Stuardo Campo se opone a solicitud de juez para extender su encarcelamiento

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Créditos: Estuardo de Paz

La defensa del exfiscal anticorrupción se opone a una nueva prórroga de la prisión preventiva que considera injustificada. Los abogados argumentan que la medida ha perdido razonabilidad y proporcionalidad, mientras Campo se acerca a cumplir tres años privado de su libertad.

Por Alexander Valdéz 

La defensa del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, presentó una oposición ante la Sala Primera de la Corte de Apelaciones contra la solicitud de prórroga de la prisión preventiva que gestionó el juez Víctor Cruz, del Juzgado Décimo Penal, el pasado 6 de noviembre. Los abogados consideran que la petición no está debidamente fundamentada y que, por tanto, no existen razones suficientes para prolongar la medida de privación de libertad.

La defensa recuerda que el Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva no debe exceder un año, aunque permite solicitar prórrogas cuando sean necesarias. Sin embargo, estas deben estar justificadas. En el caso de Campo, quien el próximo 1 de diciembre cumplirá tres años bajo prisión preventiva, sus abogados consideran que mantener esa medida ya no es razonable, necesaria ni proporcional.

Como parte de sus argumentos, incorporaron la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que calificó de arbitraria la detención de Campo y recomendó al Estado de Guatemala adoptar medidas para reparar las violaciones a sus derechos humanos, incluida su inmediata libertad. La defensa espera que la Sala valore estos pronunciamientos y los estándares internacionales de derechos humanos para rechazar la prórroga solicitada.

“Estamos presentando una oposición a la solicitud de prórroga de la prisión preventiva que solicitó el juez A del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal el seis de noviembre de este año, antes de salir de vacaciones. Hay que recordar que el Código Procesal Penal establece que la prisión preventiva no puede durar más de un año. El Código establece que se pueden pedir las prórrogas que sean necesarias; sin embargo, la solicitud y la resolución de estas prórrogas deben estar debidamente fundamentadas. Nosotros, al hacer la consulta del expediente judicial, evidenciamos que se presentó esta solicitud y consideramos que esta no tiene los fundamentos necesario”, dijeron. 

Esa solicitud se planteó dentro del proceso conocido como Zolic, que, según la defensa, es el único expediente en el que Campo permanece bajo prisión preventiva.

Solicitud del juez Víctor Cruz a la Sala. 

Se cumplirán tres años en prisión 

Campo enfrenta tres procesos penales. En uno de ellos, relacionado con el caso Alfa7, permaneció en prisión preventiva durante casi dos años, pese a que inicialmente fue absuelto en juicio; la sentencia fue posteriormente anulada y está pendiente de resolverse la continuidad del proceso. Ahí el MP y la Fundación contra el Terrorismo lo acusó de haber solicitado una orden de captura contra una persona que no tenía vinculación alguna dentro del caso Alfa Siete; sin embargo, al ser homónima, procedieron a detenerla y permaneció privada de libertad por un plazo de 30 días.

En otro expediente, a cargo del Juzgado Décimo Penal, es señalado por incumplimiento de deberes y denegación de justicia, por supuestas anomalías en investigaciones sobre una estructura de defraudación tributaria en la Zona Libre de Santo Tomás de Castilla, en este aún tiene prisión preventiva.

A estos casos se suma una tercera acusación por presuntas irregularidades en la entrega del expediente del Libramiento de Chimaltenango, el hecho en concreto es haber perdido parte del expediente. La permanencia de la prisión preventiva en el caso Zolic ha impedido que las medidas sustitutivas otorgadas en el otro caso se traduzcan en su libertad. El próximo 1 de diciembre cumplirá tres años detenido. 

Antes de ser criminalizado, Campo estuvo al frente de investigaciones importantes contra la corrupción desde la Fiscalía contra la Corrupción, entre ellas el Libramiento de Chimaltenango, irregularidades en el Ministerio de Cultura, el uso de fondos públicos durante la pandemia y procesos que involucraron a exfuncionarios como Mynor Moto y Jimmy Morales.

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