En la última década, más de 100 personas tuvieron que salir de Guatemala, entre personas operadoras de justicia, defensoras de derechos humanos y activistas, periodistas, autoridades de los pueblos originarios y otras que fueron objeto de criminalización persecución, hostigamiento o amenazas por parte de un sistema de justicia instrumentalizado.
Por Prensa Comunitaria
“El exilio constituye una de las consecuencias más graves del uso indebido del derecho penal”, define Margaret Satterthwhite, relatora especial de las Naciones Unidas, en el informe “La verdad del exilio. Ética, criminalización y lucha por la justicia en Guatemala (2014-2025” el cual recoge los testimonios de un centenar de personas que tuvieron que salir al exilio forzado en la última década.
Este fenómeno comenzó en 2014, cuando una de las primeras personas en salir al exilio fue la exfiscal general, Claudia Paz y Paz. A ella le siguieron varios más, situación que se agudizó entre 2019 y 2023, solo en 2023 se documentaron 40 salidas al exilio.
Fue una situación que afectó, no solo a las personas exiliadas y sus familias, sino a las instituciones y a la sociedad guatemalteca en su conjunto.
Un informe realizado bajo la dirección del investigador y experto en derechos humanos, Carlos Beristain, documentó y analizó dichas experiencias de exilio forzado y con la recuperación de los testimonios, trayectorias y experiencias y busca comprender los mecanismos y patrones que hicieron posible estos sucesos y los impactos que tuvo en las personas afectadas.
El exilio no es ninguna “tierra prometida”, se caracteriza por una interrupción abrupta del proyecto de vida e implica una gran cantidad de pérdidas y vivencia de hechos traumáticos, además de estrés y nuevos impactos en un contexto precario y desconocido, sin medios de vida y apoyo social señala uno de los hallazgos del informe.
El acceso al empleo ha sido uno de los desafíos para las personas afectadas y en el caso de los estudiantes de la Universidad de San Carlos (USAC) el no poder continuar o culminar sus estudios no solo por el exilio sino por la expulsión de sus carreras por la oposición al rector de la Universidad.
Las personas han tenido que rehacer su vida desde cero, reiniciando la búsqueda de estatus, relaciones, trabajo y su propia identidad.
Por otro lado, aunque haya sido una decisión para salvar sus vidas, es también un ejercicio de resistencia.
Durante la presentación de este informe, en el Palacio Nacional de la Cultura, participaron varias personas exiliadas en México. La presentación estuvo a cargo del director de la investigación veterano investigador de violaciones a los derechos humanos en América Latina, Carlos Beristain.
Vinculación con la lucha por la justicia
El informe muestra que antes del exilio las personas participantes atravesaron procesos y contextos diversos de criminalización en Guatemala, amenazas, detención arbitraria y otras formas de persecución ejercidas tanto desde las instituciones públicas como a través de redes sociales, medios de comunicación y otros espacios incluso institucionales.
Los procesos de criminalización, detención arbitraria y exilio documentados forman parte de las dinámicas más amplias de debilitamiento institucional y restricción de los espacios democráticos en Guatemala.
Entrevistas realizadas con operadores de justicia revelan que los avances en materia de justicia que se lograron en los últimos años fueron alcanzados no solo por reformas legales e institucionales, sino al trabajo sostenido de numerosas personas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, así como del trabajo comprometido de fiscales generales, personal fiscal, policial, altos cargos del sector justicia, personas analistas e investigadoras y la asistencia técnica de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Y fueron esos avances en la justicia los que se enfrentaron a mecanismos de impunidad como la cooptación del Estado, que especialmente tras la salida de la CICIG en 2019 pusieron en marcha toda una estrategia para acabar con los avances en el fortalecimiento de la justicia, desmantelar investigaciones y perseguir a quienes las habían impulsado.
“La criminalización solo puede entenderse desde esos logros, que, a pesar de enormes dificultades se fueron dando en el país hasta 2019”, cita el documento.
Para la relatora de la ONU, quien comentó el documento, el exilio se convirtió en una nueva etapa de la criminalización.
¿Quiénes fueron víctimas de la criminalización?
