La Comisión de Postulación aprobó el perfil, los requisitos y los documentos que deberán presentar quienes aspiren a dirigir la Contraloría General de Cuentas (CGC), pero, publicará la convocatoria antes de discutir la tabla de gradación y la metodología de las pruebas psicométricas.
Por Rony Ríos
Los 27 integrantes de la Comisión de Postulación encargada de elaborar la nómina de candidatos a contralor general de Cuentas aprobaron el perfil del cargo, la convocatoria, el formulario de inscripción, los requisitos documentales y la guía para presentar el currículum.
La decisión permitirá que la convocatoria sea publicada el jueves 20 de agosto y que los expedientes comiencen a recibirse un día después (21 de agosto). Sin embargo, los aspirantes tendrán que postularse sin conocer todavía la tabla que establecerá cuántos puntos recibirán por su experiencia, formación académica y trayectoria profesional.
La Comisión tiene previsto discutir ese instrumento el viernes 21, cuando ya habrá comenzado la recepción de expedientes.
La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática advirtió sobre ese desfase y recomendó que todos los instrumentos de evaluación estén aprobados y publicados antes de abrir la convocatoria, para que los aspirantes sepan si su currículum y aptitudes les permitirá ser serios candidatos para dirigir la CGC.
Del total de aspirantes, la postuladora deberá seleccionar a seis candidatos para que el Congreso elija al titular de la Contraloría para el período 2026-2030.
La CGC tiene a su cargo fiscalizar los ingresos y egresos de los organismos del Estado, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas, contratistas y personas que administran fondos públicos.
Aprueban el perfil
La segunda sesión fue dirigida por el rector de la Universidad Rafael Landívar, Miquel Cortés Bofill, presidente de la postuladora, y en ella los comisionados revisaron cada apartado del perfil y realizaron varias votaciones antes de aprobar el documento completo con 27 votos.
Cortés sostuvo que el perfil constituye el modelo de funcionario que buscará la Comisión y que de este documento deberán desprenderse los demás instrumentos de evaluación, principalmente la tabla de gradación.
El perfil mantiene los requisitos constitucionales de ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, colegiado activo, estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos, no tener juicios de cuentas pendientes y contar con al menos diez años de ejercicio profesional.
Por propuesta del comisionado Wilberto Julián Rojas, se agregó que el aspirante deberá ser de “reconocida honorabilidad y prestigio profesional”. La incorporación fue respaldada por los 27 integrantes.
La Comisión también acordó que la experiencia podrá demostrarse mediante constancias o contratos emitidos por las instituciones para las cuales trabajó o prestó servicios el aspirante y que la acreditación deberá indicar el tiempo durante el cual ejerció la profesión y el cargo desempeñado.
El perfil incluye, además, experiencia en contaduría pública, finanzas, auditoría, administración y áreas relacionadas, por lo que los profesionales independientes o asociados con firmas deberán presentar una constancia de registro como persona obligada ante la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
Sin afiliación partidaria y con declaraciones juradas
A propuesta del decano Gerson Tobar, la Comisión incluyó entre los requisitos una constancia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que demuestre que el aspirante no está afiliado a un partido político, esto con el fin de evitar la “politización” del cargo.
Los aspirantes también deberán presentar una declaración jurada en la que aseguren no tener vínculos de representación o asesoría con personas individuales o jurídicas relacionadas con corrupción, crimen organizado, narcotráfico, lavado de dinero, fraude, evasión fiscal, delitos financieros o contra la administración pública.
A solicitud del comisionado Rojas, también se incluyó a los contratistas del Estado entre los actores frente a los cuales el aspirante debe acreditar independencia.
Otro de los puntos fue que quienes hayan ejercido cargos públicos deberán declarar que durante su gestión mantuvieron independencia frente a sectores de poder político o económico. También deberán asegurar que no utilizaron su posición para beneficiar a familiares, amigos o personas cercanas con empleos o contratos de servicios profesionales.
Además, deberán presentar otra declaración jurada que establezca que el postulante no es cónyuge ni tiene parentesco, dentro de los grados legales, con algún integrante de la Comisión.
Nueve documentos para acreditar honorabilidad
Uno de los debates más extensos se dio al definir los documentos que deberán utilizarse para acreditar la denominada alta autoridad moral.
La Comisión aprobó exigir antecedentes penales y policiales, solvencia fiscal, Registro Tributario Unificado (RTU) actualizado y una constancia del Tribunal de Honor del colegio profesional que certifique que el aspirante no fue sancionado.
También se solicitará una certificación del Registro Nacional de Agresores Sexuales (Renas), una constancia de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) sobre carencia de responsabilidad por violaciones de derechos humanos y certificaciones de los órganos disciplinarios de las instituciones donde haya trabajado.
Cuando una institución no cuente con un órgano disciplinario, el postulante podrá sustituir la constancia por una declaración jurada en la que asegure no haber sido sancionado.
El bloque sobre alta autoridad moral fue aprobado con 25 votos a favor y dos en contra.
Durante la discusión, el comisionado Rojas advirtió que una persona condenada en el pasado podría presentar antecedentes penales limpios después de depurar el registro. Asimismo, cuestionó si la Comisión permitiría participar a perfiles que hubieran recibido condenas por delitos como robo, prevaricato o narcotráfico, pero finalmente se consideró que eso sería discutido al momento de analizar tachas.
Por lo cual, la redacción final permite que la Comisión analice impedimentos presentados contra los aspirantes y exige cartas de recomendación de instituciones académicas, empresariales, gremiales u organismos internacionales.
