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Este 31 de enero, dos juzgados en el oriente del país, uno en Puerto Barrio, Izabal, y el otro en Chiquimula, resolvieron a favor de dos periodistas comunitarios que esperaron varios años por lograr justicia. Los hechos que llevaron a Carlos Choc a ser criminalizado por una transnacional extractiva y, a Norma Sancir por las fuerzas policiales, buscaban desacreditar su labor periodística y su rol como actores comunitarios, con el propósito de desmovilizarlos.
En la actualidad, el periodismo comunitario, fuertemente vinculado a las realidades y necesidades de los pueblos (predominantemente indígenas) a los que describe para el mundo entero, continúa ejerciéndose con limitaciones ante la falta de reconocimiento que puede facilitar condiciones de violencia y criminalización.
De esa cuenta, las agresiones contra la prensa se mantienen. Solo en 2023, se registraron 277 casos, la mayoría de los cuales, rara vez, llegan a adquirir relevancia judicial.
Los recientes fallos restituyeron los derechos de los periodistas comunitarios y dan un ápice de esperanza para otros que, como ellos, siguen ejerciendo el periodismo en un contexto en el que la libertad de expresión ha estado comprometida por la constante vigilancia y acoso de los gobiernos, las élites, empresas transnacionales y el crimen organizado.
Algo innegable en ambos casos es que, la condena de los policías es menor al tiempo que le tomó a Sancir conseguir justicia y que, nadie aun, se ha preocupado por el impacto que Carlos Choc sufrió en su vida personal y profesional, al ser denunciado falsamente.
Por Paolina Albani
Un repaso de los casos
La mañana del 31 de enero, el juez Aníbal Arteaga, del Juzgado Penal de Puerto Barrios, Izabal, levantó el cargo de detención ilegal y cerró el caso penal, por falta de pruebas, contra el periodista comunitario maya Qʼeqchiʼ, Carlos Choc, y los tres integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales (GPA), Tomas Che, Cristóbal Pop y Vicente Rax, criminalizados durante siete años por la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), propiedad de la transnacional Solway Investment Group.
El caso, que inició en 2017, cuando la GPA salió a las calles de El Estor, Izabal, a exigir el cierre de la mina CGN por la contaminación que provocó en el lago de Izabal, se judicializó por una denuncia de la minera. La mancha roja que denunciaron en esa ocasión causó que varias especies animales murieran, afectando la actividad principal de supervivencia de la población del lugar: la pesca.
El argumento del Ministerio Público (MP), al principio, fue que durante esa movilización los pescadores taparon una carretera y retuvieron a algunos trabajadores de la mina, pero, en 2019, la fiscalía distrital de Puerto Barrios solicitó el cierre del caso por falta de pruebas.
El juez Arteaga, quien ha sido aliado de la empresa y de quien recientemente se solicitó el retiro de su inmunidad por señalamientos de corrupción, se negó y dio dos meses más para que la fiscalía ubicara las pruebas. Dos meses se convirtieron en siete años de espera, por la ausencia de los representantes de la minera.
Durante el proceso penal, se argumentó que Carlos Choc era uno de los manifestantes antimineros, pero se pudo probar que su asistencia a la protesta era con fines periodísticos de documentación.
El MP nunca encontró evidencia que los culpara de los delitos señalados por CGN. Demostrando que se utilizó al sistema judicial para dar trámite a denuncias falsas, con el fin de entorpecer la labor de quienes incomodaban a la empresa.
Horas antes de la audiencia, Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), anunció que seguiría de cerca la audiencia de Choc, quien enfrentaba “cargos relacionados con su trabajo periodístico sobre los impactos ambientales de las actividades empresariales en Izabal”.}
Eso y la pesada vigilancia de la comunidad internacional sobre Guatemala, durante y después de las elecciones generales de 2023, jugaron un rol de presión en la desestimación del caso.
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El caso de la periodista maya Kaqchikel, Norma Sancir, es otro ejemplo de cómo la justicia ha sido tardía para los periodistas comunitarios.
