En 2012 se presentó una denuncia ante el Ministerio Público en Guatemala por la detención de 15 estudiantes de nivel medio y la desaparición forzada de dos; por lo que se busca que el Estado de Guatemala emita medidas para reparar los daños provocados por los hechos ocurridos en 1982.
Por Simón Antonio Ramón
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que el pasado 13 de mayo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso de la desaparición forzada de 15 estudiantes de nivel medio durante el conflicto armado interno en Guatemala.
El caso identificado bajo la nomenclatura 14.408, expediente denominado Marvyn Iván Pérez y otros Guatemala, concluyó que el país “incurrió en responsabilidad internacional por desaparición forzada, incluida la desaparición continuada de Jorge Marroquín y Carlos Medina; por tortura física y psicológica contra las víctimas; y por tortura con connotación sexual contra cuatro mujeres víctimas”, públicó la CIDH este martes 11 de agosto.
Este caso que fue presentado ante la Corte Interamericana ocurrió entre los días 29 y 31 de mayo de 1982, a dos meses que se diera un golpe de estado a Fernando Romeo Lucas Garcías, y que Efraín Ríos Montt junto a Francisco Gordillo y Horacio Maldonado Shaad formaran una junta militar de gobierno.
Los hechos
Durante el 29 al 31 de mayo de 1982, agentes de seguridad del Estado detuvieron a 15 estudiantes del nivel medio por considerarlos miembros de la guerrilla, las detenciones ocurrieron cerca de sus viviendas, lugares públicos y en las cercanías de sus centros educativos. “Una vez detenidos, fueron llevados a sitios clandestinos en los que fueron interrogados mediante múltiples actos de violencia ejercidos por agentes del Estado, durante varios días”, señala el informe de la CIDH.
Marvyn Pérez, denunciante del caso y otros dos estudiantes, indicaron que la mayoría estuvieron detenidos entre el 29 de mayo y el 9 de junio. Durante el cautiverio, fueron interrogados uno a uno en las instalaciones del Departamento de Investigaciones Técnicas (DIT) en la zona 10, una dependencia creada por el gobierno de facto de Ríos Montt que dependía de la extinta Policía Nacional (PN).
“Marvyn Pérez relató que entre el 1 y el 4 de junio de 1982, él, sus hermanas y otros
estudiantes fueron sometidos a interrogatorios reiterados y actos graves de violencia por agentes estatales, incluyendo golpes, amenazas y distintos métodos de tortura”, se lee en el informe presentado ante la Corte por la CIDH.
Dos días antes de su liberación, el 9 de junio de 1982, fueron obligados a declarar ante las cámaras del medio de comunicación “Aquí el Mundo” que eran parte del Frente Estudiantil Robin García (FERG), del Frente Popular 31 de enero (FP-31), y del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). En esa fecha, los 13 estudiantes fueron puestos en libertad excepto Jorge Marroquín y Carlos Enrique Medina Núñez, a la fecha se sigue sin conocer su paradero. Además, se denunció que cuatro de las estudiantes detenidas fueron sometidas a actos que corresponden a tortura física, sexual y psicológica.
José Pérez, padre de Marvyn, lo buscó desde el 29 de mayo, por las noches en la calle. Se dirigió a las instalaciones del DIT y de la Cruz Roja, sin encontrarlo. Los agentes de la Policía Nacional solo le “mostraron unos libros con fotografías para que identificara si se encontraba ahí”.
El 1 de julio durante la búsqueda fueron detenidas dos de sus hijas, por lo que José Pérez procedió a denunciar en los medios de comunicación, clamor al que se unieron más padres de los estudiantes desaparecidos.
Marvyn Pérez y sus hermanas, al ser liberadas el 9 de junio no regresaron a sus casas por temor a ser detenidas nuevamente, por lo que tuvieron que salir del país y en 1989 obtuvieron asilo político en Estados Unidos.
La imposibilidad de acceso a la justicia
El informe señala que el 20 de diciembre de 2012, Marvyn Pérez, se presentó ante el Ministerio Público (MP) para presentar la denuncia por los hechos ocurridos entre el 29 de mayo y 9 de junio de 1982 por su detención y la de sus compañeros. Fue contactado en 2013 por la Fiscalía de Derechos Humanos, en 2015 proporcionó una lista de sus compañeros a la fiscalía, sin embargo, tuvo conocimiento que solo se contactó a una de sus compañeras.
“Dos de los fiscales originalmente a cargo del caso fueron removidos del mismo y desde entonces no se ha nombrado a un nuevo fiscal para hacerse cargo de la investigación, por lo que se encuentra inactivo”, señala el documento presentado ante la Corte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la CorteIDH que emitiera al menos cinco medidas acerca de este caso, como la reparación integral a las violaciones a los derechos humanos señalados en el informe; que se emitan medidas de rehabilitación, atención psicológica y psicosocial para las víctimas y sus familiares; investigar el paradero de Jorge Estuardo Marroquín Martínez y Carlos Enrique Medida Núñez.
También, pidió que se ordene la investigación, persecución y sanción en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, enfoque de género y por un tribunal competente en donde se individualice a todos los responsables de los hechos denunciados. Y que se emitan medidas de no repetición como medidas legales y adminsitrativa como la capacitación del personal del MP y del Poder judicial en el marco del respeto y garantía de los derechos humanos con perspectiva de género y niñez, específicamente frente a actos de desaparición y tortura.
Este nuevo caso contra el Estado de Guatemala llega bajo la gestión del fiscal general del Ministerio Público, Gabriel García Luna y la reestructuración de la Fiscalía de Derechos Humanos, tras ocho años de la gestión de Consuelo Porras en donde la Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno fue desmantelado por distintas modalidades.
