Juan Francisco Solórzano Foppa, el abogado anticorrupción fue asesinado junto con Gustavo Aguilar Gamarro el 17 de octubre, hecho que abre serias dudas sobre la capacidad del Estado para proteger a quienes denuncian la corrupción. La captura de siete policías por presuntas irregularidades en el procedimiento posterior al crimen amplió la crisis para el gobierno de Bernardo Arévalo. Analistas advierten que la violencia podría afectar la participación y el debate público rumbo a las elecciones de 2027.
Por Rony Ríos
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo Marte fue el detonante de una crisis institucional y de seguridad que ya se venía dando. Sin embargo el asesinato de Solórzano Foppa expuso la inoperancia del sistema para investigar crímenes complejos y la corrupción a lo interno de la Policía Nacional Civil (PNC) para reaccionar inmediata y correctamente.
El 17 de octubre hombres desconocidos atacaron a Solórzano Foppa, provocando su muerte y la de Aguilar Camargo. Minutos más tarde del crimen la policía detuvo a los hermanos Choc Toz y unas horas después el Ministerio Público (MP) pidió a las autoridades judiciales liberarlos de cargos. Por su parte el Ministerio de Gobernación (Mingob) comenzó una nueva investigación por abuso policial que derivó en la detención de siete agentes policiales.
Los politólogos José Alfredo Calderón y Renzo Rosal, así como la criminalista Ilse Álvarez, coinciden en que las consecuencias del crimen pueden extenderse más allá de la investigación penal, ya que la desconfianza en la Policía podría aumentar y se elevaría el temor de quienes participan en la vida pública, aunado a que el desgaste del gobierno de Bernardo Arévalo será de grandes proporciones.
Solórzano Foppa, exfiscal y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), fue asesinado, junto a su amigo Gustavo, el 17 de octubre mientras se encontraba en las instalaciones del Campo Marte, en la zona 5. El abogado había participado en investigaciones contra la corrupción y, desde su ejercicio profesional y sus intervenciones públicas, había denunciado a funcionarios y señalado los vínculos entre actores políticos y estructuras criminales.
A la fecha, las autoridades no han establecido públicamente quién ordenó el ataque ni cuál fue su móvil, las motivaciones de los perpetradores, ni el mensaje que buscaban enviar.
Una crisis que alcanzó al gobierno
Calderón considera que el asesinato perjudica seriamente al gobierno, aunque no sostiene que ese fuera el objetivo principal de los atacantes, desde su perspectiva, el crimen responde a una operación de una “alianza criminal” en la que,pudieron coincidir distintos intereses.
“No fue dirigido al gobierno o al proceso electoral, pero secundariamente fueron alcanzados”, sostuvo.
La consecuencia política más inmediata, en su opinión, es el deterioro de la credibilidad del Ejecutivo, porque la respuesta de las autoridades a las irregularidades policiales ha sido insuficiente. A la vez que opina que las destituciones de David Boteo, director de la PNC, y de Esvin Quiché, subdirector de Operaciones deberían ir acompañadas de la del ministro de Gobernación.
En la misma línea, Rosal consideró que el ataque contra Solórzano Foppa fue un asesinato político que generó distintas olas, una de ellas es que pone contra la pared al presidente Arévalo y a su gabinete de seguridad, evidenciando la precariedad de las instituciones del Estado.
“El gobierno no manda, no está presente y no se confía”, afirmó Calderón, quien prevé que Arévalo concluirá su período presidencial, con un fuerte desgaste institucional. A su juicio, un eventual relevo de funcionarios provocado únicamente por la presión social no resolvería los problemas de fondo de la Policía y Gobernación.
Rosal señaló que este “no es un asesinato político frente a un gobierno fuerte, sino a un gobierno débil” y que para que el gobierno pueda recuperarse o mitigar el daño, se deben dar destituciones sobre los responsables políticos y operativos, ya quelos cambios en la cúpula de la PNC se tornan insuficientes.
“Quien haya incumplido con su trabajo, ya sea en dar la seguridad a Solórzano Foppa o si es que hubieron irregularidades en el arresto de los hermanos Choc sufrirán las consecuencias”, dijo Arévalo cuando asistió al velorio del abogado, previo a reiterar que el Ministerio de Gobernación trabaja en coordinación el MP para esclarecer el crimen.