Formación, docencia y publicaciones
En el apartado académico, los aspirantes podrán presentar títulos universitarios, maestrías, doctorados, especializaciones y constancias de capacitación relacionadas con auditoría, finanzas, economía, contabilidad y tributación.
Los títulos obtenidos en Guatemala deberán estar registrados en la Contraloría y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), mientras que los extendidos en el extranjero tendrán que cumplir los requisitos de incorporación en la Universidad de San Carlos (USAC).
La Comisión también tomará en cuenta la experiencia docente, la cual podrá acreditarse con certificaciones, constancias o copias de contratos que identifiquen los cursos impartidos y los períodos trabajados.
Una propuesta para exigir copias legalizadas de todos los contratos docentes recibió únicamente tres votos, por lo que, por mayoría se decidió que los aspirantes presenten copias simples para acreditar esto.
También podrán acreditarse libros, investigaciones, ensayos y artículos especializados, aunque en el caso de los libros se exigirá el ISBN (Número Internacional Normalizado para Libros, por sus siglas en inglés), mientras que los artículos deberán haber sido publicados en revistas indexadas en las que el postulante no ocupe un cargo directivo.
El perfil incluye la proyección humana como otro elemento de evaluación, en donde considerarán la participación ad honorem en actividades sociales, la defensa del Estado de derecho, la institucionalidad democrática y los derechos de las personas.
Expedientes físicos y una copia digital
La convocatoria establece que los expedientes serán recibidos en el salón Luis Gonzaga de la Universidad Rafael Landívar (URL) los días 21, 22, 24 y 25 de agosto.
El sábado 22 se recibirán documentos de 8:00 a 13:00 horas, mientras que los otros tres días, el horario será de 8:00 a 17:00 horas.
Los interesados deberán entregar la documentación en físico, foliada, rubricada, firmada y ordenada conforme al formulario. Además, tendrán que presentar una copia completa en un único archivo PDF, de hasta 150 megabytes, almacenado en una memoria USB.
La Comisión acordó que todas las constancias y certificaciones deberán estar vigentes al momento de presentar el expediente, salvo que un requisito establezca expresamente otro período.
La convocatoria se publicará el 20 de agosto en el Diario de Centro América y en dos periódicos de circulación nacional. Los instrumentos aprobados también fueron colocados en el portal de la Comisión: https://comisioncgc2026.gt/documentos-descargables/.
La tabla que decidirá los puntos sigue pendiente
Aunque la Comisión aprobó el perfil y los documentos de inscripción, todavía no ha definido la tabla de gradación que asignará valor a cada mérito.
Cortés calificó ese instrumento como el punto crítico del proceso y anticipó que impulsará una tabla exigente para evitar que los estándares sean reducidos durante la negociación entre los comisionados.
El presidente de la postuladora ha planteado una calificación mínima de 75 puntos, pero esa propuesta aún debe ser conocida y votada; se tiene previsto que el viernes 21 de agosto se realice la sesión para discutir la propuesta.
La Comisión también deberá precisar la metodología, ponderación y efectos de las pruebas psicométricas, aunque estas pruebas y una guía base para las entrevistas fueron aprobadas como parte del proceso, todavía falta establecer cómo incidirán en la evaluación final.
La OEA pide corregir el cronograma
Horas antes de que concluyera la sesión, la Misión Especial de la OEA valoró la participación de los 27 comisionados y los primeros acuerdos alcanzados por la postuladora, entre ellos la elección de la secretaria titular y el secretario suplente, la designación de la Universidad Rafael Landívar como sede y la aprobación del reglamento, cronograma y guía base para las entrevistas.
Sin embargo, la organización recomendó publicar inmediatamente las actas, reglas, calendario, instrumentos y resultados nominales de las votaciones.
La Misión consideró que antes de convocar a los aspirantes debían estar disponibles el perfil, los requisitos, el formulario, la guía curricular, la tabla de gradación, las reglas de entrevista y la metodología de las pruebas psicométricas.
Como parte de esos instrumentos será aprobada después de abrir la recepción de documentos, la OEA sugirió revisar el cronograma y conceder al menos cinco días hábiles completos para presentar candidaturas, aunque el período aprobado por la Comisión incluye cuatro fechas, una de ellas es sábado.
La OEA señaló que un plazo más amplio permitiría condiciones equitativas para quienes residan fuera de la capital o necesiten obtener documentos oficiales.
La OEA también manifestó preocupación porque el reglamento dejó como opcional que los comisionados razonen sus votos. Recomendó que cada decisión tenga una explicación vinculada con el perfil, la calificación, la honorabilidad, las entrevistas y los impedimentos, principalmente cuando un voto se aparte de los resultados técnicos.
Además, propuso habilitar medios electrónicos para presentar impedimentos, establecer preguntas comunes e igual tiempo para todas las entrevistas y publicar la rúbrica utilizada para calificarlas.
Sobre las pruebas psicométricas, pidió informar previamente su finalidad, metodología, ponderación y mecanismos de resguardo, así como permitir que cada postulante conozca sus resultados y pueda aclararlos.
La OEA también recomendó que los comisionados presenten declaraciones de intereses, que exista un registro de sus contactos con los aspirantes, que se verifiquen los antecedentes de manera independiente y que todas las votaciones sean nominales.
Finalmente, la Misión anunció que durante su próxima visita a Guatemala buscará reunirse con la postuladora.