El informe documenta que esta se dirigió contra personas operadoras de justicia, autoridades ancestrales y representantes de pueblos originarios en lucha por sus territorios y la democracia, periodistas de investigación y estudiantes o académicos, personas defensoras de derechos humanos y activistas sociales, así como integrantes del partido político “Semilla”, que llevó a Bernardo Arévalo al poder, quienes fueron vistos como un obstáculo para el control de las instituciones, entre otros.
La persecución de personas operadoras de justicia está vinculada con su participación en investigaciones y decisiones judiciales relacionadas con casos de alto impacto de corrupción, narcotráfico, delincuencia organizada y graves violaciones a los derechos humanos.
En el caso de las y los periodistas los casos analizados muestran que periodistas de investigación y medios como elPeriódico fueron objeto de hostigamiento, ataques y procesos de persecución que culminaron con el cierre de dicho medio. Posteriormente, otros medios como Prensa Comunitaria y otros profesionales de la información enfrentaron dinámicas similares.
“Los procesos de criminalización se extendieron a quienes denunciaron hechos de corrupción o informaron sobre ellos” señala el documento.
Otro de los contextos recurrentes de criminalización identificados en el informe es el de la movilización social y el ejercicio de derechos colectivos.
Un patrón de persecución
La investigación identificó una serie de patrones y mecanismos que se repitieron en los procesos de criminalización.
Entre ellos, la presentación de denuncias penales por conductas que no eran delito, la rápida judicialización de esas investigaciones por el Ministerio Público, las limitaciones de acceso a las denuncias y expedientes, la utilización de reservas procesales y la dilación sistemática de las audiencias, el uso extensivo de la prisión preventiva y la acción de querellantes adhesivos, incluso en coordinación con autoridades de la Fiscalía en la difusión de información confidencial, amenazas, ciberacoso y violencia digital contra las personas criminalizadas.
El 93 por ciento de la totalidad de los casos documentados que presentan estos patrones se concentran en el periodo de gestión de la exfiscal general, Consuelo Porras, entre 2018 y 2024.
El informe también documenta que los casos analizados muestran una concentración recurrente de denuncias, investigaciones y decisiones judiciales por parte de un grupo reducido de personas funcionarias con altos cargos del MP y del Organismo Judicial vinculadas a los procesos de criminalización documentados. Varios fueron sancionados tanto en Europa como en Estados Unidos, en la llamada Lista Engel.
Hallazgos y recomendaciones al Estado
Algunos de los hallazgos del informe señalan que los patrones de persecución, amenaza y detenciones arbitrarias llevaron al exilio forzado de más de 100 personas, frente a un sistema de justicia instrumentalizado para lograr su criminalización, cuando ya no tenían otra opción para resguardar sus vidas, su integridad y su libertad.
El exilio también surgió como un “no” a la corrupción por parte de las personas que fueron encarceladas, quienes prefirieron salir del país ante los intentos de extorsión para que aceptaran las acusaciones y no fueran detenidas.
El mayor grupo de personas afectadas corresponde a quienes lucharon en el fortalecimiento del sistema de justicia y en la investigación y sanción de estructuras criminales y redes de corrupción: personas exfuncionarias del MP, del Organismo Judicial y exmandatarias de la CICIG, que representan el 41 % del total de casos documentados.
En cuanto a periodistas, se documentó el exilio de 16 profesionales del periodismo. La mayoría pertenece a elPeriódico y el medio independiente Prensa Comunitaria. El resto son periodistas independientes y pertenecientes a otros medios.
Entre las principales demandas de las y los exiliados están: el reconocimiento público de la responsabilidad del Estado y del buen nombre y dignidad de las personas que fueron criminalizadas, detenidas o tuvieron que salir del país; implementar un mecanismo de descriminalización, medidas que generen las condiciones para un retorno seguro y diversas formas de apoyo administrativos y económicos para solventar su situación en el país de acogida, pero también en su país, Guatemala.
El informe se presentó este 14 de agosto en el Palacio Nacional, donde estuvieron presentes algunas de las personas exiliadas durante esta década.