El mismo día que se resolvió el caso de Choc, a unos 145 kilómetros de distancia, el juez Jorge Douglas Ochoa, del Tribunal de Sentencia Penal de Chiquimula, condenó al excomisario Ceferino Salquil Solval y a las policías Olga Leticia Segura y Mirna Marleny Agustín a 3 años y 9 meses de prisión conmutable, por el delito de abuso de autoridad, por la detención ilegal de Sancir, en septiembre de 2014, mientras realizaba una cobertura periodística en Camotán.
Las sentencias fueron reducidas a 2 años y 6 meses de prisión. El excomisario fue señalado en su calidad de autor y las agentes por cómplices en el delito.
El juez Ochoa reconoció que “la agraviada estaba presente en el lugar cubriendo una nota periodística y que fue aprehendida sin ningún caso de flagrancia”.
Tras el fallo, Sancir dijo estar satisfecha con la condena, tras nueve años de espera. En los que tuvo que mantener su caso vigente para evitar que a los cuatro agentes señalados les dejaran libres. En 2018, se les declaró con falta de mérito. Por eso, recusó al juez que llevaba su caso, y tuvo que esperar que se repitiera el proceso legal. Ese juez los envió a juicio en 2020, pero el debate no empezó sino hasta 2023.
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La criminalización como arma de desmovilización
El periodismo comunitario rompe con la forma tradicional de generar noticias y se distancia de la faceta corporativa que prioriza, algunas veces, las historias sensacionalistas o las que generan interés a ciertos grupos de poder sobre otras.
En el periodismo comunitario, una de las formas de generar información, se hace a partir de que son los sujetos quienes producen y difunden la información. Tiene un fuerte sentido de responsabilidad social y política, un compromiso con la transformación de la realidad y las formas de comunicar con un sentido de pertenencia.
Este involucramiento vuelve al periodista comunitario en un actor político porque también trae a la esfera pública un entramado histórico de las comunidades.
Por estos motivos, Úrsula Roldán, directora del Instituto en Ciencias Socio Humanistas, de la Universidad Rafael Landívar (URL), reconoce que quienes ejercen el periodismo comunitario, “son más vulnerables por el racismo y la discriminación. También porque tienen menos posibilidades de defensa frente a un Estado con relaciones de poder desiguales”.
Para Santiago Bastos, fundador de Prensa Comunitaria e investigador emérito en FLACSO Guatemala, cuando se les criminaliza, no solo se atenta contra la libertad de expresión sino contra el rol que ocupan como actores locales.
“La criminalización más que buscar una condena o algo parecido a la justicia, el objetivo que tiene es anular políticamente a los sujetos y hacer que la persecución no les permita actuar libremente por estar perseguidos. Eso es muy claro de parte de Carlos Choc, con los retrasos en el proceso.
Cuando por fin se entra a juzgar, no hay elementos para buscar un enjuiciamiento. Estos casos han sido una estrategia de desmovilización de sujetos comunitarios, de sujetos incómodos como son los periodistas comunitarios”, indicó Bastos.
Sin embargo, la resolución del periodista Choc también podría responder al momento político. Con un nuevo gobierno a cargo, de corte democrático, que ha prometido dejar de perseguir a los periodistas y las sanciones a directivos de Solway Group, dueña de CGN; y exfuncionarios del gobierno saliente, como Alberto Pimentel, a quien Estados Unidos señala de haber recibido sobornos para favorecer a la mina, el camino para desligar a Choc de los cargos falsos se despejó.
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Para Bastos, esto puede deberse a que algunos jueces están “tan acostumbrados a depender del poder que están dispuestos a transformarse para no perder lo que tienen”.
Si bien el cambio de gobierno no es una garantía de protección para los periodistas, sí renueva la esperanza de que inicie un cambio de época. Sobre todo para las poblaciones indígenas que mostraron un liderazgo fundamental, en la defensa de la democracia ante los intentos de golpe de Estado, dijo Roldan.
“Con esas resoluciones se restituyen sus derechos, algo que venía viciado que estaba en el marco de la impunidad y el abuso de poder… las criminalizaciones son un signo del sistema que la población rechazó en las urnas”, indicó Úrsula Roldán.
