A lo largo del 2023 como año electoral fueron cerrándose uno por uno los casos más importantes sobre corrupción llevados a las Cortes. Las emblemáticas investigaciones que evidenciaron la conformación de estructuras criminales y de robo de recursos estatales incrustadas en las instituciones públicas han pasado a ser archivadas. Entre ellas, figura el caso de la Cooptación del Estado, uno de los procesos que alcanzó a empresarios, políticos y exfuncionarios del desaparecido Partido Patriota, incluido el expresidente Otto Pérez Molina, a quienes se señaló de beneficiarse con más de Q900 millones en sobornos.
Por Prensa Comunitaria
Durante el 2023 arrecia la persecución contra abogados, fiscales y jueces que lideraron la lucha contra la corrupción e impunidad en Guatemala. En cambio, con la continuidad de la fiscal general y el nuevo jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad FECI, las investigaciones que evidencian cómo estaban incrustadas las redes criminales en las instituciones del Estado empezaron a caerse.
La toma de la Fiscalía
¿Cómo avanzó la toma del sector justicia y la liberación de actores corruptos? Responder no es sencillo, hay que volver en el tiempo y retroceder hasta el año 2017, cuando el entonces presidente Jimmy Morales decidió declarar persona non grata y expulsar del país al jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez Gómez , actual ministro de la defensa de Colombia.
En el anuncio de la expulsión del comisionado, Morales estuvo acuerpado por políticos, militares y empresarios que buscaban evitar el avance de las investigaciones por corrupción que se desarrollaban en la FECI y CICIG.
Las estructuras corruptas que buscaban revertir los procesos iniciados en las Cortes que los habían dejado al descubierto, encontraron en el caso en el que se perseguía al hijo y al hermano del entonces nuevo presidente de la República una razón suficiente para hacerle creer que él también podría correr la misma suerte.
Este fue el punto de partida para lograr la codiciada “amnistía” para actores corruptos y corruptores. Prohibir ilegalmente la entrada al país de Velásquez sólo fue el primer paso, los siguientes se concretaron en mayo de 2018 con el nombramiento de Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público (MP) y con la no renovación del mandato de la CICIG..
Porras se encargaría de dirigir y ejecutar el plan para permitir que los casos e investigaciones se detuvieran, y que fueran llevados a prisión quienes encabezaron los procesos penales por casos de alto impacto y corrupción. .
Con su llegada empezó la cooptación del Ministerio Público, especialmente de la FECI y la Fiscalía de Asuntos Internos. En la actualidad son las dos fiscalías utilizadas para perseguir y criminalizar a jueces, abogados, periodistas y activistas de derechos humanos.
El 23 de julio de 2021, a Porras no solo le bastó con pedir la captura y frenar la candidatura de la exfiscal Thelma Aldana. Ese mismo día, Porras evidenció sus verdaderas intenciones al destituir al entonces jefe de la FECI Juan Francisco Sandoval, y tomar el control con fiscales aliados de las investigaciones emblemáticas que habían servido para evidenciar cómo funcionaban las estructuras criminales a lo interno del Estado.
Con la salida de Sandoval el plan avanzaba: la titular del MP tenía ya tenía a su disposición todos los expedientes que alcanzaban a empresarios, funcionarios y exfuncionarios procesados o investigados por actos de corrupción.
Pero la destitución y la persecución del exjefe de la FECI no fue la única tarea. Tras la salida de Sandoval, uno a uno, los fiscales que buscaron luchar contra la corrupción e impunidad fueron destituidos y obligados a exiliarse o pasar por una celda en una cárcel paradójicamente diseñada para las personas que ellos investigaban.
El retroceso en los casos contra la corrupción y la estrategia para archivarlos siguió su camino de la mano del nuevo gobierno dirigido por Alejandro Giammattei como presidente de la República y que logró cooptar los otros dos poderes: Legislativo y Judicial. La alianza de varios partidos en el legislativo dirigidos por el presidente garantizó impunidad en los casos que lo vinculaban a él, magistrados, diputados y jueces con señalamientos.
