Al vetar este decreto, el presidente Bernardo Arévalo expresó algunos desacuerdos y sugirió un análisis en los puntos en los que esta normativa podría reñir con la Constitución de la República. El veto presidencial quedó establecido en el Acuerdo Gubernativo 173-2026, firmado por el mandatario el 27 de octubre. El documento fue publicado en el Diario de Centroamérica al día siguiente y remitido al Organismo Legislativo. Luego diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) analizaron las observaciones del veto presidencial y decidieron el futuro de estas reformas, a pesar a que a ambos organismos se les señala de ser afines a personajes oscuros que han manipulado procesos en las comisiones de postulación o han sido sindicados de presuntos actos de corrupción. Dos iniciativas de ley unificadas dieron luz verde al Decreto 23-2026 “Reformas al Código Procesal Penal”, aprobado el 29 de septiembre, con el voto a favor de 139 diputados. Con estos cambios se esperaba regular los plazos de la cárcel preventiva y evitar a los sindicados estadías prolongadas en los centros penitenciarios.
Por Claudia Méndez Villaseñor
Las declaraciones de Luis Contreras, presidente de la Junta Directiva del Congreso de la República sugirieron a finales de octubre, que los razonamientos de Arévalo al vetar las modificaciones a artículos del Código Procesal Penal, relacionados con la cárcel preventiva, era más de “forma que de fondo”. “El Presidente Arévalo fue enfático conmigo y me dijo que no está en contra de la ley sino en que hay que mejorarla”, indicó el diputado. Sin embargo, el mandatario y el Gabinete de ministros, que firmaron el veto, consideraron que las reformas aprobadas contenían posibles inconstitucionalidades, leyes derogadas y vicios de redacción.
Jenny Noemí Alvarado Tení, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Organismo Judicial (OJ) también objetó estas modificaciones al Código Procesal Penal, pero por otras circunstancias. Para los magistrados, al aprobar una vigencia inmediata de estos cambios resultaban necesarias las normas transitorias que facilitaran, de manera progresiva, abrir nuevos juzgados y poner en marcha la Unidad de Control de Medidas de Coerción, a cargo de supervisar el cumplimiento de medidas cautelares alternas a la cárcel preventiva. Pero dichas normas transitorias no fueron analizadas, redactadas y establecidas en el decreto aprobado por los diputados.
Dado que en el Decreto 23-2026 cobraba vigencia de manera inmediata, sin estas normas transitorias no era posible que la CSJ y el OJ construyera y creara la infraestructura correspondiente. “La presidenta de la CSJ expresó los problemas que esto podría representar para los tribunales”, afirmó Contreras.
En manos cercanas a personajes oscuros
En la sesión plenaria del 17 de noviembre se incluyó el tema del veto presidencial en el orden del día. Así como en la agenda del pasado 10 de noviembre.
Las palabras de Contreras, a finales de octubre, podrían reflejar que pese al veto, el Mandatario respalda las modificaciones al Código Procesal Penal, las cuales se consideran necesarias. Sin embargo, el pasado de algunos diputados y su presunto involucramiento en actos de corrupción o sus relaciones con personajes oscuros generan incertidumbre sobre las reales intenciones de estas reformas.
En investigaciones de Prensa Comunitaria se ha evidenciado, por ejemplo, que algunos de los legisladores que integran la Junta Directiva 2026-2027, fueron sindicados por su presunto involucramiento en casos de corrupción investigada por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) dirigida por el fiscal Juan Francisco Sandoval; o el caso “Hogar Seguro. Otros diputados son parientes de personajes oscuros cuya influencia desequilibró los procesos “legítimos” y de las comisiones de postulación de cuyo trabajo surgieron los nombres de los hoy magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La elección de la nueva junta directiva del Legislativo, que asumirá el 14 de enero, contó con 149 votos a favor de la bancada SEMILLA, o bancada oficial, el Partido Cabal, VAMOS y la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), principalmente. ¿Qué podría esperarse entonces del análisis y revisión de los puntos señalados por Arévalo a las reformas del Código Procesal Penal?
Por ejemplo, el nombre del presidente de la Junta Directiva, Luis Colindres, surgió en investigaciones de la FECI, por el caso “Asalto al Ministerio de Salud” en 2020, y solicitó el retiro del antejuicio, pero el proceso no avanzó. Además, en 2009, un líder comunitario de Malacatán, San Marcos, denunció a este legislador y su vínculo con personajes oscuros de la zona que buscaban construir una hidroeléctrica. El dirigente campesino fue blanco de un ataque armado (del cual salió ileso) y en el que participaría el hijo de este diputado.
