La jueza Abelina Cruz resolvió a favor del exdiputado Juan Pablo Urrea, del extinto Partido Patriota, y evitó que enfrente juicio por tráfico de influencias en el caso por supuestas contrataciones irregulares en el Ministerio de Salud. La jueza Abelina Cruz resolvió cerrar el proceso al considerar que el MP no presentó nuevos elementos para modificar su postura inicial; Rafael Curruchiche ya había pedido cerrar el caso.
Por Alexander Valdéz
El exdiputado Juan Pablo Urrea, una de las figuras visibles del extinto Partido Patriota (PP), obtuvo un fallo favorable de la jueza de Mayor Riesgo “D”, Abelina Cruz. La resolución se suma a otros beneficios judiciales otorgados en ese juzgado a políticos señalados de corrupción.
Urrea fue señalado por el Ministerio Público (MP) del delito de tráfico de influencias, por supuestamente utilizar su posición política para favorecer la obtención de contratos dentro del Ministerio de Salud. La investigación apuntaba a posibles gestiones para beneficiar a personas interesadas en obtener adjudicaciones en esa institución, entre ellas una prima.
La jueza Cruz argumentó que el MP no había presentado nuevos elementos que justificaran cambiar su postura inicial sobre el caso, esto porque Rafael Curruchiche había pedido cerrar el proceso. Según explicó, la fiscalía pudo haber solicitado directamente el sobreseimiento si consideraba que no existían pruebas suficientes para llevar al exdiputado a juicio, en lugar de cambiar posteriormente su petición y solicitar la apertura a juicio.

La juzgadora sostuvo que los elementos de investigación no habían variado desde la primera solicitud del MP, cuando este consideró que no existían indicios suficientes para abrir el debate. Por esa razón, declaró sin lugar la petición de enviar a juicio a Urrea.
“La juzgadora considera entonces que con esos mismos elementos no han variado de la primera petición, por lo que declara sin lugar la solicitud de apertura a juicio solicitada por el Ministerio Público y otorga el sobreseimiento de conformidad al artículo 328 del Código Procesal Penal a favor de Juan Pablo Urrea, por el delito de tráfico de influencias, con todos los efectos y valores legales establecidos en el artículo 329 y 330 del Código Procesal Penal”, resolvió.

El excongresista formó parte del PP, agrupación que llevó a la presidencia a Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, ambos condenados por casos de corrupción. Durante ese gobierno, distintas investigaciones de la antigua FECI y la desaparecida CICIG revelaron estructuras que operaban dentro de instituciones públicas para favorecer intereses particulares mediante sobornos.
Con esta resolución, Urrea evita ser enviado a juicio por ese caso. No es el primero que obtiene un beneficio dentro de ese expediente, en el que Cruz ha optado por cerrar procesos. Aunque en algunos casos ha resuelto enviar a los señalados a debate, esas decisiones se han producido por orden de la Corte de Constitucionalidad (CC), que ha revocado resoluciones anteriores de la jueza.
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Impunidad
En 2019, la FECI y la CICIG expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud para el período 2012 a 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por 100 personas entre funcionarios públicos y particulares. El desvío aproximado detectado de fondos públicos oscila entre los Q55 millones.
La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la gestión de Consuelo Porras en el MP y la desarticulación de la FECI de Sandoval, una de las prácticas utilizadas para favorecer a los señalados de corrupción fue renunciar o buscar revocar a los acuerdos de colaboración eficaz. En este caso ocurrió. El exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios. Pero esta declaración luego fue anulada, favoreciendo a los acusados, y se ordenó que Estévez fuera juzgado como otro sindicado en el caso.
A esto se sumó que los antiguos fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI ni pudieron continuar la investigación, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en esa época.
Un fallo exprés
El pasado 5 de noviembre, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo conoció una apelación especial y revocó las condenas dictadas contra los exdiputados Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa, en el caso Asalto al Ministerio de Salud. Los magistrados anularon las sentencias y absolvieron a los tres exparlamentarios del delito de tráfico de influencias en forma continuada.
La condena de primera instancia había sido emitida el 3 de agosto por el Tribunal de Mayor Riesgo “D”, que encontró culpables a los tres exdiputados. Chavarría recibió una pena de siete años y 11 meses de prisión inconmutable; Arango, seis años y cuatro meses, también inconmutables; mientras que Sosa fue condenado a tres años y nueve meses de prisión conmutable, a razón de Q100 diarios. Además, los tres quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el tiempo de sus respectivas condenas.
Sin embargo, apenas tres meses después, la Sala resolvió dejarlos libres de los cargos por los que habían sido condenados. Los tres exdiputados eran los únicos sentenciados en este expediente, por lo que la decisión de los magistrados dejó sin efecto las únicas condenas que se habían conseguido en el caso de corrupción antes citado.
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