Santiago Atitlán presiona al gobierno para que se cumpla la alternancia en el poder

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Créditos: Foto de Paolina Albani
Tiempo de lectura: 6 minutos

 

La Alcaldía Indígena de Sololá decidió levantar las tomas que hay en el departamento y el tránsito quedó libre desde las 6 de la tarde.

Un memorial con más de 4 mil firmas, que exige al presidente Alejandro Giammattei cumplir con la transición del poder el próximo 14 de enero y que inicie acciones contra el intento de golpe de Estado tras el atraco a las elecciones promovido por el Ministerio Público (MP), fue entregado en la Secretaría Privada de la Presidencia y en el Congreso, de parte de las autoridades ancestrales y grupo de vecinos de la Comisión Ciudadana por la Transparencia de Santiago Atitlán, Sololá.

Por Paolina Albani

Esta es una las medidas que el departamento ha impulsado para trascender de la toma de carreteras, medida que se levantó este viernes a las 6 de la tarde, con el objetivo de presionar al gobierno a que tome cartas en el asunto y destituya a la fiscal general Consuelo Porras, a sus fiscales Rafael Curruchiche y Cinthya Monterroso, además del juez Fredy Orellana, señalados de utilizar la institucionalidad pública para cuestionar los resultados de las votaciones y extraer las actas electorales.

La movilización del pueblo maya Tz’utujil de Santiago Atitlán, Sololá, llegó a las 12:30 de la tarde al Palacio Nacional. Minutos más tarde, se dirigieron a Casa Presidencial para poder entregar en la Secretaría Privada de la Presidencia un memorial con las más de 4 mil firmas.

Nicolasa Mendoza, integrante de la comisión de Santiago Atitlán, anunció su llegada con el retumbar de un tambor. Antes de que terminaran de llegar, una trabajadora del Ejecutivo se apresuró para colocar cadenas en las rejas de Casa Presidencial.

 

La puerta de la secretaría también fue cerrada de tajo cuando Pedro Quijival, escribano de la cabecera de Sololá (que es equivalente a un consejo de ancianos o autoridades ancestrales), indicó que entregaría un memorial.

La persona que estaba del otro lado de la puerta le dijo que lo introdujera por la ranura del correo, a lo que Quijival levantó el memorial de varios cientos de hojas y dijo: “no creo que quepa ahí”.

Solo así logró que en una puerta vecina, una trabajadora de la secretaría le abriera para aceptar la documentación.

Mientras esto pasaba, un grupo de unos 15 policías rodeaba la Casa Presidencial para reforzar la seguridad del edificio.

En el memorial, Santiago Atitlán dejó en claro su postura y su rechazo al intento de golpe de Estado promovido por la fiscal Porras.

Quienes integran la Comisión Ciudadana de Transparencia de Santiago Atitlán, han dicho que su motivación fue porque “la población civil es la que paga las consecuencias de la galopante corrupción en el país. La corrupción no nos deja tener un desarrollo integral, como pueblos indígenas estamos olvidados. Sabemos el estado de las carreteras, el estado de la salud, de las escuelas, de los niños en el norte que mueren por desnutrición. Sabemos que sus intenciones -tras el golpe a las elecciones- son espurias y con tintes políticos”.

Una frase dicha por Quijival explicó de forma resumida el malestar nacional:

“¿Cómo es posible que cuatro personas estén cuestionando la voluntad del pueblo?, ¿cómo es posible que cuatro personas cuestionen más de 2 millones de votos, a las Juntas Receptoras de Votos? Eso es inadmisible en un país democrático. Para que una democracia sea plena debe haber una transición de poder. No queremos que otras personas lo asuman”.

“Dice que va a entregar el 14 de enero, pero el oficialismo y sus compinches, aun no reconocen al presidente electo”, expresó Juan Quiejú coordinador de la Comisión de Transparencia de Santiago Atitlán.

Quiejú agregó que, en 2015, cuando Otto Pérez Molina se vio envuelto en un escándalo de corrupción al ser identificado como el líder de una red que cobraba sobornos en las aduanas, un caso mejor conocido como La Línea, Giammattei lanzó un mensaje pidiendo la renuncia del entonces Presidente.

“Si tiene un poco de dignidad, exija la renuncia de Consuelo Porras o también renuncie porque ya es demasiado lo que está haciendo el pueblo de Guatemala”.

Y este recordatorio y demanda a Giammattei tiene sentido pues, recientemente, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se autorecetó cuatro años más para ocupar las magistraturas de la corte. Alargando su mandato ocho años más de los permitido por la ley.

La tradición de Sololá es la justicia, por eso defienden los resultados electorales

Autoridades indígenas de Sololá han asegurado que la justicia es su tradición. Y es uno de los motivos que los ha llevado a permanecer en el paro nacional durante 26 días consecutivos, frente al Ministerio Público de Gerona, en la zona 1 de la capital.

