Créditos: Estuardo de Paz
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El juez Juan José Jiménez resolvió retirar del juzgado especializado para casos de alto impacto el expediente por supuesto lavado de dinero contra el exministro de Economía, quien actualmente enfrente una condena en los Estados Unidos.

Por Alexander Valdéz

El juez Juan José Jiménez Texaj, antes de dejar el Juzgado de Mayor Riesgo “D”, dictó una resolución favorable para el exministro de Economía, Acisclo Valladares, quien figura como acusado en el caso de corrupción denominado “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”.

Jiménez Texaj ordenó que el expediente del exministro no continuara en un juzgado especializado para casos de alto impacto y fuera enviado a uno ordinario. El proceso será enviado al Juzgado Cuarto Pluripersonal Penal.

“El infrascrito juez al analizar las presentes actuaciones y la ley aplicable al caso concreto, con base a los principios del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, considera que la situación jurídica del sindicado Acisclo Valladares Urruela debe de dilucidarse en la investigación que ya realiza el MP (…). El juzgador considera que debe ser remitido el expediente relacionado a Acisclo Valladares Urruela al Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en el estado en que guardan los autos”, indica.

Hace una semana, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó el trasladó al juez Jiménez Texaj, quien durante su gestión al frente de esa judicatura enfrentó señalamientos y una denuncia penal por supuestamente favorecer a acusados en casos de corrupción, como a los exministros Alejandro Sinibaldi y José Luis Benito.

Jiménez Texaj volvió a integrar el Tribunal de Mayor Riesgo “E”, del que era parte antes de ser enviado a sustituir a la exjueza Erika Aifán en el Juzgado de Mayor Riesgo “D”.

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Un caso pendiente de dilucidarse

Valladares Urruela enfrenta una orden de detención por asociación ilícita y lavado de dinero. La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) evidenciaron como contratistas del Estado, particularmente de la construcción, concertaron con funcionarios de gobierno el pago de sobornos para acceder a cuantiosos contratos o tener relación en el pago de deudas. En ese caso se reveló el uso de mecanismos sofisticados para el lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción en la contratación de obra pública.

“El origen ilícito del dinero era blanqueado por medio de una serie de transacciones financieras así como de operaciones inmobiliarias ficticias (compraventas o arrendamiento), entre varias entidades off shore. El dinero provenía de transacciones millonarias, previamente acordadas entre el entonces secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y el empresario de la construcción José Mynor Palacios Guerra (Sigma Constructores, S.A., Lanello Contratistas Generales, S.A. y HW Contractors, S.A.)”, indicó el Ministerio Público (MP).

No es el único caso en el que Valladares fue señalado, la FECI de Juan Francisco Sandoval, también lo relacionó al de Subordinación de Poderes, en el que se le vinculó a una presunta organización criminal que sobornó con más de Q50 millones a los diputados del desaparecido Partido Patriota (PP) para aprobar determinadas leyes.

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Una condena en Estados Unidos

El exministro de Economía fue condenado en julio de 2022. Valladares Urruela reconoció su culpabilidad ante la justicia de los Estados Unidos al admitir que ingresó al sistema financiero de ese país US$350,000, apenas el 3.5% de lo descrito en la acusación inicial y confesó que no actuó solo.

El expediente que documenta la condena señala que Valladares debe cumplir 12 meses más un día de prisión, sumado a tres años de libertad condicional y el pago de US$100 (unos Q785) por costas procesales.

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