El ministro de Gobernación ordenó una investigación de la Inspectoría General de la PNC que derivó en la captura de los agentes Erick S., Luis R., Juan R., Julio B., Manuel C., Uber C. y Bryan D., quienes finalmente fueron ligados a proceso penal por abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
Para Álvarez, sin embargo, el caso plantea preguntas sobre la capacidad de reacción del Estado que van más allá de la permanencia de un funcionario en su cargo. Entre ellas plantea preguntas sobre qué ocurrió con la seguridad asignada al abogado, cómo escaparon los atacantes y por qué no hubo una respuesta efectiva en un complejo situado cerca de instalaciones militares.
“Hay un reto grande de esclarecer el hecho porque las autoridades se vieron muy mal”, afirmó.
Solórzano Foppa contaba con cuatro agentes policiales asignados a su seguridad, por lo que la actuación de los escoltas forma parte de las diligencias anunciadas por las autoridades.
Capturas que derivaron en investigación contra los policías
La PNC anunció el 17 de octubre la captura de Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz como presuntos responsables del ataque y reportó la incautación de una carabina y una motocicleta, pero al día siguiente, un juez dictó falta de mérito y ordenó su libertad.
Las dudas sobre el procedimiento dieron paso a una investigación contra los propios agentes, que el 23 de octubre fueron capturados por su presunta participación en irregularidades relacionadas con la detención de los hermanos. La audiencia de primera declaración prevista para el 26 de octubre fue suspendida.
Durante una citación en el Congreso con el diputado José Chic, el subdirector general de Operaciones de la PNC, Esvin Jacinto, reconoció que no recibió información sobre movimientos y cambios de vehículo durante el traslado de los detenidos. Para Calderón, esas explicaciones profundizan las dudas sobre el control de los mandos sobre la institución.
Mientras que, Álvarez planteó una preocupación respecto a que, incluso si la Policía aporta información útil, el MP tendrá el desafío de presentar una investigación cuya evidencia y procedimientos superen la desconfianza generada por las presuntas irregularidades.
El Ministerio Público informó que la investigación cuenta con acompañamiento técnico internacional, incluyendo el apoyo del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI). Lo cual para Álvarez es un paso importante para la investigación, pero abre también una brecha de riesgo porque el mismo Solórzano Foppa señaló a otra agencia estadounidense de participar en la incursión que terminó en el asesinato de ocho personas desarmadas en Huité, Zacapa, hace casi un mes.
Múltiples líneas de investigación
Para Álvarez, la trayectoria pública y profesional de Solórzano Foppa obliga a mantener abiertas varias líneas de investigación, determinar si el ataque provino por su calidad de exfiscal, exjefe de la SAT, abogado, político o personal, ya que él había intervenido en casos sensibles y cuestionaba públicamente a funcionarios y actores políticos de distintos sectores.
La analista mencionó que entre los posibles móviles deberían examinarse sus denuncias, los casos en los que trabajó y sus señalamientos sobre corrupción en instituciones de seguridad. No obstante, advirtió que todavía es prematuro atribuir el crimen a una persona o grupo.
Álvarez señaló que las investigaciones todavía deben esclarecer el origen del arma utilizada en el ataque, reconstruir la ruta de escape y revisar las imágenes disponibles son pasos necesarios para determinar qué ocurrió. También considera relevante establecer si hubo fallas en los esquemas de protección y en la respuesta de las instituciones cercanas al lugar.
Las preguntas sobre la investigación tienen una dimensión política, ya que si las autoridades no logran explicar qué ocurrió y sustentar sus conclusiones con pruebas verificables, el costo podría ser una mayor desconfianza en las instituciones encargadas de perseguir el delito.
El temor como consecuencia política
Calderón sostiene que el asesinato tiene un efecto intimidatorio para quienes investigan, denuncian o participan en el debate público. “Se trata de un crimen de Estado” que recuerda el miedo de las décadas de 1970 y 1980.
