Gustavo Alejos no enfrentará juicio por el caso de corrupción conocido como “Red de Poder, Corrupción, y Lavado de Dinero”, en el que fue acusado de cinco delitos. La jueza de mayor riesgo “D” consideró que no había suficientes pruebas que evidenciaran su participación de en un esquema de corrupción.
Por Alexander Valdéz
La jueza de mayor riesgo “D”, Abelina Cruz Toscano, resolvió a favor del empresario farmacéutico Gustavo Alejos, y ordenó el cierre de la investigación conocida como Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero, en la que figuraba como acusado de cinco delitos.
Cruz Toscano, quien apenas hace dos semanas se integró a ese juzgado, resolvió que Alejos no deberá enfrentar juicio por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita, evasión, cohecho pasivo y defraudación tributaria. Pese a los medios de investigación recabados por el Ministerio Público (MP), en 2021.
Esta investigación identificó que uno de los principales operadores de la financiación de las campañas de distintos partidos políticos era Gustavo Alejos. Además, evidenció una red vinculada al ejercicio del poder en distintos períodos y gobiernos que se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos del constructor José Maynor Palacios Guerra y utilizó a bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar los recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice y la compra de bienes inmuebles.
Sin embargo, para la jueza la prueba aportada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) no fue suficiente para acreditar la participación de Alejos en los hechos investigados.
#URGENTE 🚨 Jueza favorece a Gustavo Alejos
La jueza Abelina Cruz Toscano ordena cerrar la investigación por el delito de cohecho pasivo a favor del exsecretario de la presidencia, Gustavo Alejos; tiene pendiente resolver si va a juicio por otros delitos. La audiencia continúa.… pic.twitter.com/ITqZztjDa0
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 12, 2024
La jueza que dictó la resolución es la misma que en su momento otorgó libertad a Blanca Stalling y quien la semana pasada modificó la acusación de José Luis Benito, condenado a sólo dos años.
Corrupción en impunidad
La investigación de la FECI y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenció cómo contratistas del Estado, particularmente de la construcción, concertaron con funcionarios de gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos o tener prelación en el pago de deudas. En esta causa se expuso el uso de mecanismos sofisticados para el lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción en la contratación de obra pública.
“Con el fin de ocultar el origen de los recursos, y darles apariencia de legalidad, y en asocio con otros miembros de la red, utilizó sociedades fuera de plaza (off shore) con sede en Belice y Panamá. Luego, a través de dichas entidades, celebró y/o autorizó distintos contratos de préstamo ficticios y compraventa de acciones de sociedades a través de las cuales adquirió varios apartamentos en el edificio Casa Margarita. Posteriormente, con el fin de mantener-obtener favores y beneficios, les entregó a funcionarios del gobierno entrante (Partido Patriota), casas y apartamentos por medio de una serie de sociedades y contratos falsos. La investigación determinó que también realizó transferencias a personajes públicos de alto perfil que se beneficiaron de las comisiones ilícitas”, indicó el MP.
Una condena y otros casos de corrupción
El 15 de junio del año pasado, el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, condenó por la vía de aceptación de cargos, al empresario farmacéutico Gustavo Alejos y a otras cuatro personas que reconocieron ser culpables en delitos de corrupción del caso denominado IGSS Negociantes de la Salud.
Alejos Cámbara aceptó haber cometido los delitos de cohecho activo, tráfico de influencias y asociación ilícita. Por esos delitos, los jueces lo condenaron a una pena mínima de ocho años y ocho meses de cárcel, más una multa de Q33 mil.
Al igual que Alejos, también aceptaron cargos y fueron condenados: Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo; y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, acusado de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo. El exsecretario de la presidencia también enfrentó otros casos de corrupción.
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