Según el politólogo y jurista Daniel Zovatto la decisión de rechazar la inscripción del binomio presidencial del MLP es un golpe electoral, porque están utilizado al TSE de manera arbitraria para decidir a quienes dejan participar en el proceso y a quienes no. Con esta acción se busca que un sector de la población se quede sin representación, expresa y enfatiza que según los últimos informes, en Guatemala hay un claro retroceso democrático y que se sigue un camino hacia un régimen autoritario.
Por Francisco Simón Francisco
El pasado 2 de febrero casi a la medianoche, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó la decisión del Registro de Ciudadanos de rechazar la inscripción del binomio presidencial del partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), encabezado por Thelma Cabrera y Jordán Rodas.
Tres días después, el equipo legal del partido presentó un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de la decisión del pleno de magistrados del TSE. Fue hasta este martes 7 de febrero, que la CSJ admitió para su trámite el recurso; y dio un plazo de 48 horas para que el tribunal electoral remita un informe circunstanciado.
El TSE intenta dejar fuera del proceso electoral al binomio presidencial del MLP supuestamente porque la Constancia Transitoria de Inexistencia de Reclamación de Cargos, conocido como finiquito y extendido por la Contraloría General de Cuentas (CGC) no tiene validez por una denuncia presentada por el actual Procurador de Derechos Humanos.
Según el politólogo y jurista Daniel Zovatto, la decisión del TSE es un golpe electoral, porque han utilizado al órgano electoral de manera arbitraria para decidir a quienes dejan participar en el proceso y a quienes no. Con la interpretación incorrecta de los procedimientos legales buscan expulsar del proceso a Cabrera y Rodas, explicó. También aseguró que con esta acción, el tribunal electoral busca que un sector de la población se quede sin representación.
Si esta decisión sino se revierte y no se le permite a Thelma y a Jordán participar va a generar un ambiente de hostilidad, además de comprometer y contaminar la credibilidad y legitimidad de todo el proceso electoral, advirtió el analista político sobre procesos electorales en América Latina.
Zovatto, quien ha estado acompañando el proceso electoral en Guatemala desde los años 80, habló en una entrevista a Prensa Comunitaria sobre el proceso electoral que ya empezó el 21 de enero con la fase de inscripción de personas a distintos puestos electorales. A continuación los detalles.
¿Cómo ve el proceso electoral en Guatemala?
En el último tiempo comencé a ver con preocupación como se iba deteriorando la calidad y la integridad de los procesos electorales y cómo el Tribunal Electoral iba perdiendo la confianza y la credibilidad de la sociedad.
En la última elección (2019) también hubo interpretaciones del Tribunal muy controvertidas y por el otro lado hubo denuncias de la primera y segunda vuelta sobre posibles graves irregularidades, incluso denuncia de fraude. En este contexto yo venía muy preocupado porque veía que, por un lado el contexto jurídico, el marco legal, el Estado de derecho y la calidad de la democracia están en declive. Entonces las elecciones tienen lugar en un contexto político y jurídico deteriorado.
Lo político tiene que ver con la calidad de la democracia y lo jurídico tiene que ver con la calidad del Estado de derecho y las garantías que en materia de derechos políticos y en materia de integridad electoral ofrece o no ofrece el proceso.
Estuve en Guatemala en noviembre del año pasado. Tuve varias reuniones y me vine muy preocupado. Este proceso electoral es muy importante porque hay mucho en juego, ya que permitiría oxigenar la vida política, ayudar a recuperar una senda de la democracia, o por el contrario puede terminar de agravar este proceso en el cual Guatemala se encuentra actualmente, marcado con deterioro democrático y de marcada debilidad del Estado de derecho.
También me identifico con la preocupación sobre la debilidad y la pérdida de confianza que tienen la autoridad electoral, particularmente el Tribunal. A lo largo de estos meses he expresado que era muy importante poner el foco y la lupa para evitar que ocurriera los graves hechos que ya comenzamos a ver en esta primera etapa de inscripciones.
Pero también creo que en las etapas sucesivas, de la propia campaña electoral, cómo garantizar que hayan condiciones de equidad en la competencia electoral, cómo evitar que haya penetración del financiamiento tanto ilegal como del financiamiento ilícito, y obviamente cómo garantizar que en las tres etapas del proceso electoral (la de inscripción, la campaña y luego en la primera y segunda vuelta), en el escrutinio y transmisión de resultados, y en la resolución de los eventuales recursos, el Tribunal Electoral este siempre a la altura del desafío, actuando muy apegado al Estado de derecho.
Pero además del TSE hay otras instituciones que también deben resolver recursos…
Sigo estando preocupado porque en el caso específico del sistema guatemalteco, hay al menos cinco instituciones que tienen que actuar de manera muy coordinada para garantizar los niveles de integridad del proceso electoral y de plena vigencia del Estado de derecho. Empezando claramente por el Tribunal Supremo Electoral pero también un papel importante que cumple la Corte Suprema de Justicia, también la Corte de Constitucionalidad, la Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público.
