Tres señalados por delitos vinculados al narcotráfico e incluidos en la lista de los más buscados, fueron beneficiados por resoluciones judiciales que terminaron avalando su liberación El caso pasó por el juez Víctor Cruz, una Sala, la CSJ y llegó hasta la Corte de Constitucionalidad (CC), que decidió mantener vigente el fallo favorable a los tres sindicados.
Por Alexander Valdéz
Tres señalados por delitos relacionados con narcotráfico y que figuraban en la lista de los más buscados del país terminaron beneficiados por distintos fallos judiciales, nuevamente es un caso que pasó por el Juzgado Décimo Pluripersonal Penal, a cargo del juez Víctor Cruz, quien el 21 de febrero de 2024 resolvió no ligar a proceso a Oscar Humberto Cortez Macal, Walter Arnoldo Salguero Morales y Mayro Otoniel Casasola Ipiña. Cortez era señalado por comercio, tráfico y almacenamiento ilícito; Salguero por esos delitos y lavado de dinero u otros activos, y Casasola por asociación ilícita.
El Ministerio Público (MP) apeló la decisión y la Sala Primera de Apelaciones le dio la razón el 15 de abril de 2024, dejando sin efecto el fallo del juez Cruz. Sin embargo, ocurrió algo inesperado, días después los sindicados plantearon un recurso legal (actividad procesal defectuosa) en la misma instancia judicial.
Luego la Sala declaró con lugar el planteamiento de los implicados, anuló su resolución anterior y cambió su decisión. El 3 de junio de 2024 terminó confirmando la falta de mérito decretada por Cruz, al considerar que los medios de investigación no constituían indicios racionales suficientes para establecer la posible existencia de los delitos atribuidos.
El MP hizo ver su desacuerdo, primero ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin respuesta, y por eso el caso fue llevado a la Corte de Constitucionalidad (CC), al considerar incongruente que la Sala primero determinara que la falta de mérito no se ajustaba a derecho, pero se retractó y cambió su decisión para beneficiar a los detenidos.
“Existe incongruencia en la decisión que constituye el acto reclamado, porque la autoridad denunciada inicialmente emitió una decisión en la que declaró que la falta de mérito otorgada a favor de los sindicados no se encontraba ajustada a Derecho y, posterior a ello, emitió resolución por la que confirmó dicha falta de mérito, y el acto reclamado carece de fundamentación, toda vez que no hay congruencia con las constancias procesales y no se aplicó la normativa correcta al caso concreto, por lo tanto, es arbitrario”, alegó la Fiscalía de Asuntos Constitucionales.
La CC mantiene beneficio judicial
Dos años después, el tema fue puesto a discusión de los magistrados constitucionales. Lo que debía decidir la CC era si suspendía o no provisionalmente esa resolución favorable para los tres implicados en el caso, pero la CC decidió no hacerlo. La alta corte declaró sin lugar la apelación del MP y confirmó la negativa de suspender el fallo, con lo que mantuvo vigente la decisión que dejó a los tres señalados fuera de un proceso penal y sin investigación, por ahora.
“Esta Corte advierte que, en el presente caso, no concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección provisional ni se dan los supuestos que para el efecto regula el artículo 28 ibídem, por lo que debe confirmarse el numeral III) de la resolución apelada, en cuanto deniega el amparo provisional solicitado”, señaló la CC, por unanimidad.
¿Qué quiere decir esto? Esto aún es un fallo provisional; la CC tendrá que emitir un fallo definitivo. Sin embargo, por ahora, se avala la decisión que deja fuera de proceso a los tres señalados.
El fallo fue firmado por Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa, Julia Rivera, Astrid Lemus, María Jocholá, Luis Rosales y José Aguirre Pumay.
¿Quiénes son los señalados?
Aunque no existe un reporte de captura de los tres hombres, sus nombres aparecen en la plataforma “Tu Pista GT”, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Gobernación para aportar información que permita ubicar a personas requeridas por la justicia. La iniciativa también trabaja con herramientas de denuncia como Crime Stoppers.
Uno de los beneficiados fue Mayro Otoniel Casasola Ipiña, capturado en agosto de 2024. Según una publicación de la Policía Nacional Civil (PNC) del 21 de ese mes, agentes de la SGAIA lo detuvieron en la aldea Los Limones, Gualán, Zacapa, por una orden de captura relacionada con el delito de lavado de dinero u otros activos. La misma PNC informó que Casasola ya había sido detenido el 7 de diciembre de 2019, en Morales, Izabal, cuando viajaba en un camión junto con otro hombre que llevaba dinero en efectivo oculto en un compartimento del vehículo.
“La suma total confiscada ascendió a US$299 mil 700 (aproximadamente Q2.3 millones), que estaban ocultos en el compresor de aire del vehículo. La investigación de la división antinarcótica sugiere que Casasola Ipiña está vinculado a una red de narcotráfico y es presuntamente responsable del lavado de dinero para dicha organización”, señala el informe policial.
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Un juzgado con cuestionamientos
No es la primera vez que el juez Víctor Cruz, sancionado por Estados Unidos, es cuestionado por resoluciones que favorecen a personas señaladas por delitos relacionados con el narcotráfico. Por ejemplo, en 2025, la CC le ordenó por segunda ocasión revisar una resolución en la que procesó únicamente por asociación ilícita a Wilver Danilo Morales Arias, señalado por el Ministerio Público de narcotráfico. Esta decisión había permitido su liberación inmediata tras aceptar cargos.
En 2023, otro juez del mismo Juzgado Décimo Penal, Jimi Bremer, también sancionado internacionalmente, emitió una resolución en un caso vinculado al narcotráfico. Bremer decidió no procesar por conspiración para cometer asesinato a Jenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, alias “la Patrona”, señalada de planificar el asesinato del candidato a alcalde de Sayaxché, Luis Eduardo Ayala Pineda. La vinculó únicamente por asociación ilícita y le otorgó medida sustitutiva.
El fallo más reciente fue emitido por Bremer, quien resolvió dejar en libertad a Julio Valentín Monroy López, alias “El Viejo”, presunto cabecilla de la estructura criminal denominada “Los Taxistas del Viejo”. En su resolución, Bremer señaló que Monroy López solventó su situación legal al quedar sin efecto la orden de aprehensión en su contra y ordenó su citación a primera declaración.
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