USAC: Walter Mazariegos y sus aliados votan a favor de criminalizar a estudiantes y profesionales

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Créditos: Francisco Simón
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

La sanción es por denunciar el fraude en la elección de Walter Mazariegos como rector y ahora son al menos 80 personas que serán afectadas por las sanciones a las que serán sometidos. Todo esto, es por un plan orquestado por el “rector de facto” y su secretario Luis Cordón Lucero.

Por Shirlie Rodríguez

Este 28 de febrero, integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) votaron a favor de criminalizar a estudiantes, trabajadores y docentes de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). El delito es por denunciar la elección fraudulenta de Walter Mazariegos para la Rectoría.

Los votos quedaron con 22 a favor de tomar medidas disciplinarias en contra de al menos 80 personas, solo siete votaron en contra y hubo cuatro abstenciones.

“Estamos ante el CSU más antidemocrático y violento de la historia”, escribió Eduardo Villalta, integrante de ese órgano de autoridad en sus redes sociales al alertar sobre lo que pasaba en la sesión virtual que se realizó este miércoles 28 de febrero. Agregó que dentro de esta reunión mencionaron que este era “un primer grupo” de personas que serán sancionadas.

Son 37 estudiantes, 19 profesores, 14 trabajadores, una persona jubilada de la USAC y seis personas ajenas a la Universidad, a quienes impondrán estas sanciones que fueron preparadas por Walter Mazariegos y su secretario Luis Cordón Lucero.

Esto surge tras un análisis jurídico que presentó Mazariegos y el secretario con más de 500 páginas en el cual piden implementar medidas disciplinarias por “la posible responsabilidad administrativa por la conducta de los estudiantes, personal docente, administrativo y de servicios, en la irrupción, obstaculización e impedimento en el acceso al Campus Central, zona 12”, detalla el documento.

El supuesto análisis jurídico salió a la luz el pasado lunes 26 de febrero, en el cual se indican algunas de las sanciones que podrían implementar. De estas, algunas llegan a ser expulsiones o destituciones de la entidad académica estatal.

Otro aspecto notorio en esta sesión virtual es que se hizo la votación reservada, por lo tanto no se detalló quiénes votaron a favor de estas medidas.

En 2022 el CSU aprobó la votación secreta. Con la resolución eliminó el tablero de votaciones y en el acta no aparece el nombre de los consejeros ni la forma en que votaron. Esta medida fue catalogada por analistas como una forma de operar en impunidad.

Esta propuesta fue presentada por el exintegrante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) ante el CSU, Juan Carlos Godínez Rodríguez, vinculado a casos como Comisiones Paralelas 2020. Godínez Rodríguez también fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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Se pronuncian en contra de las acciones del CSU

Este día, estudiantes realizaron una manifestación y pronunciamiento en las instalaciones de la USAC, para denunciar estas acciones que criminalizan a más integrantes de la comunidad estudiantil.

“El CSU sigue operando para las mafias de la Universidad y del país. Como estudiantes, trabajadores y docentes criminalizados y perseguidos por el Consejo Superior Universitario, repudiamos estas medidas de represión. Además de afectar nuestro derecho a la educación y trabajo, atenta contra la libertad de expresión y organización de cualquier estudiante y trabajador de la Universidad”, indicaron en conferencia de prensa frente a la Rectoría.

Foto de Prensa Comunitaria

Además, denunciaron la falta de calidad de los consejeros universitarios y la falta de representación en el CSU en este órgano.

Otros profesores como Marco Antonio Garavito, se solidarizó con Nadyeshda Van Tulen, maestra de la Escuela de Ciencias Psicológicas, que también está siendo criminalizada.

Desde Colombia también se pronunciaron estudiantes de la Universidad del Valle y pidieron a la cancillería de Colombia en el país, que velen por la seguridad de los estudiantes de la USAC a quienes pretenden expulsar y pueden ser obligados a ser exiliados.

Luego de esta acción, el siguiente paso es notificar a las personas señaladas en el documento. Tienen tres días para presentar su defensa y luego se analiza si serán sancionados o no.

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