“El pueblo guatemalteco ha hablado y sus voces deben ser respetadas”, dice el Departamento de Estado en el anuncio de imposición de sanciones a los funcionarios, incluidos miembros del MP, por atentar contra el Estado de Derecho y la democracia guatemalteca.
Por Rony Ríos
El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció hoy que impuso sanciones migratorias a los funcionarios que han estado atentando contra el proceso electoral de Guatemala y han buscado que se utilice la violencia en contra de las manifestaciones.
Aunque el Departamento de Estado no dio el nombre de las personas sancionadas sí informó que dentro del listado de personas sancionadas se encuentran “funcionarios del Ministerio Público (MP) y otros actores de los sectores público y privado que participan en socavar la democracia”.
Estados Unidos en su comunicado hace un recuento de los actos que atentan en contra de la democracia y el Estado de Derecho, enfatizando que desde el MP se confiscaron materiales electorales que estaban bajo el resguardo del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presionó para destituir al ministro de Gobernación, pidió la represión de manifestantes pacíficos e intentó levantar la inmunidad del diputado Samuel Pérez por expresar su preocupación por las medidas antidemocráticas.
Además, el Departamento de Estado recuerda que estos actos se dieron después de solicitar el retiro de inmunidad de los magistrados del TSE, allanamientos en las oficinas y dependencias del Tribunal en donde se resguardaban los registros electorales.
“Tal comportamiento antidemocrático socava las instituciones democráticas de Guatemala y es inconsistente con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Nos sumamos a otras instituciones regionales e internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir una transferencia de poder que respete la voluntad popular y se adhiera al Estado de Derecho de Guatemala”, expresó el Departamento de Estado.
En una entrevista a Prensa Comunitaria el exembajador Stephen McFarland habló sobre el proceso de sanciones de Estados Unidos hacia funcionarios o personas del sector privado.
Señaló que “antes de la Lista Engels, el Departamento de Estado puede determinar que ciertas personas por corrupción o violaciones de derechos humanos ya no pueden tener visa pero solo se lo pueden comunicar a la persona afectada, no lo pueden publicar. Yo entiendo que se ha aplicado bastante, pero no tiene publicidad a menos que los sujetos de la sanción lo revelen.
Luego (del retiro de visas) viene la Lista Engels, allí Estados Unidos pone en una lista a corruptos o violadores de derechos humanos y también públicamente se les cancela la visa de entrada a los Estados Unidos y a la familia inmediata. Eso es público. Es un proceso manejado por el Departamento de Estado.
Después viene la Ley Magnitsky, esa ley la maneja el Departamento del Tesoro en coordinación con los otros departamentos como el de Estado y Justicia. Con la Magnitsky el Departamento de Estado puede plantear personas para sancionar, pero todo queda a criterio del Departamento del Tesoro. La Ley Magnitsky establece que las personas no pueden utilizar ningún beneficio del sistema financiero norteamericano. Eso es importante porque la inmensa mayoría de las transacciones financieras que se hacen en el mundo pasan aunque sea por una fracción de segundo por Nueva York u otra ciudad de los Estados Unidos y como se trata de sanciones bancarias los banqueros son muy reacios a asumir riesgos, entonces si ellos tienen un cliente que están en la Magnitsky no lo van a querer tener. Entonces tendría que conseguir una tarjeta de crédito rusa o china, utilizar Bitcoin”.
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Los eventos contra el proceso
Desde la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) fueron realizados allanamientos al Registro de Organizaciones Políticas, al Parque de La Industria, fueron abiertas las cajas con los votos y se realizó un recuento de papeletas de algunas de ellas, fueron secuestradas las actas con los resultados entre otros hechos.
Todas las acciones coordinadas por la FECI fueron autorizadas por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, que dirige el juez Fredy Orellana.
Todavía no existe claridad sobre a qué proceso corresponden estas acciones, ya que, las órdenes cuentan con el número de causa penal de una investigación por una firma falsa en las hojas de adhesión del partido Movimiento Semilla.
Además, la Fiscalía de Delitos contra Operadores de Justicia y Sindicalistas solicitó el retiro de la inmunidad de Pérez porque publicó un tweet en el que señalaba que “la CC prácticamente le declara la guerra al pueblo de Guatemala y manda al Ejército a las calles”, después que la Corte de Constitucionalidad avalara el uso de la fuerza pública en contra de los manifestantes y recordar al Gobierno que puede usar al Ejército para lograrlo.
