El incidente armado contra la fiscal de Delitos Electorales, Liseth Noemí Mazariegos, se suma a una lista de hechos violentos acontecidos en las últimas semanas y que mantienen en alerta al país, esto a casi dos meses del inicio del proceso electoral de 2027.
Por Alexander Valdéz
Los hechos de violencia se han convertido en una constante en Guatemala y continúan alcanzando a distintos sectores de la población. En medio de la inseguridad y la falta de respuestas para frenar estos hechos, una de las afectadas fue Liseth Noemí Mazariegos, fiscal de Delitos Electorales del Ministerio Público (MP), quien resultó herida de bala durante un ataque armado.
El ataque ocurrió el 17 de noviembre cuando la fiscal se dirigía a su trabajo y se desplazaba en una camioneta gris en la 31 avenida y Anillo Periférico, zona 7 de la ciudad capital. Según el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), dos hombres que viajaban en una motocicleta negra la interceptaron y habrían intentado despojarla de sus pertenencias. Durante el asalto le dispararon y le provocaron una herida en la pierna izquierda. Los sospechosos huyeron.
MUJER HERIDA DE ARMA DE FUEGO EN EL ANILLO PERIFÉRICO
— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 17, 2026
Bomberos Voluntarios de la 49.° compañía fueron alertados al Anillo Periférico y 19 calle, zona 11 de la ciudad capital.
A su llegada, Técnicos en Urgencias Médicas evalúan a una persona de sexo femenino de aproximadamente… pic.twitter.com/cNmOyDO2Na
El MP condenó el hecho y expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación” por lo ocurrido. En un comunicado, la institución informó que, según las primeras diligencias, hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaron el vehículo de la fiscal y le dispararon. También manifestó que Mazariegos recibió atención médica y se encontraba estable. “Este hecho es grave y constituye una agresión no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector justicia”, aseveró el MP.
El ente investigador añadió que realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque e identificar a los responsables. Además, advirtió que no permitirá que estos hechos intimiden a su personal. “Frente a este intento de amedrentar a quienes ejercen la persecución penal, la institución es clara: el Ministerio Público no se dejará intimidar”, afirmó. También informó que, en coordinación con la PNC y sus aliados estratégicos, adoptará medidas de seguridad y revisará los protocolos para proteger a su personal a nivel nacional.
La Fiscalía de Delitos Electorales será clave el próximo año, es la que tiene a su cargo las investigaciones contra partidos políticos que infrinjan la ley y otros hechos que puedan suscitarse en medio del próximo evento electoral, previsto arrancar en enero del siguiente año. En esa fiscalía existen investigaciones que involucran a partidos políticos como la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Vamos, Elefante, VOS, entre otros.
✅ Comunicado oficial pic.twitter.com/9NSxyDXzaC
— MP de Guatemala (@MPguatemala) November 17, 2026
El incidente también generó una reacción de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, que condenó lo ocurrido y expresó su solidaridad con la fiscal. “Las elecciones libres, justas y sin violencia son la base de toda democracia, y la violencia contra los que protegen la integridad de las elecciones no tiene cabida en Guatemala”, manifestó. Añadió que “los guatemaltecos merecen elecciones sin miedo ni intimidación” y expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación para Mazariegos.
Violencia imparable
Los ataques armados continúan registrándose en distintos puntos del país y han alcanzado a funcionarios y ciudadanos. Entre los hechos recientes figura el ataque armado en el que murió el abogado y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido en el Campo Marte, zona 5 capitalina, en un área pública y transitada, a plena luz del día, el 17 de septiembre. A estos hechos se suma la muerte del diputado del Congreso, Julio Portillo, en un ataque armado en el departamento de Zacapa, en el oriente del país, el viernes 6 de noviembre
La situación también se ha hecho evidente en Zacapa, donde una serie de ataques armados ha dejado numerosas víctimas inocentes. Entre los hechos más graves figura la masacre registrada el 27 de septiembre en Huité, que dejó ocho personas fallecidas, así como la emboscada del 6 de noviembre en Río Hondo, en la que murió el diputado junto con tres agentes de la PNC. A estos sucesos se sumaron otros ataques registrados en Teculután, Gualán y otros puntos del departamento. La escalada de violencia llevó al Gobierno de Guatemala a decretar un estado de sitio por 30 días en Zacapa e Izabal el sábado 14 de noviembre.
Pese a la gravedad de estos acontecimientos, persisten interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para esclarecer los ataques e identificar a sus responsables. En estos casos no se han presentado resultados concluyentes de las investigaciones ni se ha informado sobre la identificación de los autores materiales e intelectuales.
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Un año electoral se avecina
Estos hechos de violencia ocurren en los meses previos al inicio del proceso electoral de 2027, previsto para enero próximo, cuando comenzará un nuevo ciclo democrático en el que la población guatemalteca elegirá al binomio presidencial, diputados al Congreso de la República, representantes ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y alcaldes municipales. La cercanía de este proceso, que arrancará en apenas dos meses, ha generado preocupación por el clima de violencia e inseguridad que atraviesa el país.
De esa cuenta, como parte de los preparativos para las elecciones de 2027, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha identificado 101 municipios con algún nivel de riesgo de violencia electoral, de los cuales 46 presentan un riesgo alto y 55 uno medio. Aunque la convocatoria oficial a elecciones está prevista para el 22 de enero de 2027, el órgano electoral ya trabaja en un mapeo de la conflictividad para anticipar posibles escenarios de violencia, tomando como referencia los incidentes registrados en procesos electorales anteriores.
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