Mi preocupación es que en las cinco instituciones, los nombramientos que se han hecho en varios casos se han hecho sin cumplir adecuadamente los procesos en materia de transparencia, de independencia y esto genera una preocupación muy importante al respecto de cuál es el grado verdadero de independencia que tienen estos órganos respecto del poder político y hasta qué punto algunos de esos miembros no están cooptados por el poder político o por el pacto de corruptos.
Esto a su vez se agrava porque una de las condiciones fundamentales que tienen los procesos electorales es que haya una plena vigencia de los derechos humanos, pero también dentro de los derechos humanos, de la libertad de expresión y de prensa. Vi y constaté cuando estuve en Guatemala pero también a la luz de los informes de Human Rights Watch que la situación tanto de las garantías de los derechos humanos como lo relativo al tema de la libertad de expresión y de prensa, la persecución, el acoso, la prisión que sufren periodistas, la persecución y las amenazas que han llevado a que muchos exjueces, exfiscales y activistas de derechos humanos que han luchado con mucha valentía, con mucho compromiso contra de la corrupción y en contra de la impunidad, hoy son perseguidos por estas instituciones, particularmente por el Ministerio Público y por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).
El cuadro lo veo muy preocupante por eso sugerí la importancia de que la comunidad internacional fuera monitoreando este proceso electoral, supervisado y observado por misiones de observaciones electorales.
Usted habla de un golpe electoral al no permitir la inscripción del MLP ¿Qué quiere decir con esto?
En primer lugar es muy importante tomar en cuenta que la principal función del Tribunal Electoral es ejercer su trabajo con el objetivo de garantizar un proceso que cuenta con todas las garantías en materia de integridad electoral para que el resultado que surja de allí tenga un resultado con credibilidad y que tenga legitimidad. En ese marco, una autoridad electoral tiene que garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos.
Esto es lo que precisamente el Tribunal Electoral no ha hecho en el caso del binomio del MLP. Ha buscado una excusa desde el punto de vista administrativo con carácter restrictivo de manera arbitraria para negarle la inscripción a dos personas que gozan a su vez de un alto nivel de reconocimiento, de prestigio más allá de su posición política, como lo son Thelma Cabrera y Jordán Rodas.
Hablo de un golpe electoral, porque precisamente el Tribunal Electoral de Guatemala, similar a lo que han venido haciendo en el pasado reciente otras autoridades electorales como por ejemplo en el caso de Nicaragua o en el caso de Venezuela, han utilizado al órgano electoral de manera arbitraria para decidir a quién dejan participar en el proceso y a quien les cierran la puerta.
De esa manera bajo una suerte falsa de ropaje jurídico, bajo una impresión falsa de legalidad diciendo que esta decisión está basada en una interpretación de la ley, diciendo ‘si ustedes no están de acuerdo pueden interponer todos los recursos legales’, se les prohíbe a ciudadanos que están gozando de todos sus derechos poder ejercer esos derechos políticos y poder participar y poder competir para llegar a la presidencia.
Si desde el Tribunal se utilizan de manera incorrecta los procedimientos legales para cerrarle la puerta de manera arbitraria e ilegítima a quienes están en condiciones de poder competir, lo que están haciendo es dar un golpe electoral para evitar precisamente que un sector de la población se quede sin representación. Esta decisión sino se revierte y no se le permite a Thelma y a Jordán participar va a generar un pecado desde un inicio del proceso electoral, que va a comprometer y a contaminar la credibilidad y legitimidad de todo el proceso electoral.
Esto lo hemos visto en Nicaragua donde el dictador encarcela a opositores políticos, también en Venezuela encarcelando e inhibiendo a candidatos para no poder participar ni competir. Ambas elecciones fueron declaradas ilegítimas por la comunidad internacional, incluso por la OEA. Yo creo que si esto ocurre en Guatemala entonces estamos frente a una elección que no tiene las condiciones de credibilidad y legitimidad.
¿Cómo caracteriza este proceso electoral donde el partido de izquierda con mayor fuerza en Guatemala corre el riesgo de no participar?
En primer lugar la lectura que hay que hacer es jurídica, independiente del caudal electoral que este binomio puede tener. Eso lo vamos a ver no en función de lo que dicen las encuestas sino en función de la elección, de los resultados, pero con independencia del caudal electoral es gravísimo que aún o dos ciudadanos que tienen todas las condiciones y tienen el derecho de participar y competir para el cargo de presidencia y vicepresidencia se les prohíba participar y es gravísimo que al sector de la población, de la ciudadanía que simpatiza con ese partido político se le prohíba elegir.
La lectura política además de la jurídica es que Thelma estuvo en cuarto lugar en las elecciones pasadas a nivel nacional y hay una expectativa de que ahora, pueda hacer una buena elección.
Creo que gran parte de la explicación de por qué se instrumentaliza desde el Tribunal la inhabilitación de un binomio es porque eventualmente pueda tener un alto rendimiento electoral y que de llegar a la presidencia pueda comprometer intereses de sectores empresariales y del pacto de corruptos. Allí está precisamente no solo lo grave sino la sofisticación con la que buscan eliminar a un competidor electoral bajo el supuesto y falso ropaje jurídico.
