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Créditos: Arte Nelton Rivera
Tiempo de lectura: 4 minutos

 

La fiscal general Consuelo Porras presentó su informe de labores en un hotel de la Antigua Guatemala. En el evento y de forma virtual estuvieron presentes actores que enfrentan sanciones de los Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea por corrupción, además, de fiscales sancionados en la Lista Engel. El costoso evento podría superar más de Q.174 mil – US $22 mil 597 dólares-. 

Por Prensa Comunitaria 

La fiscal general presentó su informe anual de labores 2023 el 16 de mayo, un evento que estuvo marcado por los acostumbrados discursos y personajes que figuran en la lista de actores sancionados por el gobierno de los Estados Unidos, al ser considerados actores “corruptos y antidemocráticos”, quienes socavan la democracia en el país. 

El  informe se presentó en un lujoso hotel de la Antigua Guatemala, en el acto se sí se mostró en línea desde la Casa Santo Domingo, se mostró a Porras acompañada por decenas de sus más leales fiscales. Entre ellos, el secretario general Ángel Arnoldo Pineda Ávila, la fiscal distrital Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, el agente fiscal Rafael Curruchiche Cucul, los tres al igual que Porras con sanciones internacionales por corrupción. 

El evento que podría superar los Q.174 mil unos US $22,597 dólares, se realizó sin la presencia de la prensa y a puerta cerrada, únicamente con el personal de seguridad de la fiscal general, de la institución y los fiscales. El numero de participantes en la Antigua podría alcanzar las 500 personas. 

De forma simultánea y virtualmente Porras estuvo acompañada del ex decano de Humanidades Walter Mazariegos Biolis, rector de facto; el exjuez Lesther Castellanos, y el magistrado de Corte Suprema de Justicia (CSJ), Manuel Reginaldo Duarte, también con sanciones del Departamento de Estado de los EE.UU. 

Un informe sin sorpresas ni novedades

“A través de operativos combinados, operaciones serias y coordinación con otras instituciones, hemos logrado desmantelar organizaciones criminales”, expresó Porras, sin mencionar que durante su gestión los casos de corrupción no tuvieron avances y se ha perseguido a operadores de justicia, periodistas, opositores políticos y activistas. 

Se desconoce la razón por la que el MP no utilizó el salón de la sede central de la institución en el barrio Gerona de la ciudad capital, pese a que se trató de un evento a puerta cerrada y virtual. En el portal Guatecompras consta que la institución pagó recientemente Q84,800 -US $10,909-  solo en alquiler de audio, tarimas y pantallas para el evento planificado con fecha 16 de mayo.

Además de esa suma, constan otros pagos de Q90 mil -US $11,688- similares en Casa Santo Domingo por “servicio de atención y protocolo, servicio de alquiler de salones y servicio de alimentos” en dicho lugar, mismo donde se llevó  a cabo la actividad de Porras y su personal. Pese a que no era necesario por tratarse de un evento virtual. Estos eventos se desarrollarán durante los meses de abril y marzo de 2024.

Este es el segundo periodo de Consuelo Porras, luego de haber sido electa por el ex presidente Jimmy Morales y reelecta por Alejandro Giammattei, ambos señalados por corrupción  han contado con la protección de la institución. 

Personal del Ministerio Público trasladado a la Antigua Guatemala para la entrega del informe de labores. Foto MP.

Porras se rehúsa a dejar el cargo 

Pese a que el presidente Bernardo Arévalo y la sociedad civil le pidieron la renuncia, Porras se aferra a continuar en el puesto. Actualmente, está detenida en el Congreso la propuesta para modificar la ley orgánica del MP, y que permitiría que el presidente pueda destituir a Consuelo Porras, por su poca eficiencia en el abordaje de casos de corrupción y la insistente persecución contra políticos de oposición, activistas, operadores de justicia y periodistas. 

A Porras no solo le bastó con pedir la captura y frenar la candidatura de la exfiscal Thelma Aldana. En julio de 2021, Porras evidenció la protección de Giammattei al destituir al entonces jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval, luego de denunciar los sobornos de las empresas mineras rusas y tomar el control con fiscales aliados de las investigaciones emblemáticas que habían servido  para evidenciar cómo funcionaban las estructuras criminales a lo interno del Estado.

Con la salida de Sandoval el plan avanzó: la titular del MP ya tenía a su disposición todos los expedientes que alcanzaban a empresarios, funcionarios y exfuncionarios procesados o investigados por actos de corrupción.

Pero la destitución y la persecución del exjefe de la FECI no fue la única tarea. Tras la salida de Sandoval, uno a uno, los fiscales que buscaron luchar contra la corrupción e impunidad fueron destituidos y obligados a exiliarse o pasar por una celda en una cárcel paradójicamente diseñada para las personas que ellos investigaban.

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