Hay al menos dos corrientes de opinión alrededor de lo que sucede en Guatemala y su contexto político, por un lado quienes consideran que el golpe se concretará y que los casos penales contra el Movimiento Semilla y otros actores sociales y políticos continuarán, hasta impedir que el binomio electo democráticamente tome posesión, mientras que otros analistas consideran que las últimas actuaciones realizadas por el Ministerio Público son medidas desesperadas de los golpistas, que no prosperarán.
Por Carlos Estrada
Desde el pasado 25 de junio a media noche, los integrantes del Pacto de Corruptos -como popularmente se le llama a la alianza oficialista con sectores criminales y empresariales- empezaron a realizar todo tipo de acciones legales, con el fin de impedir que el único candidato a la presidencia que no formaba parte de su estrategia y no les garantizaba continuar con la impunidad de la que han gozado históricamente y en especial desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fuera electo presidente.
Los escenarios probables frente a este momento que vive el país son principalmente dos, el primero es que el golpe de Estado se termine de concretar. Para algunos analistas las más recientes acciones legales son parte de la ruta que se trazó desde el Pacto de Corruptos para impedir la llegada de Arévalo y Herrera a la presidencia, luego que estos lograron obtener el voto de los guatemaltecos. El segundo escenario es que con éstas acciones, no llegarán a concretar un golpe de estado y que sus acciones fallidas, son las medidas desesperadas de un grupo, conformado por el gobierno de turno, sus aliados, jueces, fiscales y empresarios, ante los constantes fracasos de sus anteriores maniobras. Finalmente Arévalo tomaría posesión aunque bastante desgastado.
Analistas como Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, afirma que la única forma de evitar que el guion del golpe avance, es que la movilización popular siga fuerte “ellos mantienen el control de todo, no veo opción de frenarlos institucionalmente. Deberá ser por la vía social, con la gente en la calle o con una combinación de presión popular con presión internacional, sin embargo, mientras esto no se dé, ellos van a seguir con el guion”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) por su lado llamó al Estado guatemalteco a respetar los resultados electorales y al Ministerio Público (MP) a frenar las acciones que buscan vulnerar la decisión de los ciudadanos guatemaltecos. Pese a esto la fiscalía respondió con la presentación del caso conocido como “Toma USAC, botín político”.
Caso con el que la crisis política en Guatemala se agravó a partir de la detención de seis personas y la persecución penal contra otras 21, en su mayoría integrantes del movimiento universitario contra el fraude electoral ocurrido en Universidad de San Carlos (USAC), que impuso a Walter Mazariegos como rector de facto. El MP además presentó solicitudes de antejuicio contra el binomio presidencial electo y seis diputados.
El ex embajador de Estados Unidos en Guatemala Stephen McFarland señaló que el objetivo de estas detenciones eran : “crear miedo en la oposición, reforzar la disciplina en el pacto de corruptos, y tener algo para canjear. Son mucho más que excesos en la aplicación de la ley”, dijo McFarland en X la red social antes llamada Twitter.
En la misma línea sobre los últimos acontecimientos en el país, la ex fiscal general Claudia Paz y Paz expresó desde el extranjero su preocupación debido a que hay criminalización de los derechos, ya que las órdenes de captura se basaron en el rechazo a las autoridades o por expresiones de solidaridad de algunas de las personas detenidas, un derecho que está amparado en la Constitución.
“Lo que hizo la fiscalía es criminalizar el ejercicio del derecho. Es un caso que no tiene ningún sustento y es muy peligroso, yo llamaría a estas acciones dictatoriales, con el agravante de evitar que las autoridades legítimamente electas tomen posesión”, dijo.
Aunque los seis detenidos el pasado 21 de noviembre por el caso Toma Usac, obtuvieron medida sustitutiva, todos fueron ligados a proceso y la investigación continúa por parte del MP.
