El Consejo Superior Universitario, dirigido por Walter Mazariegos y su secretario Luis Fernando Cordón Lucero, iniciarán procedimientos disciplinarios buscando imponer sanciones a estudiantes, profesionales y trabajadores que rechazaron la imposición de Mazariegos como rector.
Por Alexander Valdéz
A través de redes sociales se hizo público un análisis jurídico compuesto por 55 páginas, y promovido por el Consejo Superior Universitario (CSU) dirigido por Walter Mazariegos y Luis Fernando Cordón Lucero, secretario general de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quienes buscan utilizarlo como respaldo para imponer sanciones administrativas contra estudiantes, profesionales y trabajadores que apoyaron el movimiento universitario que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector.
El dictamen menciona que el análisis jurídico sobre la procedencia de instaurar medidas disciplinarias se realiza a raíz de la “posible responsabilidad administrativa por la conducta de estudiantes, personal docente, trabajadores administrativos y de servicios en la irrupción, obstaculización e impedimento en el acceso al Campus Central, zona 12”.
En el documento se menciona al menos a 80 personas; entre estudiantes, personal docente y administrativo, que habrían respaldo el movimiento universitario. Incluso se incluye a actuales diputados como Raúl Barrera y Román Castellanos, quienes no tienen ningún vínculo laboral con la universidad.
En la conclusión del dictamen consta la viabilidad de “instaurar procedimiento disciplinario; en contra de los estudiantes, personal académico y trabajadores administrativos y de servicios”. Además, se recomienda que en caso se resuelva iniciar procedimiento disciplinario, el Consejo Superior Universitario debe conceder audiencia a los estudiantes, personal académico, trabajadores administrativos de servicios y personas sin relación laboral pero vinculados a esta casa de estudios así como, a las personas sin vínculo jurídico con la USAC.
Ante la posibilidad de que los estudiantes, profesionales o trabajadores sean sancionados, podrían enfrentar una expulsión o destitución según sea el caso. Previamente, en el informe se establece que los mencionados tendrán derecho de defenderse ante el CSU. “En caso se determine iniciar procedimiento disciplinario, el Consejo Superior Universitario debe conceder audiencia a los trabajadores administrativos y de servicios, identificados en este expediente administrativo, para que ejercite su derecho de defensa, de conformidad con el Artículo 12 y 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala”, indica.
3️⃣🧶Esa acción se sumaría al proceso penal que inició el Ministerio Público (MP) por denuncia y declaraciones de allegados a Mazariegos contra estudiantes, profesionales y trabajadores de esa casa de estudios.#AlertaUSAC🚨 pic.twitter.com/wM7IaSNZYs
En el informe se incluyó a estudiantes y profesionales que ya tienen órdenes de captura vigentes o un proceso penal por diferentes delitos. Entre ellos, Rodolfo Chang Shum, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Engelberth Gamaliel Blanco Telles, Javier de León, Diego Plutarco De León Prado, Adrián Camilo García Flores, y otros que no tienen vínculos con la USAC.
Un primer grupo de criminalizados ya están vinculados al caso por los delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales. En los últimos días el juez “A” del Juzgado Décimo Penal empezó una nueva audiencia de primera declaración para un segundo grupo de estudiantes, sindicalistas y profesionales que fueron vinculados al caso contra la resistencia universitaria.
En este segundo caso están señalados: Cindy Gabriela Dávila Morales, hermana del exdiputado Aldo Dávila; Hada Marieta Alvarado Beteta; Amílcar Enrique Bremer Ramírez; Kevin Alexander Junior Carrera Vielman; Juan José García Marroquín; Miguel Ángel Vásquez Rodríguez; Paulo Roulet Pellecer; y Andrea Nicole Prera De León.
El MP ha buscado que se les ligue a proceso por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición.
El viernes de la semana pasada, el rector de facto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos Biolis, se excusó de acudir al inicio del juicio en su contra por una demanda laboral presentada por una extrabajadora de esa casa de estudios con el argumento de padecer problemas de presión arterial alta.
La excusa médica fue presentada por su abogado Jorge Manuel Marroquín en el Juzgado Pluripersonal de Paz Penal en Torre de Tribunales, a cargo de la jueza Francisca Vásquez, quien conocerá el caso.
La excusa médica no fue conocida por el Juzgado ya que el abogado de Mazariegos también presentó una recusación en contra de la jueza Vásquez, señalando que en una audiencia previa ella había externado su opinión sobre el fondo del asunto.
Mazariegos enfrenta un juicio por desobediencia por no reinstalar a la extrabajadora de la USAC, Regina Carolina Morgan, quien trabajaba en el área jurídica de la USAC y quien lo demandó en un juzgado laboral.
El 14 de mayo 2023, se cumplió un año de la imposición de Walter Mazariegos como rector de facto de la USAC. Cuando el Consejo Electoral impidió la participación de 90 electores con el apoyo de la policía, grupos de choque y de agentes de una empresa de seguridad privada. Violentando principios de la autonomía Universitaria autorizaron y ratificaron una elección fraudulenta con 72 personas afines a Walter Ramiro Mazariegos Biolis, quienes pese al rechazo de decenas de universitarios ingresaron por otras puertas y votaron a su favor.
La acción se llevó a cabo a pesar de la serie de amparos y denuncias penales que, desde el 27 de abril de 2022, intentaron revertir la exclusión de 20 de los 34 cuerpos electorales legítimamente electos. También por la falta de idoneidad de Mazariegos para convertirse en rector, pues consta en denuncias que no contaba con los cinco años de ejercicio docente que establece la ley interna de la USAC.
A más de un año de este evento que sacudió a las principales organizaciones y agrupaciones universitarias y dieron paso a una de las resistencias más largas en la historia reciente de la USAC, el tema continúa judicializado por 21 recursos legales y amparos en varias cortes. Además, las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público han avanzado. La mayoría de estas fueron rechazadas y varias de ellas planteadas por las autoridades universitarias en contra de estudiantes y trabajadores.
Políticos vinculados a los partidos UNE, Nosotros y BIEN figuran en la terna titular electa en Petén, lo que ha causado descontento en sectores de la sociedad civil quienes piden la renuncia de sus representantes en el Codede.
Por Regina Pérez *
La tarde del viernes 23 de febrero el Consejo Departamental de Desarrollo (Codede) de Petén dio a conocer la terna que se le presentará al presidente Bernardo Arévalo en la que destacan dos candidatos vinculados a los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) de Sandra Torres; y Nosotros, fundado por Rudy Guzmán, yerno de Torres, quien en 2023 participó como candidato a la Presidencia.
Otros dos personajes que integran la terna también están vinculados a los partidos políticos BIEN y Humanista. El resultado final causó descontento en sectores de la sociedad civil de Petén que manifestaron que el proceso careció de transparencia y que se favoreció a candidatos sin idoneidad.
Los integrantes titulares de la terna quedó integrada así: Carlos Humberto Garrido Catalán, exalcalde de Santa Ana por la UNE (2019-2023); Gustavo Adolfo Díaz Díaz, exalcalde de La Libertad, Petén; y Carmencita Deyanira Luna Corado.
Antes de ser electo alcalde de Santa Ana, en 2015, con el partido LIDER, fundado por Manuel Baldizón, Garrido Catalán fue parte de la UNE. Además de haber sido jefe edil es empresario y participó como candidato a diputado por el partido Nosotros en las elecciones de 2023.
En tanto Gustavo Adolfo Díaz Díaz ganó la alcaldía de la Libertad, en 2019, con la UNE y buscó su reelección en 2023 con la misma organización política. A Díaz Díaz se le señala de tener vínculos con el diputado Benjamín Ipiña, del mismo municipio y según miembros de la sociedad civil esa cercanía podría haber tenido influencia en su inclusión en la terna.
La participación de Díaz en la política proviene desde 2007 como financista y, en 2011, cuando fue candidato a alcalde con el Partido Patriota. En La Libertad se le conocía por ser la mano derecha de Roxana Baldetti, exvicepresidenta de la República y sentenciada a dos casos por corrupción. El político también buscó la Gobernación, en 2016, durante el gobierno de Jimmy Morales.
En el caso de Luna, es empresaria y fue candidata en la primera casilla por el distrito electoral de Petén con el partido BIEN en las elecciones de 2023.
#AHORA 🚨 Dos exalcaldes figuran en la terna a gobernador de Petén
Titular 1️⃣ Carlos Humberto Garrido Catalán, exalcalde de Santa Ana
2️⃣ Gustavo Adolfo Díaz Díaz, exalcalde de La Libertad
Estos candidatos obtuvieron las calificaciones más altas del Codede con 87, 86 y 84 puntos respectivamente, donde el conocimiento de las potencialidades y problemáticas del departamento y la capacidad y experiencia en la administración fueron los aspectos con mayor ponderación, seguidos de visión estratégica y empatía con la participación ciudadana.
En tanto los suplentes electos son Félix Rodolfo Bran, quien fue candidato del partido político Humanista por el distrito electoral de Petén; Kendel Castellanos Chan, un abogado que laboró en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y Ronald Augusto Ligorría Girón.
Descontento de sociedad civil y alcaldes
El proceso de selección de la terna generó diversas críticas en los sectores de la sociedad civil. Algunos señalaron que la terna estaba anunciada e indicios de que los candidatos se eligieron con pagos de por medio y no por sus capacidades para desempeñar el cargo.
Luego de conocerse la terna, Juan José Paredes, alcalde de San Francisco, Petén y presidente de la Asociación de Alcaldes de Petén, señaló que incluso el exgobernador Rudel Álvarez, antes de que se anunciara la propuesta ya tenía conocimiento de quienes integrarían la terna y lo publicó en sus redes sociales.
Integrantes del CODEDE de Petén. Gobernación Departamental de Petén
“No estamos apoyando a ningún exalcalde”, señaló Paredes entre gritos de apoyo de los asistentes. “Ya no queremos más de lo mismo” y “no nos representan”, señalaban algunas pobladores y dirigentes comunitarios que asistieron y apoyaron la intervención de Paredes.
Según el alcalde Carlos Antonio Kuylen Morales, de San Benito Petén, el proceso se realizó sin transparencia. “Para el pueblo de Petén es una burla lo que se hizo”, afirmó.
Piden renuncia de representantes de sociedad civil en el Codede
Comunitarios de La Libertad de Petén se pronunciaron y pidieron la renuncia del gobernador y de los representantes de la sociedad civil en el Codede. “Estamos totalmente en desacuerdo con esa terna que ellos eligieron, sabemos que no es la correcta y el pueblo en general lo impugna (la terna)”, manifestaron en un video difundido en redes sociales.
“Si el señor presidente toma en cuenta esa terna estaríamos condenando 4 años más el departamento de Petén a intimidación, autoritarismo y a personas que velan por sus propios intereses”, manifestaron.