Contra todo pronóstico, Porras logró que Giammattei la reeligiera en un nuevo periodo al frente del MP.
El plan avanzó
Con la toma del MP y las fiscalías, la alianza oficialista -denominada popularmente Pacto de Corruptos- siguió su curso hasta que empezó el año 2023, año importante por la celebración de elecciones generales y por ser el último año de la administración de Giammattei. El Pacto de Corruptos necesitaba cooptar el proceso para mantener el control del Ejecutivo y agilizar el cierre de casos judiciales en su contra con resoluciones judiciales favorables.
Además, Porras y sus aliados procuraron venganza contra los fiscales, jueces y periodistas incómodos. Los primeros en pagar el costo fueron Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Siomara Sosa, Leily Santizo, Paola Escobar, Aliss Morán, contra quienes se giraron órdenes de detención y fueron sometidas a un injusto y prolongado encarcelamiento. Esa acción dejó claro que el MP se había convertido en el brazo ejecutor del Ejecutivo para criminalizar, atacar y perseguir a todos los que alguna vez intentaron pelear contra el sistema corrupto.
“Si el poder Ejecutivo es el autor intelectual, el Ministerio Público actúa como brazo ejecutor de la criminalización y asedio contra periodistas”, señala el informe del Índice de Chapultepec sobre la libertad de prensa y expresión del 2023.
Periodistas, activistas, políticos de oposición, estudiantes universitarios y defensores de derechos humanos, se convirtieron en objetivos. Un ejemplo sonado es el caso del fundador de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, detenido en julio de 2022, y quien, tras un proceso cuestionado en las Cortes, fue condenado por supuesto lavado de dinero a seis años de prisión. El MP, no satisfecho con la sentencia, apeló, el juicio fue anulado y deberá repetirse en 2024.
Casos incómodos de corrupción
Durante la época de la CICIG se avanzó en investigaciones que demostraron cómo operaban la mayoría de organizaciones políticas tradicionales en el país, colectando fondos dudosos sin reportar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y así poder llegar a la presidencia y colocar alcaldes y diputados.
Entre las investigaciones cerradas en 2023 se encuentra el caso del Financiamiento del partido FCN-Nación, caso que involucró desde el expresidente Jimmy Morales hasta la cúpula del empresariado. Velásquez les calificó de “élites depredadoras”, y ellos decidieron reconocer públicamente su culpabilidad y ofrecer disculpas ante los medios de comunicación. No se trató de un simple expediente de corrupción, fue el caso que permitió evidenciar cómo funcionaba el sistema de partidos políticos en Guatemala.
Para algunos analistas, fue este caso el que generó la caída de la CICIG. El sector empresarial buscó su expulsión, pues sus intereses habían sido expuestos ante la sociedad guatemalteca. Incluso, el entonces jefe de la CICIG, Iván Velásquez, calificó el financiamiento electoral ilícito de los partidos como el “pecado original” de la democracia guatemalteca.
No solo el MP y los fiscales aliados a Porras jugaron un rol que benefició a los actores corruptos. Algunos jueces que ocuparon el lugar de otros que salieron del país ante el hostigamiento y criminalización, decidieron botar los casos que en algún momento generaron movilizaciones masivas de la ciudadanía guatemalteca.
“El año de la amnistía para los actores corruptos”, así califica a 2023 el analista político Manfredo Marroquín, quien, además, asegura que se concretaron las verdaderas intenciones de estos cuatro años de gobierno: dejar en libertad a todos los actores vinculados a la corrupción.
“Este año fue una amnistía ad hoc, una amnistía para cada proceso. Se amnistió a los acusados de corrupción en casos muy evidentes. Éste era el propósito de estos cuatro años de gobierno: dejar en libertad a todos los acusados de corrupción, y es lo que el Pacto de Corruptos tenía como punto número uno de su agenda; y número dos, ir en contra de los operadores de justicia que conocieron los casos”, declaró el director de Acción Ciudadana.
