La propuesta de ley busca acabar con todas las investigaciones penales relacionadas con delitos cometidos durante el conflicto armado interno así como excarcelar a todos los sentenciados por cometer los mismos.
Por Prensa Comunitaria
Por mayoría, la instancia de jefes de Bloque del Congreso de la República aprobó incluir en el orden del día de la sesión plenaria que tendrá lugar este 27 de septiembre la discusión y aprobación en primer debate del dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la iniciativa 6099 Ley de Fortalecimiento para la Paz.
La iniciativa 6099 pretende otorgar amnistía a militares y guerrilleros que habrían cometido graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
El diputado oficialista Manuel Conde fue quien propuso a los jefes de bloque colocar en la agenda la discusión en primer debate de la propuesta de ley. “Creo que es uno de los temas de interés nacional que debe ser ampliamente discutido y por el bien de nuestro país y por la reconciliación de nuestra sociedad”, comentó el expresidenciable de Vamos durante la reunión.
La propuesta fue secundada por el diputado Unionista, Álvaro Arzú Escobar, por Víctor Guerra, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); y Javier Hernández, del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).
Antonio Arenales Forno, legislador de la bancada Valor, dijo que la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Paz corregiría “una sistemática y grave violación a los derechos humanos por la cual están sentenciados y presos personas cuyos delitos estaban prescritos y amnistiados”.
Arenales Forno recordó que durante las conversaciones para la firma de la paz uno de los puntos más difíciles “fue la negociación de la Ley de Reconciliación Nacional y su objetivo era de conformidad con el derecho internacional y las convenciones de Ginebra que llaman a las más amplias de las amnistías”.
Por su parte, la diputada Sonia Gutiérrez, del bloque Winaq, cuestionó la intención de los diputados de legislar para extinguir la responsabilidad penal de quienes cometieron delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.
“Me llama mucho la atención cuando los señores diputados mencionan y hablan de la reconciliación. ¿A qué reconciliación nos estamos refiriendo cuando lo que estamos pretendiendo es dejar de conocer la verdad y la justicia en este país?, expresó la parlamentaria.
En tanto el legislador Walter Félix de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) advirtió que la iniciativa 6099 “lo que busca es impunidad y podría generar confrontación”, además dijo que la propuesta de ley está redactada “en un lenguaje confrontativo que me recuerda a los documentos de la contrainsurgencia”.
“Aprobar esta ley sería fomentar la impunidad y el irrespeto a la memoria de cientos de miles de víctimas del enfrentamiento armado interno”, señaló Félix.
Diputada se reivindica
La diputada Vicenta Jerónimo, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), quien en agosto pasado apoyó la aprobación del dictamen para la Ley de Fortalecimiento de la Paz pidió que la propuesta sea retirada de la discusión en el Pleno.
“La paz solo se puede fortalecer cuando se conoce la verdad y avanzar en la justicia con transparencia. La iniciativa es una ofensa a las víctimas. Como MLP pedimos que está iniciativa se saque de la orden del día”, indicó Jerónimo.
Jerónimo fue una de los 12 firmantes que avalaron en la Comisión de Derechos Humanos el dictamen favorable a la iniciativa 6099 cuando se le consultó al respecto la parlamentaria no supo explicar las razones por las que firmó el documento.
“Déjeme llegar a mi oficina porque tengo que revisar”, dijo Jerónimo., quien pidió que se le volviera a consultar en 15 minutos después de la llamada, sin embargo, cuando se le volvió a llamar una asistente dijo que la diputada no podía atender porque estaba en una citación.
Diputados insisten en amnistía a favor de militares que cometieron crímenes de guerra
El contenido de la iniciativa 6099
El proyecto de ley busca que se reconozca el derecho de amnistía otorgada a favor de los integrantes del Ejército de Guatemala y de los demás cuerpos de seguridad del Estado, así como miembros de los grupos insurgentes que cometieron delitos entre el 13 de noviembre de 1960 y el 29 de diciembre de 1996 en territorio guatemalteco.
Además contempla procedimientos para que los militares que ya han sido condenados o se encuentren ligados a proceso penal por delitos cometidos dentro del contexto del enfrentamiento armado interno, puedan obtener su inmediata libertad. El mismo beneficio aplicaría para las personas contra quienes se hubiese girado órdenes de aprehensión
La iniciativa 6099 también pretende que el Ministerio Público se abstenga de ejercer la acción penal en los procesos que se encuentren bajo investigación, para ello pretende que exista responsabilidad administrativa y penal para los fiscales, jueces y tribunales que retarden, dificulten u obstaculicen la aplicación de la amnistía para los procesados por delitos de guerra cometidos durante el conflicto armado interno.
Finalmente la propuesta también pretende que se eliminen los artículos 8 y 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, que establecen que la extinción de la responsabilidad penal no es aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala
De ser aprobada la propuesta tal cual fue dictaminada, los sentenciados en casos como Sepur Zarco, Molina Theissen y masacre de las Dos Erres obtendrían su libertad inmediata. También cesaría la persecución penal en contra de los acusados en el caso Creompaz y Diario Militar, entre otros.
