En junio de 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima por sospechas de irregularidades en el arrendamiento del edificio, dos años después, el caso se desestima y Carillo no será investigada.
Por Prensa Comunitaria
A diferencia de casos iniciados contra operadores de justicia, activistas, abogados y periodistas, las investigaciones por corrupción en la que se ha vinculado a funcionarios o exfuncionarios no avanzan en el Ministerio Público (MP) que dirige la fiscal general Consuelo Porras.
Esta vez el beneficio fue para la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo, quien no será investigada por el caso de la supuesta adjudicación irregular del edificio en el que funciona el Instituto de la Víctima, pese a la existencia de una denuncia, documentos y chats que señalan un supuesto negocio irregular.
Incluso, el 10 de junio del 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima para obtener información en seguimiento a una denuncia por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio. En esa diligencia el MP comunicó que se trataba de un caso por la presunta sobrevaloración del edificio donde funciona la institución.
La justificación de la Fiscalía Contra la Corrupción para desestimar la pesquisa fue un informe de la Contraloría General de Cuentas (CGC), el que señala que no hubo ningún hallazgo de corrupción.
“El resultado de la auditoría de la Contraloría General de Cuentas y las declaraciones de los Auditores, coinciden en que no hay ningún hallazgo u acto de corrupción en el expediente de arrendamiento del edificio donde funciona actualmente el Instituto de la Víctima. Con esta conclusión la fiscal a cargo del caso que se tramitaba en la Fiscalía Contra la Corrupción determinó que no habían actos delictivos ni delito que perseguir, resolviendo declarar la desestimación del expediente con fecha diecisiete (17) de noviembre del dos mil veintidós (2022), con lo cual queda evidenciado que las declaraciones de la sindicada son falsas y sin ningún fundamento, además que simuló la existencia de hechos de corrupción”, indica el documento del MP en favor de Carrillo.
Un caso en impunidad
Según la investigación que anunció el MP en 2021, la exdiputada Carrillo se habría beneficiado con una comisión ilícita por el arrendamiento del edificio donde actualmente opera el Instituto de la Víctima.
Chats de WhatsApp que expuso elPeriódico y que son parte de una denuncia contra Carrillo, evidenciaron cómo se hizo la negociación para conceder la adjudicación a la empresa Inversiones Herzasa S.A. por recomendación de Cristian Castañeda, amigo de Carrillo, a cambio del supuesto pago de un soborno.
Esas comunicaciones coinciden con los hechos que constan en una denuncia contra la directora de ese Instituto. En las mismas se acordó con Castañeda, un supuesto intermediario, la adjudicación del contrato de arrendamiento del inmueble ubicado en la zona 10 de la ciudad capital.
Publicación del MP en 2021:
La Fiscalía contra la Corrupción realizó diligencia de allanamiento en la sede del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito para secuestro de documentación en seguimiento a investigación que se desarrolla. pic.twitter.com/EndgT9il6C
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 10, 2021
La negociación se habría efectuado a través del intermediario y la entonces asistente de la directora, a quien le ordenó encargarse del tema, sin embargo, quien autorizó ese contrato fue la exdiputada, afirmó la testigo del caso.
En la denuncia presentada ante el MP, se señaló que Carrillo se reunió con el propietario del inmueble y allí se acordó que el alquiler del edificio tendría un costo de aproximadamente Q113 mil por cinco meses, sin incluir las remodelaciones.
Además, la testigo refiere que las transferencias para las comisiones del edificio fueron ingresadas a las acciones de la misma empresa para evitar que fueran detectadas. De esa forma, la exlegisladora garantizaría acciones en la entidad.
Estos fueron los chats publicados por elPeriódico y donde se hablaba de una supuesta “comisión” por la adjudicación del contrato de arrendamiento del edificio:
Fiscal que investigó el caso fue criminalizado
Semanas después de haberse anunciado el caso, el exfiscal auxiliar Eduardo Pantaleón fue removido de la pesquisa y trasladado a otra unidad de investigación, desde 2021, no se tuvo más noticias de ese caso de supuesta corrupción contra Carrillo.
Un año después de anunciada esa pesquisa, el 5 de mayo de 2022, el funcionario del MP que tuvo dicho proceso, fue capturado y se le acusó de ocultar información para beneficiar al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito y a empresas constructoras relacionadas al caso.
Al igual que otros fiscales anticorrupción en Guatemala, Pantaleón considera que esa pesquisa se trata de una posible “venganza” en su contra. Actualmente está pendiente de audiencia en la que se definirá si enfrenta o no un juicio.