Un reflejo de lo antes citado es que el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, publicado el 31 de enero de 2023 por Transparencia Internacional, ubicó a Guatemala en el puesto 150 de 180 países, un escalón más bajo que en el que estaba en 2021. Durante el actual gobierno, Guatemala obtuvo un puntaje de 25 en el IPC, mientras que en el 2019 logró 26.
En el informe de las organizaciones del Consejo de las Américas, Guatemala se encuentra entre las posiciones más bajas de Latinoamérica. En la medición de 2023, el país se encuentra en el puesto 13 de 15 evaluados, el mismo que ocupa desde 2021. La puntuación que recibió el país es de 2.86 puntos de un total de 10, lo que marca un descenso paulatino desde que comenzó a publicarse este índice en 2020, cuando aparecía con un puntaje de 4.04.
En esa evaluación las primeras posiciones las ocuparon Uruguay con una calificación de 6.99, seguido de Costa Rica (6.76) y de Chile (6.67). Estos países, según el análisis, “tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados”.
Hasta el final de la lista es donde se ubica a Guatemala solo por delante de Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46), países con el puntaje más bajo de probabilidad de que la impunidad continúe es mayor.
“El debilitamiento de las investigaciones sobre corrupción, junto con los ataques al sistema judicial” generaron un rompimiento de la democracia en un periodo de tres años, y el país pasó de ser una democracia electoral a una autocracia electoral, señala el informe de este año publicado por el Instituto V-Dem con sede en Suecia sobre el reporte de la democracia 2023.
Una larga lista de actores corruptos
La estrategia del Pacto de Corruptos de cerrar los casos que llegaron a las Cortes y continuar con el debilitamiento de las instituciones de justicia no pasó desapercibida a la comunidad internacional. En los últimos tres años, Estados Unidos ha sancionado a funcionarios guatemaltecos que continúan “socavando la democracia” y apoyando las acciones en favor de la corrupción e impunidad. En 2023, con el intento de golpe de Estado y la criminalización de operadores de justicia, más de 300 personas fueron sancionadas, con el retiro de visas, aplicación de la Ley Global Magnitsky y la inclusión a la Lista Engel de actores corruptos.
Entre los sancionados en 2023 figuran las siguientes personas:
- Consuelo Porras: la sanción del retiro de visa e inclusión de Lista de Actores Corruptos de Estados Unidos fue ampliada hasta su círculo familiar. Desde 2022, ese país le impuso una sanción más severa.
- Miguel Martínez: Estados Unidos le aplicó la Ley Magnitsky, medida que penaliza de manera económica y migratoria a este personaje que mantiene una relación cercana con el presidente de la República. Se le acusó de pedir grandes cantidades de dinero en sobornos para facilitar la compra de las vacunas Sputnik V para combatir la pandemia de la COVID-19 en el país, y participar en un esquema de corrupción que incluía contratos estatales para favorecer a empresas vinculadas con él.
- Cinthia Monterroso: fiscal del MP que, según dicho país, socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Fredy Orellana: juez a cargo de caso contra el partido Semilla y contra elPeriódico, a quien Estados Unidos señala de socavar los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales sin fundamento y con motivaciones políticas contra periodistas que estaban ejerciendo su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Jimi Bremer: juez a cargo de diversos casos de criminalización, a quien también se sindica de socavar los procesos o las instituciones democráticas al autorizar cargos penales por motivos políticos contra periodistas por ejercer su libertad de expresión protegida por la ley guatemalteca.
- Lesther Castellanos Rodas: exjuez y actual relator guatemalteco contra la tortura, socavó procesos o instituciones democráticas al tomar represalias contra un fiscal anticorrupción por presentar denuncias administrativas sobre el manejo de un caso penal por parte de Castellanos.
- Omar Ricardo Barrios Osorio: presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Portuaria, socavó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a un fiscal anticorrupción por denunciar actividades corruptas.
- Silvia Patricia Valdés Quezada: exmagistrada y presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que “socavó procesos o instituciones democráticas al participar en un plan para llenar la Corte Suprema y los Tribunales de Apelaciones con jueces corruptos”, señala Estados Unidos.
