Por Paolina Albani
Este 27 de septiembre, organizaciones sociales como el Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Bufete para Pueblos Indígenas, acompañados de población de las comunidades Sierra del Tigre y Sierra Natural Lacandón, Petén, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para que detenga la aprobación de la iniciativa 6021, reforma de la Ley de Hidrocarburos (decreto 109-83), que busca autorizar al presidente de la República la prórroga los contratos de las petroleras.
El amparo está relacionado, principalmente, a Perenco que lleva casi 40 años en el territorio explotando petróleo en áreas protegidas de Petén y su contrato (2-85), suscrito entre el Estado de Guatemala y el consorcio español Hispanoil y Basic Petroleum International Limited (Basic Resources).
El contrato fue ampliado, en 2010, en el gobierno de Álvaro Colom y este terminará en agosto de 2025.
Perenco tiene el control de la explotación del campo Xan que se encuentra en el Parque Nacional Laguna del Tigre, en el municipio de San Andrés, Petén, a unos 611 kilómetros de la ciudad capital. La empresa sería una de las beneficiadas con la reforma porque podrá solicitar una extensión de 25 años del contrato para seguir explotando el petróleo guatemalteco dentro de una de las áreas de reserva natural en Petén.
Hasta agosto de este año, Perenco produjo 1 millón 141 mil 546.76 barriles de crudo, bajo el contrato 2-85. Siendo la petrolera con mayores niveles de extracción y producción, según datos del Ministerio de Energía y Minas publicados en su portal.
La Petrolera del Itsmo y Latin American Resources le siguen en segundo y tercer lugar.
Por ello, las organizaciones y comunidades exigieron que el contrato sea declarado lesivo. También expresaron su preocupación por el daño al ambiente que la extracción de petróleo ha generado, pues libera dióxido de carbono a la atmósfera calentándola a ritmos acelerados.
Pero también por la disrupción de sus medios de vida, ya que en el proceso de producción de la petrolera han perdido cosechas y animales por la contaminación del agua, y han sido desalojados de sus territorios.
Por ejemplo, el 1 de julio de 2017, un camión cisterna de la Empresa Petrolera del Istmo (EPI) volcó y derramó petróleo sobre el río Gracias a Dios, Izabal.
Daniel Pascual, del CUC, se sumó al rechazo por alargar el contrato de Perenco y señaló que el gobierno ha actuado con impunidad y corrupción al querer adjudicar 25 años más a la petrolera sin que antes, la transnacional haya realizado estudios de impacto ambiental y una consulta comunitaria a las poblaciones afectadas por la explotación.
Pascual señaló que vecinos han sido desalojados de las zonas aledañas a la extracción y lo que persisten ahí, sufren amenazas de ser expulsados.
“Las comunidades tienen el derecho a ser consultados. Se trata de la vida, de la salud y los recursos que están defendiendo con el territorio. Todo es para la defensa del bosque”, enfatizó el directivo del CUC.
Anomalías e intentos de soborno en el proceso de aprobación
De acuerdo a los denunciantes ha habido anomalías en el proceso de aprobación de la iniciativa 6021, presentada por el Ejecutivo en enero de 2022, pues no solo fue enviada a la Comisión de Finanzas del Congreso para la emisión de un dictamen, sino que no pasó por las comisiones de Energía y Minas, y la de Ambiente, que son las que tienen experiencia en la temática.
Desde su llegada a Dirección Legislativa, la iniciativa ha avanzado rápidamente y el 7 de diciembre del año pasado, fue aprobada en segunda lectura. Las organizaciones aseguran que la intención del gobierno es pasar esta y otras leyes antes de que termine el año.
Además, a inicios de septiembre de este año, un grupo de diputados de la oposición denunció que haber recibido ofrecimientos económicos a cambio de vender sus votos para aprobar la iniciativa 6021 en la tercera lectura. Los ofrecimientos van de Q250,000 a Q300,000 (unos US$38 mil 900).
A finales de agosto, la diputada electa por el partido Semilla, Patricia Orantes, refirió que ampliar el contrato de Perenco constituiría violar la Ley de Áreas Protegidas y la estabilidad de la Biosfera Maya.
Ampliar el contrato a PERENCO violaría la Ley de Áreas Protegidas y la Reserva de Biosfera Maya.
También extendería 25 años más el robo al Estado y la destrucción del Parque Nacional Laguna del Tigre, cedido a las mafias con la connivencia del Ministerio de Ambiente y CONAP. https://t.co/X4yyRn5BAd
— Patty Orantes (@pattyo502) August 31, 2023
Petroleras adeudan más de Q900 millones al Estado
La iniciativa 6021 también ha generado reacciones negativas en los pobladores pues han asegurado que el negocio de las petroleras es uno que lejos de dejar ganancias, ha generado pérdidas.
De acuerdo al portal del MEM, Perenco ha generado más de US$18 millones (Q141.5 millones) en regalías entre enero de 2020 y junio de 2022, que no forman parte de la deuda sino de los ingresos por producción.
Recientemente, informes del MEM han dado cuenta que tres de las cuatro empresas que realizan actividades de extracción petrolera en el país acumulan una deuda de US$125 millones 658 mil 332.94 (Q982 millones 713 mil 085) en concepto de pago de regalías, multas e intereses al Estado.
Que son las mismas empresas que Prensa Comunitaria reportó como deudoras en 2022: Latin American Resources Ltd. (LAR), Petrolera del Itsmo S.A. y Petro Energy S.A.
La Empresa Petrolera del Itsmo, S.A., vinculada a Gregory Charles Smith, actual esposo de la excandidata presidencial Zury Ríos, acumula una deuda de US$113 millones 967 mil 994.86.
Latin American Resources Ltd. adeuda US$7 millones 773 mil 620.78 y Petro Energy, S.A., entidad relacionada con Salvador Francisco Ramírez Leal, exfinancista de la campaña electoral del presidente Giammattei y designado por el mandatario como comisionado presidencial de Infraestructura Estratégica, debe US$3 millones 916 mil 717.30.
Hace un año, elPeriódico publicó que el entonces ministro del MEM, Alberto Pimentel y Smith estaban intercambiando mensajes para llegar a un acuerdo y evitar la cancelación del contrato petrolero por la deuda de US$1.5 millones.
En esos mensajes, Pimentel habría preguntado a Smith si pagarían la deuda pues “los diputados andan jodiendo mucho”, refiriéndose a las solicitudes de información y continuas citaciones al Congreso que recibían.
Pese a esto, no se ha conocido que las autoridades del MEM iniciaran la terminación automática de los contratos o los juicios por la vía ordinaria para reclamar el pago de regalías.