Para ilustrar el clima de temor, el analista mencionó las amenazas denunciadas por el abogado Édgar Ortiz Romero, integrante de Poder Ciudadano, quien el 21 de octubre aseguró que él y otras personas vinculadas a la organización habían sido objeto de amenazas y seguimientos, y anunció la cancelación de una actividad prevista para el 31 de octubre.
Arévalo condenó las intimidaciones denunciadas por Ortiz y Marjorie Von Ahn e informó que el ministro de Gobernación se había puesto en contacto con ellos para coordinar medidas de seguridad, aunque hasta ahora no se ha establecido un vínculo entre esas amenazas y el asesinato de Solórzano Foppa.
Álvarez también identificó un sentimiento de retroceso entre sectores de la ciudadanía, porque el ataque en un centro deportivo reforzó la percepción de que la violencia puede alcanzar a las personas incluso en espacios cotidianos.
“El que queda a deber es el Estado, porque no ha podido dar seguridad ciudadana”, afirmó la exviceministra.
En tanto, Rosal sostuvo que el fiscal Gabriel García Luna tiene el reto de haber encontrado un MP derruido y que en poco tiempo tiene que reconstruirlo mínimamente para dar respuesta al asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar y dilucidar la situación del ataque contra ocho personas en Huité.
Además, el politólogo explicó que un inexistente sistema de justicia tiene que dar el abordaje adecuado sobre la responsabilidad penal contra quienes resulten responsables en las investigaciones del MP.
“Esto al igual que Huité y los demás hechos de criminalidad en los últimos meses, vinculados a estructuras criminales, implica que estas estructuras tienen dominio territorial, social y presencia en instituciones del Estado como PNC y Ejército. Lo que a su vez hacer que actores políticos e ilegales tienen más peso de lo que uno hubiera pensado porque pueden planear un asesinato meticuloso con seguridad y cerca de una instalación militar, en una cancha publica en una hora pública para visibilizar su poder”, dijo Rosal, quien consideró que estos actores cobran fuerza ante exposiciones de violencia pública.
Las elecciones de 2027 bajo la sombra de la violencia
Aunque todavía falta conocer el impacto que tendrá el caso en la intención de voto, Calderón considera que el asesinato y las dudas sobre la respuesta institucional pueden agravar la desconfianza hacia las elecciones de 2027.
“Este tipo de situaciones les da más fuerza a las agendas de mano dura, que ahora se llaman ‘prácticas de Bukele’. Ahora que se presentó a Armando Castillo como candidato presidencial ya se empezó a escuchar la propuesta de militarizar las cárceles y ese tipo de propuestas se hacen más fuertes frente a este suceso y hacen que la ciudadanía focalice su interés electoral en estas agendas”, dijo Rosal.
Asimismo, consideró que se corre el riesgo de caer en “un proceso electoral en donde el único gran tema sea la seguridad nacional, no la seguridad democrática, en un tipo de seguridad como el de Conflicto Armado Interno”.
Calderón plantea que el temor podría afectar tanto a quienes buscan participar en política como a quienes votarán y advierte que una campaña desarrollada en medio de amenazas, violencia y desconfianza limitaría las condiciones para debatir y elegir libremente.
“La gente va a votar, no a elegir, en un clima de zozobra y violencia”, sostuvo.
Calderón también cuestionó la capacidad del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para enfrentar ese escenario y considera que deberá pronunciarse sobre las condiciones de seguridad del proceso.
Inacción del Congreso
Aunque la bancada VOS citó a las autoridades Gobernación y de PNC para responder por el ataque a Solórzano Foppa, ni las comisiones legislativas de Gobernación, de Seguridad Nacional y Defensa han citado a funcionarios encargados de velar por la seguridad.
De hecho, un miembro de la Comisión de Gobernación señaló que el presidente de la Comisión, Sergio Arana, recibió al menos dos solicitudes para citación de funcionarios respecto a este tema, pero que este ni siquiera respondió.
El mismo integrante de la Comisión dijo que podría deberse a la relación que Arana mantiene con el gobierno actual y con el ministro de Gobernación. Prensa Comunitaria intentó comunicarse con Arana para obtener respuesta a estos señalamientos pero el congresista no respondió.
