La jueza al resolver anuló toda la prueba que recabó la desaparecida CICIG y eso favoreció a los acusados. A criterio de Eva Recinos, dicho ente no estaba facultado para realizar funciones de investigación que solo le competen al MP.
Por Prensa Comunitaria
Mientras que estudiantes, profesionales, exfiscales anticorrupción, operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos están siendo encarcelados, solo por sus opiniones en redes sociales, políticos y empresarios acusados de beneficiarse con más de Q900 millones en sobornos, son liberados por el sistema de justicia guatemalteco.
El turno de recibir un beneficio judicial fue para los exministros y exfuncionarios del gobierno del desaparecido Partido Patriota (PP) que fueron acusados de lavado de dinero y cohecho pasivo en el caso Cooptación del Estado, proceso develado en tiempos de la antigua FECI y la CICIG.
Entre los beneficiados están: Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Dwigth Pessarozzi, Manuel López Ambrosio, Carlos Batzin y Ulises Anzueto. A ellos se les decretó sobreseimiento por cohecho pasivo y lavado de dinero. También se dictó un fallo favorable para el exdirector del Renap, Rudy Gallardo; y la exdirectora del RIC, Emilia Ayuso, a quienes se les sobreseyó por el delito de cohecho pasivo.
#URGENTE 🚨 La jueza Eva Recinos cierra el proceso y no envía a juicio a los exministros del PP acusados de beneficiarse con sobornos millonarios.
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Durante su resolución, la jueza de mayor riesgo “B”, Eva Recinos, quien asumió el control del expediente tras la salida de Miguel Ángel Gálvez, consideró que no se acreditó, con ningún medio de prueba, la comisión de los hechos investigados por la FECI y CICIG. Previo a dar a conocer el fallo, la juzgadora aceptó un recurso planteado por Ayuso y dejó fuera del expediente los medios de investigación aportados por la desaparecida CICIG. Recinos dijo que no tenían la facultad para realizar dichas pesquisas y que solo le competen al Ministerio Público (MP).
“En este caso, quien juzga considera que se han violentado derechos de los acusados, en virtud que el MP aceptó que un ente externo (CICIG) supliera las funciones de investigación, que únicamente le compete al MP como ente acusador. Es el único ente encargado de la persecución penal…”, dijo la jueza.
3️⃣🧶 Corrupción estatal
Este proceso fue develado casi un año después de La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.#CooptacionDelEstado
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Es decir, en este proceso toda la prueba que practicó el ente internacional fue anulada por la juzgadora. Eso benefició a los acusados, debido a que no se tomaron en cuenta diferentes medios de investigación que eran claves para determinar la posible participación de los procesados en acciones de corrupción.
El que se dicte sobreseimiento en un caso, significa que cesa la persecución penal contra una persona y no deberá enfrentar debate oral y público por los hechos descritos en la acusación que presentó el MP. Dicho fallo podrá ser apelado por la FECI, si lo considera viable.
2️⃣ 👉🏼 Entre los beneficiados están: Alejandro Sinibaldi, Mauricio López Bonilla, Dwigth Pessarozzi, Manuel López Ambrosio y Ulises Anzueto. Se les decreta sobreseimiento por cohecho pasivo y lavado de dinero.
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La jueza Eva Recinos concluyó la audiencia de apertura a juicio del caso Cooptación del Estado a las 22:30 horas de este jueves 23 de noviembre. Solo 4 de 23 acusados enfrentarán debate por la investigación relacionada con actos de corrupción durante el gobierno del PP.
Sobornos millonarios
En el año 2016, la FECI y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) establecieron que la organización integrada por altos exfuncionarios del PP y empresarios pudo beneficiarse con aproximadamente Q900 millones en sobornos.
Entre las evidencias de la CICIG y la FECI había declaraciones testimoniales; informes financieros; cuadros de control que detallan la manera en que se distribuyó el dinero para el financiamiento electoral ilícito y las comisiones millonarias que pagaron los contratistas a cambio de adjudicación de proyectos; así como documentos financieros y legales de las sociedades creadas para disimular el origen del dinero, entre otras.
“Crearon empresas de cartón utilizadas para recibir sumas millonarias de financistas del Partido Patriota, ocultar dinero de origen ilícito y adquirir bienes inmuebles a favor de Pérez Molina y Baldetti Elías. Se identificaron regalos lujosos que fueron adquiridos para los exgobernantes, a través de sociedades ficticias, como tres helicópteros, una avioneta, vehículos, residencias, fincas y hoteles, entre otros”, detalla la acusación.
Este proceso fue develado casi un año después de La Línea y fue considerado uno de los más grandes hallazgos de corrupción estatal, porque alcanzó a funcionarios, exfuncionarios, empresarios y particulares.
Otto Pérez Molina aceptó su culpabilidad
En septiembre, el ex presidente Otto Pérez Molina reconoció haber cometido los delitos de fraude, lavado de dinero y cohecho pasivo, por los eventos de corrupción denominados Cooptación del Estado, Coperacha y TCQ.
En la diligencia, el exmandatario admitió la comisión de esos delitos. “Acepto mi responsabilidad en esos hechos”, enfatizó a la jueza y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) el expresidente Molina.
Al igual que Pérez Molina, la exvicepresidenta Roxana Baldetti solicitó declararse culpable. La audiencia de aceptación de cargos no se ha realizado, la misma se suspendió en diferentes ocasiones por supuestos padecimientos de salud de Baldetti.
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Eva Recinos fue electa magistrada
Esta semana, la jueza Eva Recinos, quien ha sido cuestionada por haber otorgado libertad a la excandidata presidencial Sandra Torres, cuando estaba ligada al caso de financiamiento electoral ilícito de la UNE, fue electa por el Congreso de la República como magistrada de Sala de Apelaciones. Es decir, próximamente dejará el juzgado y ocupará un puesto de mayor rango.
En el listado también fue incluido el juez Geisler Samille Pérez Domínguez, quien fue señalado en el caso Comisiones Paralelas por su vinculación con Gustavo Alejos. Pérez también fue sancionado por el Departamento de Estados Unidos por considerarlo un actor corrupto y antidemocrático.
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