: promover una agenda favorable a las organizaciones religiosas, influir en la legislación y establecer vínculos con actores internacionales.

En julio de 2024, Pellecer organizó un encuentro con Yaakov Flitchkin, presentado en documentos parlamentarios como director ejecutivo de Global Cooperation Alliance y operador político de la comunidad judía de Nueva York. La invitación proponía establecer vínculos de trabajo con los integrantes del Frente.

En diciembre, Pellecer viajó oficialmente a Madrid para la VI Cumbre Transatlántica de Political Network for Values. Su informe mencionó aborto, eutanasia, familia, educación y libertad religiosa.

Miembros de la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala – Israel en un evento junto a representantes de la Embajada y de la Comunidad Judía en Guatemala. 9 de mayo de 2023. Imagen del Congreso de Guatemala.

Los amigos de Israel

Antes del caucus de Pellecer, en el Congreso de Guatemala ya existía otra comisión con mucho peso e influencia. La Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel se organizó en 2018. Sus antecedentes llegan a 2017, cuando diputados establecieron contactos con Israel Allies Foundation, red internacional que promueve apoyo parlamentario a Israel en todo el mundo.

En 2022, la Liga llegó a reunir a 82 diputados, más de la mitad del Congreso. La nómina disponible identifica a diputados procedentes de 15 partidos y bancadas, principalmente de la UNE, con 25 integrantes, y Vamos, con diez. Entre sus miembros figuraban Felipe Alejos y Allan Rodríguez, ambos sancionados por Estados Unidos por corrupción, y Hellen Ajcip, cuyo nombre apareció en las diligencias del caso Comisiones Paralelas 2020 investigado por la CICIG. La alianza alrededor de Israel y la fe reunía así a legisladores de distintas fuerzas, incluidos algunos con graves cuestionamientos por su participación en casos investigados por presunta corrupción.

Mientras el Frente busca incidencia normativa sobre asuntos religiosos; la Liga, relaciones parlamentarias y respaldo político a Israel, con quien Guatemala mantiene una historia profunda de apoyos diplomáticos y militares.

La relación data desde el mismo nacimiento del Estado israelí. En 1947, el diplomático guatemalteco Jorge García Granados integró el Comité Especial de las Naciones Unidas para Palestina (UNSCOP) y defendió la partición del territorio en dos Estados, uno judío y otro árabe. Guatemala votó a favor de la resolución 181 de la ONU y, en 1948, fue uno de los primeros países en reconocer a Israel. Siete décadas después, en mayo de 2018, el presidente Jimmy Morales trasladó la embajada guatemalteca de Tel Aviv a Jerusalén, siguiendo la decisión de Donald Trump y convirtiendo a Guatemala en el segundo país en hacerlo.

Aquella relación diplomática, cultivada durante décadas, adquirió también una dimensión religiosa y política: sectores evangélicos guatemaltecos han hecho del respaldo a Israel una causa de fe, mientras diputados y dirigentes políticos la incorporan a sus agendas y alianzas internacionales.

Tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, que el gobierno de Netanyahu utilizó como excusa para llevar una campaña de guerra contra la población de Palestina, que luego de tres años ha provocado un genocidio, según denuncias internacionales, el Congreso aprobó una resolución de respaldo a Israel.

En 2024, después de que Guatemala apoyara en la ONU una ampliación de los derechos de participación de Palestina, varios diputados intentaron interpelar al canciller Carlos Ramiro Martínez. Entre ellos estaban Nadia de León, Elmer Palencia, Álvaro Arzú Escobar, Allan Rodríguez y Fidel Reyes Lee, quienes han desfilado en la Liga.

El apoyo de Israel a Iglesias, líderes religiosos y organizaciones conservadoras también es clave. Ahora, a juicio de expertos, el riesgo es qué hay detrás de esos acercamientos y si lo que se busca es incidir en la política del país a partir de las conexiones religiosas o conservadoras.

Sobre todo, cuando el acercamiento de Israel ya no se expresa solo en partidos, iglesias u oficinas del Congreso, sino que también se acerca por primera vez a lasautoridades indígenas en un país en el que la población indígena es del 43 % y alcanza el 45 % del padrón electoral.

Invitación de la Embajada de Israel en Guatemala enviada a autoridades indígenas a mediados de octubre de 2026.

Una invitación ‘privada’

El 22 de octubre de 2026, la Embajada de Israel en Guatemala convocó por primera vez a autoridades y dirigentes indígenas a un encuentro con representantes de la comunidad judía. Las invitaciones, según testimonios recabados por Redacción Regional, eran personales e intransferibles. La actividad se organizó inicialmente a puertas cerradas, “privada”.

Una periodista de este medio acudió al evento y pidió autorización para ingresar. La embajada señaló que el encuentro era privado, pero accedió a que se cubriera el cierre del mismo: un “encuentro cultural” entre la comunidad judía y los invitados, entre estos, autoridades indígenas de Iximulew, Sololá, Nahualá, Totonicapán y garífunas.