Los representantes de la sociedad civil que integran el Codede a quienes les han pedido la renuncia son:
Narciso Asij Cajbón, representante del pueblo maya Mopán; Mario Maquín, representante del pueblo maya Q’eqchi’; Marcos Joel Santiago Cortez, representante del pueblo maya Itzá; Pablo Antonio Carrera Castellanos, representante de las cooperativas que operan en el departamento de Petén; Gerardo Edmundo Solís Marshall, representante de las Asociaciones de Propietario de la Micro, Pequeña y Mediana Empresaria de Manufactura y Servicios de Petén; Mario Leonel Guillermo Ac, representante del Comité de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); Marco Antonio Guzmán y Lucas Caal Coc, representantes de las organizaciones campesinas de Petén.
Emilio Alberto Chiac Bol, representante de organizaciones de trabajadores de Petén; Noé Esteban López Gutiérrez, representantes de organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo de Petén; Argentina Osorio Azañón, representantes de Organizaciones de Mujeres de Petén; Henry Vásquez Kilkán, representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC); Héctor Enrique Yurrita Rivera, representante de las Universidades Privadas de Petén.
Un defensor de derechos humanos que conoce el proceso de selección quien habló a condiciones de mantener el anonimato, señaló que la Ley de Consejos de Desarrollo no contempla una participación más democrática de la población en el Codede, que ha quedado a disposición de personas afines a la corrupción.
El pueblo no puede monitorearlos y no se puede acceder de una manera transparente al Codede, ya que los Consejos Comunitarios de Desarrollo (Comude) no tienen participación en este espacio y son los que representan a las comunidades, indicó.
El presidente Bernardo Arévalo señaló este lunes que aún no conoce ninguna de las ternas que se han electo en los departamentos.
“Hemos sido claros que no vamos a nombrar a ninguna persona que no cumpla con las condiciones de idoneidad y honradez que justifiquen la confianza con la que se le pueden otorgar la coordinación de la labor del Ejecutivo a nivel local”, manifestó el mandatario.
Autoridades departamentales activaron la alerta anaranjada desde el fin de semana por los incendios reportados. La Municipalidad de Quetzaltenango prohibió los ascensos a volcanes y cerros hasta que se controle el fuego, que incluso, ponen en riesgo a población que vive en los alrededores.
Por Shirlie Rodríguez
Desde las 4 de la madrugada hasta que la luz del día alumbra, los cuerpos de socorro han trabajado desde este fin de semana en los cerros en donde se reportan incendios forestales activos y que avanzan en algunos terrenos de los municipios de Quetzaltenango.
El viento fuerte y el intenso sol de la época hacen que sea más difícil la tarea que realizan los Bomberos Voluntarios, guardabosques, personal del Ejército y otras instituciones, para detener el avance del fuego que consume área boscosa y también afecta a la flora y fauna.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), reportó ocho puntos en donde trabajan para atender esta emergencia que llevó a que Gobernación departamental activara la alerta anaranjada para que las instituciones estén atentas por la emergencia.
En Xela se reportaron dos incendios en los cerros Candelaria y Siete Orejas. En Zunil también en el parque Las Georginas y el cerro Pecul.
Además, se registran focos de fuego en la cumbre de Olintepeque; en el cerro Kum kum wutz, de Concepción Chiquirichapa; en el cerro Parraxquim, de Cantel; y en San Martín Sacatepéquez en un área boscosa que colinda con Xela.
Según el informe de las autoridades, en el cerro Candelaria se ha controlado en un 60% y en parque Georginas en un 70%. De los demás lugares aún no hay informe de las autoridades.
Foto de Conred
La Municipalidad de Quetzaltenango también tomó medidas para atender la emergencia, los cerros Siete Orejas y Candelaria están afectados desde el fin de semana y desde distintos puntos de la cabecera departamental se observan las columnas de humo. El Concejo también aprobó la activación de la alerta anaranjada a nivel local y se prohibieron los ascensos a cerros y volcanes de la localidad, hasta tener el control de los incendios.
Rony Álvarez, director de Gestión de Riesgos de la Municipalidad, dijo que en el cerro Candelaria se ha logrado controlar en un 60 por ciento, pero aún continúa la labor del personal de las distintas instituciones para mitigar las llamas que dañan hectáreas de bosque en el municipio.
Foto Letty Sacalxot
Por su parte, el Instituto Nacional de Bosques (INAB), que también participa en las reuniones que se realizan en el contexto de la alerta anaranjada en el departamento, informó que el desastre es una actividad atípica porque son varios puntos de incendio al mismo tiempo.
“Es atípico que simultáneamente se tienen cinco incendios (hasta el mediodía de este lunes 26 de febrero) activos, los más complicados en Candelaria, Siete Orejas y Zunil. Muchas veces los incendios quedan controlados pero al otro día hay nuevos focos, hacemos el llamado a que la población no encienda fuegos cercanos a los bosques que son los que nos brindan muchos beneficios”, dijo.
Detienen a dos presuntos responsables
El domingo 25 de febrero dos personas fueron detenidos en el municipio de Zunil, a quienes la población responsabilizó de ser los responsables de iniciarlo, según reporte de la Policía Nacional Civil (PNC).
Según la denuncia de la población, dos hombres de 62 y 45 años, fueron sorprendidos en el lugar cuando incendiaban un área que talaban de manera ilegal. La PNC les incautó una motosierra y 60 metros de leña.
A pesar de las dos detenidos, el INAB reportó que han determinado la causa de los ochos puntos en el departamento, pero agregaron que la temporada seca es peligrosa para las áreas boscosas y que coincide con roza, la época de preparación de terrenos para la siembra y en algunas ocasiones se descontrola la práctica.
Solicitan apoyo para atender incendios
La Brigada de Rescate de Occidente designó a 17 personas para realizar una brecha de más de 900 metros, con el objetivo de contener el avance del fuego y que afecte a más área boscosa en el lugar. Los guardabosques siguen trabajando en los incendios para apagar el fuego en el sector.
Foto de Brigada de Rescate Occidente
Para apoyar el trabajo del personal, se están realizando convocatorias para recaudar insumos. El colectivo de estudiantes Rescate del Centro Universitario de Occidente (CUNOC) a través de la Facultad de Ingeniería está solicitando a la población la donación de azadones, hachas, machetes, pero también máscaras con filtro de aire y botiquín de primeros auxilios para las brigadas de emergencia.
2️⃣🧶 En el Centro Universitario de Occidente estudiantes de la Facultad de Ingeniería realizarán una colecta de insumos para entregar al personal de socorro que trabaja en las áreas afectadas.#IncendiosForestales ⚠️ pic.twitter.com/A5D9TuwRFO
La Quinta Compañía de Bomberos Voluntarios en la cabecera de Quetzaltenango también fue habilitada como un centro de acopio porque se requieren de herramientas como motosierras, lentes y cascos de protección, guantes de cuero y linternas. Además comida enlatada, barras energéticas, agua y mantas térmicas.
El próximo jueves está programado que inicie la audiencia de apertura a juicio contra los exfuncionarios y particulares que fueron acusados por la FECI y la CICIG de formar parte de una estructura criminal que sustrajo fondos del Ministerio de Salud.
Por Alexander Valdéz
La jueza de mayor riesgo “D” Abelina Cruz Toscano tiene previsto llevar a cabo, este 29 de febrero, la audiencia de apertura a juicio contra los acusados en la investigación conocida como “Asalto al Ministerio de Salud”, que develó una estructura criminal que entre el 2012 y 2014, había cooptado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En esa audiencia, la jueza debe analizar los medios de investigación que recabó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, y resolver si los acusados enfrentarán o no juicio por delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción, fraude y falsedad ideológica.
A esa diligencia comparecerá los exdiputados Estuardo Galdámez, Ronald Arango y Luis Fernando Pérez, además, Cándida Saraí Villavicencio, Marco Antonio Lemus Salguero, Humberto Leonel Sosa, entre otros. En esta investigación más de 84 personas fueron señaladas de actos de corrupción en esa entidad del Estado.
Fuentes cercanas al caso informaron a Prensa Comunitaria que, como en otros procesos, se buscará cerrar la investigación a favor de los exfuncionarios vinculados, dejar sin efecto el acuerdo de colaboración eficaz y ordenar una investigación contra los fiscales que conocieron la pesquisa.
Diapositivas del caso de FECI y CICIG
“En el caso de los pagos ilícitos en hospitales hay variantes. Acá entran a participar de las comisiones ilícitas otros funcionarios, como diputados, un gobernador y alcalde, quienes en algunos casos también colocan la empresa constructora. Se calcula que al menos Q17 millones fueron recibidos en concepto de comisiones ilícitas por obras de reposición y reparación; en el caso de la construcción de hospitales nuevos las coimas pactadas ascendieron a Q36 millones”, indica la acusación.
Una investigación que no avanzó
En 2019, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud durante el período 2012 al 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la etapa de apertura a juicio, el MP contará con el análisis de informes policiales de investigación; de análisis criminal y financieros, de la Contraloría General de Cuentas; 8 horas de grabación de conversaciones; 37,211 correos electrónicos analizados; un colaborador eficaz dentro del caso; declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron de lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100.000 folios.
En la investigación, el exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios.
Los fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en Guatemala.
Polémicos fallos
Hace dos semanas, la jueza Cruz Toscano conoció la audiencia de apertura a juicio contra el empresario farmacéutico, Gustavo Alejos y su esposa Beatriz Jansa Bianchi, ambos acusados de lavado de dinero en el expediente conocido como “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”. Pero fueron beneficiados con el cierre de la investigación, pese a las pruebas recabadas durante la pesquisa de la FECI y la CICIG.
Además, la misma jueza fue quien conoció la solicitud de aceptación de cargos del exministro José Luis Benito, a quien benefició con la modificación de la acusación y le impuso un delito menor al que inicialmente tenía, lo que le ayudó a obtener una condena de solo dos años.
Existen varios factores que fueron claves para que Bernardo Arévalo y su partido ganara estas elecciones presidenciales 2023: el hartazgo a la corrupción y al modelo de partidos tradicionales, el voto razonado, la lucha contra la corrupción que la gente quiere dar y la movilización de la ciudadanía y de los pueblos indígenas para defender la democracia. La sorpresa dada por el binomio del partido Movimiento Semilla en julio pasado echó por la borda todos los planes del Pacto de Corruptos, que había pensado en todo para lograr una elección controlada para que alguno de sus candidatos lograra la Presidencia sin encontrar obstáculos.
Por Prensa Comunitaria
El 20 de agosto de 2023 será recordado en Guatemala como el día en que Bernardo Arévalo de León consumó una de las victorias más sorprendentes en la historia de las elecciones generales del país, al ganar en segunda vuelta la Presidencia de la República imponiéndose a todo el sistema político institucional cooptado por el pacto de corruptos y Alejandro Giammattei.