“Las resoluciones son un síntoma del buen funcionamiento del Estado y de la democracia. Pero, el Estado guatemalteco nos queda debiendo cuando una periodista debe esperar nueve años para que se haga justicia. Este tipo de justicia no es sostenible. Un fallo tardío nos alegra tanto como debería preocuparnos”, fue la opinión del antropólogo maya K’iche’, Carlos Fredy Ochoa.
Ochoa resaltó que la labor, en una época de comunicaciones inmediatas y virtuales, mantiene su importancia porque hace un tratamiento sistemático de la noticia, por su capacidad de vincular lo local con lo nacional y porque estos medios aseguran la memoria de la sociedad. Sobre todo, cuando las comunidades aún viven ante grandes desafíos y para conseguir que se cuide la naturaleza.
¿Una esperanza para el periodismo comunitario?
La resolución de los juzgados de Puerto Barrios y Chiquimula generó reacciones en los periodistas comunitarios, quienes, en su mayoría, vieron los fallos como una luz de esperanza en un contexto en el que la libertad de expresión ha estado comprometida por el asedio de los gobiernos, élites y grupos criminales.
Elmer Ponce, periodista comunitario de Sayaxché, Petén, compartió su opinión tras enterarse de las decisiones de los juzgados: “Esto representa para todos un bálsamo que da esperanza, que se puede confiar, que si acompañamos la lucha de los pueblos, el pueblo mismo nos respaldara.
Ya que no es para nada bueno vivir con el temor de que existan represalias por nuestra labor, y aún más cuando se hace periodismo en regiones tan alejadas como las nuestras, en donde la mayor parte de nuestro ejercicio estamos solos enfrentándonos al monstruo del poder y de las grandes empresas”.
Ponce también resaltó el coraje de los periodistas que se mantuvieron fuertes “ante esta situación nada agradable para ellos y sus familias”.
Imelda Tax, periodista de Totonicapán, notó que aunque se dio una resolución favorable a favor de Sancir y Choc, durante el proceso penal estuvieron en incertidumbre.
“Siempre estamos expuestos porque damos a conocer la verdad de lo que está pasando en nuestras comunidades, en nuestros territorios… Sin embargo, -las resoluciones- nos motivan a seguir adelante y agarrar más fuerza para seguir difundiendo la información clara, para que las personas sepan qué es lo que está pasando a nuestro alrededor”.
De acuerdo a Joel Pérez, periodista comunitario de Ixcán, Quiché, las decisiones de ambos juzgados sientan un precedente de la vulnerabilidad ante la criminalización y persecución a la que están expuestos en el desarrollo de la labor. “Principalmente de empresas y del Estado porque no se valora el trabajo que realizan los periodistas comunitarios”.
Y dijo que espera que los fallos pongan un alto a estas acciones que los desacreditan e inmovilizan, no solo a ellos, sino a los pueblos a los que pertenecen.
“Esperamos que esto sirva tanto para las autoridades, como para las empresas y las personas que se dedican a desprestigiar, a perseguir y amenazar a periodistas, principalmente, comunitarios”, dijo Pérez, quien opinó que en el caso de Sancir, la condena de los policías fue muy leve.
Algo innegable en ambos casos es que, la condena de los policías es menor al tiempo que le tomó a Sancir conseguir justicia y que, nadie aun, se ha preocupado del impacto que Carlos Choc sufrió en su vida personal y profesional, al ser denunciado falsamente.
Si bien, Choc salió librado de ir a juicio y Sancir obtuvo una condena contra los policías, el panorama para los periodistas en Guatemala es uno complicado. Aquí, la justicia opera lentamente y la cooptación del Organismo Judicial, además de la manipulación y fabricación de casos que el MP ha dirigido, ha dejado pocas probabilidades para la defensa legítima.
En tanto, las agresiones a la prensa persisten y otros periodistas como Jose Rubén Zamora, exdirector de elPeriódico, aún esperan que el sistema de justicia también salga en su defensa.