Esa tarde, la sede diplomática envió fotografías y un comunicado a Redacción Regional. Al día siguiente difundió la actividad en sus redes sociales.

La convocatoria había despertado inquietud entre personas vinculadas con organizaciones indígenas, que temían una posible intervención de actores externos en sus espacios de representación, especialmente cuando Guatemala calienta motores para las elecciones generales a realizarse a finales de junio de 2027.

Llamó la atención, además, por las heridas aún abiertas tras la represión contra los pueblos indígenas que los regímenes oligárquico-militares impulsaron desde la década de 1970 con apoyo, asesoría, entrenamiento y venta de armas de Israel, según investigaciones.

En el encuentro, fuentes confirman que había representantes de “organizaciones de desarrollo” y fueron exhortados a utilizar el kipá, el pequeño gorro tradicional judío. También les dijeron que los pueblos indígenas compartían con Israel una “historia parecida” y por lo tanto tenían objetivos en común. Algunos asistentes preguntaron por qué Israel estaba matando al pueblo palestino, dado que los pueblos indígenas son pacíficos y rehúyen de la violencia. Las fuentes aseguran que representantes de la embajada se molestaron y les respondieron que ese no era “el lugar para debatir esas cosas, que el vínculo que buscaban era cultural y no político”. Pero algunos asistentes se quedaron con la duda, dada la presencia, aseguran, de representantes de “organizaciones de desarrollo” en una de las reuniones de la jornada.

Imagen oficial del encuentro. Embajada de Israel.

La antropóloga e intelectual maya kaqchikel Aura Cumes, estudiosa del colonialismo, el racismo y las relaciones de poder sobre los pueblos indígenas de Guatemala, advierte que estos acercamientos entre Israel y las autoridades indígenas podría abrir nuevas divisiones y facilitar la cooptación de liderazgos comunitarios.

Su preocupación parte un hecho innegable ocurrido en 2023, cuando las autoridades ancestrales encabezaron 106 días de movilización en defensa de los resultados electorales y de la transición democrática, demostrando una capacidad de organización que trascendió sus territorios. “¿Cómo no se puede negar en este momento el liderazgo de los pueblos indígenas?”, plantea Cumes.

Ella advierte que estos puentes podrían estarse abriendo para incorporar a esos liderazgos a sus propias redes de influencia y debilitarlos. Pero lo que más le inquieta es la dimensión espiritual de ese acercamiento. “Yo ahí pongo un signo de interrogación muy grande”, advierte, porque la espiritualidad ocupa un lugar central en la legitimidad y el ejercicio de autoridad de muchas comunidades indígenas. Cumes teme que la conexión religiosa entre las autoridades indígenas (en el que hay fuertes bloques identificados con iglesias evangélicas y católicas) pueda convertirse en una vía de influencia sobre esos liderazgos que desempeñaron un papel decisivo en la defensa de la democracia guatemalteca.

“Uno de los riesgos es que estos acercamientos provoquen división, pero el otro riesgo más importante para mí es el debilitamiento de las autoridades en sí mismo. Ese para mí es el mayor problema”, dice Cumes.

¿Por qué le interesa ahora a la embajada de Israel y a la comunidad judía en Guatemala acercarse a las autoridades indígenas?

El embajador Elon Lavi recibió la pregunta con una explicación cultural. Dijo que el propósito era compartir experiencias sobre los desafíos que enfrentan tanto el pueblo judío como los pueblos indígenas de Guatemala para preservar sus lenguas, tradiciones e identidades.

Los invitados a punto de ingresar a la ermita de la Comunidad Judía en Guatemala. Foto de Jovanna García.

“La idea es acercarnos con las autoridades ancestrales, originales, indígenas del país, por enfocarnos en qué nos une”, explicó. Puso como ejemplo la recuperación del hebreo como lengua de uso cotidiano, después de siglos en los que había quedado relegado principalmente a la práctica religiosa.

También mencionó las dificultades que enfrentan las comunidades cuando sus integrantes emigran y deben mantener sus vínculos culturales lejos de sus territorios.

“La idea de este día es compartir el conocimiento, la experiencia israelí y del pueblo judío un poco con los pueblos indígenas de Guatemala y ver dónde y cómo podamos cooperar”, resumió.

Según Lavi, era la primera vez que la embajada organizaba una reunión de esas características en Guatemala.

¿Podía tener el encuentro alguna relación con las elecciones previstas para 2027?

El embajador interrumpió la pregunta para negarlo. “No, no tenemos nada con elecciones de Guatemala”. Y ante la insistencia sobre las posibles implicaciones políticas de la convocatoria, reforzó su respuesta: “No es un encuentro político. No entro en la política interna”.

Lavi sostuvo que desconocía si entre los asistentes había personas con aspiraciones electorales y aseguró que ese asunto no formaba parte de la conversación. “No tocamos asuntos políticos”, dijo.