La ciudadanía guatemalteca llegó a la campaña electoral cansada de la forma de gobernar de la clase política tradicional. Ocho millones 415 mil 471 personas estaban habilitadas para votar. Los grupos de poder alrededor del expresidente reforzaron el modelo clientelar, corrupto e impune en el que el mandatario de turno hacía negocios para obtener beneficio personal, y repartía otros a financistas de campaña, diputados del Congreso, gobernadores, alcaldes y amigos..
Los guatemaltecos se hartaron de casos como la compra de vacunas Sputnik V para la pandemia de la COVID-19 a Rusia, el caso de “Alfombra Mágica” en que empresarios mineros rusos de Mayaniquel/Telf Ag entregaron un soborno a Giammattei, la repartición de obra pública a constructoras vinculadas a diputados afines al oficialismo y financistas del mandatario y la persecución judicial contra fiscales anticorrupción y periodistas .
Durante el proceso electoral, el ambiente fue de completa desconfianza, debido a la cooptación de instituciones realizada por el presidente y su entorno. La captura incluía en ese momento al Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo que la fase de postulaciones e inscripciones se vio afectada al punto que hubo candidaturas presidenciales no afines al oficialismo y que generaban ruido al sector empresarial que fueron bloqueadas y anuladas.
A ello se sumó que los magistrados del TSE actuaron con poca transparencia en la conformación de las Juntas Electorales Departamentales (JED) y Municipales y que avalaron compras como el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) o la adquisición a un diputado oficialista del mobiliario para ser utilizado el día de las elecciones.
La presencia de rostros n repetitivos en las elecciones como Sandra Torres, Zury Ríos o Manuel Conde, con candidaturas presidenciales que representan la continuidad de “más de lo mismo”, generaron hartazgo dentro de la población, que decidió mediante su voto castigar a la clase política tradicional y optó por una agrupación de corte socialdemócrata que surgió en 2015 tras las manifestaciones en las plazas de todo el país que obligaron a renunciar al entonces presidente Otto Pérez Molina.
En las encuestas de medición de intención de voto, el binomio del Movimiento Semilla nunca fue posicionado entre los partidos punteros. En la última encuesta realizada por la empresa ProDatos para Prensa Libre antes de la primera vuelta, Arévalo fue situado en el octavo lugar, con una intención de votos de 2.9 por ciento.
Pero la gran sorpresa se dio: Bernardo Arévalo de León se coló a la segunda vuelta, sorprendiendo a propios y extraños tras obtener el 15.4 por ciento de los votos válidos, solamente superado por Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien recibió el 20.9 por ciento en la primera vuelta electoral.
Posteriormente, en la segunda ronda de elecciones realizada el 20 de agosto, Arévalo alcanzó el 60.0 por ciento de los votos válidos mientras que Torres cayó a un 39 por ciento, perdiendo por tercera vez las elecciones presidenciales de manera consecutiva.
Arévalo, un diputado y diplomático desconocido para las mayorías
En las elecciones generales de 2019, Bernardo Arévalo fue elegido como diputado al Congreso de la República por el Listado Nacional por el partido Movimiento Semilla, llegando a ser el jefe de bancada de esta agrupación.
Su función como legislador fue más que discreta en esos años. La página web del Congreso detalla que en sus casi cuatro años como parlamentario, solamente fue ponente de tres iniciativas de ley.
El 8 de octubre de 2020 presentó, junto a otros diputados una propuesta de ley para modificar el decreto 6-2003, “Ley de Protección al Consumidor y Usuario”. El 18 de noviembre de 2021, junto a otros legisladores entregó un proyecto para aprobar una “Ley de Farmacias Públicas de Guatemala”. Y el 18 de julio de 2022 presentó junto a otros colegas suyos una iniciativa que dispone aprobar la “Ley para la Atención Integral del Cáncer”.
Ese paso discreto por el Organismo Legislativo puede ser una de las respuestas del por qué la candidatura de Arévalo no fue atacada por la clase política gobernante y por sectores económicos que integran el pacto, liderados por el presidente Alejandro Giammattei. Bernardo y Semilla no fueron considerados un riesgo. Cuando la primera vuelta electoral del 25 de junio de 2023, muy pocos conocían su trayectoria o logros académicos.
Arévalo es hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo y Margarita de León. Nació el 7 de octubre de 1958 en la ciudad de Montevideo, Uruguay durante el exilio de sus padres y en la actualidad está casado con la Dra. Lucrecia Peinado. Posee estudios superiores en la Universidad Hebrea de Jerusalén y la Universidad de Utrecht en Países Bajos, como se describe en un perfil laboral presentado en 2015 ante Interpeace.
En la década de los años 80 ingresó al servicio diplomático de Guatemala por intermediación de la familia García Granados. Se desempeñó como primer secretario, cónsul y ministro Consejero en la embajada de Guatemala en Israel. Además ocupó cargos de director de Política Exterior Bilateral, director general de Relaciones Bilaterales Internacionales y director general de Relaciones Económicas y Multilaterales Internacionales en la Cancillería guatemalteca, tal como lo perfilaba el periódico El País de España.
En la administración de Ramiro de León Carpio, fue viceministro de Relaciones Exteriores y posteriormente fue designado como embajador de Guatemala en España. Estos datos empezaron a conocerse a menos de una semana de las elecciones generales.
El candidato invisible de las encuestas
Arévalo ganó su pase a la segunda vuelta con casi 640 mil votos contra 815 mil que obtuvo Sandra Torres. El voto de Semilla se concentró en el departamento de Guatemala, donde obtuvo el 54 por ciento de sus votos, y en ciudades grandes como las de Chimaltenango, Sacatepéquez y Quetzaltenango.
Edgar Monzón, director de la encuestadora ProDatos, explicó el 28 de junio en una entrevista a Prensa Libre algunos factores por los que Arévalo dio la sorpresa que lo llevó a la segunda vuelta contra Sandra Torres, pese a que en la medición publicada por dicho medio el 22 de junio, el binomio presidencial de Semilla figuraba en el puesto 8 de la intención de voto ciudadano.
El ejecutivo de la encuestadora destacó que la estrategia de Semilla de apostarle a las comunidades digitales tuvo un eco importante en el área metropolitana y el departamento de Guatemala. “Las comunidades digitales funcionaron mucho más fuerte entre jóvenes que son mucho más activos digitalmente”, acotó.
“La penetración de internet es altísima en Guatemala, 80 por ciento a través de celulares con datos y muchas empresas dan como parte de su paquete acceso gratuito a Tik Tok y WhatsApp. Entonces creo que la velocidad de conocimiento se pudo incrementar, y se entiende más cuando los esfuerzos de Semilla se centran sobre un área como la capital, que tiene una velocidad de comunicación digital más fuerte y de ahí nacieron el 55 por ciento de sus votos”, explicó en esa ocasión Monzón.
En Guatemala actualmente circulan 10 millones de celulares en todo el país, es decir que en promedio por cada persona se podría estar usando dos celulares y las redes sociales e internet acercan más información a la ciudadanía, incluso en regiones de las provincias.
La encuesta publicada por Prensa Libre en abril de 2023 indicaba que Arévalo tenía un nivel de conocimiento en la población de 15.3 por ciento y para la última encuesta publicada antes de la primera vuelta, su nivel de conocimiento pasó a ser del 27 por ciento a nivel nacional. En la ciudad capital pasó del 27 al 46 por ciento. Monzón afirmó en la entrevista a Prensa Comunitaria que el Foro “Yo Soy Samuel” le dio mucha exposición mediática.
Pero ¿por qué la encuesta no reflejó esos datos? La respuesta parece estar en los efectos post levantamiento de los datos, señala Monzón.
Los datos de la encuesta fueron obtenidos del 5 al 14 de junio. Los resultados de dicha medición fueron publicados el 22 de junio, a tres días de la primera vuelta electoral.
Monzón señala que el 10 de junio el candidato del partido Cabal, Edmond Mulet, uno de los que encabezaba las encuestas cuando ellos recabaron los datos, realizó un giro en su comunicación que no concordaba con la imagen seria que había proyectado. Mulet empezó a ser atacado en redes sociales y a partir de esa fecha empezó su caída en las mediciones.
En esos mismos días, el partido Movimiento Semilla empezó a presentarse como el candidato “diferente” y a señalar a los otros como los candidatos corruptos, enfatizando el eslogan del primer presidente de la Revolución de 1944 y padre de Bernardo Arévalo, Juan José Arévalo: “Viva Arévalo”.
Algunos analistas y personas consultadas por Prensa Comunitaria señalan que la intención de votar por el binomio y los candidatos de Semilla se intensificó el 24 de junio, apenas 24 horas antes de la primera vuelta.
La información empezó a circular por comunidades y grupos de WhatsApp (aplicación de mensajería instantánea). Los videos de Semilla en donde llamaban a convencer a 5 amigos a votar por Arévalo empezaron a ser enviados por personas jóvenes hacia sus familiares mayores.
“Es hora de sacarle el +5 a los corruptos. Este domingo súmate al reto de llevar a 5 personas a ejercer su voto y darle un futuro diferente a este país”, señalaba una de las cadenas enviadas por la red de mensajería.
Una de las personas consultadas por Prensa Comunitaria señaló que el sábado 24 de junio decidió ir a votar por el partido Semilla y logró convencer a 20 de sus familiares para ir a votar al siguiente día.
Otra persona del departamento de Jutiapa, en el oriente guatemalteco, señaló que el partido Semilla sí era conocido y lo identificaban por los candidatos que se postulaban a alcaldes y diputados por dicho departamento, pero el binomio presidencial no llamaba mucho la atención.
Según el testimonio de esta persona, al principio había tomado la decisión de votar por Roberto Arzú, luego al quedar fuera decidió votar por Carlos Pineda, pero él también quedó fuera de la contienda. Al quedarse sin candidato había decidido ya no ir a votar, sin embargo, dos días antes de la elección conoció a Bernardo Arévalo como candidato presidencial por medio de historias en WhatsApp. Los videos eran compartidos por la novia de uno de sus primos (una joven de 25 años).
Los ataques del oficialismo en contra de candidaturas que consideraron peligrosas, sumado a que el voto antisistema castigó al candidato del partido VOS, Manuel Villacorta -un candidato de oposición- por aliarse con Roberto Arzú un candidato de derecha, hizo que la gente buscara la única opción democrática que quedaba, corriendo la mirada hacia Bernardo Arévalo y Karín Herrera, una profesional universitaria que acumula una buena aceptación en la comunidad universitaria.
La alteración del tablero
Varios analistas señalan que el voto antisistema había quedado en el aire luego que no se permitiera la participación del binomio del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP), Thelma Cabrera y Jordán Rodas. Cabrera llegó a un cuarto lugar en las elecciones presidenciales pasadas y Rodas acumuló el respaldo de la lucha contra la corrupción, además de su reciente candidatura a Rector de la Universidad de San Carlos.
