La CC analizó el recurso de apelación solicitado por el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales, quien buscaba anular la resolución que dictó la exjueza del Tribunal de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, quien autorizó la petición de captura realizada por la FECI que dirigía Juan Francisco Sandoval.
Por Prensa Comunitaria
La Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió dejar firme la orden de captura contra el exministro de Economía Acisclo Valladares, quien figura como señalado en el caso Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero. Expediente por el que ha estado prófugo desde el año 2020.
La CC analizó el recurso de apelación solicitado por el exfuncionario del gobierno de Jimmy Morales, con el que buscaba anular la resolución que dictó la exjueza del Tribunal de Mayor Riesgo “D”, Erika Aifán, quien autorizó la petición de captura realizada por la FECI que dirigía Juan Francisco Sandoval.
Dicha orden de aprehensión fue autorizada por asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos. A criterio de Valladares, se vulneraron sus derechos y los principios jurídicos del proceso. “Varió las formas del proceso al omitir notificar en el lugar indicado para el efecto. Señaló que no existen cédulas en las que conste que fue debidamente notificado, pues estas fueron devueltas por contener errores que no pueden ser atribuidos a su persona o a su defensor”, según los antecedentes del fallo.
Sin embargo, la CC determinó que no se vulneraron los derechos del señalado y por esa razón negó la apelación solicitada. Lo que significa que la orden de captura contra el exministro seguirá vigente.
“Este Tribunal concluye en que el amparo solicitado debe negarse por ser notoriamente improcedente y, al haber resuelto en similar sentido el Tribunal a quo, debe declararse sin lugar el recurso de apelación instado y confirmar el fallo venido en grado, por los motivos considerados en esta sentencia”, concluyó la CC
El caso de corrupción
Las investigación de la FECI y CICIG evidenció como contratistas del Estado, particularmente en el ramo de la construcción habían concertado con funcionarios de gobierno el pago de coimas para acceder a cuantiosos contratos o tener relación en el pago de deudas. En dicho caso se reveló el uso de mecanismos sofisticados para el lavado de dinero proveniente de hechos de corrupción en la contratación de obra pública.
“El origen ilícito del dinero era blanqueado por medio de una serie de transacciones financieras así como de operaciones inmobiliarias ficticias (compraventas o arrendamiento), entre varias entidades off shore. El dinero provenía de transacciones millonarias, previamente acordadas entre el entonces secretario privado de la Presidencia, Gustavo Alejos, y el empresario de la construcción José Mynor Palacios Guerra (Sigma Constructores, S.A., Lanello Contratistas Generales, S.A. y HW Contractors, S.A.)”, indicó el Ministerio Público (MP).
No es el único caso en el que Valldares fue señalado, la FECI de Sandoval, también lo relacionó al caso como Subordinación de Poderes, en este se le vinculó a una presunta organización criminal que sobornó con más de Q50 millones a los diputados del desaparecido Partido Patriota (PP) para aprobar determinadas leyes.
Una condena en EEUU
En julio de 2022, Valladares Urruela reconoció su culpabilidad ante la justicia de los Estados Unidos. El exministro admitió que ingresó al sistema financiero de ese país norteamericano 350,000 dólares, apenas el 3.5% de lo descrito en la acusación inicial y confesó que no actuó solo.
El expediente que documenta la condena señala que Valladares debe cumplir 12 meses más un día de prisión, sumado a tres años de libertad condicional y el pago de US$100 (unos Q785) por costas procesales.