- Leonor Eugenia Morales Lazo: fiscal de la FECI y amiga de la fiscal Cinthia Monterroso. La acusación indica que “socavó procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”.
- Noe Nehemías Rivera Vásquez: exfiscal de Asuntos Internos y recientemente trasladado a otra unidad de investigación. “Socavó procesos o instituciones democráticas al presentar cargos por motivos políticos contra actores de la justicia que luchan contra la corrupción y la impunidad”, señala EE.UU.
- Pedro Otto Hernández González: ahijado de la fiscal general Consuelo Porras y actual fiscal de la FECI. Su nombre se hizo de conocimiento público cuando asumió el control de los casos de alto impacto de la FECI con la salida de Sandoval y con la liberación de varios de los acusados en dichos procesos.
- Ciento ocho diputados fueron sancionados por el retiro de visas, sanción que se extiende a sus familias. Los diputados Álvaro Arzú Escobar, Rodolfo Neutze y Shirlie Rivera, son los únicos que han reconocido que Estados Unidos les retiró la visa.
- Walter Mazariegos, rector de facto de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) fue incluido en julio pasado en la lista Engel por “socavar los procesos e instituciones democráticas al aceptar el cargo de rector de la institución de educación pública en julio de 2022 tras un proceso de selección fraudulento”. Es la primera vez que las sanciones del país norteamericano alcanzan a la educación superior en Centroamérica y la primera vez que un rector de facto de una universidad estatal está considerado como un actor corrupto de la región.
Caída al vacío
Desde la época del caso La Línea en 2015, que logró la renuncia y encarcelamiento de los entonces presidente Otto Pérez Molina y vicepresidenta Roxana Baldetti, el trabajo de la FECI y la CICIG fue trascendental para evidenciar cómo operan organizaciones criminales a lo interno de instituciones del Estado. Ocho años después, el escenario ha cambiado, los beneficios son para los políticos corruptos y la persecución va dirigida a quienes intentaron contrarrestar esas acciones o quienes en la actualidad lo intentan.
Investigaciones como la de Cooptación del Estado, en la que políticos y exfuncionarios vinculados al extinto Partido Patriota se beneficiaron con Q900 millones, pasó de ser uno de los más grandes casos de corrupción a ser anulado y favorable para los señalados de la corrupción .
El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, actualmente en el exilio junto a otros operadores de justicia que encabezaron las investigaciones que en 2023fueron cerradas en los tribunales de justicia, considera que el cierre de estos expedientes se dio gracias a que el MP de Porras se constituyó en una herramienta para procurar impunidad.
“Es la confirmación de que el MP de Consuelo Porras es una herramienta de impunidad para actores corruptos. Contrario a ello, los argumentos defensivos de los actores corruptos han sido utilizados para criminalizar a quienes investigamos estos casos. La obstrucción de justicia propiciada por Consuelo Porras es tan evidente que ha sido parte del sustento de sanciones internacionales impuestas a jueces y fiscales aliados de la impunidad”, indicó Sandoval.
Sobre los efectos que tendrá el cierre de procesos, señala que son irreversibles: “debido a que muchos de los casos no fueron impugnados, los resultados adversos a la transparencia causarán firmeza y no podrán revertirse”, añadió.
Solo en 2023 fueron cerradas más de diez investigaciones que llevaron a los tribunales de justicia a empresarios, políticos, exfuncionarios, funcionarios y narcotraficantes, que fueron investigados por su vinculación en diferentes procesos de corrupción.
Entre ellos figuran el Caso Plazas Fantasma, Cooptación del Estado, Odebrecht-Alejandro Sinibaldi, Mynor Moto-Libramiento de Chimaltenango, Construcción y Corrupción, Manipulación de Justicia, Alejandra Carrillo-Instituto de la Víctima, Financiamiento FCN-Nación, Sobornos Rusos a Giammattei, Carretera para familia de Giammattei, entre otros.