Pese a los llamados de la comunidad internacional y las masivas manifestaciones que durante más de un mes se dieron a lo largo del país con el llamado al Paro Nacional Indefinido y la permanencia de la protesta desde los pueblos originarios en ciudad de Guatemala, las acciones antidemocráticas y de rompimiento constitucional para alterar el proceso electoral han continuado, especialmente impulsadas desde el Ministerio Público.
El director de International IDEA, Daniel Zovatto afirma que más tarde que temprano habrá consecuencias graves si no se actúa con contundencia, ya que los golpistas creen que se puede burlar la voluntad ciudadana.
El actuar del MP ha sido calificado por expertos como un golpe de Estado en cámara lenta, y en el cual se realizan interpretaciones antojadizas de las leyes, en contubernio con jueces y magistrados aliados para perseguir a cualquiera que se interponga en su camino, operadores de justicia señalados en varios casos de corrupción, incluso algunos incluidos en la lista Engel de actores corruptos señalados por el Departamento de Estado de los EEUU
Las fuerzas que operan el golpe, siguen apresuradamente accionando contra reloj, tienen como presión la llegada del 14 de enero de 2024, fecha en la que el régimen actual deberá entregar el poder político del Estado.
Escenario 1: sigue la ruta hacia el golpe
Luego de las detenciones de 6 personas integrantes del movimiento universitario contra el fraude y una activista y ex candidata del Movimiento Semilla, y la presentación de antejuicios contra el binomio electo se ha encendido una alarma más sobre la crisis en Guatemala.
Los netcenters que operan desde el Ministerio Público, cómo ha denunciado el diputado unionista Enrique Montano, han amenazado a actores independientes con procesos legales por oponerse a la ruta que tienen trazada para evitar que Arévalo y Herrera asuman los cargos para los que fueron electos.
Uno de estos actores es el mismo Montano, quién señaló que él y su familia estaban siendo amenazados por personas con interés en que se les retire el antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y denunció que el proceso de retiro de antejuicio era solo una pantomima que tenía como fin evitar la toma de posesión de Arévalo. El diputado y presidente de la pesquisidora que resolvió finalmente levantar el antejuicio a los magistrados del TSE el 29 de noviembre, denunció directamente a Ángel Arnoldo Pineda Ávila actual secretario del MP como uno de esos netcenter, informó La Hora.
Daniel Zovatto doctor en derecho internacional y director para América Latina y el Caribe del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), una organización intergubernamental que apoya la democracia en el mundo, señala que las nuevas acciones del Ministerio Público son un nuevo intento dentro de una larga lista de acciones que ha realizado el Pacto de Corruptos desde el Ministerio Público y del Sistema Judicial, para tratar de evitar que el presidente electo tome posesión. Identifica el inicio de toda esta crisis cuando se bloqueó la participación en las elecciones generales de figuras que no estuvieran bajo su control.
Para Manfredo Marroquín del capítulo nacional de Transparencia Internacional, las últimas acciones del pacto de corruptos siguen en la misma línea del guión del golpe de estado, y aunque pareciera ser que son patadas de ahogado, este ahogado cuenta con tanques de oxígeno, señala Marroquín, en referencia a que tienen cooptadas si no todas, la mayoría de las instituciones públicas que sirven de pesos y contrapesos en una República.
“Es muy clara su intención y en la medida que mantienen el control en todas las instituciones del Estado, estos pequeños golpes buscan avanzar para dar el gran golpe y cada vez están más cerca de llegar a este objetivo”, y asegura que al estar todas las instituciones bajo su control, no hay nadie que los detenga por muy absurdas, ilegales y sin fundamento que presenten las acciones legales, siempre encontrarán a alguien de la estructura corrupta que los respalde.
La presión internacional también se eleva
El gobierno de los Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea han sido contundentes en sus reacciones. La Unión Europea señaló que estas acciones “inevitablemente tendrían repercusiones en las relaciones entre la Unión Europea y las autoridades que permiten que esto suceda.”
