En el Congreso de la República se discute una propuesta que otorga amnistía a militares que habrían incurrido en delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada entre el 13 de noviembre de 1960 y el 29 de diciembre de 1996 en territorio guatemalteco. De aprobarse la iniciativa 6099 se beneficiaría a los militares condenados, ligados a proceso penal o con órdenes de captura por delitos cometidos durante el enfrentamiento armado interno.
Por Prensa Comunitaria
Los diputados afines a los militares buscan legislar para que se extinga la responsabilidad penal de quienes cometieron graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado interno.
La Instancia de jefes de Bloque había acordado que, en la sesión plenaria del pasado miércoles 13, se conociera en primer debate el dictamen y proyecto de decreto que dispone aprobar la iniciativa 6099 Ley de Fortalecimiento para la Paz, sin embargo el quórum se desintegró antes de entrar a conocer dicho proyecto de ley.
La iniciativa pretende “la extinción de la responsabilidad penal por todos los delitos cometidos durante el enfrentamiento armado interno, los cuales se consideran de naturaleza política, sin hacer una exclusión de figuras delictivas como se hizo en el Decreto 145-1996”, señala el dictamen favorable que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, el pasado 23 de agosto.
En diciembre de 1996, el Congreso de la República aprobó el decreto 145-1996 Ley de Reconciliación Nacional producto de las negociaciones de paz entre el Estado de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno.
El espíritu del decreto 145-1996 es eliminar toda responsabilidad penal de las personas que cometieron delitos políticos y los delitos comunes con motivo del enfrentamiento armado interno. Sin embargo el artículo 8 de la normativa establece que la extinción de la responsabilidad penal no es aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala.
“A los veteranos se les debe respetar por sus innumerables sacrificios en defensa de la soberanía nacional, por lo que resulta tan contradictorio que el cese al fuego y la Firma de la Paz, representara el inicio de persecución penal para ellos”, indica el dictamen favorable que fue firmados por doce diputados que forman parte de la sala legislativa de Derechos Humanos.
Los diputados que avalaron el proyecto de ley también exponen que “es necesario que en Guatemala cese la confrontación, se termine el negocio de la venganza de grupos que lucran con los juicios en contra de militares y demás miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, que en el ejercicio de sus funciones defendieron la institucionalidad y la soberanía nacional, y se pase a combatir los delitos que aquejan a la sociedad guatemalteca de hoy, que impiden el desarrollo económico, político y social de Guatemala”.
Este sería un nuevo intento por parte de los legisladores de procurar una amnistía para militares que cometieron crímenes de guerra durante el conflicto armado interno. En 2021, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio la razón a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que pretendía reformar la Ley de Reconciliación Nacional.
La CC resolvió en ese entonces que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.
CC pone freno a la ley que pretende otorgar amnistía a criminales de guerra
El contenido de la iniciativa 6099
El proyecto de ley busca que se reconozca el derecho de amnistía otorgada a favor de los integrantes del Ejército de Guatemala y de los demás cuerpos de seguridad del Estado, así como miembros de los grupos insurgentes.
Además contempla procedimientos para que los militares que ya han sido condenados o se encuentren ligados a proceso penal por delitos cometidos dentro del contexto del enfrentamiento armado interno, puedan obtener su inmediata libertad. El mismo beneficio aplicaría para las personas contra quienes se hubiese girado órdenes de aprehensión
La iniciativa 6099 también pretende que el Ministerio Público se abstenga de ejercer la acción penal en los procesos que se encuentren bajo investigación, para ello pretende que exista responsabilidad administrativa y penal para los fiscales, jueces y tribunales que retarden, dificulten u obstaculicen la aplicación de la amnistía para los procesados por delitos de guerra cometidos durante el conflicto armado interno.
Finalmente la propuesta también pretende que se eliminen los artículos 8 y 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, que establecen que la extinción de la responsabilidad penal no es aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que no admitan la extinción de responsabilidad penal, de conformidad con el derecho interno o los tratados internacionales ratificados por Guatemala
De ser aprobada la propuesta tal cual fue dictaminada, los sentenciados en casos como Sepur Zarco, Molina Theissen y masacre de las Dos Erres obtendrían su libertad inmediata. También cesaría la persecución penal en contra de los acusados en el caso Creompaz y Diario Militar, entre otros.
Falla intento para aprobar amnistía para criminales de guerra
Diputada del MLP avaló dictamen
Entre las 12 firmas de diputados que aprobaron el dictamen favorable a la iniciativa de ley se encuentra la de la legisladora, Vicenta Jerónimo, del bloque Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP).
Consultada al respecto la parlamentaria dijo que no recordaba las razones por las cuales había firmado el dictamen favorable. “Déjeme llegar a mi oficina porque tengo que revisar”, dijo Jerónimo.
La legisladora pidió que se le volviera a consultar en 15 minutos después de la llamada, sin embargo, cuando se le volvió a llamar una asistente dijo que la diputada no podía atender porque estaba en una citación.
“Sería una amnistía inconstitucional”
A criterio de Carmen Aída Ibarra, coordinadora de proyectos de la asociación Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), los diputados se estarían encaminando a aprobar una iniciativa de ley que resultaría inconstitucional.
“Sería una amnistía inconstitucional. El Congreso está facultado para decretar amnistías como ya lo ha hecho en el pasado. Pero en este tema se trata de delitos de lesa humanidad que son graves delitos y toda la legislación internacional que el Estado de Guatemala ha suscrito y que ha sido ratificado por el Congreso de la República va en el sentido que se tratan de delitos no amnistiables y que no prescriben”, indicó Ibarra.