Al diputado Nery Ramos, primer vicepresidente, se le ha señalado por su cercanía a Pedro Alejandro Duque Soto, sindicado por el desfalco al Crédito Hipotecario Nacional (CHN), en reportajes de medios independientes como Vox Populi, que revelaron que Ramos ha utilizado un vehículo blindado propiedad de Duque. A Ramos se le cuestionó por la tragedia del Hogar Seguro, pero el Ministerio Público (MP) descartó investigaciones en su contra.
El caso de Elmer Josué Palencia, segundo vicepresidente, resulta curioso, por ser acérrimo opositor del Gobierno de Bernardo Arévalo y un ferviente defensor del aumento salarial de los diputados, por lo qué, si su postura se mantiene, votará por lo que disponga la mayoría frente al veto presidencia sin escuchar posturas afines o de los diputados oficialistas.
Otro diputado que integrará la junta directiva del Congreso, es Orlando Blanco Lapola, como cuarto secretario. Llegó al Legislativo por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), pero por conflictos con Sandra Torres renunció a dicho partido político, con otros miembros. El MP lo señaló por financiamiento ilícito cuando fungió como secretario general de la UNE. Esta acusación fue desestimada por los tribunales de justicia.
Julio César López Escobar, será el quinto secretario de la Junta Directiva del Congreso que asumirá el 14 de enero de 2027. Su caso ejemplifica, vínculos familiares con personajes oscuros que fueron sindicados de manipular y manejar los procesos de las comisiones de postulación como Roberto López Villatoro, el Rey del Tenis, tío de este diputado.
El MP señaló al Rey del Tenis en el caso “Corrupción Comisiones Paralelas 2014”, por su influencia en los procesos de selección de magistrados de la CSJ y Corte de Apelaciones, pero en septiembre de 2023, la jueza Abelina Cruz lo absolvió de los cargos junto a su hermana, Clara y Giovanni Orellana Donis.
En los últimos tres años, las actividades de López Villatoro se diversificaron y activaron otra vez. Creó la agrupación UNIÓN, que fue visible en procesos convocados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) para elegir a sus representantes en las comisiones de postulación. En la elección de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), UNIÓN no inscribió candidatos. No obstante, respaldó las candidaturas de Estuardo Gálvez, exrector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y de Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del MP, un hombre de confianza de Consuelo Porras, exfiscal general.
El tío del diputado no es el único implicado en corrupción, su padre, Julio Roberto López Villatatoro quien también fue legislador, estuvo señalado en el caso “Plazas Fantasmas en el Legislativo”. La FECI lo señaló de abusar de su posición para crear plazas fantasmas y contratar personal cuando de 2015 a 2016 fue parte de la Junta Directiva. También fue ligado a proceso por asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado por no reportar Q250 mil para la campaña de la UNE, en 2015.
Si los diputados que integran la Junta Directiva tiene un paso cuestionado, quienes integran la sala legislativa de Reformas al Sector Justicia también tiene lo propio. Los legisladores de esta comisión del Congreso son los responsables del análisis y respuesta a las observaciones contenidas en el veto presidencial. Trascendió que el presidente de este espacio de discusión, Álvaro Enrique Arzú Escobar se reunió con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en dos ocasiones, las últimas dos semanas.
Esta comisión está integrada por otros 14 diputados: Cornelio Gonzalo García García; Sandra Erica Jovel Polanco; Boris Roberto España Cáceres; Sofía Jeanetth Hernández Herrera; Carlos Enrique López Escobar; Bequer Netfalí Chocooj de la Cruz; Andrea María Reyes Zeceña; José Carlos Sanabria Arias; Héctor Adolfo Aldana Reyes; Ronald Yomelfi Portillo Cordón; Greicy Doménica de León De León; Lourdes Teresita de León Torres y José Adolfo Quezada Váldez. La mayoría pertenece a VAMOS, CABAL, UNE, VALOR y TODOS.
En el caso de España Cáceres fue sindicado por la FECI en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”; de León Torres es hija de Sandra Torres, principal dirigente de la UNE y Jovel Polanco fue una de las principales figuras que propició la salida del país de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Las primeras reuniones con los magistrados de la CSJ
De acuerdo con Contreras, el 3 de noviembre comenzó el análisis formal del veto presidencial con magistrados de la CSJ, asesores y diputados de la comisión legislativa de Reformas al Sector Justicia, con el propósito de encontrar un “puente medio”, aseguró el presidente de la Junta Directiva del Congreso. “El espíritu del legislador al aprobar estas reformas fue que ningún guatemalteco tiene que estar más de un año en prisión sin que se le condene. También el de poner fin al abuso que hacen algunos jueces de la cárcel preventiva. Pero hay algunas dudas y vamos a corregir lo que se tenga que corregir”, aseguró Contreras.