Mientras el encargado de Negocios, Patrick Ventrell, que cumple las funciones de embajador de Estados Unidos en Guatemala, dijo en una entrevista con Plaza Pública que “Si Guatemala empieza a ser una sociedad no democrática, habrá consecuencias para la relación comercial”.
Fuentes vinculadas al sector empresarial, han señalado que han habido advertencias directas a los empresarios sobre la posibilidad de reducir las cuotas comerciales incluidas en el Tratado de Libre Comercio si estos continúan con el apoyo al Golpe de Estado.
Además, en los últimos días, el Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que sancionará con todos los medios a su alcance a quienes intenten impedir que Arévalo y Herrera asuman el cargo para el que fueron electos.
También, representantes del gobierno estadounidense han visitado el país y se han reunido tanto con organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios y empresarios, como con funcionarios del actual Gobierno y con la vicepresidenta y el presidente electos.
Entre las visitas está la de Philip Gordon, asesor en Seguridad Nacional de la vicepresidenta, Kamala Harris, además del subsecretario de Estado Brian Nichols.
Estas medidas empezaron con la publicación de una lista de funcionarios o empresarios considerados “corruptos y antidemocráticos”, conocida como Lista Engel, más tarde advirtieron que retiraron las visas a 24 guatemaltecos por socavar la democracia y el estado de derecho.
Uno de los empresarios agrícolas originario de Alta Verapaz, vinculado a Cementos Progreso, Carlos Torrebiarte, reconoció en una columna de opinión que a él y a su esposa, les habían retirado la visa de Estados Unidos después de 45 años de tenerla. Torrebiarte ha sido uno de los empresarios que activamente han intentado socavar el proceso electoral, señalando supuestos fraudes, pese a que los observadores internacionales han dicho que la elección fue transparente.
Sin embargo para Zovatto, a pesar de que las acciones son positivas, esto no es suficiente si los actores continúan en su empeño de evitar que Arévalo asuma la presidencia. “Estamos viendo una estrategia que he venido denunciando desde hace mucho tiempo, de que el pacto de corruptos iba a utilizar todos sus recursos, para tratar de evitar la llegada del presidente electo Arévalo al poder”.
Señala que debe haber una respuesta ejemplar a los golpistas para dar una muestra internacional sobre que esas acciones no se permiten en una democracia, trazando una línea roja muy clara y diciendo qué es lo que no se va a permitir.
“Esos actos arbitrarios e ilegales que se mueven con total impunidad, van generando un efecto espejo, en el cual los integrantes de este grupo del pacto de corruptos dicen, bueno, si no pasa nada, más allá de algunas sanciones o más allá de que te quiten algunas visas y si no pasa nada en Nicaragua o no pasa mayor cosa en El Salvador, pues hagamos nosotros lo mismo”, indica Zovatto.
Continúa diciendo “En Guatemala hay un golpe de Estado instrumentado a través del mal uso de los sistemas judiciales y la fiscalía. Por esto es necesario que se active la Carta Democrática Interamericana y que se envíe un mensaje muy claro a las autoridades en Guatemala, en donde el Presidente Giammattei tiene mucha responsabilidad y no puede hacerse el distraído, no puede usar como excusa la supuesta división de poderes”, y dijo que la OEA debe convocar de emergencia a los cancilleres de los países miembros, para poner sobre la mesa la gravedad de lo que está a punto de ocurrir que es un golpe de Estado, en donde se quiere negar la voluntad de la ciudadanía que se expresó en las urnas con absoluta claridad.
Claudia Paz, exfiscal general también ve con buenos ojos el apoyo internacional como relevante para impedir las acciones que promueven un golpe.
“Como pocas veces hay un consenso en la comunidad internacional, de que lo que está ocurriendo en Guatemala es un atropello a la democracia y también un atropello a la Carta Democrática y dan cuenta de un consenso en las Américas sobre la gravedad de la situación. Si uno se detiene a escuchar los discursos de los representantes ante la OEA y las del propio Secretario General, se observa que hay una claridad de que, es la Fiscalía la que está atentando contra la voluntad popular”.