También salieron de la contienda el candidato del partido Podemos, Roberto Arzú, y Carlos Pineda, candidato por el partido Prosperidad Ciudadana, quien había crecido como la espuma en las redes sociales y formaba parte de la estrategia vinculada a la alianza oficial dirigida por el Pacto de Corruptos, pero que se convirtió un una pieza sin control para el pacto.
Gustavo Berganza, sociólogo, expresa que el Movimiento Semilla “logró capitalizar en las urnas el descontento existente en contra del establishment político y que era perceptible en las encuestas en donde se reflejaba la poca popularidad del gobierno de turno”.
“Creo que la cancelación de candidaturas como la de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, la de Roberto Arzú y la de Carlos Pineda, fueron un detonante electoral que benefició a Bernardo Arévalo, porque el electorado buscaba una opción que no fuera parte de la política tradicional que venía reciclándose desde hace varios años”, indica Berganza.
Efectivamente, un común denominador entre los presidenciables del MLP y Podemos es que eran candidatos punteros en las encuestas de opinión pero no formaban parte de la alianza que gobernaba con el presidente Giammattei e incluso eran críticos a su gestión.
En enero de 2023, la inscripción de Cabrera y Rodas fue rechazada por el Registro de Ciudadanos del TSE bajo el argumento de que al entonces vicepresidenciable le aparecían cargos jurídicos y una denuncia ante la Contraloría General de Cuentas (CGC), por lo que el finiquito presentado al momento de su inscripción no tenía validez.
Por su parte, la inscripción de Roberto Arzú y David Pineda como binomio presidencial del partido Podemos fue revocada en febrero por el pleno de magistrados del TSE tras declarar con lugar un recurso de nulidad presentado por la agrupación FCN-Nación, quien argumentó que Arzú había incurrido en campaña anticipada y Podemos había incumplido con el pago de una multa de US$50 mil.
En mayo, el TSE anuló las acreditaciones de Carlos Pineda y todos los candidatos a cargos de elección popular del partido Prosperidad Ciudadana luego de que la Sala Sexta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo otorgara un amparo a la agrupación Cambio que impugnó una de las asambleas nacionales de Prosperidad Ciudadana.
Prosperidad Ciudadana había postulado para cargos de elección popular a diversas figuras políticas que están vinculadas al narcotráfico. Entre ellas destacaban las candidaturas a diputados de Freddy Arnoldo Salazar Flores (con orden de extradición hacia los Estados Unidos) y Elisa Judith Mejía Salazar de Rozotto, vinculados a la estructura criminal de Los Huistas que opera en Huehuetenango.
También había postulado como candidatas a diputadas en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) a María Judith Flores Porras, madre de Freddy Salazar y a Danury Lizeth Samayoa Montejo, esposa del extraditable. Incluso Lilian Piedad García Pineda, secretaria de Prosperidad Ciudadana, tiene señalamientos que la vinculan con el narcotraficante Otoniel Turcios Marroquín, que en 2010 fue extraditado a los Estados Unidos para ser juzgado.
La anulación de la candidatura de Pineda ocurrió días después de que Prensa Libre publicara una encuesta en la que el presidenciable de Prosperidad Ciudadana se encontraba liderando la intención de voto por encima de Sandra Torres, Edmond Mulet, Zury Ríos y Manuel Conde.
El bloqueo de candidaturas presidenciales consideradas una amenaza a la clase política dominante tuvo un efecto de silencio en los otros aspirantes a gobernar, quienes ya sea por alianza o por temor a correr con la misma suerte, optaron por no criticar las acciones antidemocráticas del gobierno de Giammattei y del TSE, y por no denunciar el continuum de los actos de corrupción.
Para Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, ese fue otro factor que resultó importante y que benefició a Bernardo Arévalo: “A diferencia de otras agrupaciones políticas el partido Semilla siempre manejó un discurso anticorrupción”.
“Queda claro que durante la campaña electoral la gente no deseaba elegir a alguien que tuviera señalamientos de corrupción o que fuera aliado de corruptos. Semilla fue uno de los pocos partidos que durante la campaña electoral transmitió un mensaje contra la corrupción y eso los dibujó como un partido que no formaba parte del Pacto de Corruptos”, comenta Marroquín.
Otro aspecto que benefició a Semilla y Arévalo fue que sus candidatos no eran políticos conocidos o reciclados de otras agrupaciones políticas, ni que hubieran estado vinculados a casos de corrupción. Las caras más visibles de las candidaturas estuvieron representadas por jóvenes.
Finalmente, el partido Semilla posicionó la imagen de su presidenciable como alguien diferente, preparado y honesto en comparación al resto de candidatos que competían junto a él por la Presidencia, a quienes tacharon de corruptos y parte de la política tradicional.
Además, jugó a su favor la identificación con la primavera democrática en la que gobernó su padre el Dr. Juan Jose Arevalo Bermejo, luego del triunfo de la Revolución de Octubre de 1944 que puso fin a la dictadura de 20 años del general Jorge Ubico.
Manejo de las redes sociales
Un tercer factor que resultó clave y que ayudó a Bernardo Arévalo fue la estrategia de comunicación -con poco desarrollo- y el manejo que el Movimiento Semilla tuvo en redes sociales, especialmente en Tik Tok.
Roberto Alejos, ex constitucionalista y ex presidente del Congreso, dice que es la primera vez que observa que “una campaña electoral se decide a través de redes sociales y no por medio de los medios de comunicación tradicionales”.
“La campaña electoral ya no se decide en la radio, en la televisión o en los periódicos. Ahora el tema es digital con los videos cortos, los reels y los podcasts. Existe una nueva forma de comunicación con el mundo, especialmente con los jóvenes. Semilla enfocó su estrategia allí y los resultados están a la vista al haber captado la mayoría del voto joven”, explica Alejos.
Los estrategas de Arévalo supieron aprovechar las redes sociales para difundir su mensaje y conectar con el electorado más joven, especialmente en Tik Tok. En dicha red social el presidente electo tiene más de 725 mil seguidores y 12,1 millones de Me Gusta. En sus videos, Arévalo muestra su lado más humano, comparte sus propuestas, denuncia la corrupción y llama a la movilización ciudadana. Su campaña también utilizó otras redes como X, Facebook e Instagram.
El suicidio político de Manuel Villacorta (VOS)
Otra de las decisiones sorpresivas de la campaña electoral de 2023 fue la que tomó Manuel Villacorta de apoyar públicamente a Sebastián Arzú (Podemos) para alcalde de la ciudad capital a pocos días de la elección.
Manuel Villacorta, el presidenciable del partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) había tenido un crecimiento respetable en las encuestas de medición de voto y era uno de los pocos candidatos que disputaba el voto antisistema del electorado..
Tras la salida del binomio del MLP, Roberto Arzú y Pineda de la contienda electoral y del inesperado giro de comunicación de Edmond Mulet a quien empezaron a vincular con el Pacto de Corruptos, muchos empezaron a ver en Villacorta una opción.
“A Villacorta no lo sacaron (de la contienda electoral) sino que él se sacó solo. Prácticamente se suicidó (políticamente) solo dos días antes de las elecciones. Esa acción de Villacorta puede que le haya sumado tres o cuatro puntos a Arévalo que le sirvieron para meterse a segunda vuelta”, opina Manfredo Marroquín.
La razón de su desplome político pudo ser el polémico video que publicó Sebastián Arzú en sus redes sociales el 23 de junio (dos días antes de celebrarse la primera vuelta) en la que Villacorta decía estar sorprendido por la capacidad (de Sebastián Arzú) de entender los problemas que debía atender la ciudad capital y expresaba que Sebastián podía ser una excelente opción para alcalde de la ciudad de Guatemala.
Dicho video desencadenó múltiples críticas en las redes sociales debido al rechazo que existe sobre el control que el arzuísmo mantiene sobre la Municipalidad de Guatemala desde 1985, habiendo sido incapaces de solucionar problemas de servicios básicos y movilidad de los capitalinos.
“Villacorta se metió a hablar cosas que no le favorecían entre los jóvenes, a pesar que su caudal era ese segmento de la población y el golpe de gracia de desencanto fue el apoyo que le dio a la candidatura de Sebastián Arzú, quien no tiene el carisma del papá”, resume Berganza.
El día de la elección, Villacorta obtuvo un séptimo lugar al captar el 5.62 por ciento de los votos emitidos para la Presidencia y Arzú obtuvo el 4.25 por ciento de los votos para la alcaldía capitalina.
Con la elección al borde de la derrota, el pacto se lanza al golpe de Estado
Tras los resultados de la primera vuelta, la respuesta de las élites y del pacto de corruptos fue radicalizarse a tal punto de promover un golpe de Estado. No fue un golpe de los tradicionales en América Latina, pues el ejército guatemalteco se mantuvo alejado hasta el día de hoy de las intentonas y llamados de varios grupos que respaldan el golpe.
En el golpe intervinieron diferentes organismos e instituciones del Estado, como la Presidencia, el Ministerio Público (MP), los Tribunales de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el sector empresarial y los partidos políticos aliados al oficialismo.
El golpe lo protagonizaron el Ministerio Público y el organismo judicial a través del juez Fredy Orellana, que intervinieron en el proceso electoral, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad no frenaron la intervención y permitieron que el MP judicializara con varios casos penales a trabajadores del TSE, a estudiantes, docentes, trabajadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala a integrantes del partido Movimiento Semilla, incluso busca alcanzar al presidente y a la vicepresidenta del país.
Agrupaciones políticas como Vamos, UNE, Cabal, Valor, Podemos, Creo, Cambio, Azul y Mi Familia, accionaron ante la Corte de Constitucionalidad (CC) por supuestas inconsistencias entre los resultados publicados por el TSE y las actas de las Juntas Receptoras de Votos.
La CC resolvió en ese momento que el TSE suspendiera la oficialización de los resultados de la primera vuelta y que todas las Juntas Electorales debían convocar a nuevas audiencias para revisión de votos para que se cotejaran todas las actas y se corrigieran posibles inconsistencias.
Al realizar dichas audiencias de revisión los fiscales de los partidos denunciantes no pudieron comprobar la existencia de errores en los resultados dados a conocer por el TSE.
Entre la primera y segunda vuelta, el Ministerio Público inició una persecución judicial en contra del Movimiento Semilla y sus dirigentes. Con la colaboración del juez Fredy Orellana, la FECI logró que dicha organización política fuera suspendida por un caso de firmas falsas durante su constitución.
Al mismo tiempo que el MP y las Cortes llevaban a cabo su embestida legal, los pastores evangélicos y sectores ultraconservadores del país llevaron a cabo una campaña de desprestigio en contra de la figura de Arévalo y el partido Semilla.
Sin embargo, ni los intentos del MP ni las campañas negras impidieron que el 20 de agosto, en segunda vuelta, Arévalo, alcanzaría la victoria al obtener el 58 por ciento de los votos válidos sobre el 37 por ciento que obtuvo Sandra Torres, según los resultados finales del TSE. .
