El MP no mostró oposición a que se denegara el amparo que buscaba dejar sin efecto la resolución que favoreció al exdiputado y su exasistente.
Por Alexander Valdéz
El expresidente del Congreso de la República, Pedro Muadi, fue favorecido con una resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC) que mantiene vigente la decisión de la Sala Segunda de Mayor Riesgo, que redujo la pena impuesta contra el exdiputado de 30 años de cárcel a 8 por el delito de cohecho.
La CC analizó un amparo solicitado por los representantes del Organismo Legislativo, quienes, en su calidad de querellantes dentro del proceso de Plazas Fantasma, pidieron que se analizara reactivar un recurso de casación que no fue tramitado en la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y que buscaba dejar sin efecto el fallo que beneficiaba al exfuncionario.
“Al rechazar la casación, utilizó un rigorismo indebido, que lo privó de su derecho de accionar ante el órgano jurisdiccional competente y poder defenderse, presentar alegatos y utilizar los medios de impugnación previstos en la ley, con el objeto de poder perseguir las acciones ilícitas que menoscaban su patrimonio y que el tribunal sentenciador tuvo por acreditada”, fue el argumento del querellante.
Sin embargo, la CC al analizar el recurso legal consideró que no era viable acceder a la protección provisional y denegó la acción. “Este Tribunal advierte que el proceder de la autoridad reprochada, contrario a lo manifestado por el ahora postulante, no deriva de un rigorismo indebido, ni transgrede el derecho y el principio jurídico señalados, pues la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la emisión del acto reclamado, ajustó su actuar de conformidad con el ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 442 y 445 del Código Procesal Penal, sin que tal proceder denote que hubiere ocasionado agravio alguno”, resolvió.
Al haber dictado esa resolución, confirma la resolución que beneficia a Muadi, quien, en marzo de 2020, había sido sentenciado por los delitos de peculado por sustracción asociación ilícita y lavado de dinero; sin embargo, ese fallo fue apelado y la Sala Segunda de Mayor Riesgo le redujo la condenan a 8 años.
Esa resolución también alcanza a Ximena Toriello Martínez del Rosal, exasistente del diputado Muadi, quien había sido sentenciada por el delito de lavado de dinero, pero la pena fue revocada.
MP no mostró oposición a denegar la casación
En la resolución de la CC consta que el Ministerio Público (MP) no se opuso a que se negara el amparo pedido por el Congreso, que buscaba dejar sin efecto el fallo favorable para Muadi y su exasistente.
“La Cámara Penal fue clara al considerar que, a pesar de haber otorgado plazo de tres días para subsanar las deficiencias de las que adolece el planteamiento inicial, el recurrente no cumplió con subsanarlas, por lo que era procedente rechazar el recurso. En ese sentido, la resolución emitida no constituye una disposición arbitraria, ya que la autoridad reclamada actuó conforme a las atribuciones que le confieren las normas adjetivas penales aplicables. Solicitó que se deniegue el amparo”, consta en el pronunciamiento del MP.
Caso Plazas Fantasma fase l
La primera fase de la pesquisa alcanzó al exdiputado Muadi. En la misma la FECI y la CICIG, señalaron que los acusados habrían integrado una red delictiva que habría perjudicado las finanzas del Congreso.
De acuerdo con las investigaciones, Muadi habría facilitado la contratación de personas que estarían a su disposición, pero que estas, aunque cobraban su salario mensual, no acudían a trabajar a ese organismo del Estado.
La pesquisa determinó que las personas que habían sido contratadas recibían salarios mayores a Q8 mil y que desempeñaban funciones en empresas vinculadas con Muadi. También se señala que había un encargado de marcar la asistencia de cada una de las personas que laboraban a disposición del expresidente del Congreso, porque estas no se presentaban a cumplir sus supuestas funciones.
Por esos hechos, el Tribunal Octavo, que emitió la condena en marzo de 2020, determinó con la prueba del MP, que hubo “participación coordinada” de Muadi con personal del Congreso y de la empresa Productos, Servicios y Equipos, S.A., de cual él era el accionista mayoritario, para contratar personal que no laboró. Gracias a esa operación Muadi sustrajo Q4.3 millones por plazas de personas que contrató en el Legislativo. Sentencia que luego fue revocada por la Sala.
Otra fase de la investigación
En 2022, la jueza de mayor riesgo “A”, Claudette Domínguez, decidió cerrar la investigación a favor de 57 personas que figuraban en otra fase del caso Plazas Fantasma del Organismo Legislativo. A criterio de Domínguez, hubo inconsistencias en la obtención de las pruebas del ente investigador. Ese fallo fue confirmado esta semana por la misma Sala que redujo la condena de Muadi y anuló la de su exasistente.
Los exdiputados beneficiados en ese caso fueron: César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá.