En dos ocasiones, Arzú Escobar y Contreras se han reunido con cuatro magistrados de la CSJ y de algunos magistrados genera desconfianza su cercanía con personajes oscuros, como Claudia Paredes a quien se relaciona con el diputado Allan Rodríguez de VAMOS y con el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), Nester Vásquez, sancionado por el Gobierno de EE.UU., o el magistrado Luis Mauricio Corado ha quien se cuestionan sus controvertidas resoluciones y su vínculo con el legislador Luis Aguirre, de CABAL, quien también es conocido de los magistrados Igmaín Galicia Pimentel (candidato a diputado en 2007 por el Frente Republicano Guatemalteco) y Carlos Ramiro Contreras.
La magistrada Clemen Juárez tiene un pasado revelador, en 2019. Se recuerdan sus actuaciones en un tribunal de Quiché cuando rechazó sin profundizar en las solicitudes de antejuicio presentadas por el MP y la CICIG contra los alcaldes de Chiché y Nebaj por el financiamiento electoral ilícito de la UNE. Años atrás había hecho lo mismo, con el antejuicio solicitado contra el alcalde de Chichicastenango, sindicado por el mismo delito.
De acuerdo con Contreras, el 3 de noviembre comenzó el análisis formal del veto presidencial con magistrados de la CSJ, asesores y diputados de la comisión legislativa de Reformas al Sector Justicia, con el propósito de encontrar un “puente medio”, aseguró el presidente de la Junta Directiva del Congreso. “El espíritu del legislador al aprobar estas reformas fue que ningún guatemalteco tiene que estar más de un año en prisión sin que se le condene. También el de poner fin al abuso que hacen algunos jueces de la cárcel preventiva. Pero hay algunas dudas y vamos a corregir lo que se tenga que corregir”, aseguró Contreras.

Foto AFP / Johan Ordoñez.
Lo que siguió al veto presidencial
El 3 de noviembre, se realizó la primera reunión, a puertas cerradas, en oficinas del Congreso a la que asistió Alvarado Tení, quien solo mencionó que se había comenzado con el análisis del veto presidencial. El diputado Contreras informé ese día que se había convocado a una nueva reunión el 10 de noviembre con el objetivo de conocer las observaciones de los magistrados de la CSJ. Indicó que se trataba de un trabajo de forma y no de fondo. Ese mismo 3 de noviembre, el contenido del veto presidencial se leyó en la sesión plenaria de las 14 horas. No hubo comentarios de los diputados ni se propuso votación alguna.
En la reunión del 10 de noviembre, que también fue privada, asistió la presidenta de la CSJ y otros magistrados entre ellos, René Girón, presidente de la Cámara Penal que comentó ese día que se había propuesto que estas modificaciones al Código Procesal Penal cobraran vigencia de forma gradual y progresiva en un plazo máximo de un año, es decir en noviembre de 2027, y que las disposiciones administrativas y operativas del Organismo Judicial (OJ) a los ocho días de que la normativa se publique en el Diario de Centroamérica.
De acuerdo con el magistrado Girón se han tomado accione y seguido algunos pasos para estudiar las posibilidades de la entrada en vigor el Decreto 23-2026, pero “los pasos ya formales seguirán una vez promulgado, sancionado y publicado por el Ejecutivo. Nosotros tendríamos que hacer los estudios formales de planificación, los cuales tratamos de adelantar, pero manera informal. Cuando entre en vigor se tendría que ver a cuáles juzgados se les debe ampliar la competencia, mejorarla o abrir nuevos órganos jurisdiccionales. De manera preliminar consideramos que hay que abrir nuevos juzgados de primera instancia de turno”, dijo.
De acuerdo con el magistrado Girón en la actualidad no llegan ni a 100 los juzgados de paz, cuando deberían de funcionar por lo menos 340, uno en cada cabecera municipal del país. Explicó además que, solo seis municipios cuentan con juzgados de primera instancia de turno y son: ciudad de Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Quetzaltenango, Escuintla y Chiquimula, cuando deberían de funcionar en otras 16 o 18 cabeceras departamentales, así como en municipios, como Coatepeque, que sin ser cabeceras departamentales tienen necesidad de más juzgados de primera instancia de turno. La apertura de esta infraestructura judicial va amarrada a nuevas contrataciones de jueces y otro personal, pero el OJ había previsto abrir nuevos órganos jurisdiccionales con la vigencia de la ley de Insolvencias y la ley Integral contra el Lavado de Dinero.
