El próximo jueves está programado que inicie la audiencia de apertura a juicio contra los exfuncionarios y particulares que fueron acusados por la FECI y la CICIG de formar parte de una estructura criminal que sustrajo fondos del Ministerio de Salud.
Por Alexander Valdéz
La jueza de mayor riesgo “D” Abelina Cruz Toscano tiene previsto llevar a cabo, este 29 de febrero, la audiencia de apertura a juicio contra los acusados en la investigación conocida como “Asalto al Ministerio de Salud”, que develó una estructura criminal que entre el 2012 y 2014, había cooptado el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
En esa audiencia, la jueza debe analizar los medios de investigación que recabó la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuando era dirigida por Juan Francisco Sandoval, y resolver si los acusados enfrentarán o no juicio por delitos de lavado de dinero, peculado por sustracción, fraude y falsedad ideológica.
A esa diligencia comparecerá los exdiputados Estuardo Galdámez, Ronald Arango y Luis Fernando Pérez, además, Cándida Saraí Villavicencio, Marco Antonio Lemus Salguero, Humberto Leonel Sosa, entre otros. En esta investigación más de 84 personas fueron señaladas de actos de corrupción en esa entidad del Estado.
Fuentes cercanas al caso informaron a Prensa Comunitaria que, como en otros procesos, se buscará cerrar la investigación a favor de los exfuncionarios vinculados, dejar sin efecto el acuerdo de colaboración eficaz y ordenar una investigación contra los fiscales que conocieron la pesquisa.
“En el caso de los pagos ilícitos en hospitales hay variantes. Acá entran a participar de las comisiones ilícitas otros funcionarios, como diputados, un gobernador y alcalde, quienes en algunos casos también colocan la empresa constructora. Se calcula que al menos Q17 millones fueron recibidos en concepto de comisiones ilícitas por obras de reposición y reparación; en el caso de la construcción de hospitales nuevos las coimas pactadas ascendieron a Q36 millones”, indica la acusación.
Una investigación que no avanzó
En 2019, la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) expusieron que con el nombramiento del fallecido Jorge Villavicencio Álvarez, como ministro de Salud durante el período 2012 al 2014, se inició el funcionamiento de la estructura criminal, quien en conjunto con su hija Cándida Saraí Villavicencio Delgado y el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez y otros, lideraron el nacimiento y puesta en marcha de una organización criminal integrada por más de 50 personas entre funcionarios públicos y particulares.
La pesquisa identificó irregularidades en compras de bienes y servicios, contrataciones de personal y la adquisición de medicamentos. Pero, la estructura supuestamente se concentró en el cobro de comisiones ilícitas por la construcción y remozamiento de hospitales y centros de salud, comisiones ilícitas por la adquisición de bienes y servicios y la contratación de 450 plazas (a través de modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas).
Durante la etapa de apertura a juicio, el MP contará con el análisis de informes policiales de investigación; de análisis criminal y financieros, de la Contraloría General de Cuentas; 8 horas de grabación de conversaciones; 37,211 correos electrónicos analizados; un colaborador eficaz dentro del caso; declaración de dos colaboradores dentro de otros casos y testimonios de personas, quienes por ser funcionarios del Ministerio de Salud conocieron de lo ocurrido, contabilizando una investigación con más de 100.000 folios.
En la investigación, el exasesor del ministro de salud, Jorge Estuardo Estévez Cabrera fue colaborador eficaz y aportó documentación, correos y comunicaciones que se tuvieron en su momento para la concertación de los negocios.
Los fiscales que inicialmente tuvieron el caso ya no integran la FECI, algunos de ellos salieron al exilio a raíz de la criminalización de operadores de justicia que conocieron casos de corrupción en Guatemala.
Polémicos fallos
Hace dos semanas, la jueza Cruz Toscano conoció la audiencia de apertura a juicio contra el empresario farmacéutico, Gustavo Alejos y su esposa Beatriz Jansa Bianchi, ambos acusados de lavado de dinero en el expediente conocido como “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”. Pero fueron beneficiados con el cierre de la investigación, pese a las pruebas recabadas durante la pesquisa de la FECI y la CICIG.
Además, la misma jueza fue quien conoció la solicitud de aceptación de cargos del exministro José Luis Benito, a quien benefició con la modificación de la acusación y le impuso un delito menor al que inicialmente tenía, lo que le ayudó a obtener una condena de solo dos años.
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