También han permanecido porque los problemas estructurales resultantes de la corrupción, siguen sin ser atendidos: pobreza, desempleo, baja calidad educativa, desnutrición, poco acceso a la salud y a medicamentos, carreteras en mal estado, entre otros.

“La población indígena siempre hemos dicho que estamos ante un país clasista, racista y excluyente. Aun así, participamos en las elecciones. Entonces respeten la voluntad del pueblo. No venimos por un partido o una persona, sino a defender la democracia”, indicó Quijival.

A lo largo de los días que ha durado el paro nacional, Giammattei y algunos diputados de la extrema derecha, han cuestionado los intereses de que quienes están detrás de las movilizaciones y tomas de caminos, y los han señalado de ser acarreados pagados con fondos internacionales. Incluso, han puesto en duda la legitimidad de las autoridades indígenas y ancestrales que participan en las movilizaciones.

Esos pronunciamientos generaron molestia en los pueblos indígenas que iniciaron la movilización contra el intento de golpe de Estado el pasado 2 de octubre. Uno de ellos es Quijival:

“Rechazamos el discurso de odio y racista de Giammattei, minimizando la voluntad del pueblo y a la resistencia pacífica. Rechazamos la militarización de los territorios indígenas y el uso de fuerzas represivas del Estado”.

El escribano de Santiago Atitlán pidió que el presidente presente una denuncia a través de la Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Contra los Pueblos Indígenas (Codisra) contra los diputados.

Gerona: el epicentro de la presión comunitaria

Santiago Atitlán tiene una larga historia de resistencia y oposición. Tras la masacre del 2 de diciembre de 1990, en donde fueron asesinadas 13 personas desarmadas, los pobladores reunieron firmas y las entregaron al entonces presidente, Vinicio Cerezo, para que ordenara la retirada del Ejército.

“A lo largo de la mañana del domingo, cerca de 15.000 vecinos, de una población de 40.000, firmaron un documento dirigido al presidente de la República, Vinicio Cerezo, y al ministro de Defensa, exigiendo la retirada inmediata de la guarnición militar en Santiago Atitlán y del destacamento de la policía, acusado de múltiples abusos y violaciones a los derechos humanos”, publicó el diario español, El País.

La iniciativa, que fue una movida riesgosa por el poder que el Ejército aún tenía sobre las decisiones políticas, probó ser efectiva en alguna medida. Siete años después, Guatemala firmaba la paz y las fuerzas armadas serían reducidas como parte de los acuerdos de paz.

Desde entonces, las cartas o memoriales firmados han sido una tradición del municipio.

En esta ocasión surgió como una alternativa cuando las manifestaciones frente al MP de Santiago Atitlán, iniciadas para acuerpar el paro nacional, no ejercieron suficiente presión, según dijo Xelani Luz, secretario de la comisión de transparencia de Atitlán, quien acompañó a la delegación en la entrega de los documentos al Ejecutivo y Legislativo.

“La estrategia necesitaba cambiar porque Consuelo Porras no se iba a ir pronto. Así fue como decidimos recaudar firmas”, indicó Luz.

Durante los más de 20 días de protesta pacífica, tomando carreteras principales del país como Las Trampas y La Cuchilla, por nombrar algunos, las autoridades indígenas de Sololá se dieron cuenta que no era posible dialogar con el gobierno porque les trataban como “ciudadanos de segunda y de tercera”, expuso Quijival.

Muestra de esto fue la llegada del Ministerio de Gobernación y la policía antimotines, el pasado 14 de octubre, para reprimir la protesta pacífica que realizaban frente a la sede del MP de Santiago Atitlán. Una acción que se ha repetido en otras manifestaciones pacíficas como la de El Estor, en octubre de 2021, para proteger los intereses de la minera rusa Solway Investment Group.

El 24 de octubre, las autoridades ancestrales de Sololá decidieron retomar el paro y la toma de carreteras, tras tres días de tregua que el gobierno no supo corresponder con las acciones solicitadas.

Desde el inicio se dijo que el paro sería indefinido, pero este 27 de octubre, pobladores de Panajachel y de Santa Lucía Utatlán liberaron comunicados en los que aseguraban que la toma de carreteras quedaría cancelada como medida de hecho, tras haber tomado la decisión en asambleas comunitarias.

Misrahi Xoquic, alcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, anunció que a partir de las 6 de la tarde, liberarían el paso en la carretera Interamericana y en todos los puntos tomados dentro de Sololá.

En cambio, sí continuarán las manifestaciones pacíficas frente al MP de Gerona y Xoquic indicó que las comunidades ahora viajarían en caravana por turno, según las fechas asignadas a cada una, para respaldar el paro nacional en la capital. El lunes será el turno de El Tablón.

Varias instituciones también permanecerán ocupadas, como el Ministerio Público, juzgados y tribunales, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Contraloría General de Cuentas (CGC), la Gobernación Departamental, la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), la Defensoría de la Mujer Indígena, la Municipalidad de Sololá y la Procuraduría General de la Nación (PGN).

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