La mayoría de estos casos que dejaron de ser investigados y quedaron en el olvido fueron los trabajados por la FECI en conjunto con la desaparecida CICIG, que desvelaron cómo operaban los actores corruptos del país.
Sinibaldi, Moto, Manuel Baldizón e incluso magistrados señalados de amañar las Cortes, quedaron sin procesos penales y en libertad. Pareciera que el sistema corrupto retomó su control y todo volvió a la normalidad, es decir el retorno de la impunidad. Mientras que los fiscales que tuvieron asignados esos casos pagaron el costo de su trabajo con desempleo, exilio y criminalización.
Esos y otros casos de alto impacto fueron borrados de los juzgados penales, pero no de la memoria de los ciudadanos guatemaltecos, quienes han sido testigos de cómo el MP dirigido por Consuelo Porras no impidió que las acusaciones por corrupción fueran cerradas a favor de empresarios, ministros, presidentes y políticos. En esos procesos, la institución -sobre todo la FECI- se abstiene de apelar, consintiendo incluso la liberación de los implicados.
Estos son los detalles de los procesos que han quedado en la impunidad gracias a fallos judiciales y que durante el 2023 fueron abordados en diferentes publicaciones por Prensa Comunitaria:
Caso Cooptación del Estado
El 23 de noviembre, Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Dwight , Manuel López Ambrosio, Carlos Batzin y Ulises Anzueto, entre otros exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota, fueron beneficiados con el cierre del caso Cooptación del Estado, a ninguno se le envió a juicio. La resolución la dictó la jueza del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, Eva Recinos.
Este proceso fue develado casi un año después de La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.
Entre las evidencias de la CICIG y la FECI había declaraciones testimoniales, informes financieros, cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
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Jueza cierra proceso contra exministros del PP acusados de recibir Q900 millones en sobornos
Odebrecht-Alejandro Sinibaldi
En julio , aunque meses después la investigación fue reactivada, el juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, había ordenado el cierre del proceso Odebrecht que se sigue contra el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, actualmente en libertad.
El exministro de Comunicaciones fue capturado en agosto de 2020 luego de ponerse a disposición de la justicia tras haber estado prófugo desde el año 2016, cuando la FECI y la CICIG revelaron una serie de casos de corrupción que alcanzaron a altos funcionarios de aquel momento.
El caso Odebrecht es parte de una estructura conocida como “Construcción y Corrupción”, que se estableció que era liderada por el entonces ministro de Comunicaciones, quien gestiona cobros ilegales a cambio de realizar los desembolsos a las entidades contratistas.
Con el cambio de autoridad y fiscales en la FECI, la pesquisa tuvo un giro. Se dejó de investigar la vinculación de diputados y funcionarios que se habrían beneficiado con sobornos y se persiguió a quienes estuvieron al frente de la pesquisa. Este año también se anularon los convenios de colaboración eficaz, prueba clave para acreditar los eventos de corrupción.
A diferencia de otros países de América Latina, en Guatemala no se persigue a los funcionarios involucrados, sino que a los fiscales que trabajaron para evidenciar las acciones de corrupción en ese expediente.
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Caso Odebrecht: anulan resolución que había cerrado el caso contra Alejandro Sinibaldi
Caso 122 millones
Esta investigación sigue activa, sin embargo, con la destitución y traslado de fiscales, la pesquisa ya no avanzó. Esta fue una investigación que no solo alcanzó al exministro José Luis Benito, sino que al propio presidente de la República, Alejandro Giammattei.
El 16 de octubre de 2020, la FECI realizó un operativo en un inmueble ubicado en Condominio Doña Beatriz, Antigua Guatemala, Sacatepéquez, en donde se ubicó una gran cantidad de dinero en efectivo que asciende a Q.122 millones 351 mil 456.60.
El día del operativo, la FECI explicó que recibieron información relacionada con la existencia de un inmueble en el que se almacenaban fuertes sumas de efectivo provenientes, posiblemente, de sobornos dirigidos hacia un funcionario de la administración gubernamental.
