Son 18 procesos de consulta a pueblos indígenas sobre proyectos mineros, hidroeléctricos y energéticos los que continúan pendientes de concluir, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM). Los casos incluyen proyectos que llevan años en distintas etapas y otros derivados de resoluciones judiciales. El MEM atribuye los retrasos a conflictos sociales, falta de certeza jurídica y debilidades institucionales.
Por Alexander Valdéz
Las consultas a los pueblos indígenas sobre el uso de sus territorios está estipulado en la Constitución de la República y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Sin embargo, este derecho no siempre es respetado ni garantiza la participación de las comunidades para tomar una decisión al momento de la llegada de proyectos extractivos.
De esa cuenta, el Ministerio de Energía y Minas (MEM) asegura que 18 procesos de consulta a pueblos indígenas están pendientes de concluir, vinculados a proyectos mineros, hidroeléctricos, líneas de transmisión y otros proyectos extractivos. Entre los casos figuran El Escobal, con el pueblo Xinka en Santa Rosa; Progreso VII Derivada, que involucra a los pueblos Xinka y Kaqchikel; y Cantera Los Manantiales, con el pueblo Ch’orti’ en Chiquimula.
El listado también incluye proyectos hidroeléctricos como Las Brisas, Hidro Xacbal Delta y Palo Viejo, además de la conducción de energía eléctrica en Totonicapán. En el caso de los proyectos mineros, el MEM señala que varias consultas todavía se encuentran en sus primeras etapas. Amanecer, Tres Juanes y Ospin, todos relacionados con el pueblo Q’eqchi’ en Alta Verapaz, permanecen en la fase de identificación de las instituciones representativas que participarán en el proceso.
La misma situación se registra para Fénix, en Izabal, aunque este caso tiene una particularidad, se integra una mesa interinstitucional convocada por la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) para cumplir medidas de reparación y desarrollar la consulta ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Otros procesos están vinculados al cumplimiento de fallos judiciales.
El MEM reporta que El Escobal se encuentra en el inicio de mesas bilaterales entre el pueblo consultado y las instituciones de Gobierno para alcanzar acuerdos sobre medidas de reparación y concluir el proceso, mientras Progreso VII Derivada está en la fase de discusión del Plan de Fases Generales del proceso de consulta. También aparecen proyectos como Hidroeléctrica Palo Viejo, en Quiché, donde se evalúan acciones para implementar un acuerdo ministerial que viabilice la consulta; y Hidroeléctrica Santiaguito, en Santa Rosa, cuyo proceso registra un consentimiento positivo de la comunidad indígena.
El MEM identifica tres razones principales para que las consultas permanezcan pendientes: la falta de una autoridad administrativa superior en el Viceministerio de Desarrollo Sostenible durante periodos prolongados; la complejidad del entorno social, marcada por conflictos y tensiones entre comunidades, autoridades públicas y entidades privadas en proyectos sometidos a consulta por orden judicial; y la falta de mecanismos institucionales, certeza jurídica y procedimientos debidamente establecidos.
La dependencia advierte que los 18 procesos continúan en desarrollo y pendientes de concluir, aunque aclara que el Ministerio no es responsable de todas las “consultas comunitarias”, sino de aquellas derivadas de medidas administrativas de su competencia que puedan afectar a pueblos indígenas.
Conflictividad y criminalización en los territorios
El dirigente maya K’iche’, Domingo Hernández Ixcoy, atribuye a la explotación minera un doble impacto en los territorios, deterioro ambiental y fracturas dentro de las comunidades. Como ejemplo, menciona la contaminación generada por la actividad minera en San Marcos, incluido el río Cuilco, con efectos en municipios como Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán.
Hernández Ixcoy sostiene que Guatemala cuenta con un amplio historial de consultas comunitarias amparadas en el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Señala que se han realizado más de 90 consultas en el país, pero cuestiona que el Estado no reconozca plenamente estos procesos.
Además, cuestionó que las consultas realizadas por el Estado sean entendidas únicamente como mecanismos para preguntar a las comunidades si están de acuerdo o no con un proyecto, sin que su respuesta sea vinculante. Sostiene que el sentido de la consulta debe ser otorgar a los pueblos la posibilidad real de decidir sobre lo que ocurre en sus territorios.