Transición tormentosa
Arévalo y su partido Movimiento Semilla fueron cuesta arriba para tomar posesión en el nuevo gobierno de Guatemala, pues el 14 de enero las fuerzas que cogobernaron junto a Giammattei y que promueven el golpe de Estado continuaron con la intentona.
Dilataron la sesión de cierre de la IX Legislatura y trataron de imponer la nueva junta directiva en el Congreso, para que Sandra Jovel, excanciller de Jimmy Morales, fuera la punta de lanza del pacto de corruptos y evitara que Bernardo Arévalo tomara posesión.
Todo el período de la llamada transición (desde que ganaron la segunda vuelta el 20 de agosto hasta el 14 de enero) estuvo marcado por numerosos intentos de anular los resultados de las elecciones generales.
El Ministerio Público de Consuelo Porras junto al presidente Alejandro Giammattei y los partidos que tienen representación en el actual Congreso de la República llevaron a cabo numerosas maniobras tanto legales como políticas para impedir que Bernardo Arévalo, Karin Herrera y los diputados electos de dicho partido asumieran.
Los intentos han ido desde el montaje de casos judiciales a los dirigentes de Semilla, allanamientos a las sedes del Tribunal Supremo Electoral, retiro de la inmunidad a cuatro magistrados titulares del TSE por negarse a continuar con el plan presidencial de desconocer los resultados electorales, boicot al Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación 2024, y amedrentar en contra de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad por no resolver como la presidencia pretende.
Sin embargo, hasta ahora todos los intentos de sabotaje del MP, la Presidencia de Giammattei y los actuales diputados fracasaron, en buena medida gracias a que la ciudadanía se movilizó en las principales ciudades del país desde la intervención del MP en distintos recintos electorales y se diera el inicio de los plantones frente a la sede central del MP en el Barrio Gerona.
Las primeras movilizaciones en rechazo a los actos ilegales del MP se mostraron con estudiantes universitarios de la San Carlos y de la Rafael Landivar que se lanzaron a las calles a proteger la integridad de las cajas electorales y los resultados.
Las manifestaciones ciudadanas tomaron mayor fuerza con el llamado de varias alcaldías indígenas del país a realizar un paro nacional indefinido y a exigir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.
Así dieron inicio las tomas de carreteras que ocurrieron en octubre pasado por iniciativa de la Junta Directiva de los 48 Cantones, la alcaldía indígena Ixil, autoridades indígenas de Sololá, Chichicastenango, el Parlamento Xinka, entre otras. Fueron acuerpadas por organizaciones sociales, estudiantes universitarios, mercados cantonales y la ciudadanía en general, que salió a exigir a las autoridades que respetaran los resultados electorales y la democracia en el país.
A partir de estas manifestaciones, la comunidad internacional, principalmente Estados Unidos y la Unión Europea (UE), jugaron un papel fundamental para detener las intenciones de no dar posesión al binomio presidencial y diputados electos del Movimiento Semilla. Las sanciones que han impuesto van desde el retiro de visas, aplicación de la Ley Global Magnitsky y condenas internacionales.
Otro de los intentos por anular las elecciones se realizó el 30 de noviembre, cuando el Congreso, con más de 108 votos, despojó de su inmunidad a cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, quienes horas después abandonaron el país por considerar que no existían las condiciones para un juicio justo. Tras esta acción, Estados Unidos anunció el retiro de visas a más de 100 diputados.
Analistas consultados señalan que con dicha acción y el nombramiento del nuevo embajador de dicho país en Guatemala no habría ninguna acción más que afecte la toma de posesión de Arévalo y Karin Herrera. Sin embargo, aunque la Corte de Constitucionalidad haya otorgado un amparo para garantizar la transición deja abierta la puerta para que el Ministerio Público continúe con sus acciones en contra del proceso electoral y de los integrantes del partido Movimiento Semilla.
A un mes de la toma de posesión el presidente Arévalo y con el nuevo gabinete en funciones, el Gobierno comienza a dar algunas luces sobre la depuración dentro del Estado y la continuidad de la lucha contra la corrupción, en un estira y encoge frente a la resistencia de la fiscal general Consuelo Porras quien se niega a renunciar, esto en contradicción con el nombramiento en puestos del gobierno de cuadros opacos que vienen de los gobiernos anteriores.
Tal parece que el nuevo Gobierno deberá seguir lidiando con las acciones antidemocráticas e ilegales por un lado del MP y por el otro, de la burocracia en la que el pacto logró acumular espacio y recursos. Sumado al sinsabor de la sociedad civil y de los pueblos indígenas que no ven representada toda la fuerza de la lucha contra el golpe de Estado en esos puestos de dirección del gobierno.
A lo largo del 2023 como año electoral fueron cerrándose uno por uno los casos más importantes sobre corrupción llevados a las Cortes. Las emblemáticas investigaciones que evidenciaron la conformación de estructuras criminales y de robo de recursos estatales incrustadas en las instituciones públicas han pasado a ser archivadas. Entre ellas, figura el caso de la Cooptación del Estado, uno de los procesos que alcanzó a empresarios, políticos y exfuncionarios del desaparecido Partido Patriota, incluido el expresidente Otto Pérez Molina, a quienes se señaló de beneficiarse con más de Q900 millones en sobornos.
Por Prensa Comunitaria
Durante el 2023 arrecia la persecución contra abogados, fiscales y jueces que lideraron la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. En cambio, con la continuidad de la fiscal general y el nuevo jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, las investigaciones que evidencian cómo estaban incrustadas las redes criminales en las instituciones del Estado empezaron a caerse.
La toma de la Fiscalía
¿Cómo avanzó la toma del sector justicia y la liberación de actores corruptos? Responder no es sencillo, hay que volver en el tiempo y retroceder hasta el año 2017, cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió declarar persona non grata y expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez , actual ministro de la defensa de Colombia.
En el anuncio de la expulsión del comisionado, Morales estuvo acuerpado por políticos, militares y empresarios que buscaban evitar el avance de las investigaciones por corrupción que se desarrollaban en la FECI y CICIG.
Las estructuras corruptas que buscaban revertir los procesos iniciados en las Cortes que los habían dejado al descubierto, encontraron en el caso en el que se perseguía al hijo y al hermano del entonces nuevo presidente de la República una razón suficiente para hacerle creer que él también podría correr la misma suerte.
Este fue el punto de partida para lograr la codiciada “amnistía” para actores corruptos y corruptores. Prohibir ilegalmente la entrada al país de Velásquez sólo fue el primer paso, los siguientes se concretaron en mayo de 2018 con el nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público (MP) y con la no renovación del mandato de la CICIG..
Porras se encargaría de dirigir y ejecutar el plan para permitir que los casos e investigaciones se detuvieran, y que fueran llevados a prisión quienes encabezaron los procesos penales por casos de alto impacto y corrupción. .
Con su llegada empezó la cooptación del Ministerio Público, especialmente de la FECI y la Fiscalía de Asuntos Internos. En la actualidad son las dos fiscalías utilizadas para perseguir y criminalizar a jueces, abogados, periodistas y activistas de derechos humanos.
El 23 de julio de 2021, a Porras no solo le bastó con pedir la captura y frenar la candidatura de la exfiscal Thelma Aldana. Ese mismo día, Porras evidenció sus verdaderas intenciones al destituir al entonces jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval, y tomar el control con fiscales aliados de las investigaciones emblemáticas que habían servido para evidenciar cómo funcionaban las estructuras criminales a lo interno del Estado.
Con la salida de Sandoval el plan avanzaba: la titular del MP tenía ya tenía a su disposición todos los expedientes que alcanzaban a empresarios, funcionarios y exfuncionarios procesados o investigados por actos de corrupción.
Pero la destitución y la persecución del exjefe de la FECI no fue la única tarea. Tras la salida de Sandoval, uno a uno, los fiscales que buscaron luchar contra la corrupción e impunidad fueron destituidos y obligados a exiliarse o pasar por una celda en una cárcel paradójicamente diseñada para las personas que ellos investigaban.
El retroceso en los casos contra la corrupción y la estrategia para archivarlos siguió su camino de la mano del nuevo gobierno dirigido por Alejandro Giammattei como presidente de la República y que logró cooptar los otros dos poderes: Legislativo y Judicial. La alianza de varios partidos en el legislativo dirigidos por el presidente garantizó impunidad en los casos que lo vinculaban a él, magistrados, diputados y jueces con señalamientos.
Contra todo pronóstico, Porras logró que Giammattei la reeligiera en un nuevo periodo al frente del MP.
El plan avanzó
Con la toma del MP y las fiscalías, la alianza oficialista -denominada popularmente Pacto de Corruptos- siguió su curso hasta que empezó el año 2023, año importante por la celebración de elecciones generales y por ser el último año de la administración de Giammattei. El Pacto de Corruptos necesitaba cooptar el proceso para mantener el control del Ejecutivo y agilizar el cierre de casos judiciales en su contra con resoluciones judiciales favorables.
Además, Porras y sus aliados procuraron venganza contra los fiscales, jueces y periodistas incómodos. Los primeros en pagar el costo fueron Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Siomara Sosa, Leily Santizo, Paola Escobar, Aliss Morán, contra quienes se giraron órdenes de detención y fueron sometidas a un injusto y prolongado encarcelamiento. Esa acción dejó claro que el MP se había convertido en el brazo ejecutor del Ejecutivo para criminalizar, atacar y perseguir a todos los que alguna vez intentaron pelear contra el sistema corrupto.
“Si el poder Ejecutivo es el autor intelectual, el Ministerio Público actúa como brazo ejecutor de la criminalización y asedio contra periodistas”, señala el informe del Índice de Chapultepec sobre la libertad de prensa y expresión del 2023.
Periodistas, activistas, políticos de oposición, estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos, se convirtieron en objetivos. Un ejemplo sonado es el caso del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, detenido en julio de 2022, y quien, tras un proceso cuestionado en las Cortes, fue condenado por supuesto lavado de dinero a seis años de prisión. El MP, no satisfecho con la sentencia, apeló, el juicio fue anulado y deberá repetirse en 2024.
Casos incómodos de corrupción
Durante la época de la CICIG se avanzó en investigaciones que demostraron cómo operaban la mayoría de organizaciones políticas tradicionales en el país, colectando fondos dudosos sin reportar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y así poder llegar a la presidencia y colocar alcaldes y diputados.
Entre las investigaciones cerradas en 2023 se encuentra el caso del Financiamiento del partido FCN-Nación, caso que involucró desde el expresidente Jimmy Morales hasta la cúpula del empresariado. Velásquez les calificó de “élites depredadoras”, y ellos decidieron reconocer públicamente su culpabilidad y ofrecer disculpas ante los medios de comunicación. No se trató de un simple expediente de corrupción, fue el caso que permitió evidenciar cómo funcionaba el sistema de partidos políticos en Guatemala.