Escenario 2: Patadas de ahogado
El segundo escenario es que con éstas acciones, no llegarán a concretar un golpe de estado y que son medidas desesperadas de un grupo conformado por el gobierno de turno, sus aliados, jueces, fiscales y empresarios ante los constantes fracasos de sus anteriores maniobras. Son tácticas de desgaste para mantener poder e impunidad.
Las acciones golpistas impulsadas para terminar de cooptar el Estado en el proceso electoral, no han salido como lo esperaban. Una de las razones es porque llegaron divididos y tuvieron contradicciones entre sí, prueba de ello es que hubo varias candidaturas como la de Zury Ríos, Manuel Conde y Sandra Torres, y terminó ganando el binomio presidencial del partido Movimiento Semilla que acumuló la indignación popular y se tradujo en un voto antisistema.
Tampoco les funcionó el intento de fraude y la cancelación de partidos que les podían disputar las elecciones, como tampoco las acciones para intentar anular el triunfo de Semilla desde la primera vuelta que se consolidó ampliamente con los resultados del 20 de agosto en la segunda vuelta.
El diputado Mario Taracena, es el más optimista de los entrevistados y señala que pese a los intentos que seguirán haciendo los golpistas, Arévalo tomará posesión el próximo 14 de enero, ya que la agresividad y forma en la que se están comportando es una señal de que están derrotados. “Todas estas acciones tanto las legales como políticas, han sido grandes fracasos por parte de los golpistas quienes a pesar de anunciarlos con bombos y platillos, no han logrado demostrar de manera sólida que hay anomalías reales y han sido casos montados con la única intención de evitar la toma de posesión de Arévalo”, dijo.
Los intentos que hubo de criminalizar el Paro Nacional Indefinido, con la toma de la presa Xayá-Pixcayá según Taracena fue idea del presidente quien fue gerente de la empresa Municipal del Agua “todo les ha salido mal, la gran idea de Giammattei fue quitar el agua, pero no pensó que los guatemaltecos están tan acostumbrados a estar sin agua que mandaron a traer pipas y tranquilos no pasó nada, tienen años de no tener agua, no sintieron el problema, eso fue otro fracaso”, señala el legislador.
El constituyente indica además, que los conspiradores con sus acciones han fortalecido a Arévalo tanto nacional como internacionalmente, en lugar de debilitarlo como pretendían. Hace cinco o seis meses, nadie sabía quién era Bernardo Arévalo, ahora todo el mundo sabe de él, agrega.
“Van a seguir con la misma situación de estar metiendo zozobra y estar diciendo qué va a pasar, hasta que el 14 de enero se les acabe la aventura a los conspiradores y todos los que tenían baboseados se van a dar cuenta de no había tal, que no iban a tomar el poder. La Constitución de la República dejó bien claro, no hay una coma, no hay un punto, no hay espacio para nada sobre cómo se da la transición, la verdadera transición, en donde dice que el 14 de enero, se reúne el Congreso y pone a los tres más viejos a dirigir la sesión para que se elija Junta Directiva y así lleva todo el proceso, está bien claro y los constituyentes lo dejamos bien claro por que sabíamos que había gente queriendo manipular como ahora, siempre hay gorilas de la democracia, siempre, están los que están tratando de torcer la ley, pero la Constitución no se retuerce, solo se cumple”, concluye Taracena.
Un presidente rehén
De no concretarse el golpe, Bernardo Arévalo y Karin Herrera tomarán posesión el 14 de enero, sin embargo el temor de varios analistas es que asuma debilitado, como un rehén del pacto de corruptos bajo asedio permanente.