El magistrado Girón también explicó que la CSJ comparte la filosofía y el fondo del Decreto 23-2026, de que ningún guatemalteco debe pasar más de un año en prisión preventiva si está sometido a proceso penal, sobre todo a la fase preparatoria. En este decreto se retomó el espíritu del Código Procesa Penal (vigente desde 1994) que comparte la postura de que la libertad es la regla y la prisión preventiva, la excepción, afirmó.
En la sesión plenaria del 10 de noviembre, convocada a las 14 horas, se incluyó en el Orden del Día el proyecto de decreto que dispone aprobar reformas al Decreto 51-92 Código Procesal Pena, en la discusión de segundo debate. Antes de conocer el punto, los diputados conocieron las objeciones y observaciones contra el Decreto 26-2026, ley Marco de Ciberseguridad y proyectos de decreto como la ley para la Prevención y Sanción de Comunicaciones Ilícitas en Centros de Privación de Libertad y la ley temporal para el nombramiento de maestros catalogados que ejerzan actividades de docencia por contrato con cargo a los renglones de gasto 021 y 022 “personal supernumerario”; así como 011 “personal permanente”.
En esa jornada legislativa se aprobaron de urgencia nacional las ley de Cine de Guatemala y el Fondo Nacional de Becas y avanzaron a segunda lectura dos proyectos de ley, entre ellos, la ley de Compensación Económica para los exmiembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), no así las reformas al Código Procesal Penal.
El caso del exfiscal Stuardo Campo
Mientras los magistrados de la CSJ se reunían con diputados para tratar las reformas a la cárcel preventiva, ese 10 de noviembre, en los tribunales de justicia se llevó a cabo una audiencia que ejemplifica cómo en algunos casos, el abuso de la prisión preventiva se ha convertido en una norma.
Ese día, el juez Eduardo Maldonado ordenó retirar el brazalete de control telemático y liberar las cuentas bancarias del exfiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo, quien denunció irregularidades en las contrataciones de obras para el Libramiento de Chimaltenango y fue denunciado por el caso Alfa 7, pero el fiscal del Ministerio Público (MP) exigió que Campo guardara cárcel preventiva por riesgo de fuga y obstaculización de la justicia.
Campo fue capturado el 26 de mayo de 2023 y entonces fungía como jefe de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes. Fue denunciado por la captura de una persona ajena a una estructura ilegal que fue desarticulada en 2022 y a la que se mantuvo en prisión varias semanas, pese a que dicha fiscalía había rectificado y reconocido esta situación.
El día que Campo fue aprehendido, tal y como ocurrió con otros casos en los que se criminalizó a operadores de justicia que investigaron, juzgaron y denunciaron actos de corrupción durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, el netcenter aliado de Consuelo Porras, exfiscal general, fue el primero en anunciar en las redes sociales la captura del fiscal. Desde entonces, Campo quedó atrapado en un largo litigio malicioso que lo privó de libertad desde hace más de tres años.
En julio pasado, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas afirmó que era arbitrario el encarcelamiento de Campo y solicitó al Estado de Guatemala su liberación inmediata, otorgarle medidas de reparación y también investigar las circunstancias por las cuáles fue detenido. Pese a esta resolución, el exfiscal mantiene la prisión preventiva. El caso de Campo no es el único en el que se abusa de la prisión preventiva a conveniencia, ya que otros actores sindicados de corrupción, fueron beneficiados con medidas de caución.

Exfiscal anti corrupción Stuardo Campo. Foto Prensa Comunitaria.
Inconstitucionalidades detectadas
En el Acuerdo Gubernativo 173-2026, firmado por Arévalo el pasado 28 de octubre, se justificó el veto a las modificaciones a artículos del Código Procesal Penal, al considerar que se vulneró el artículo 2 de la Constitución Política de la República que obliga al Estado a garantizar seguridad a los guatemaltecos. De dicho precepto constitucional deriva el principio de seguridad jurídica. “Lo que exige al poder público, incluido el Congreso, de emitir leyes y disposiciones de carácter general que sean confiables, estables, predecibles, inteligibles, coherentes y que revelen un sentido claro con relación a las consecuencias jurídicas que derivan de ellas”.
En ese sentido, se indicó en el veto que el artículo 11 BIS del Código Procesal Penal señala el deber, para los órganos jurisdiccionales (juzgados y tribunales) con competencia penal, de indicar una clara y precisa fundamentación de sus decisiones, por lo que el Legislativo debe proveer al Sistema de Justicia Penal, normas claras, coherentes y razonales para el cumplimiento de sus funciones.
