Tres empresas presentaron inconformidades al proceso de adquisición y una de ellas señaló que hay un sobreprecio de Q9.8 millones en uno de los renglones que busca adquirir un centro de procesamiento de datos.
Por Carlos Estrada
Las autoridades del Ministerio de Gobernación dejaron en firme la decisión del “subcomité ejecutivo de adjudicación” de la Unidad Especial de Ejecución del Programa de Inversión y Modernización para el Sector Justicia del Ministerio de Gobernación, referente a la adquisición de equipamiento tecnológico para sedes policiales y de un centro de procesamiento de datos y conectividad para la Policía Nacional Civil (PNC).
Las empresas adjudicadas fueron: Claro Guatemala S.A., con Q28 millones 990 mil 589.33 la cual proporcionará la “interconectividad” a las sedes; y Productive Business Solution (Guatemala) S.A. (PBS), por Q66 millones 204 mil 621.20, que se encargará de dotar de computadoras, impresoras, proyectores y establecer un centro de procesamiento de datos.
En total, la adjudicación que se financia con fondos provenientes de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), es por Q95 millones 195 mil 207.20.
El evento se inició, en julio de 2023, mientras que las ofertas fueron presentadas el 6 de septiembre del mismo año. El 8 de enero pasado, las empresas que iban a ser adjudicadas fueron notificadas de la intención de hacerlo y a partir de entonces fueron presentadas cuatro inconformidades de las empresas que no ganaron el concurso.
Descalificado por formulario mal llenado
La primera de las empresas concursantes que presentó una inconformidad y solicitó que se reevaluara su oferta fue la Compañía Internacional de Productos y Servicios S.A. que reconoció que cometió un error al llenar uno de los formularios, referente al plazo de validez de la oferta por la falta de claridad en las bases de licitación.
“Según notificación de Intención de Adjudicación LPI No. 03-2023, observamos que la razón por la cual nuestra oferta no tuvo éxito fue por no cumplir con el plazo de “24 meses”; hasta este momento nos percatamos que el numeral requerido era el 21.1, por lo cual solicitamos se considere reevaluar nuestra oferta, ya que para los beneficios e intereses del Estado representa una mejora económica de Q569,945.00 en el lote No.4. También solicitamos considerar nuestra oferta en los lotes No.5 y No.6 en donde somos un 30% y un 50% más económicos respectivamente, en relación al segundo lugar de las ofertas presentadas”, señala la inconformidad presentada por la empresa.
Sin embargo, la respuesta de la junta fue que el proceso se regía en las normas y política para la obtención de bienes de bienes, obras, servicios y consultorías del BCIE, por lo que el numeral 21.1 del documento establece que se debía presentar una declaración de mantenimiento de oferta y añadió que, según la carta de presentación de la oferta, establecía que la empresa aceptaba que cualquier dato falso u omisión que pudiera contener la oferta podía ser elemento justificable para descalificar la oferta, por lo que rechazaban la inconformidad por “improcedente”.
Mientras tanto, la empresa Servicomp de Guatemala, con una oferta por Q24 millones 296 mil 450 para el paquete 1, para la adquisición de 1975 computadoras de escritorio, un monto Q7.4 millones menor al adjudicado a la empresa ganadora PBS.
Por esto, presentó una queja en la cual solicitaban que se reevaluara su oferta debido a que, según ellos, su empresa si cumplía con lo que requerían las bases de licitación por lo que adjuntó información en la cual señalaban se mostraban los detalles.
Sin embargo, la junta señaló que en tres aspectos la empresa no cumplió con los requisitos de las bases, entre ellos el tener centros de servicio a nivel nacional y señaló que la empresa solo presentó que contaban con cuatro centros de servicio, pero en la ciudad, por lo que ratificó su decisión de dejarlos fuera del proceso.
¿Un sobrecosto de Q9.8 millones?
Las otras dos quejas de las juntas de licitación estuvieron relacionadas con la adquisición del Centro de Procesamiento de Datos.
Según la queja de la Importadora y Exportadora Martín S.A. el requisito de contar con centro de servicio a nivel nacional no debía aplicar al lote 16, debido a que el equipo sería instalado en la ciudad de Guatemala, por lo que las necesidades de soporte se realizan de forma remota o en el sitio en donde se encuentra instalado el datacenter, en este caso en la zona 1, según los datos publicados por la institución.
“Claramente este criterio no puede ser utilizado para descalificar a ningún oferente del Lote 16. A continuación, expondremos motivos adicionales para que la oferta presentada por Importadora y Exportadora Martin, S.A. sea tomada en cuenta y de esta manera no incurrir en un sobrecosto de Q 9,870,166.00… por los mismos equipos y licencias de software beneficiando a la institución y el país”, señala la nota enviada por la empresa.
Exportadora Martin, S.A. presentó una oferta para el datacenter por Q21 millones 301 mil, mientras que la empresa adjudicada PBS presentó una propuesta por Q31 millones 171 mil 166, una diferencia de más de Q9,8 millones.
La empresa que reclamaba su descalificación por no contar con centros de servicio a nivel nacional, terminó su queja señalando que los instaba a evaluar si la oferta de la empresa ganadora justificaba el pago de más de Q9.8 millones en “sobrecosto”, lo cual según su criterio no era conveniente a los intereses del Estado ni de la PNC.
Al igual que con las otras quejas, la Junta se limitó a decirles que no habían cumplido con el requisito de contar con centros de servicio a nivel nacional por lo que incumplían con el requisito establecido en las bases, sin entrar a razonar los argumentos de la empresa sobre que al estar en la ciudad, el requisito de tener centros de servicio en el interior no debió haber sido incluidos en ese lote.
El 10 de abril pasado, el ministro de Gobernación Francisco Jiménez y el segundo viceministro Felipe Sánchez, resolvieron que el proceso de adjudicación podía continuar su trámite, señalando que el BCIE no había objetado el informe sobre la evaluación de ofertas.