Para algunos analistas, fue este caso el que generó la caída de la CICIG. El sector empresarial buscó su expulsión, pues sus intereses habían sido expuestos ante la sociedad guatemalteca. Incluso, el entonces jefe de la CICIG, Iván Velásquez, calificó el financiamiento electoral ilícito de los partidos como el “pecado original” de la democracia guatemalteca.
No solo el MP y los fiscales aliados a Porras jugaron un rol que benefició a los actores corruptos. Algunos jueces que ocuparon el lugar de otros que salieron del país ante el hostigamiento y criminalización, decidieron botar los casos que en algún momento generaron movilizaciones masivas de la ciudadanía guatemalteca.
“El año de la amnistía para los actores corruptos”, así califica a 2023 el analista político Manfredo Marroquín, quien, además, asegura que se concretaron las verdaderas intenciones de estos cuatro años de gobierno: dejar en libertad a todos los actores vinculados a la corrupción.
“Este año fue una amnistía ad hoc, una amnistía para cada proceso. Se amnistió a los acusados de corrupción en casos muy evidentes. Éste era el propósito de estos cuatro años de gobierno: dejar en libertad a todos los acusados de corrupción, y es lo que el Pacto de Corruptos tenía como punto número uno de su agenda; y número dos, ir en contra de los operadores de justicia que conocieron los casos”, declaró el director de Acción Ciudadana.
Un reflejo de lo antes citado es que el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, publicado el 31 de enero de 2023 por Transparencia Internacional, ubicó a Guatemala en el puesto 150 de 180 países, un escalón más bajo que en el que estaba en 2021. Durante el actual gobierno, Guatemala obtuvo un puntaje de 25 en el IPC, mientras que en el 2019 logró 26.
En el informe de las organizaciones del Consejo de las Américas, Guatemala se encuentra entre las posiciones más bajas de Latinoamérica. En la medición de 2023, el país se encuentra en el puesto 13 de 15 evaluados, el mismo que ocupa desde 2021. La puntuación que recibió el país es de 2.86 puntos de un total de 10, lo que marca un descenso paulatino desde que comenzó a publicarse este índice en 2020, cuando aparecía con un puntaje de 4.04.
En esa evaluación las primeras posiciones las ocuparon Uruguay con una calificación de 6.99, seguido de Costa Rica (6.76) y de Chile (6.67). Estos países, según el análisis, “tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados”.
Hasta el final de la lista es donde se ubica a Guatemala solo por delante de Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46), países con el puntaje más bajo de probabilidad de que la impunidad continúe es mayor.
“El debilitamiento de las investigaciones sobre corrupción, junto con los ataques al sistema judicial” generaron un rompimiento de la democracia en un periodo de tres años, y el país pasó de ser una democracia electoral a una autocracia electoral, señala el informe de este año publicado por el Instituto V-Dem con sede en Suecia sobre el reporte de la democracia 2023.
Una larga lista de actores corruptos
La estrategia del Pacto de Corruptos de cerrar los casos que llegaron a las Cortes y continuar con el debilitamiento de las instituciones de justicia no pasó desapercibida a la comunidad internacional. En los últimos tres años, Estados Unidos ha sancionado a funcionarios guatemaltecos que continúan “socavando la democracia” y apoyando las acciones en favor de la corrupción e impunidad. En 2023, con el intento de golpe de Estado y la criminalización de operadores de justicia, más de 300 personas fueron sancionadas, con el retiro de visas, aplicación de la Ley Global Magnitsky y la inclusión a la Lista Engel de actores corruptos.
Entre los sancionados en 2023 figuran las siguientes personas:
Consuelo Porras: la sanción del retiro de visa e inclusión de Lista de Actores Corruptos de Estados Unidos fue ampliada hasta su círculo familiar. Desde 2022, ese país le impuso una sanción más severa.
Miguel Martínez: Estados Unidos le aplicó la Ley Magnitsky, medida que penaliza de manera económica y migratoria a este personaje que mantiene una relación cercana con el presidente de la República. Se le acusó de pedir grandes cantidades de dinero en sobornos para facilitar la compra de las vacunas Sputnik V para combatir la pandemia de la COVID-19 en el país, y participar en un esquema de corrupción que incluía contratos estatales para favorecer a empresas vinculadas con él.
Cinthia Monterroso: fiscal del MP que, según dicho país, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Fredy Orellana: juez a cargo de caso contra el partido Semilla y contra elPeriódico, a quien Estados Unidos señala de socavar los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Jimi Bremer: juez a cargo de diversos casos de criminalización, a quien también se sindica de socavar los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
Lesther Castellanos Rodas: exjuez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
Omar Ricardo Barrios Osorio: presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
Silvia Patricia Valdés Quezada: exmagistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los Tribunales de Apelaciones con jueces corruptos”, señala Estados Unidos.
Leonor Eugenia Morales Lazo: fiscal de la FECI y amiga de la fiscal Cinthia Monterroso. La acusación indica que “socavó procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”.
Noe Nehemías Rivera Vásquez: exfiscal de Asuntos Internos y recientemente trasladado a otra unidad de investigación. “Socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”, señala EE.UU.
Pedro Otto Hernández González: ahijado de la fiscal general Consuelo Porras y actual fiscal de la FECI. Su nombre se hizo de conocimiento público cuando asumió el control de los casos de alto impacto de la FECI con la salida de Sandoval y con la liberación de varios de los acusados en dichos procesos.
Ciento ocho diputados fueron sancionados por el retiro de visas, sanción que se extiende a sus familias. Los diputados Álvaro Arzú Escobar, Rodolfo Neutze y Shirlie Rivera, son los únicos que han reconocido que Estados Unidos les retiró la visa.
Walter Mazariegos, rector de facto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fue incluido en julio pasado en la lista Engel por “socavar los procesos e instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento”. Es la primera vez que las sanciones del país norteamericano alcanzan a la educación superior en Centroamérica y la primera vez que un rector de facto de una universidad estatal está considerado como un actor corrupto de la región.
Caída al vacío
Desde la época del caso La Línea en 2015, que logró la renuncia y encarcelamiento de los entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti, el trabajo de la FECI y la CICIG fue trascendental para evidenciar cómo operan organizaciones criminales a lo interno de instituciones del Estado. Ocho años después, el escenario ha cambiado, los beneficios son para los políticos corruptos y la persecución va dirigida a quienes intentaron contrarrestar esas acciones o quienes en la actualidad lo intentan.
Investigaciones como la de Cooptación del Estado, en la que políticos y exfuncionarios vinculados al extinto Partido Patriota se beneficiaron con Q900 millones, pasó de ser uno de los más grandes casos de corrupción a ser anulado y favorable para los señalados de la corrupción .
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio junto a otros operadores de justicia que encabezaron las investigaciones que en 2023fueron cerradas en los tribunales de justicia, considera que el cierre de estos expedientes se dio gracias a que el MP de Porras se constituyó en una herramienta para procurar impunidad.
“Es la confirmación de que el MP de Consuelo Porras es una herramienta de impunidad para actores corruptos. Contrario a ello, los argumentos defensivos de los actores corruptos han sido utilizados para criminalizar a quienes investigamos estos casos. La obstrucción de justicia propiciada por Consuelo Porras es tan evidente que ha sido parte del sustento de sanciones internacionales impuestas a jueces y fiscales aliados de la impunidad”, indicó Sandoval.
Sobre los efectos que tendrá el cierre de procesos, señala que son irreversibles: “debido a que muchos de los casos no fueron impugnados, los resultados adversos a la transparencia causarán firmeza y no podrán revertirse”, añadió.
Solo en 2023 fueron cerradas más de diez investigaciones que llevaron a los tribunales de justicia a empresarios, políticos, exfuncionarios, funcionarios y narcotraficantes, que fueron investigados por su vinculación en diferentes procesos de corrupción.
Entre ellos figuran el Caso Plazas Fantasma, Cooptación del Estado, Odebrecht-Alejandro Sinibaldi, Mynor Moto-Libramiento de Chimaltenango, Construcción y Corrupción, Manipulación de Justicia, Alejandra Carrillo-Instituto de la Víctima, Financiamiento FCN-Nación, Sobornos Rusos a Giammattei, Carretera para familia de Giammattei, entre otros.
La mayoría de estos casos que dejaron de ser investigados y quedaron en el olvido fueron los trabajados por la FECI en conjunto con la desaparecida CICIG, que desvelaron cómo operaban los actores corruptos del país.
Sinibaldi, Moto, Manuel Baldizón e incluso magistrados señalados de amañar las Cortes, quedaron sin procesos penales y en libertad. Pareciera que el sistema corrupto retomó su control y todo volvió a la normalidad, es decir el retorno de la impunidad. Mientras que los fiscales que tuvieron asignados esos casos pagaron el costo de su trabajo con desempleo, exilio y criminalización.
Esos y otros casos de alto impacto fueron borrados de los juzgados penales, pero no de la memoria de los ciudadanos guatemaltecos, quienes han sido testigos de cómo el MP dirigido por Consuelo Porras no impidió que las acusaciones por corrupción fueran cerradas a favor de empresarios, ministros, presidentes y políticos. En esos procesos, la institución -sobre todo la FECI- se abstiene de apelar, consintiendo incluso la liberación de los implicados.
Estos son los detalles de los procesos que han quedado en la impunidad gracias a fallos judiciales y que durante el 2023 fueron abordados en diferentes publicaciones por Prensa Comunitaria:
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Caso Cooptación del Estado
El 23 de noviembre, Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Dwight , Manuel López Ambrosio, Carlos Batzin y Ulises Anzueto, entre otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota, fueron beneficiados con el cierre del caso Cooptación del Estado, a ninguno se le envió a juicio. La resolución la dictó la jueza del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Eva Recinos.
Este proceso fue develado casi un año después de La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.
Entre las evidencias de la CICIG y la FECI había declaraciones testimoniales, informes financieros, cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
En julio , aunque meses después la investigación fue reactivada, el juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, había ordenado el cierre del proceso Odebrecht que se sigue contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, actualmente en libertad.
El exministro de Comunicaciones fue capturado en agosto de 2020 luego de ponerse a disposición de la justicia tras haber estado prófugo desde el año 2016, cuando la FECI y la CICIG revelaron una serie de casos de corrupción que alcanzaron a altos funcionarios de aquel momento.
El caso Odebrecht es parte de una estructura conocida como “Construcción y Corrupción”, que se estableció que era liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, quien gestiona cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.
Con el cambio de autoridad y fiscales en la FECI, la pesquisa tuvo un giro. Se dejó de investigar la vinculación de diputados y funcionarios que se habrían beneficiado con sobornos y se persiguió a quienes estuvieron al frente de la pesquisa. Este año también se anularon los convenios de colaboración eficaz, prueba clave para acreditar los eventos de corrupción.