Pero entre los invitados figuraba Marcos Fernando Yax Guinea, un exdiputado que en 2020 llegó al Congreso guatemalteco utilizando una kipá. Consultada sobre su presencia, la Embajada lo presentó como autoridad indígena. Especialistas consultados por Redacción Regional cuestionan que Yax ejerciera una autoridad indígena reconocida.

Su trayectoria, en cambio, permite identificar otro vínculo con los anfitriones: fue integrante de la Liga de Amistad Parlamentaria Guatemala-Israel y uno de los legisladores que respaldaron el traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén. En mayo de 2018 viajó a Israel para participar en la inauguración de la nueva sede diplomática, junto al presidente Jimmy Morales. “Se debe bendecir al Estado de Israel”, declaró entonces. Tres meses después, Yax y su esposa organizaron un homenaje a Morales y a los diputados que habían apoyado aquella decisión.

El traslado de la embajada guatemalteca a Jerusalén ocurrió mientras el gobierno de Morales buscaba apoyo en Washington para frenar a la CICIG, que investigaba al mandatario y a su entorno. Una investigación de El CLIP y el Centro de Periodismo Investigativo de la Universidad de Columbia recogió testimonios de fuentes con acceso al gobierno guatemalteco según las cuales Morales vio en el respaldo a Israel una oportunidad para obtener el apoyo de la administración Trump contra la CICIG. En esa estrategia tuvo un papel Manuel Espina, entonces embajador de Guatemala en Washington y fundador de Guatemala Próspera, una organización que había tejido relaciones con congresistas estadounidenses y dirigentes religiosos mediante encuentros como los desayunos de oración.

La conversación llegó finalmente a las redes religiosas. Al mencionar Guatemala Próspera, al exembajador Espina y los desayunos de oración que han servido como puntos de encuentro entre políticos y dirigentes religiosos en Guatemala y ahora El Salvador, Lavi respondió “Tenemos muchos contactos […] también [con] la iglesia evangélica”, afirmó.

El diplomático señaló que la embajada participa en actividades tanto con iglesias evangélicas como católicas, aunque reconoció una diferencia significativa:

“Por razones de la teología de la iglesia evangélica, tenemos un acercamiento más fuerte y estamos muy felices de estar juntos”.

El exdiputado Jax posa frente a la ermita de la Comunidad Judía. Foto de Jovanna García.

“Volveremos”

En el Soul Inn, Toni vuelve a la pregunta que la llevó a leer sobre la historia de su país: por qué una marcha pequeña despertó tanta hostilidad. No sabe si todos los actores que encontró en su búsqueda están conectados. Tampoco lo afirma. Lo que sí vivió fue la reacción de la municipalidad, la amenaza de cierre a un café y el cierre temporal de otros 13 establecimientos seguros para la población LGBTI en Antigua.

Analizando en retrospectiva, Toni recuerda que, en la carretera, antes de comenzar la marcha, había dicho frente a las personas reunidas que estaba “cagándome de miedo”. Después agradeció a quienes la acompañaban: “Es un honor poder marchar a su lado”.

Le pregunto a Toni si tiene miedo después de lo ocurrido en un país que ejerce mucha violencia contra la población LGBTQ+. En 2025 se registraron más de 430 agresiones. “Vivo con miedo”, responde. Pero ahora dice que lo asimila y sigue adelante. Lo explica citando una frase de un libro que la conecta con su padre, un aficionado a la ciencia ficción. En Dune, Frank Herbert presenta la `Letanía contra el miedo’ como mantra de las religiosas Benne Gesserit: “No conoceré el miedo. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que conduce a la destrucción total. Enfrentaré mi miedo. Permitiré que pase sobre mí y a través de mí…”.

Toni la cita casi completa y de memoria. Tiene miedo, pero dice que hoy que se descubre con voz y con un megáfono ya no puede más que seguir. “Todos vivimos con miedo, todos vivimos inseguros, es como que… ¡A la verga! Y si me van a matar, por ahí linchada en algún lugar, dirán que es crimen de odio, lo que sea. Sé que tengo ese riesgo en cualquier lado. Pero ¿y qué? O sea, la otra opción es quedarme encerrada en un espacio, y yo ya hice eso mucho tiempo”, dice.

Hubo una pregunta que quedó al aire, sin hacerse. La responde por chat, con palabras cortas y con emojis. ¿Volverán a intentarlo en 2027? ¿Volverás?

Con reportes de Carmen Valeria Escobar

Nota de la Redacción: Se intentó obtener una reacción del alcalde Juan Manuel Asturias, de Guatemala Próspera y del exembajador Manuel Espina. Al cierre de esta publicación no hubo respuestas.

Este es el cuarto capítulo de Los negocios de la fe, una investigación de Redacción Regional y medios aliados sobre el poder, la religión y los negocios en Centroamérica. Con apoyo de la Fundación Heinrich Böll y Jotay Guatemala. 

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