Asimismo extiende el problema a proyectos hidroeléctricos y otros que, según afirma, también han provocado criminalización y encarcelamiento de defensores del territorio. “No es nada más consultar y que la comunidad, si dice sí o dice no, siempre lo van a hacer. La consulta es darle la oportunidad y el poder a las comunidades para que puedan decir sí o no”, añade.
Por aparte, el abogado ambientalista Rafael Maldonado señala que la falta de información y consulta previa antes de instalar proyectos extractivos en territorios indígenas ha sido un factor recurrente de conflictividad en el país. Según explica, cuando las comunidades desconocen con anticipación que una minera u otro proyecto será instalado en su territorio, se generan conflictos que posteriormente pueden derivar en la criminalización de liderazgos sociales. Añade que esta situación termina vulnerando garantías constitucionales y el derecho de las comunidades a participar en decisiones que afectan directamente sus territorios.
Maldonado recuerda que una sentencia relacionada con el pueblo Ch’orti’ estableció restricciones para el otorgamiento de nuevas licencias mineras sin que previamente se realice la consulta a los pueblos indígenas. “Se genera conflictividad en los territorios, porque es un común denominador que el territorio donde se instala una minera sin información previa, sin aviso, sin consulta, pues ha generado serios casos de conflictividad con la posterior criminalización de los liderazgos sociales en cada uno de ellos. Entonces y al final se violenta una de las garantías constitucionales más fundamentales, que es la transferencia a la fuerza de los municipios. Entonces ese es el principal efecto de la falta de consulta”, añadió.
En desprotección
El pasado 17 de julio, el pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC) reiteró la suspensión provisional del Acuerdo Ministerial 145-2026 del Ministerio de Energía y Minas (MEM), que establecía las reglas para realizar la consulta al pueblo maya Ixil de San Juan Cotzal, Quiché, sobre el proyecto hidroeléctrico Palo Viejo.
La resolución mantiene paralizado el mecanismo creado por el Estado para cumplir una sentencia de la propia CC, que ordenó reparar la omisión histórica de no consultar a las comunidades indígenas antes de autorizar el proyecto hidroeléctrico. La decisión fue emitida dentro del expediente 4680-2026, promovido por la Asociación de Generadores con Energía Renovable.
En el amparo provisional, la CC ordenó remitir parte del proceso a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para continuar el trámite contra el MEM, pero reiteró la suspensión del Acuerdo Ministerial 145-2026/SG, que regulaba la consulta al pueblo maya Ixil. Además, la CC ordenó al presidente Bernardo Arévalo ejercer su función como superior jerárquico del MEM para la creación de nuevas pautas para la consulta, al considerar que el proyecto hidroeléctrico ya cuenta con autorizaciones firmes para operar.
La resolución no fue unánime. Fue aprobada por Dina Ochoa, Julia Rivera, Astrid Lemus y Roberto Molina Barreto. La magistrada Annabella Morfín emitió un voto razonado disidente y manifestó su desacuerdo con la decisión.
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1,077.05 kilómetros cuadrados para minería
Un reciente reportaje de Prensa Comunitaria expuso que el MEM enumera 337 derechos de exploración y explotación en 1,077.05 kilómetros cuadrados del país, lo que constituye el 0.99% del territorio nacional. En la base de datos del catastro de licencias mineras se encuentra una mezcla de proyectos con fechas vencidas, sin extensiones desconocidas, proyectos suspendidos, minas cerradas y nueve títulos con cientos de años de autorización.
Agrupando todas las licencias mineras autorizadas corresponden a 1,077.05 kilómetros cuadrados, lo que equivale a casi el 1% de la extensión territorial de Guatemala y es más del doble del tamaño del departamento de Sacatepéquez. Esto no significa que todo este territorio esté siendo excavado al mismo tiempo, sino que en diferentes momentos el Estado lo ha incorporado a los derechos de reconocimiento, exploración o explotación minera.
En el listado aparecen 337 licencias expedidas, de las cuales 320 son para explotación y 17 para exploración.
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