Con este argumento se afirmó que lo aprobado por los diputados en el Decreto 23 -2026 contraviene dicho precepto constitucional por las razones siguientes:
- El artículo 264 QUÁTER dispone que no podrá concederse ninguna de las medidas sustitutivas a personas a las que se les haya dictado auto de procesamiento relacionado a los delitos enlistados en el Congreso. Sin embargo, dicho artículo no enumera ninguna medida sustitutiva, por lo que los órganos jurisdiccionales competentes no tendrían referencia, en caso de entrar en vigencia, sobre cuáles son las medida que abarca la norma prohibitiva establecida por el legislador.
- La prohibición indicada recae sobre las personas a las que se le haya dictado auto de procesamiento relacionado a los delitos de violación calificada, entre otros. El delito de violación calificada estaba regulado por el artículo 175 del Código Penal que fue derogado en 2009, por lo que uno de los supuestos normativos que contiene el artículo 264 QUÁTER recae sobre una norma no vigente en el ordenamiento jurídico guatemalteco.
- En consecuencia, la disposición carece de la claridad y precisión necesaria para garantizar una aplicación cierta, coherente y previsible de la norma procesal penal, lo que resulta incompatible con el principio de seguridad jurídica amparado en el artículo 2 de la Constitución.
Otro de los argumentos reflejados en el veto presidencial fue que el Decreto 23-2026 cobraría vigencia al día siguiente de que fuera publicado en el Diario Oficial. Se indicó que la Corte de Constitucionalidad (CC) en la sentencia del 14 de agosto de 2012 resolvió que las leyes que se emitan, con el objetivo de regular determinada conducta en una sociedad, deben reflejar una base razonable en su emisión.
“Al realizar su labor legislativa, el legislador ordinario no podía obviar ciertas reglas no escritas, pero de elemental observancia, tales como la de que nadie está obligado a lo imposible, y de que nadie está obligado a realizar actos que conduzcan a resultado absurdos, prohibidos o irreales. De esa cuenta, el ejercicio responsable de la potestad legislativa comporta la observancia de reglas de lógica, razonabilidad y proporcionalidad”. Dicho plazo puede generar un perjuicio a la administración de la justicia penal, se aseguró en el documento.
De acuerdo con Luis Contreras, presidente de la Junta Directiva del Congreso, este podría ser la principal razón por el cual se vetó el Decreto 23-2026 ya que, con las reformas al Código Procesal Penal se creó la Unidad de Control de Medidas de Coerción que requiere infraestructura, personal y recursos. Al cobrar vigencia de forma inmediata, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendría que contar con antelación con dicha dependencia. “El problema más grande es la vigencia. No tienen el tiempo necesario para crear la unidad”, aseguró Contreras.
Otros artículos que justificaron el veto fueron el 264 BIS y el 268. Con el primero se institucionalizó la Unidad de Control de Medidas de Coerción, pero se omitieron las disposiciones transitorias y un plazo razonable para organizarla e implementarla; y con el segundo se agregaron supuestos a los casos de cesación del encarcelamiento de aplicación inmediata.
“Ante ello, la falta de previsiones que aseguren el funcionamiento oportuno de la Unidad y un plazo razonables para que los órganos jurisdiccionales competentes y las entidades que integran el Sistema de Justicia Penal puedan generar una brecha entre la entrada en vigor de las obligaciones establecidas y la capacidad operativa para ejecutarla. La ausencia de disposiciones que articulen la entrada en vigor del Decreto 23-2026 con la implementación efectiva de la Unidad de Control de Medida de Coerción y una aplicación ordenada de las nuevas disposiciones relacionadas con la cesación del encarcelamiento, podrían comprometer el deber del Estado de garantizar a los guatemaltecos la justicia y seguridad que manda el artículo 2 de la Carta Magna”.
Foto presidente Bernardo Arévalo. AFP / Johan Ordoñez
Positivo limitar los abusos de la cárcel preventiva
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en el exilio, consideró que el Decreto 23-2026 contiene avances importantes que no deberían perderse. “Reconocí como positivos los cambios orientados a limitar los abusos de la prisión preventiva, establecer plazos más claros y armonizar disposiciones que habían quedado desactualizadas desde las reformas de 2011, cuando se modificó el artículo 82, pero no se adecuaron debidamente los artículos 259, 277 y 320”, comentó en una video publicado en las redes sociales.
Sin embargo, también advirtió algunos puntos que le preocuparon, por ejemplo, el tratamiento de la edad para conceder medidas sustitutivas que podrían beneficiar a personajes, en caso de que se llegaran a ser procesados, como la exjefa del MP, Consuelo Porras y el expresidente Alejandro Giammattei, pero también manifestó alarma porque se excluyeron del catálogo de restricciones, los delitos de lesa humanidad.
