Tras varios días del crimen, organizaciones sociales señalan que con este crimen tiene características de motivaciones políticas, en el que pudo participar estructuras de CIACS que pudieron ser mutados tras la expulsión de la CICIG en el país.
Por Simón Antonio Ramón
Organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales, piden al sistema de justicia de Guatemala el esclarecimiento del asesinato del abogado, exfiscal anticorrupción y exsuperintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el sábado 17 de octubre junto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo Marte de la zona 5 capitalina.
En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) se pronunciaron la Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La entidad de observación de la OEA condenó el asesinato y pidió la investigación por parte del Ministerio Público. “Una respuesta institucional efectiva frente a este crimen resulta fundamental para combatir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia”, señaló en un comunicado publicado en su portal web.
Por aparte, la CIDH solicitó al Estado guatemalteco garantizar la seguridad de las y los operadores de justicia y las personas que trabajan para el fortalecimiento del Estado de Derecho y condenó el asesinato por medio de su cuenta de X. “El Estado debe garantizar la vida y la seguridad de las personas abogadas y operadoras de justicia, dado el rol que desempeñan para el Estado de derecho y la democracia”, publicó.
En el sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció el secretario general de la ONU, Antonio Guterrez, quien trasladó su posicionamiento a través del portavoz del organismo, Stéphane Dujarric,
El funcionario de la ONU pidió un entorno seguro para las personas que trabajan para el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y la defensa de derechos humanos y “una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre estos trágicos sucesos”, señalaron los portales de noticias.
El resurgimiento del fantasma de las CIACS
El exembajador de Colombia y exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez, señaló que sus asesinato ocurre en un contexto de persecución judicial que ha llevado al exilio de al menos 130 trabajadores de la justicia, defensores/as de derechos humanos y periodistas.
“Su asesinato ocurrido el día de ayer en Ciudad de Guatemala me ha indignado y conmovido. Expreso a su familia y al pueblo guatemalteco mi pesar y mi solidaridad fraternal”, publicó en su cuenta en X, el 20 de octubre.
La Fundación Myrna Mack indicó que el crimen contra Juan Francisco Solórzano Foppa no debe quedar en la impunidad, “como el costo humano, institucional y democrático que supone renunciar a la búsqueda de la verdad”.
Por lo que demandó al MP, Policía Nacional Civil (PNC), Organismo Judicial y todas las instituciones responsables de investigación criminal identificar a los autores materiales e intelectuales de este crimen a través de una investigación inmediata, exhaustiva, independiente, técnica y transparente. “La investigación objetiva de este caso debe ser ejemplo para el fortalecimiento de la justicia y el estado de derecho”, señaló.
A esta demanda de esclarecimiento de este crimen se une el Movimiento Projusticia que señaló que los asesinatos de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro son condenables, tanto como los otros hechos de violencia que a diario arrebatan la vida de ciudadanos. Señaló que la relevancia de este caso, es la posible motivación política del ataque y su impacto en la libre emisión del pensamiento. “La eliminación de quién expone y desnuda el crimen”, afirmó en un comunicado de prensa.
“Este es un crimen perpetrado en un momento de extrema complejidad política, por los insistentes actos de desestabilización contra la presidencia de Bernardo Arévalo y por el inminente proceso de elecciones generales de 2027”, planteó. “No permitamos la politización de estos hechos tan dolorosos. Exijamos una justicia pronta y cumplida”, publicó la organización.
Neydi Juracán, coordinadora nacional del Comité Campesino del Altiplano (CCDA) denunció que el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa puede calificarse como un crimen político.
“Desde el CCDA consideramos que es un crimen político. Solórzano Foppa fue una persona que acompañó diversas luchas, acompañó por ejemplo, estudiantes de la Universidad de San Carlos cuando fueron criminalizados, también se solidarizó con el Comité Campesino del Altiplano en múltiples ocasiones cuando varios de sus miembros fueron criminalizados. Con la captura también del compañero Leocadio Juracán fue uno de los primeros abogados que se ofreció para brindar el apoyo acompañamiento, por su puesto, todo el trabajo la información y la opinión que generaba en redes sociales fueron elementos importantes para el análisis y el debate público”, dijo.
La dirigente de la organización campesina advirtió que en el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa es producto de operaciones de los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos y Seguridad (CIACS) para neutralizar los trabajos del movimiento social para el bien común. “Nos preocupa enormemente que se intente normalizar y neutralizar al movimiento social y que se normalice la forma de operar los CIACS como en los años 80”, dijo.
El combate a los CIACS se estableció en el país con la CICIG, la que identificó la operación de estas estructuras dentro del Estado a partir de varios modalidades como el financiamiento electoral. Sin embargo, fue boicoteada su investigación por diferentes entidades públicas hasta la finalización de su periodo el 3 de septiembre de 2019, tras 12 años de investigación junto al Ministerio público.
Por ahora las pesquisas siguen siendo pocas, la Policía Nacional Civil, en una citación en el Congreso evidenció expuso algunos hallazgos como que el arma implantada a los primeros capturados y luegos liberados, Rigoberto y Daniel Choc Toz, pertenece a un particular y que los policías a cargo de la detención pertenecen a la Comisaría 13.
Mientras que en el sistema de justicia, se ha asignado al juez Julio César Vásquez Xol, para llevar el caso del asesinato de Juan Francisco Solorzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Vásquez Xol pertenece al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente y Narcoactividad y es quien también conoce el proceso contra guardias del Sistema Penitenciario por la fuga de 20 reos de la prisión Fraijanes 2.
