Las autoridades señalaron que esta iniciativa ignora y desconoce el reconocimiento de las tierras comunales, el derecho a la consulta y la autonomía municipal. Además, señalaron que las y los diputados que han impulsado esta iniciativa no han buscado acercamientos con las autoridades indígenas para esta pretensión.
Por Simón Antonio Ramón
Las autoridades indígenas de los pueblos Mayas K’ich’e, Kaqchikel, Ixil y Ixil, presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la Junta Directiva del Congreso, el pleno y la Comisión de Energía y Minas.
El amparo busca la suspensión en tercera lectura de la iniciativa de ley 6665 denominada Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía conocida como Ley Trecsa, considerada como una “ley genocida contra los pueblos indígenas”.
Beneficio al sector empresarial
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se conmemoró este domingo 9 de agosto, se presentó esta acción legal ante la CC, porque la iniciativa de ley viola principales derechos y formas de vida de las poblaciones indígenas como el reconocimiento de las tierras comunales, el derecho a la consulta y la autonomía municipal.
“El Estado autorregula su propio proceso en donde la entidad debe realizar obligatoriamente esos procesos de consulta. Ya tenemos muchísimos años desde 1996, y los funcionarios públicos, como políticos, sector privado deben entender que la consulta es una obligación. Y es en las tierras comunales donde no se está realizando la consulta”, dijo el abogado José Santos Sapón, asesor jurídico de las autoridades indígenas.
El abogado señaló que esta iniciativa de ley solo busca favorecer al sector empresarial, e ignora los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, usando como ejemplo el caso de la hidroeléctrica Palo Viejo en Quiché en donde la CC suspendió la consulta que se venía gestando a partir de las acciones comunitarias, por una acción legal que promovió la Asociación Guatemalteca de Energía Renovable (AGER).
Santos Sapón señala que el amparo presentado ante la CC no busca cambiar el articulado de la iniciativa 6665, sino visibilizar las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas. En el artículo 4 de la iniciativa de ley indica que se declare de urgencia nacional y necesidad pública para el transporte de energía.
Narciso Nicolás, parte del equipo técnico del Espacio de Autoridades Indígenas Iximulew, señaló que con la declaración de urgencia nacional y utilidad pública del transporte de energía y minas, la iniciativa no solo ignora la consulta, también busca eliminar todos los obstáculos para el transporte de energía. “Ellos quieren construir lo necesario para el transporte de la energía eléctrica como la colocación de postes, cableado, plantas, edificios y todo tipo de infraestructura”, señaló.
Los vicios de la Ley Trecsa
La iniciativa pasó en segunda lectura en febrero pasado en el pleno del Congreso. Aunque no ha sido programada para las sesiones de esta semana, la misma podría ser incluida en este segundo periodo legislativo del año.
Se le conoce como Ley Trecsa, porque repite los patrones del Acuerdo Gubernativo 145-2013 en donde el gobierno de Otto Pérez Molina declaró de urgencia nacional una obra de transmisión de energía eléctrica de 866 kilómetros que fue adjudicada a la empresa Transportadora de Energía de Centroamérica S.A., y en la cual la CC resolvió en el año 2019 que el transporte de energía eléctrica no es de urgencia nacional.