Dentro de este caso fue que se tomó la declaración de un colaborador eficaz identificado como “Testigo A”, quien relató cómo en 2019 el mandatario presuntamente negoció un aporte de US$2.6 millones entregado por José Luis Benito, entonces ministro de Comunicaciones de Jimmy Morales, a cambio de continuar operando una estructura de corrupción en obras públicas.
Caso Manipulación de Justicia
El 23 de septiembre, la jueza de Mayor Riesgo “C”, Silvia de León, resolvió cerrar la investigación contra el militar Erick Melgar Padilla, quien fue señalado del delito de obstrucción a la justicia.
La jueza determinó que la FECI de Rafael Curruchiche no cumplió con lo solicitado para demostrar la posible responsabilidad del militar en el delito y así enviarlo a juicio. Melgar Padilla fue sindicado de manipular la investigación del asesinato de su padre José Armando Melgar Moreno, presuntamente por motivos relacionados con disputas de tierras, ocurrido el 9 de diciembre del 2012.
Erick Melgar Padilla es hermano del diputado de FCN-Nación y exasesor de seguridad de Jimmy Morales, Herbert Melgar Padilla, quien también fue señalado de espionaje a periodistas, activistas y políticos de oposición mientras estuvo como principal asesor de Morales en el Ejecutivo.
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Caso Plazas Fantasma del Congreso
El 26 de septiembre, la jueza de Mayor Riesgo “A”, Claudette Domínguez, resolvió a favor de 59 acusados, entre ellos algunos exdiputados del Congreso de la República, y decidió cerrar esta investigación relacionada con contrataciones irregulares en el Congreso de la República.
La investigación de la FECI y la CICIG había establecido que durante el período de la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas que no llegaban a trabajar al Congreso, pero que cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil.
Entre los exdiputados señalados se encontraban César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
Al igual que con el caso Odebrecht, en octubre una Sala anuló dicha resolución y reactivó el proceso.
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Construcción y Corrupción
El 3 de febrero, el juez de Mayor Riesgo “D”, Juan José Jiménez, decidió cerrar el caso de Construcción y Corrupción para 9 de los 15 implicados. Los beneficiados en esa resolución fueron: Mayra Lissette Marroquín Castillo, José Guillermo Samayoa Soria, Elder Vásquez Quevedo, Julio Roberto de la Peña González, Walter de Jesús López Acevedo, Roger Marco Antonio Navas Corado, Otto Vinicio Samayoa Soria, Dennis Eli Marroquín Castillo y José Roberto García Rodríguez.
El 14 de agosto de 2017, la FECI y la CICIG expusieron esta pesquisa, en la que establecieron la existencia de una estructura de alto nivel que supuestamente era liderada por el exministro Alejandro Sinibaldi. Se estableció que la red habría operado durante el gobierno del extinto Partido Patriota y que recibía sobornos a cambio de cancelar la deuda de arrastre que se tenía con contratistas del Estado o por asignarles nuevos proyectos.
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Financiamiento FCN-Nación
La investigación por supuesto financiamiento irregular del partido FCN-Nación fue cerrada por el Juzgado de Mayor Riesgo “D” que ahora dirige el juez Juan José Jiménez. El caso había estado detenido desde el año 2021, cuando la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió a favor de los empresarios acusados y anuló una resolución de la entonces jueza Erika Aifán, quien había enviado a debate a los empresarios José Andrés Botrán Briz y Luis Rodrigo Arenas Echeverría.
La investigación del MP y CICIG determinó que dirigentes de FCN-Nación establecieron un mecanismo alterno ilegal para gestionar el pago de fiscales electorales a través de la empresa Novaservicios, S.A. El aporte anónimo fue de Q7 millones, el cual no fue reportado al Tribunal Supremo Electoral, como lo establece la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
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Libramiento de Chimaltenango
El 16 de febrero, el Juzgado Tercero Penal revocó la orden de captura en contra del exjuez Mynor Moto, quien actualmente está por reincorporarse a sus actividades como juez y las acusaciones en su contra siguen en la impunidad.
