Esta tarde, el juez Víctor Cruz acató la resolución de la Sala Primera de Apelaciones y ligó a proceso a los estudiantes y profesionales por el delito de usurpación agravada, uno más grave por el que se les había procesado en la primera declaración.
Por Prensa Comunitaria
El juez “A” del Juzgado Décimo Penal, Víctor Cruz, ejecutó la resolución de la Sala Primera de Apelaciones y cambió el delito por el que había ligado a proceso a estudiantes y profesionales vinculados al caso de criminalización contra la resistencia universitaria, que se opuso a la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos.
El pasado 14 de febrero, los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones resolvieron aceptar parcialmente una apelación presentada por el Ministerio Público (MP) y ordenaron al juez décimo “A”, cambiar el delito de usurpación por usurpación agravada, un delito más grave al que inicialmente les impuso en la primera declaración.
En la resolución también se confirmó la libertad condicional para los estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos (USAC), quienes fueron criminalizados por apoyar el movimiento universitario que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector.
La resolución aplicó para el primer grupo de criminalizados: Eduardo Antonio Velásquez Carrera, Andrea Marcela Blanco Fuentes, Javier Alfonso De León Gómez, Alfredo Enrique Beber Aceituno, Rodolfo Chang Shum y Martin Jorge Macario, detenidos el 16 de noviembre de 2023.
Al haberse ejecutado el fallo, seguirá el plazo de investigación y el MP debe continuar con la pesquisa hasta entregar la acusación en el Juzgado, que luego deberá realizar la audiencia de apertura a juicio contra los señalados.
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Caso USAC: Sala agrega un delito más grave a estudiantes y profesionales
Los estudiantes y profesionales, además de dicho delito, también están procesados por depredación de bienes culturales.
MP no logró todo su cometido
El MP buscaba que se agregara también el delito de sedición y asociación ilícita. Sin embargo, en esos se mantuvo la falta de mérito. Además, se confirmó el beneficio de la libertad condicional.
“Si bien es cierto a los sindicados se les ligó a proceso penal, por el delito de usurpación, por la posibilidad de que atentaron contra el patrimonio ajeno, mediante actos que consistieron en apoderarse de una propiedad o de un derecho ajeno o que se tratara de una permanencia ilegal en un bien inmueble, también lo es que en el presente caso encuadra perfectamente en los presupuestos establecidos en el Artículo 257, del Código Penal, del delito de Usurpación Agravada y no del Delito de Usurpación”, fue lo único resuelto por la Sala.
En los últimos días el juez “A” del Juzgado Décimo Penal empezó una nueva audiencia de primera declaración para un segundo grupo de estudiantes, sindicalistas y profesionales que fueron vinculados al caso contra la resistencia universitaria.
En este segundo caso están señalado: Cindy Gabriela Dávila Morales, hermana del exdiputado Aldo Dávila; Hada Marieta Alvarado Beteta; Amílcar Enrique Bremer Ramírez; Kevin Alexander Junior Carrera Vielman; Juan José García Marroquín; Miguel Ángel Vásquez Rodríguez; Paulo Roulet Pellecer; y Andrea Nicole Prera De León.
A cada una de las personas se les había girado órdenes de captura por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada, usurpación agravada en forma continuada, asociación ilícita y sedición. Pero se revocaron cuando los señalados expresaron interés de solventar su situación legal.
El MP persigue al movimiento estudiantil
El 14 de mayo 2023 se cumplió un año de la imposición de Walter Mazariegos como rector de facto de la USAC. Cuando el Consejo Electoral impidió la participación de 90 electores con el apoyo de la policía, grupos de choque y de agentes de una empresa de seguridad privada. Violentando principios de la autonomía Universitaria autorizaron y ratificaron una elección fraudulenta con 72 personas afines a Walter Ramiro Mazariegos Biolis, quienes pese al rechazo de decenas de universitarios ingresaron por otras puertas y votaron a su favor.
La acción se llevó a cabo a pesar de la serie de amparos y denuncias penales que, desde el 27 de abril de 2022, intentaron revertir la exclusión de 20 de los 34 cuerpos electorales legítimamente electos. También por la falta de idoneidad de Mazariegos para convertirse en rector, pues consta en denuncias que no contaba con los cinco años de ejercicio docente que establece la ley interna de la USAC.
A más de un año de este evento que sacudió a las principales organizaciones y agrupaciones universitarias y dieron paso a una de las resistencias más largas en la historia reciente de la USAC, el tema continúa judicializado por 21 recursos legales y amparos en varias cortes. Además, las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público han avanzado. La mayoría de estas fueron rechazadas y varias de ellas planteadas por las autoridades universitarias en contra de estudiantes y trabajadores.