“Ahora, el Gobierno vetó el Decreto 23-2023 al señalar problemas de seguridad jurídica, entre ellos, disposiciones poco claras o referencia a delitos derogados como la violación calificada y la falta de previsiones para implementar la nueva Unidad de Control de Medidas de Coerción. Pero hay algo más que demuestra la deficiente técnica legislativa”, señaló Sandoval.
El exjefe de la FECI mencionó que en este Decreto, el Congreso incluyó otra vez el sabotaje, entre los delitos a los que no se conceden medidas sustitutivas. “Pese a que la Corte de Constitucionalidad (CC), en una sentencia de marzo de 2006, había advertido, expresamente, que esa referencia constituía una técnica legislativa deficiente, porque el sabotaje no estaba ya para aquella época tipificado como un delito autónomo en el Código Penal”, indicó.
“La CC no declaró inconstitucional la disposición, pero sí identificó claramente el problema y han pasado 20 años y el Congreso reproduce la misma deficiencia. Entonces uno se pregunta, ¿para qué se contrata tantos asesores legislativos si ni siquiera revisan esos antecedentes antes de aprobar una ley”, cuestionó el exfiscal.
Para Sandoval, la facultad del Legislativo de hacer valer su primacía frente al veto presidencial se debe respetar, pero eso no significa que los diputados deban insistir en un decreto sin reconocer sus errores.
“Lo responsable sería revisar las objeciones, corregir las deficiencias y rescatar los aspectos positivos de la reforma porque Guatemala necesita limitar los abusos de la prisión preventiva, pero también necesita leyes bien elaboradas que garanticen derechos, sin abrir espacios para privilegios o impunidad. Sería lamentable que una reforma necesaria se termine frustrando por errores que se pudieron evitar”, añadió.
Para Sandoval se debe reconocer que el abuso de la prisión preventiva es un problema que hay que reconocer y que existe de hace muchos años en el país. “Muchas personas son privadas de libertad durante meses e incluso años sin sentencia, mientras los procesos se prolongan. Una medida que debería ser excepcional termina funcionando en la práctica como una pena anticipada”, afirmó.
El exfiscal recordó que cuando se desempeñó como jefe de la FECI se le señaló, de forma injusta, de abusar de la cárcel preventiva. “Siempre consideré inmerecida esa acusación, porque un fiscal no decidide quién permanece en prisión. El MP puede pedir una medida de coerción y debe fundamentarla, pero la decisión le corresponde al juez. En los casos bajo mi responsabilidad fueron los órganos jurisdiccionales les que resolvieron después de escuchar a las partes”, admitió.
De acuerdo con Sandoval con las reformas aprobadas se corrigieron procesos que, desde 2011, generaron problemas en la práctica, cuando se modificó el artículo 82 del Código Procesal Penal. “Con esta reforma quedó claramente establecido el procedimiento de la primera declaración. Primero se escucha al sindicado; luego se discute si debe ser ligado a proceso y posteriormente se debate la necesidad de imponer una medida de coerción”, señaló.
No obstante, los artículos 259, 277 y 320 de este Código no quedaron “del todo armonizados con este procedimiento”, dijo Sandoval. “Que ahora se busque dar coherencia a esas normas me parece acertado”, añadió.
Sandoval también respaldó la modificación que obliga al MP a demostrar que existe un peligro real de fuga o de obstaculización de la justicia y que por ello, los fiscales consideran que una persona debe permanecer en prisión. “No debería bastar con invocar la gravedad del delito o repetir fórmulas casi automáticas”, añadió.
El exfiscal también consideró que es necesario establecer límites claros al tiempo de la prisión preventiva. “Nadie debería permanecer encarcelado de forma indefinida por la incapacidad del sistema para llevar un proceso a término.
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI, exiliado en Washington. Foto de Eslly Melgarejo
Lo negativo según Sandoval
Lo aprobado por el pleno de diputados del Congreso tiene aspectos positivos afirmó Sandoval, pero otros merecen atención especial, como el tratamiento de la edad para efectos de medidas sustitutivas. “Es razonable que un juez pueda valorar la edad; junto con la salud; el arraigo y otras circunstancias de una persona. Lo preocupante sería que cumplir una edad determinada se convierta en la práctica en un beneficio casi automático”, consideró.
“En Guatemala es inevitable preguntarnos cómo podría funcionar una disposición así en casos como el de Consuelo Porras o Alejandro Giammattei, quienes han ejercido enormes cuotas de poder y cuyas actuaciones han sido objeto de serios cuestionamientos públicos. No afirmo que la reforma haya sido pensada para beneficiarlos, porque no tengo elementos para sostenerlo. Pero sí es legítimo preguntarnos si una disposición relacionada con la edad podría favorecer mañana a quienes, eventualmente, deban responder ante la justicia por actos cometidos durante el ejercicio del poder”, cuestionó.