A diferencia de otros países de América Latina, en Guatemala no se persigue a los funcionarios involucrados, sino que a los fiscales que trabajaron para evidenciar las acciones de corrupción en ese expediente.
Esta investigación sigue activa, sin embargo, con la destitución y traslado de fiscales, la pesquisa ya no avanzó. Esta fue una investigación que no solo alcanzó al exministro José Luis Benito, sino que al propio presidente de la República, Alejandro Giammattei.
El 16 de octubre de 2020, la FECI realizó un operativo en un inmueble ubicado en Condominio Doña Beatriz, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en donde se ubicó una gran cantidad de dinero en efectivo que asciende a Q.122 millones 351 mil 456.60.
El día del operativo, la FECI explicó que recibieron información relacionada con la existencia de un inmueble en el que se almacenaban fuertes sumas de efectivo provenientes, posiblemente, de sobornos dirigidos hacia un funcionario de la administración gubernamental.
Dentro de este caso fue que se tomó la declaración de un colaborador eficaz identificado como “Testigo A”, quien relató cómo en 2019 el mandatario presuntamente negoció un aporte de US$2.6 millones entregado por José Luis Benito, entonces ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, a cambio de continuar operando una estructura de corrupción en obras públicas.
Caso Manipulación de Justicia
El 23 de septiembre, la jueza de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, resolvió cerrar la investigación contra el militar Erick Melgar Padilla, quien fue señalado del delito de obstrucción a la justicia.
La jueza determinó que la FECI de Rafael Curruchiche no cumplió con lo solicitado para demostrar la posible responsabilidad del militar en el delito y así enviarlo a juicio. Melgar Padilla fue sindicado de manipular la investigación del asesinato de su padre José Armando Melgar Moreno, presuntamente por motivos relacionados con disputas de tierras, ocurrido el 9 de diciembre del 2012.
Erick Melgar Padilla es hermano del diputado de FCN-Nación y exasesor de seguridad de Jimmy Morales, Herbert Melgar Padilla, quien también fue señalado de espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición mientras estuvo como principal asesor de Morales en el Ejecutivo.
El 26 de septiembre, la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, resolvió a favor de 59 acusados, entre ellos algunos exdiputados del Congreso de la República, y decidió cerrar esta investigación relacionada con contrataciones irregulares en el Congreso de la República.
La investigación de la FECI y la CICIG había establecido que durante el período de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas que no llegaban a trabajar al Congreso, pero que cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil.
Entre los exdiputados señalados se encontraban César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
Al igual que con el caso Odebrecht, en octubre una Sala anuló dicha resolución y reactivó el proceso.
El 3 de febrero, el juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, decidió cerrar el caso de Construcción y Corrupción para 9 de los 15 implicados. Los beneficiados en esa resolución fueron: Mayra Lissette Marroquín Castillo, José Guillermo Samayoa Soria, Elder Vásquez Quevedo, Julio Roberto de la Peña González, Walter de Jesús López Acevedo, Roger Marco Antonio Navas Corado, Otto Vinicio Samayoa Soria, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez.
El 14 de agosto de 2017, la FECI y la CICIG expusieron esta pesquisa, en la que establecieron la existencia de una estructura de alto nivel que supuestamente era liderada por el exministro Alejandro Sinibaldi. Se estableció que la red habría operado durante el gobierno del extinto Partido Patriota y que recibía sobornos a cambio de cancelar la deuda de arrastre que se tenía con contratistas del Estado o por asignarles nuevos proyectos.
La investigación por supuesto financiamiento irregular del partido FCN-Nación fue cerrada por el Juzgado de Mayor Riesgo “D” que ahora dirige el juez Juan José Jiménez. El caso había estado detenido desde el año 2021, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor de los empresarios acusados y anuló una resolución de la entonces jueza Erika Aifán, quien había enviado a debate a los empresarios José Andrés Botrán Briz y Luis Rodrigo Arenas Echeverría.
La investigación del MP y CICIG determinó que dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales electorales a través de la empresa Novaservicios, S.A. El aporte anónimo fue de Q7 millones, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral, como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
El 16 de febrero, el Juzgado Tercero Penal revocó la orden de captura en contra del exjuez Mynor Moto, quien actualmente está por reincorporarse a sus actividades como juez y las acusaciones en su contra siguen en la impunidad.
En la segunda sindicación contra Moto, según el MP, él habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerlos en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes por el caso Libramiento de Chimaltenango.
Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, en la que Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y dio medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S. A. (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A., constructoras implicadas en el caso.
La investigación estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, en el que se benefició a la Constructora Nacional, S. A. por medio de Renova Ingenieros, S. A. como entidad oferente en el evento.
El 27 de enero del 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo “C” envió a juicio a 22 personas implicadas en el Caso Libramiento de Chimaltenango, un caso de corrupción que supuestamente se dio en el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron los más de Q500 millones.
El 12 de octubre se hizo público que la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo no será investigada por el caso de la supuesta adjudicación irregular del edificio en el que funciona el Instituto de la Víctima, pese a la existencia de una denuncia, documentos y chats que señalan un supuesto negocio irregular.
El caso fue cerrado pese a que, el 10 de junio de 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima para obtener información en seguimiento a la denuncia por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio. En esa diligencia el MP comunicó que se trataba de un caso por la presunta sobrevaloración del edificio donde funciona la institución.
El 25 de octubre, el MP confirmó que la Fiscalía Contra la Corrupción cerró la investigación relacionada con el supuesto pago de sobornos por empresarios rusos al presidente de la República, Alejandro Giammattei, con el que la empresa minera Mayanickel, S.A. buscaba obtener por arrendamiento por un plazo de 20 años una porción de terreno del área del puerto Santo Tomás de Castilla ubicado en el Caribe guatemalteco.
Esa investigación salió a la luz en julio de 2021, luego de que la fiscal general Consuelo Porras destituyó al exfiscal Juan Francisco Sandoval. En una conferencia de prensa, Sandoval hizo público que previo a su destitución, se encontraba iniciando una investigación por una denuncia relacionada al supuesto pago de sobornos de empresarios rusos que vinculaba a Giammattei.
En ese mismo año, el periódico The New York Times dio seguimiento al tema y publicó una investigación periodística que consignaba las declaraciones de un testigo que señaló al presidente Giammattei de recibir supuestos sobornos de individuos de origen ruso. A este hecho se le llamó el caso de la “Alfombra Mágica”.
Investigación por carretera a propiedades de Giammattei
Desde el 14 de febrero de este año, el MP decidió cerrar el caso. Este se había iniciado por una publicación de Vox Populi que expuso que la familia Falla, conocida por ser propietaria de fincas para el cultivo de café en Sacatepéquez, es una de las beneficiadas con la construcción de un tramo carretero. Además, explica que la finca El Nacimiento, que se encuentra a la mitad del tramo carretero de 11.7 kilómetros que conecta el municipio de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, con Palín, Escuintla, es propiedad de la empresa El Rubicón, Sociedad Anónima, cuyo gerente general y representante legal es Juan Pablo Falla Girón, sobrino del presidente.
Aunque la población mantenía una esperanza de ser representada por un gobernador que conociera las necesidades del departamento, ahora muestran su rechazo porque se incluyó a personas vinculadas a los partidos UNE, Vamos y Todos, entre los cuales figura un exalcalde señalado de peculado durante su administración municipal.
Por Isela Espinoza
El Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural (Codede) concluyó este jueves la conformación de la terna después de recibir 40 expedientes de los cuales cinco presentaron objeciones y nueve fueron descartados por falta de documentos señalados en los requisitos para participar.
Solo una mujer maya K´iche´ y con más de 25 años de trayectoria en la lucha social figura en la terna integrada por tres titulares y tres suplentes. Delfina García es uno de los perfiles que integran el listado de titulares para el cargo de gobernador/a de Totonicapán.
Los otros dos titulares son: Rolando Vásquez Cua, un comerciante con pénsum cerrado de Ingeniería Civil; y Pablo Pedro Yax Toyom, maestro de educación primaria con estudios universitarios en derecho. Ambos han incursionado en la política al igual que Delfina García.
En las elecciones generales de 2023, Vásquez Cua participó como candidato a la alcaldía municipal de Totonicapán con el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Originario de la comunidad Chiyax, no logró el cargo y quedó en el quinto lugar con 5.98% (2,330 votos). En la cabecera municipal, Luis Alfredo Herrera Amado volvió a ganar con el partido Cabal de Edmond Mulet. Además, Vásquez Cua fue presidente a la Junta Directiva de los 48 Cantones en 2015.
En tanto, Pablo Pedro Yax Toyom se postuló como candidato a diputado en la casilla uno por el distrito de Totonicapán con el partido Podemos de Roberto Arzú. Yax Toyom fue concejal VI por el partido TODOS en la corporación de la cabecera municipal para el periodo 2020-2024.
Una esperanza
Delfina García es defensora de los derechos humanos, del territorio y de las mujeres. En 2023, participó como candidata a diputada en la primera casilla por Movimiento Semilla, el partido del que es fundadora en ese departamento.
En una entrevista para Prensa Comunitaria dijo que postularse para optar al cargo de gobernadora también era una oportunidad para quienes conocen la realidad de sus pueblos incursionen en puestos de toma de decisión.
García comentó que de ser nombrada gobernadora una de sus acciones será transparentar la administración pública “porque ha sido uno de los clamores de Totonicapán”. Agregó que el desafío será integrar un gabinete departamental con profesionales incorruptibles.
Además, velará porque las instituciones estatales respondan a las necesidades de salud, seguridad alimentaria, empleo, reactivación de la economía y combate a la pobreza.
En cuanto a las personas que el Codede nombró como suplentes se encuentran: Herber Simei Ajucum López y Juan Vicente Chán Cux de quienes se desconoce si tienen vínculos con partidos políticos. Sin embargo, uno de los suplentes sí. Diego Israel González Alvarado, exdiputado en el Congreso para el periodo 2020-2024, por el partido Vamos del expresidente Alejandro Giammattei.
En el hemiciclo fue presidente de la comisión de Desarrollo Social e integró las de Educación y Pueblos indígenas. Sin embargo, tuvo complicaciones para asumir su cargo como diputado por el distrito de Totonicapán.
Diego González forma parte de una familia con poder en el departamento. Fue alcalde de San Francisco el Alto en el periodo 2012-2016 por la coalición UNE-GANA. El 15 de abril de 2014, el Ministerio Público lo señaló de peculado durante su administración municipal un motivo para que la Contraloría General de Cuentas (CGC) no le otorgara su finiquito (documento que avala la solvencia de un funcionario después de dejar el cargo público).