El diputado Carlos Barreda, opina que Arévalo de asumir la presidencia, en el Congreso desde ya, las fuerzas vinculadas al Pacto de Corruptos, busca mantener a Arévalo como un rehén, obligándolo a aceptar el presupuesto de su conveniencia, e imponiendo candados que no habían sido utilizados antes con ningún otro gobierno.
Manfredo Marroquín considera que el que Arévalo asuma la presidencia es el peor de los escenarios para los golpistas, pero considera, que se están preparando para esto, al mantener el control de la Justicia, del Congreso y las alcaldías.
Sobre los escenarios de lo que sucederá en el país de aquí al 14 de enero, la exfiscal Paz y Paz opina que mientras Consuelo Porras siga al frente del Ministerio Público, Guatemala continuará en la zozobra en la que ha estado en los últimos tiempos.
“Tenemos que comprender que mientras Consuelo Porras permanezca en su puesto, no habrá paz para los guatemaltecos, no va a haber paz para la democracia, vamos a estar viviendo con la zozobra de qué nuevo caso se van a inventar” dijo.
Zovatto también considera que si no logran cumplir con su objetivo principal que es impedir la toma de posesión de Arévalo, intentarán que este llegue al poder debilitado, acosando, amenazando y persiguiendo a personas cercanas. “ Es toda una estrategia de desgaste político para que llegue lo más debilitado posible”.
Una revolución popular
Desde que empezaron las acciones para afectar el proceso electoral y sus resultados, la gente empezó a tomar partido a favor de la democracia. Esto se vio expresado en el voto que le dio el triunfo a Bernardo Arévalo. Luego de la primera vuelta, cuando empezaron las acciones para afectar al partido Movimiento Semilla y en paralelo se empezaron a crear las condiciones para crear un golpe de Estado, la gente empezó a movilizarse. De forma espontánea empezaron a acudir en la ciudad de Guatemala para protestar frente al edificio del Ministerio Público.
Conforme fueron aumentando las acciones ilegales para traerse abajo las elecciones y la criminalización, la indignación fue también en aumento. Fue la convocatoria al Paro Nacional Indefinido el clímax de la organización social, movilización y protesta, protagonizada por las autoridades ancestrales, indígenas y las comunidades quienes llevan ya 60 días de resistencia. En una movilización sin precedentes lograron que se frenara en buena medida los intentos de dar un golpe.
El constituyente y excanciller Alfonso Cabrera, señala que las acciones de las últimas semanas por parte del Ministerio Público son acciones insensatas que están llevando al país a una revolución popular, y cree que el golpe de Estado no se va a concretar por parte de los corruptos, debido a que, entre otras cosas, no cuentan con fuerza ni apoyo.
“Lo que están haciendo son acciones absurdas, alocadas, insensatas y completamente ilegales, además no tienen nada más que aspiraciones ridículas de quedarse gobernando y seguir repartiendo el dinero del presupuesto”, señala.
Según el excanciller, los integrantes de esta alianza golpista no han medido las consecuencias de sus acciones, las cuales están llevando al país a una “revolución popular” ante el hartazgo de la población y la negativa de este grupo a deponer sus intenciones.
“Ellos están en lo que llaman popularmente el estertor de la fiera herida, por lo que no veo que haya una salida negociada, eso debió suceder hace tiempo y ya está superado, ahora van a haber consecuencias indudablemente porque ya rompieron el orden constitucional”, indica Cabrera.
Las autoridades indígenas y ancestrales mantienen tres campamentos de resistencia contra el golpe de Estado, dos a pocas cuadras del Congreso de la República y uno frente a la sede del MP en el barrio Gerona de la zona 1 de la capital. Anunciaron que las acciones se mantendrán hasta el 14 de enero para garantizar la vuelta a la democracia y la toma de posesión del binomio electo en las elecciones.
Sin abandonar la exigencia de renuncia que lanzaron contra la fiscal general Consuelo Porras, fiscales como Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso y al juez Fredy Orellana, por considerarlos instrumentos del golpe de Estado.