“Las garantías no deberían convertirse en privilegios. Una cosa es que la edad sea considerada al evaluar la proporcionalidad de una medida de coerción y otra que, por sí sola, pueda convertirse en una protección frente a la prisión preventiva. Cualquier tratamiento diferenciado debería depender también de las circunstancias particulares del caso”, añadió Sandoval.
El exfiscal además se preguntó por qué con estas reformas al Código Procesal Penal se mantienen restricciones para otorgar medidas sustitutivas a determinados delitos graves, pero no se hace lo mismo con delitos de lesa humanidad. “Todavía existen procesos por graves violaciones a los derechos humanos y víctimas que han esperado décadas por justicia. Si el legislador decidió mantener un régimen más restrictivo para ciertos delitos, es razonable preguntar por qué hechos de semejante gravedad quedaron fuera”, mencionó.
Para Sandoval, con estas reformas su postura no es un simple a favor o en contra, ya que, resultaba necesario revisar la forma como se utiliza la cárcel preventiva; armonizar disposiciones que por años fueron incoherentes entre sí; establecer plazos y exigir una mejor fundamentación cuando se solicite la medida. “Lo que debemos evitar es que, al corregir problemas reales, se introduzcan reglas que mañana favorezcan a quienes han tenido suficiente poder para influir en el funcionamiento de las instituciones. El país tiene demasiada experiencia con normas que parecen generales cuando se aprueban, pero cuyos efectos tienen nombre y apellido cuando llega el momento de aplicarlas. Ojalá que las disposiciones relacionadas con la edad respondan realmente a criterios de humanidad y proporcionalidad, y no terminen siendo una salida conveniente para quienes algún día deban rendir cuentas ante la justicia”, agregó.
La historia de las dos iniciativas de ley unificadas
El Decreto 23-2026, vetado por el presidente Bernardo Arévalo, nació al fusionarse la iniciativa de ley 6483, del 21 de enero de 2025, con la iniciativa de ley 6719, del pasado 10 de marzo.
Los ponentes de la primera propuesta fueron los diputados: Álvaro Enrique Arzú Escobar, Greicy Doménica de Léon de León de Pérez, Byron Bladimiro Rodríguez Palacios, Ronald Yomelfy Portillo Cordón, Víctor Alfredo Valenzuela Argueta, Héctor Adolfo Aldana Reyes, Lourdes Teresita de León Torres, Sandra Erica Jovel Polanco, José Carlos Sanabria Arías, Andrea María Reyes Zeceña, Julio César López Escobar y Bequer Neftalí Chocooj de la Cruz.
La segunda también fue respaldada por Arzú Escobar y los diputados: Sandra Erica Jovel Polanco, Kevyn Luis Carlo Escobar Castillo, Luis Carlo Escobar Castillo, Luis Alberto Contreras Colindres, presidente de la Junta Directiva del Congreso, Julio César López Escobar, Samuel Andrés Pérez Álvarez, Byron Bladimiro Rodríguez Palacios, Edin Alexander de Jesús Mejía, Ronald Yomelfy Portillo Cordón, José Alberto Chic Cardona, Byron Leónidas Tejeda Marroquín, José Luis Galindo de León, Héctor Adolvo Aldana Reyes, Gerson Geonnt Barragán Morales y compañeros.
Al revisar los dos documentos se observó que la segunda propuesta es casi una copia de la primera, solo que en esta no se agregó la reforma al artículo 144 que se sugirió en 2025. Pero, en las dos se resaltó que las modificaciones al Código Procesal Penal era, en específico, en materia de prisión preventiva y medidas de coerción con la finalidad de fortalecer el Estado de Derecho; garantiza el respeto al principio de presunción de inocencia y adecuar a la legislación guatemalteca estándares internacionales sobre cumplimiento de los derechos humanos. Se mencionó el hacinamiento como foco de descontrol en los centros carcelarios que, las instalaciones estaban sobrecargadas y con falta de personal.
Según estas iniciativas de ley, la prisión preventiva se define, de manera general, como una medida cautelar que un sistema judicial aplica a una persona, lo que afecta de manera directa su derecho a la libertad durante el periodo del proceso penal. Es una disposición judicial a la que se somete a una persona que se encuentra bajo investigación penal hasta que, llegado el momento del juicio, se emite sentencia. De este modo, la prisión preventiva restringe al acusado de su libertad durante un determinado periodo, aun cuando todavía no ha sido condenado.
En los dos documentos se estableció que los objetivos de la prisión preventiva son:
1) Garantizar que la persona sujeta a investigación no altere el desarrollo del procedimiento penal.
2) Que se pueda garantizar su presencia en el proceso judicial.
