Leonor Morales Lazo, una de las fiscales que permaneció en el Ministerio Público tras la salida de Consuelo Porras, fue destituida por el fiscal general Gabriel García Luna. La ahora exfiscal se dio a conocer por distintos procesos de criminalización contra operadores de justicia, periodistas, activistas y políticos de oposición al gobierno de Alejandro Giammattei. Además de encabezar polémicos allanamientos en el Tribunal Supremo Electoral y en el Colegio de Abogados y Notarios.
Por Alexander Valdéz
Leonor Morales Lazo, agente fiscal del Ministerio Público (MP) sancionada internacionalmente, fue despedida de la institución por el fiscal general Gabriel García Luna. Su nombre cobró notoriedad en 2023, cuando, junto al entonces secretario general del MP, Ángel Pineda, y el jefe de la FECI, Rafael Curruchi20che, encabezaron acciones encaminadas a deslegitimar y anular los resultados electorales de ese año.
Morales Lazo estuvo al frente de la investigación que persiguió a distintos integrantes del extinto partido Movimiento Semilla y que buscó impedir, hasta el último momento, que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran la presidencia y vicepresidencia.
Pero, no era la única que intentó anular las elecciones, detrás de ella estaba Curruchiche y otro grupo de actores del círculo de la exfiscal general Consuelo Porras, además de funcionarios del gobierno de Giammattei y políticos, que intentaron evitar que se concretaran los resultados electorales de 2023. Morales Lazo fue quien el 19 de septiembre de 2023 allanó la sede del del TSE por más de 20 horas y secuestró las actas electorales que estaban en poder de los magistrados.
Otro de los casos que tuvo a su cargo fue la investigación utilizada para intentar impedir la victoria gremial de Astrid Lemus y Luis Fernando Bermejo en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para representar a ese gremio ante la Corte de Constitucionalidad (CC). Llegando a retener a las autoridades del CANG.
Además, fue quien continuó el proceso de criminalización contra operadores de justicia que en su momento expusieron una primera fase del proceso de corrupción Odebrecht, que vinculó a Alejandro Sinibaldi y a Manuel Baldizón. En ese caso los fiscales fueron obligados a exiliarse.
La ahora exfiscal también dirigió investigaciones contra periodistas, entre ellos Jose Rubén Zamora, y miembros del equipo de elPeriódico. Junto a ella también fueron destituidos: Nehemias Obed Asencio Cruz, José Raúl Menéndez Rivera, Ervin Joel Bolvito Enríquez, José María Galindo Rossel, Jorge Luis Cortés Rosales y Serwin Aram Camey Secaida.
Sanciones internacionales
Leonor Morales fue una de las agentes fiscales de la administración de Consuelo Porras sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea, por acciones vinculadas con corrupción, debilitamiento del Estado de derecho y afectaciones a la democracia en Guatemala.
Morales Lazo fue incluida directamente en la lista de sancionados de la Unión Europea en febrero de 2024, junto con Porras, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana. El bloque europeo señaló que los sancionados eran responsables de “socavar la democracia y el Estado de Derecho y de obstaculizar el traspaso pacífico de poderes en Guatemala”.
En el caso de Estados Unidos señaló que durante su gestión “socavó procesos o instituciones democráticas al liderar una investigación por motivos políticos para poner en duda los resultados electorales certificados y perturbar la transición presidencial”.
Despidos en el MP
Hasta ahora, la gestión de García Luna no ha conseguido concretar un caso penal con resultados judiciales contra figuras de la administración anterior o de los anteriores gobiernos señalados de corrupción. El principal intento fue el de llevar ante los tribunales a los exfiscales Curruchiche y Saúl Sánchez. Curruchiche estuvo al frente de múltiples casos de criminalización, mientras Sánchez dirigió la investigación con la que fueron criminalizados estudiantes y profesionales de la USAC que se oponían a la elección de Walter Mazariegos como rector.
El MP solicitó órdenes de captura contra ambos, pero una jueza las rechazó, por lo que ninguno pudo ser detenido. Las investigaciones continúan abiertas: en el caso de Sánchez, incluso se mantiene pendiente su primera declaración, reprogramada para diciembre.
De esa cuenta, los primeros tres meses de gestión del nuevo fiscal del MP, ha estado marcado principalmente por una reestructuración continua con destituciones, renuncias y traslados de fiscales en distintas unidades de investigación. Los movimientos han alcanzado fiscalías estratégicas y, en varios casos, a funcionarios que ocuparon cargos de relevancia durante los ocho años de administración de Consuelo Porras.
Entre las principales salidas figuran agentes fiscales vinculados directamente con la anterior administración o que tuvieron un papel relevante en la persecución arbitraria impulsada durante esa gestión.
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