En la segunda sindicación contra Moto, según el MP, él habría recibido un soborno en efectivo presuntamente pagado por personas vinculadas a la referida investigación para favorecerlos en la resolución que tendría que emitir en los días siguientes por el caso Libramiento de Chimaltenango.
Se trata de la resolución del 16 de octubre de 2020, en la que Moto dictó falta de mérito contra 16 personas detenidas y dio medida sustitutiva a Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente de Constructora Nacional, S. A. (Conasa), y Carlos Enrique Figueroa Ravanales, administrador único y representante de Renova Ingenieros, S. A., constructoras implicadas en el caso.
La investigación estableció que los sindicados defraudaron al Estado de Guatemala por medio del Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda, en un evento de Licitación Pública para la construcción de la carretera Libramiento de Chimaltenango, en el que se benefició a la Constructora Nacional, S. A. por medio de Renova Ingenieros, S. A. como entidad oferente en el evento.
El 27 de enero del 2022, el Juzgado de Mayor Riesgo “C” envió a juicio a 22 personas implicadas en el Caso Libramiento de Chimaltenango, un caso de corrupción que supuestamente se dio en el gobierno de Jimmy Morales en la que se invirtieron los más de Q500 millones.
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Caso contra Alejandra Carrillo
El 12 de octubre se hizo público que la exdiputada y directora del Instituto de la Víctima, Alejandra Carrillo no será investigada por el caso de la supuesta adjudicación irregular del edificio en el que funciona el Instituto de la Víctima, pese a la existencia de una denuncia, documentos y chats que señalan un supuesto negocio irregular.
El caso fue cerrado pese a que, el 10 de junio de 2021, la Fiscalía Contra la Corrupción allanó la sede del Instituto de la Víctima para obtener información en seguimiento a la denuncia por supuestas irregularidades en el contrato de arrendamiento del edificio. En esa diligencia el MP comunicó que se trataba de un caso por la presunta sobrevaloración del edificio donde funciona la institución.
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Caso de sobornos rusos
El 25 de octubre, el MP confirmó que la Fiscalía Contra la Corrupción cerró la investigación relacionada con el supuesto pago de sobornos por empresarios rusos al presidente de la República, Alejandro Giammattei, con el que la empresa minera Mayanickel, S.A. buscaba obtener por arrendamiento por un plazo de 20 años una porción de terreno del área del puerto Santo Tomás de Castilla ubicado en el Caribe guatemalteco.
Esa investigación salió a la luz en julio de 2021, luego de que la fiscal general Consuelo Porras destituyó al exfiscal Juan Francisco Sandoval. En una conferencia de prensa, Sandoval hizo público que previo a su destitución, se encontraba iniciando una investigación por una denuncia relacionada al supuesto pago de sobornos de empresarios rusos que vinculaba a Giammattei.
En ese mismo año, el periódico The New York Times dio seguimiento al tema y publicó una investigación periodística que consignaba las declaraciones de un testigo que señaló al presidente Giammattei de recibir supuestos sobornos de individuos de origen ruso. A este hecho se le llamó el caso de la “Alfombra Mágica”.
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MP cierra caso “Alfombra mágica” que implicaba en sobornos rusos a Giammattei
Investigación por carretera a propiedades de Giammattei
Desde el 14 de febrero de este año, el MP decidió cerrar el caso. Este se había iniciado por una publicación de Vox Populi que expuso que la familia Falla, conocida por ser propietaria de fincas para el cultivo de café en Sacatepéquez, es una de las beneficiadas con la construcción de un tramo carretero. Además, explica que la finca El Nacimiento, que se encuentra a la mitad del tramo carretero de 11.7 kilómetros que conecta el municipio de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, con Palín, Escuintla, es propiedad de la empresa El Rubicón, Sociedad Anónima, cuyo gerente general y representante legal es Juan Pablo Falla Girón, sobrino del presidente.
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El Ministerio Público cierra el caso de una carretera que beneficiaba a la familia de Giammattei
