Por Héctor Silva Ávalos
El verbo no lo escogí yo. La acción la describió el mismo presidente Nayib Bukele el 4 de febrero por la noche, luego de ganar unos comicios a los que se presentó como candidato a la reelección a pesar de que la Constitución salvadoreña, aprobada en 1983, lo prohíbe de forma expresa. Al anunciar su triunfo en unas elecciones amañadas por él y por el congreso y el Judicial que él controla, Bukele dijo que había “pulverizado” a la oposición. Y sí, el presidente, reelecto de forma ilegal, puso aquella noche un clavo más al ataúd de unos partidos políticos añejos a los que él ayudó a matar y a otros nuevos a los que nunca dejó crecer, pero lo que realmente hizo Bukele aquella noche fue pulverizar a la república de El Salvador.
La puñalada más rastrera, acaso la más grave hasta ahora, ocurrió la tarde del 29 de abril pasado, cuando a 24 horas de finalizar la legislatura 2021-2024, la mayoría bukelista en la Asamblea Legislativa se saltó todas las leyes, empezando por la ley primaria, esa en que se basa el sistema político salvadoreño, para reformar la Constitución.
“Con dispensa de trámite”, es decir sin siquiera un remedo de discusión, los diputados de Bukele pulverizaron el artículo 248 de la Constitución Política, el cual regula la forma de hacer los cambios a esa ley primaria. El mecanismo de enmienda, antes de la reforma ilegal, se resume así: para hacer cualquier cambio constitucional tienen que intervenir dos legislaturas, una que introduce la enmienda y la siguiente que la ratifica.
Y, según todos los constitucionalistas respetados del país, la primera legislatura, la que introduce la propuesta de cambio, no puede hacerlo después de la elección en la que los votantes escogen a la legislatura subsiguiente, por una obviedad democrática: el soberano, que es el dueño único del poder que delega a los diputados, debe de entender que sus representantes tenían la intención de reformar la Constitución. Los candidatos a diputados de Bukele, sin embargo, nunca dijeron en campaña que harían eso, cambiar la Constitución; el jefe de todos, el diputado Ernesto Castro, incluso lo negó varias veces una vez reelecto en el cargo.
Para evitar ese vacío de representatividad, la misma ley contempla otra figura, la de una Asamblea Constituyente. Pero, de nuevo, para votar por ella, el soberano tendría que haber estado consciente de que estaría votando por eso -o no- antes de ir a las urnas.
Un constitucionalista lo explica así: “Después de la elección legislativa realizada el 3 de febrero de 2024, los diputados de la legislatura 2021-2024 ya no pueden aprobar acuerdos de reforma constitucional. El pueblo soberano ya no tiene la posibilidad de evaluar y orientar su voto según posiciones individuales y colectivas que muestren los candidatos o partidos que buscan integrar la segunda legislatura, encargada de la ratificación del acuerdo. Un procedimiento realizado de otra manera no está democráticamente justificado”.
A falta de transparencia en el asunto, el bukelismo recurrió a algunos de sus rasgos más visibles, la opacidad y al antiparlamentarismo. “Con dispensa de trámite”, los diputados de Bukele introdujeron una reforma que da al traste con la salvaguarda que establecía la Constitución. La nueva frase es sencilla, pero es, a la luz de lo visto hasta ahora, la llave primera para abrir la puerta grande a otra dictadura latinoamericana que, nacida en las urnas, se consolida con jugarretas como esta; a otra dictadura como la del chavismo en Venezuela, la de Daniel Ortega en Nicaragua o las que pretendieron Donald Trump en Estados Unidos, Álvaro Uribe en Colombia o Juan Orlando Hernández en Honduras.
La nueva frase incrustada por los bukelistas en el 248 de la Constitución salvadoreña dice así: “Para que la reforma pueda decretarse deberá ser (sic) ratificada… por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes”, es decir, por la misma legislatura.
A esa república, la salvadoreña, lleva Bukele años matándola. Empezó el 9 de febrero de 2020, cuando envalentonado por el amplio apoyo popular que ya cosechaba entonces, se metió con ejército y policía a la Asamblea Legislativa, se sentó en la silla del presidente del Congreso y salió diciendo que Dios le había hablado. Y siguió matándola a través de sus leguleyos, lacayos y acólitos.
Le dio otra puñalada hace tres años, cuando tras ganar supermayoría en las legislativas de 2021, dio su primer golpe de Estado en forma el 1 de mayo de aquel año. Usando a las oficinas estatales de inteligencia y a la policía amenazó a magistrados del Supremo y al fiscal general para que renunciaran a sus cargos para poner, en sus lugares, a leguleyos que estuvieran a su servicio, el del presidente. Ya sin Sala de lo Constitucional en la Corte Suprema de Justicia y con un fiscal general que hace según le ordena Casa Presidencial, el camino para los desmanes posteriores, incluida la reforma ilegal de la Constitución, quedó despejado.
El objetivo final es, se entiende, la consolidación absoluta del poder absoluto. Tampoco lo digo yo, lo dijo la fiscalía general -antes de ser cooptada por el bukelismo-: el círculo íntimo de poder que rodea al presidente es una empresa criminal que tiene, como uno de sus objetivos centrales, acumular poder, escribieron agentes fiscales en el expediente conocido como Operación Catedral.
Lo que sigue es fácil de prever; es la reforma de la ley primaria vía enmienda expedita o Constituyente, que abra el camino a la reelección indefinida y a la consolidación de lo que el mismo Bukele definió como “la democracia del partido único”. Es decir, el fin de la república.
Los próximos días, en El Salvador, estarán marcados por dos cosas. Por un lado recrudecerá, de forma sorda o explícita, la persecución a los últimos resabios de la oposición y la prensa independiente o de cualquiera que alce la voz contra el absolutista; y, por otro, el coro del bukelismo diciendo que todo está justificado porque estos, en realidad, no son cambios hechos por los diputados del presidente, sino “por el pueblo”, porque la mayoría voto por Bukele y sus adeptos, lo cual, en realidad, no es así.
A Nayib Bukele, lo votó en la presidencial de febrero pasado, el 43% de los salvadoreños y salvadoreñas. Es decir, cuatro de cada 10 en el padrón; los otros seis votaron por alguien más, se abstuvieron o anularon. Y a los diputados de Bukele los votaron menos, pero lograron mayorías gracias, en buena parte, a otras reformas ilegales que redujeron el tamaño del congreso y a un fraude en las legislativas que la comunidad internacional, timorata, avaló con su silencio.
No, no es la voluntad del soberano. La muerte de la república es la voluntad de un hombre, ejecutada por su ejército de empleados, propagandistas, cómplices, y tiktokeros varios.