Al ser una medida que afecta de manera directa el derecho a la libertad que goza una persona, las razones para ser aplicada deben estar suficientemente fundamentadas. Es por ello que, en los distintos países, lo más común es que se tomen en consideración criterios básicos antes de tomar la decisión de dictar prisión preventiva. Estos son:
- Que el hecho cometido constituya delito.
- La identificación de fuertes indicios de culpabilidad de la persona imputada.
- La individualización de riesgos de fuga, que imposibilitaría la presencia física del imputado en el proceso penal, así como en el cumplimiento de una sentencia condenatoria en caso de que el juicio concluyera de esa manera
. - La existencia de un riesgo que el imputado pueda destruir pruebas o manipular a testigos.
- Poner en peligro la seguridad de la víctima.
- En ciertos casos, evitar que la persona imputada pueda cometer otros delitos.
¿Cuáles son las reformas aprobadas por los diputados?
















Una breve cronología
Casi un año duró el proceso legislativo para aprobar el Decreto 23-2026. Comenzó con la presentación al pleno de diputados de dos iniciativas de ley y se encuentra en la fase de análisis del veto presidencial a las reformas propuestas.
18 de mayo de 2026
Los integrantes de comisión legislativa de Reformas al Sector Justicia, presidida por el diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar, aprobaron el dictamen favorables de las iniciativas de ley 6493 y 6719, que se unificaron, y que promovían modificaciones al Código Procesal Penal, en lo relacionado con la cárcel preventiva.
21 de julio de 2026
El dictamen favorable a los cambios al Código Procesal Penal reveló reformas a los artículos 258 y 259; pero también nuevos preceptos como el artículo 261 BIS. Además se estableció la Unidad de Control de Medidas de Coerción, adscrita a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se restringirán las medidas sustitutivas en delitos graves como homicidio, asesinato, violación agravada, secuestro, extorsión, robo agravado y otros delitos estipulados en la ley contra la Narcoactividad.
29 de septiembre de 2026
En la sesión ordinaria adicional, el pleno de diputados del Congreso aprobó el Decreto
23-2026 “Reformas al Código Procesal Penal, con 139 votos a favor.
28 de octubre de 2026
El presidente Bernardo Arévalo vetó las reformas al Código Procesal Penal, decreto 51-92”, al día siguiente, se publicó en el Diario Oficial.
De acuerdo con análisis de la comisión legislativa de Reformas al Sector Justicia al redefinir el uso de la cárcel preventiva se fortalecerían las garantías procesales ya que, se establecían nuevos mecanismos de control judicial sobre las medidas de coerción.
Por ejemplo, con estos cambios se exigía a la autoridad que ordenó la detención, celebrar la audiencia de primera declaración en un plazo máximo de 24 horas y que, mientras no se realice dicha audiencia no se podía ordenar el traslado de la persona sindicada a ningún centro carcelario.
Además se aprobó que no podían gozar de medida sustitutiva los acusados por reclutamiento ilícito de menores de edad y duras restricciones contra medidas sustitutivas en delitos de mayor gravedad como: homicidio, asesinato, violación agravada, secuestro, extorsión, robo agravado y delitos contemplados en la Ley contra la Narcoactividad.
¿Se reconocerán los errores de fondo?
A partir del 28 de octubre, cuando el presidente Arévalo vetó estas reformas comenzaron a correr el plazo legal de 30 días que tienen los diputados para modificar, o mantener como está, el Decreto 23-2026. A la fecha, se han realizado dos reuniones con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en las que se determinado la necesidad de crear más juzgados, tribunales y otra infraestructura que facilite el cumplimiento de las reformas, como un primer paso. Además, desde la CSJ se consideró que la cárcel preventiva no tendría porque excederse más de un año. Sin embargo, estas declaraciones contradicen casos como el del exfiscal contra la Corrupción, Stuardo Campo. En este sentido, ¿convendría una invitación al Ministerio Público (MP), que de acuerdo con las reformas debe fundamentar la prisión preventiva a un sindicado? Además, sobre los delitos inexistentes como la violación agravada, o el sabotaje todavía no hay pronunciamientos.
Preocupa que el tema de evitar cárcel preventiva a personas mayores de 65 años por razones humanitarias sea el pretexto para beneficiar a personas como Consuelo Porras o Alejandro Giammattei, en caso de alguno de los señalamientos en su contra sean procesados de manera judicial. La otra semana, tendría que conocerse mayores interioridades sobre las decisiones del Legislativo frente al veto presidencial y esperar que un nuevo decreto responda a necesidades reales sobre limitar abusos en la cárcel preventiva, de los cuales existe evidencia.