Estamos en la fase de inscripción de candidatos y hay varias impugnaciones de binomios presidenciales, ¿qué escenario nos presenta esto a menos de cinco meses de la primera ronda electoral?
Habrá que analizar caso por caso. Pero si hay candidatos que son vinculados al narcotráfico, tráfico ilícito de drogas, crimen organizado o personas vinculadas en casos de corrupción, a ellos sí hay que aplicarles la ley.
Pero en el caso de Thelma y Jordán no veo ningún impedimento de fondo que realmente justifique, que en ese caso particular se les inhabilite, que les impidan la inscripción. Por el contrario han inscrito a personajes muy dudosos y no quieren inscribir a personajes que tienen la credibilidad.
En el caso de Thelma no hay que descartar un componente de racismo y discriminación por su condición de mujer e indígena.
También hay muchas candidaturas de diputados y alcaldes cuestionables, con señalamientos de corrupción o vinculación con el narcotráfico y que ya están inscritos, ¿qué evidencia esto?
Lo que se está evidenciando es que el Tribunal Electoral, una autoridad tan importante como es el de las inscripciones o inhabilitaciones no está haciendo su trabajo de manera apegada a la ley electoral. Se está prestando a interpretaciones antojadizas, en algunos casos es evidente que está en contra de la ley porque terminan inscribiendo a personajes cuestionables.
Es decir está actuando de una manera muy parcializada, muy arbitraria, no apegado a la ley. Esto implica que las elecciones arranquen en las peores condiciones, lo cual refuerza la importancia que tiene el proceso y que esté acompañado muy de cerca por la comunidad internacional en general, a su vez por misiones de observaciones electorales que a mi opinión ya deberían estar en el terreno observando y documentando estos hechos.
En informes recientes se confirma el retroceso democrático en América Latina. ¿En qué situación se encuentra el continente y que pasa con Guatemala?
La situación de la democracia en América Latina está pasando por su peor momento, estamos viendo un declive muy marcado de la democracia, además de un deterioro y retroceso.
Según The Economist, de 20 países de América Latina (10 de América del Sur, 6 de Centroamérica además de México, Republica Dominicana, Haití y Cuba), hay 3 democracias plenas: Uruguay, Costa Rica y Chile; cinco democracias imperfectas, aunque son democracias pero tienen carencias, siendo Argentina, Brasil, Colombia, Panamá y República Dominicana.
Después tenemos ocho países con regímenes híbridos, que no son democracias pero todavía no llegan a ser autoritarios plenos entre estos, Guatemala, El Salvador y Honduras, luego México, Ecuador, Perú, Bolivia y Paraguay; y cuatro son considerados autoritarios: Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Es decir, el 60 por ciento de los países de Latinoamérica ya dejaron de ser democracias, quedan únicamente 8 democracias. En Centroamérica el panorama es mucho peor porque de los 6 países de Centroamérica 3 de ellos son regímenes híbridos, El Salvador crecientemente autoritario con Bukele. Guatemala va con tendencia muy negativa. Honduras con Xiomara. Nicaragua es un régimen autoritario. Una que es plena democracia Costa Rica y una democracia imperfecta que es Panamá.
Por lo tanto, los riesgos en Centroamérica son bastantes altos. Por eso el proceso electoral en Guatemala es tan importante. Independientemente del color político, la ciudadanía debe salir a exigir las condiciones adecuadas de este proceso electoral para que puedan elegir a las personas o candidatos que ellos quieren.
¿Qué significa pertenecer a un régimen híbrido?
Guatemala ya entró en esta primera etapa del proceso electoral en las peores condiciones posibles con una fragilidad muy grande del Estado de derecho, con unas violaciones importantes en materia de derechos humanos y sobre todo en materia de libertad de expresión, con instituciones cooptadas que en lugar de luchar contra la corrupción e impunidad persiguen a los que en su momento lucharon contra este fenómeno, todo esto lleva a un marcado de deterioro democrático.
Desde hace varios años el país ya no es una democracia de acuerdo con todos los índices, particularmente del último de la Unidad de Inteligencia de The Economist que salió esta semana.
Guatemala es considerado un régimen hibrido, esto quiere decir que perdió la calidad de democracia y aunque todavía no es un régimen plenamente autoritario como lo es Nicaragua, Venezuela, Cuba o Haití, claramente sigue por este camino.
No solo es preocupante la situación actual sino la tendencia grave que lleva el país. A esto le puedes agregar el puntaje en materia de percepción de corrupción del Índice de la Transparencia Internacional dónde Guatemala tiene un puntaje de tan solo 24 puntos. La media Latinoamérica es de 43. Hay que tomar en cuenta que en transparencia internacional mientras más alto es el puntaje menos corrupto es el país, por lo tanto, 24 es el puntaje que tiene Guatemala, esto la coloca en uno de los cinco países de la región de América Latina más corruptos junto con Honduras, Nicaragua, Haití y Venezuela.
