Este tribunal se organiza ante la contaminación ambiental en el país y el silencio administrativo del gobierno del presidente Bernardo Arévalo a las peticiones para la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Por Simón Antonio Ramón
Las comunidades que viven alrededor del Lago de Atitlán en Sololá; Santa Cruz Chinautla en Guatemala y de las Verapaces, denuncian la contaminación ambiental por desechos sólidos, aguas negras, expansión de la palma de aceite y derramamiento de petróleo, a pesar de las múltiples acciones legales que han promovido, continúan sin recibir respuestas.
En el Foro “Hacia un Tribunal de Conciencia sobre el Ecocidio en Guatemala” realizado en el Centro Cultural de España ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, se presentaron estos casos emblemáticos para el lanzamiento de la convocatoria del Tribunal de Conciencia sobre el Ecocidio en Guatemala, que se realizará en febrero de 2027.
Foto: CCDA
Los casos de ecocidio
Josué Chavajay, del Colectivo Tz’unun Ya de San Pedro La Laguna, Sololá, señaló que desde 2024 hasta junio de 2026, los hoteles a la orilla del lago pagaron en impuestos Q33 millones 395 mil 206.46, por lo que los productores calculan sus inversiones, pero nunca el daño ambiental y ecológico, acuñando que ese daño se conoce en la ciencia económica como externalidades negativas.
“¿Quién paga los daños? los pueblos. Un estudio –Exposure to toxic metal(loid)s via breastmilk and stunding in the Lake Atitlan wareshed, 2025-, señaló que la baja talla en algunos municipios de la cuenta se debe a agua contaminada”, denunció. “Está pagando también la misma naturaleza, el Lago de Atitlán es el más profundo del país con 300 metros de profundidad”, agregó.
El segundo caso que se abordó es el de la comunidad del pueblo Maya Poqomam de Santa Cruz Chinautla, en donde pasan tres ríos, Chinautla, Tzaljá y Las Vacas. El río Chinautla es el más contaminado, nace en la zona 3 de la ciudad de Guatemala que lleva parte de los desechos del basurero en la misma zona, donde se depositan desechos de 14 municipios del departamento de Guatemala.
La acumulación de los desechos está impactando en la economía comunitaria que depende de la alfarería dijo Efraín Martínez, autoridad de la comunidad. “La alfarería de Chinautla fue declarada Patrimonio Intangible de la Nación en 2023, las capas de barro están cubiertas por las toneladas de basura, entonces, es muy difícil extraer estos materiales”, dijo.
El tercer caso presentado fue la contaminación del Río San Román con cuenca entre los municipios de Chisec, Alta Verapaz y Sayaxché, Petén.
Pedro Chub denunció que la expansión de la palma de aceite y el derrame de petróleo han tenido impacto en el río y en la comunidad.
“En 2017 y 2019 murieron muchos peces, el Ministerio Público no hizo nada, nos dijeron que nosotros lo hicimos, cuantos años llevamos allá y no murió ningún pescado”, dijo. “Contamina también el petróleo, hasta ahora no podemos usar el río para bañarnos, lavar”, aseguró.
El silencio del gobierno ante el Acuerdo de Escazú
A estos casos se suma el silencio del gobierno ante las peticiones de organizaciones indígenas, sociales y campesinas que integran la Alianza Escazú para ratificar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú.
Rafael Herrarte, integrante de la Alianza Escazú, señaló que en febrero se realizará un Tribunal de Conciencia sobre el Ecocidio en el país ante el silencio del gobierno de peticiones que se han realizado desde un encuentro en mayo 2024 y el envío de cuatro cartas, de las que no han recibido respuesta, lo que consideran un silencio administrativo.
“Le pedimos el retiro de la nota que el expresidente Alejandro Giammattei presentó a Naciones Unidas en diciembre de 2022, en donde él se retractaba que en Guatemala sea país signatario, prácticamente dice la nota que Guatemala no asumiría el acuerdo de Escazú y luego, continuar el proceso de ratificación para que el Ejecutivo presentara una iniciativa del ley en el Congreso, con esas acciones que el gobierno habría cumplido con el papel que le corresponde”, denunció.
No se conoce aún la fecha y el lugar del Tribunal de Conciencia, pero el proceso ya inició con los tres casos presentados en el foro “Hacia un Tribunal de Conciencia sobre el Ecocidio en Guatemala”, para abrir una reflexión colectiva sobre la protección de la naturaleza y los territorios.
