Créditos: Francisco Simón Francisco
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El juez Víctor Cruz aceptó una solicitud de la defensa legal de los y las universitarias, que dio pie a la anulación de la órdenes de detención en su contra en el caso “Toma USAC: Botín Político”. El juzgador les citó y programó la audiencia de primera declaración para el seis de febrero del próximo año, a las 13:00 horas. 

Por Alexander Valdéz
 
El juez décimo Víctor Cruz, a solicitud de la defensa de 8 personas criminalizadas por el Ministerio Público (MP), anuló la orden de detención, en el caso dirigido contra la resistencia universitaria que se organizó en rechazo a la elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), por considerarla fraudulenta. 
 
El juez tomó en cuenta su intención de solventar su situación legal y que se les programara una audiencia de primera declaración. La diligencia se agendó para el próximo 6 de febrero del año 2024 a las 13:00 horas. 
 
Atendiendo a la buena voluntad de los sindicados de estar sujetos al proceso penal, y en cuanto a dar cumplimiento al artículo 259 que en su segundo párrafo indica “La libertad no debe restringirse sino en los límites absolutamente indispensables para asegurar la presencia del imputado en el proceso…” así como atendiendo a los principios de buena fe, presunción de inocencia e igualdad procesal, se ordena dejar provisionalmente sin efecto las órdenes de aprehensión (…) y comparecer a la audiencia ya señalada para el día seis de febrero del año dos mil veinticuatro a las trece horas con treinta minutos; a resolver su situación jurídica”, falló el juez Cruz. 
MP criminaliza la resistencia universitaria 
 
El jueves 17 de noviembre, el MP realizó 31 allanamientos y anunció 27 órdenes de detención contra estudiantes, decanos de facultades de la USAC, abogados, activistas y el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas.
 
Entre las órdenes que se giraron se incluyen los nombres de los dirigentes estudiantiles, trabajadores, docentes y decanos que integraron la Coordinadora General de Estudiantes (CGE) de la USAC, grupo que denunció y se opuso a la elección ilegal de Mazariegos como rector de facto.
 
En este caso, el MP considera que la toma universitaria surgió como una inconformidad al no ser electo el candidato a Jordán Rodas. Acciones que, según el fiscal, encuadran en la figura de los delitos de depredación de bienes culturales, asociación ilícita y tráfico de influencias.
 
“Hechos que impedían desde dichas fechas el ingreso a la Universidad tanto de las autoridades, maestros, trabajadores como también a todos los alumnos de las diferentes facultades de las que se conforma el campus central universitario”, indicó el fiscal Sánchez cuando presentó el caso. 
 
Walter Mazariegos llegó a la rectoría de la USAC por un proceso que denunciaron como anómalo. Las elecciones para elegir a la persona que ocuparía el cargo estaban programadas para el 27 de abril de 2022, pero ante la presencia de manifestantes se aplazó para mayo.
 
El 14 de mayo de 2022, se consumó el fraude para la elección del rector de la USAC. Mazariegos fue beneficiado e impulsado con la planilla INNOVA USAC, con 72 votos y la participación de 17 cuerpos electorales.
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 Ligados a proceso y con medidas 
 
El pasado 25 de noviembre, el juez Cruz ligó a proceso a las seis personas por los delitos de depredación de bienes culturales en forma continuada y usurpación agravada en forma continuada y dictó falta de mérito por asociación ilícita y sedición.
 
Por lo que concedió medidas sustitutivas ya que sus abogados desvanecieron la posibilidad de que hubiese peligro de fuga u obstaculización de la investigación, mediante la presentación de cartas de recomendación, recibos de servicios que acrediten el lugar de la residencia y antecedentes penales y policíacos.
 
Sin embargo, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural apeló la falta de mérito que el juez dictó en los delitos de asociación ilícita y sedición a favor de las seis personas que están siendo procesadas en el caso “Toma de la USAC: Botín Político”, así como las medidas sustitutivas de las que gozan. 
 
Caso busca evitar toma de posesión de Arévalo 
 
Por este caso, el Ministerio Público presentó una solicitud de antejuicio en la oficina de Gestión Penal, de la Torre de Tribunales, contra el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta electa Karin Herrera, así como de los diputados Samuel Pérez y Raúl Amílcar Barrera Robles, del partido Semilla; Carlos Barreda, de VOS; y Adán Pérez y Pérez, del partido Winaq.
 
Como lo había anticipado el ente investigador, las peticiones para investigar al binomio presidencial electo y a los diputados se hicieron dentro del caso que fabricó la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, contra la resistencia de la Universidad de San Carlos de Guatemala que rechazó la imposición de Walter Mazariegos como rector.
 
La solicitud para investigar a los funcionarios se fundamenta únicamente en publicaciones de redes sociales, en las que los señalados se pronuncian a favor de la toma de la USAC, que surgió a raíz del fraude en la elección de la autoridad universitaria.
 
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