González dijo que su finiquito fue extendido el 4 de diciembre de 2019. Pero cuando postuló su candidatura a diputado, la delegación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) la rechazó, en marzo de 2019, por no presentar este documento. La resolución de la delegación del TSE en Totonicapán fue comunicada a Leopoldo Guerra quien en ese momento era el director del Registro de Ciudadanos. Sin embargo, la decisión de Guerra fue avalar la candidatura de González.
Ante el peligro de perder su curul, González presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en el que mencionó que si le impedían tomar su puesto se caería en un delito penal pues la CC falló a su favor. Su hermano Eugenio Moisés González Alvarado, fue diputado de 2012 a 2020. Mientras su yerno José Manuel Gómez García asumió la alcaldía de San Francisco el Alto durante el periodo 2020-2024.
En las elecciones generales del año pasado, Diego González también se postuló como candidato a vicepresidente de la República con el partido Nosotros junto al candidato presidencial, Rudy González (yerno de la excandidata presidencial Sandra Torres).
Crédito: Congreso de la República
Inconformidad
A pesar de los llamados de las autoridades indígenas a los integrantes de la sociedad civil para que “no vendieran su dignidad por medio de su voto en el proceso de elección de gobernador”, la Comisión Receptora de expedientes integró la terna con algunos perfiles cuestionados por sus vínculos con actos de corrupción.
“No sean parte del Pacto de Corruptos que quiere seguir robando y engañando al pueblo de Totonicapán”, solicitaron a través de un comunicado los 48 Cantones, comunidades y Cocodes de San Cristóbal Totonicapán, alcaldes comunales de San Francisco el Alto, dirigentes comunitarios de San Andrés Xecul y alcaldes de las 19 comunidades de Santa María Chiquimula.
Uno de los excluidos de la lista fue Luis Pacheco, el presidente de los 48 Cantones (2023-2024), quien goza de popularidad y respaldo de la población tras liderar las manifestaciones en defensa de la democracia.
Después de quedar fuera de la terna, Pacheco y otros postulantes indicaron su inconformidad debido a la metodología de selección. En el caso del expresidente de los 48 Cantones declaró que impugnaría la decisión del Codede.
Pacheco es uno de los cinco aspirantes a gobernador de Totonicapán que tuvieron objeciones también: Anita Batz de Ixcaragua, José Manuel Gómez García, Irma García Gutiérrez y Santos Fermín Ulin.
Los expedientes fueron revisados de acuerdo a los nueve requisitos establecidos en la reforma al Reglamento de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (28-2024): conocimiento de las potencialidades y problemáticas del departamento, capacidad y experiencia en administración, liderazgo para trabajar en equipo y bajo presión, visión estratégica, empatía con la participación ciudadana, plan de trabajo y preferentemente con dominio de un idioma nacional, según la comunidad lingüística dominante. La Comisión Receptora evaluó 28 expedientes que cumplían con los requisitos y los calificó.
Nadia de León fue amparada por la Corte de Constitucionalidad, que resolvió mantenerla como jefa de la bancada Nosotros, partido que postuló a su esposo Rudy Guzmán, como candidato presidencial en los comicios de 2023.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la diputada Nadia de León, hija de la excandidata presidencial Sandra Torres, que obliga a la Junta Directiva del Legislativo a reconocerla como jefa de esa bancada del partido Nosotros.
La acción favorece a la hija de la expresidenciable, quien mantenía una disputa con la diputada Vivian Preciado Navarijo, que también fue electa por ese partido en los pasados comicios, pero que había sido separada por decisión del Comité Ejecutivo Nacional de la agrupación política.
“La CC me ha otorgado Amparo Provisional para que JD me reconozca como Jefa del Bloque Nosotros y Presidenta de la Comisión de Vivienda y deja firme la separación del Partido y Bloque Nosotros a los diputados independientes, Dios los Bendiga en su nuevo camino”, publicó en su red social “X” la legisladora.
La CC me ha otorgado Amparo Provisional para JD me reconozca como Jefa del Bloque Nosotros y Presidenta de la Comisión de Vivienda y deja firme la separacion del Partido y Bloque Nosotros a los diputados independientes, Dios los Bendiga en su nuevo camino. pic.twitter.com/rxBHAhs3iV
De acuerdo con lo resuelto por la CC, De León será la única integrante de la bancada Nosotros, pues se ejecutará la separación de Preciado Navarijo y Rudy Pereira. De esa cuenta, la hija de Sandra Torres también se queda con la presidencia de la Comisión de Vivienda.
En su resolución, la CC dice: “Resolviendo la petición que al respecto formuló en los escritos originarios la postulante del amparo, por razón de que, a juicio de esta Corte, las circunstancias lo hacen aconsejable y porque se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se otorga el amparo provisional solicitado. Como efecto positivo de la protección interina que se otorga, se ordena a la Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala que, de forma inmediata, tome nota de lo indicado en los oficios remitidos el ocho de febrero de dos mil veinticuatro por el Partido Político NOSOTROS y lo notifique a donde corresponda en aplicación de los artículos 46, 47, 50 y 51 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo”.
No estaba afiliada
En una conferencia del pasado jueves 22 de febrero, Vivían Preciado dijo que Nadia de León no estaba afiliada al partido Nosotros, pese a que el secretario general es su esposo.
La afirmación fue confirmada con una certificación del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que indicaba que hasta ayer, la hija de Sandra Torres seguirá siendo miembro de la Unidad Nacional de la Esperanza, que postuló a su mamá como candidata a la Presidencia de la República. Por su parte, De León dijo que presentó un nuevo documento en el cual consta su afiliación al grupo al cual representa en el Congreso.
La magistrada presidenta del TSE expuso públicamente y anunció que denunciará a Christian Andreé Natareno Juárez, quien labora como oficinista en la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones, por realizar grabaciones sin su consentimiento al personal de la institución.
Por Alexander Valdéz
La magistrada presidenta del TSE, Blanca Alfaro, informó que presentó una denuncia penal contra Christian Andreé Natareno Juárez, quien labora como oficinista en la Unidad Coordinadora de Delegaciones y Subdelegaciones, y a quien se le vincula con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Alfaro indicó ante los medios de comunicación que Natareno realizaba grabaciones de audio de las conversaciones de los magistrados y trabajadores del tribunal. En la denuncia asegura que se le descubrió cuando grababa su conversación en la oficina.
“Nuestra sorpresa es que cada vez que va con las personas el joven graba todos los mensajes y andaba ahorita en mi oficina grabando, lo sospeché y efectivamente lo constaté al pedirle su teléfono”, indicó Alfaro mientras mostraba el teléfono del trabajador del TSE.
Prensa Comunitaria estableció que Christian Natareno tiene un vínculo familiar con el jefe de la FECI, según consta en el Registro Nacional de las Personas (Renap). El registro evidencia que es hijo de Anabella Natareno Juárez, hermana de Lorena Natareno Juárez. Esta última es esposa de Rafael Curruchiche.
Registro de nacimiento del trabajador del TSE que circuló en redes sociales
Además, en el portal público de la Universidad de San Carlos se constata que el fiscal agregó en su dedicatoria de tesis a sus hijos, entre los cuales incluye a Cristian Andreé Natareno Juárez. La tesis fue presentada por Curruchiche para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y Notario por la USAC.
Dedicatoria de tesis del fiscal Rafael Curruchiche en la que menciona al trabajador del TSE
En octubre de 2023, cuando aún el TSE estaba integrado con todos los magistrados titulares, actualmente en el exilio, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dijo que en los últimos días se estaba intensificado la desinformación, manipulación de los hechos y ataque a funcionarios de esa institución, por parte de, en redes sociales. Y denunciaron una posible filtración de información.
Comunicado | El Tribunal Supremo Electoral a la ciudadanía en general, informa. pic.twitter.com/eV5iBJ1XSr
El pasado 13 de febrero, el juez “A” del Juzgado Séptimo Penal, Fredy Orellana, durante la audiencia de primera declaración contra cuatro trabajadoras del Tribunal Supremo Electoral, a quienes ligó a proceso por incumplimiento de deberes en el caso Semilla, ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación contra la presidenta del TSE, por supuesta obstrucción de justicia.
El fallo surgió de una petición que hizo la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que sostiene que se debe investigar a Alfaro por la supuesta obstrucción a la justicia. “Como máxima autoridad del ente electoral no sabemos cuáles son los alcances de ese apoyo que vino a externar a las afueras de este juzgado o sí este apoyo será ilimitado aun por encima de ley o la justicia. El ente investigador a través de esta representación solicita” que se certifique lo conducente”, dijo la fiscal Eugenia Morales en esa audiencia.
El pasado 19 de febrero se celebró una ceremonia maya en la Cofradía de San Francisco Conquistador del Mundo, una organización comunal con casi 500 años de permanencia en Quezaltepeque, Chiquimula, donde aún se conservan las prácticas ancestrales de los pueblos originarios en el territorio Ch’orti’.
Por Amílcar Morales
La actividad inició el domingo 18 de febrero con la presentación de las varas ante la imagen de San Francisco Conquistador y luego fueron llevadas al lugar donde se celebró una ceremonia maya. Al día siguiente fueron colocadas en el altar común, según las tradiciones que aún se conservan en la cultura maya Ch’orti’, en algunas regiones y comunidades de ese departamento al Oriente del país.
Según Marvin Nájera, vocero de las Autoridades Ancestrales de la Comunidad Indígena de San Francisco Quezaltepeque, en el evento participaron autoridades de Olopa y Quezaltepeque, la Junta Directiva, el Comité de Cofradías de la Comunidad Indígena, el representante de la Auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos de Chiquimula; el mayordomo, padrino de la imagen de San Francisco Conquistador y guías espirituales.
La ceremonia se realizó en conmemoración e inicio del Nuevo Año Solar, o el año 5,140 según el calendario maya. Durante la ceremonia se entregaron las varas al mayordomo y padrinos de la cofradía, mismas que los acreditan como autoridades ancestrales, asumiendo un papel de defensores del territorio, de la madre tierra, de los derechos humanos y para mantener viva la cultura y la tradición del pueblo cachacero. Al finalizar sus periodos como padrinos y mayordomo, estos entregarán las varas a sus sucesores sin perder sus cargos en la cofradía de San Francisco Conquistador.
Autoridades Comunitarias
El objetivo de la actividad es fortalecer a las cofradías y buscar la recuperación de la autonomía local, costumbres, tradiciones, vestuario y la espiritualidad maya de los pueblos originarios, que por años han tratado de recuperar sus derechos comunitarios, sus tierras, las fuentes de agua y los recursos naturales.
Autoridades Ancestrales
A decir de Nájera, el pueblo sigue siendo el mismo desde la colonización en 1525. Además, manifestó que como población maya Ch’orti’ deben mantener la autonomía local sin necesidad de las autoridades municipales y sin que otra entidad estatal intervenga en sus acciones para enriquecer sus tradiciones, ya que la cofradía se sostiene con el apoyo de sus devotos, de los comunitarios y de las autoridades ancestrales de Quezaltepeque.
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