Las sanciones aplicadas por la Unión Europea a funcionarios del MP y el juez Fredy Orellana se originan por las constantes acciones para bloquear al partido Semilla e intentar que Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieran en el cargo.
Por Alexander Valdéz
La Unión Europea (UE) anunció sanciones contra la fiscal general Consuelo Porras, el secretario Ángel Pineda, y los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales, y el juez séptimo Fredy Orellana, quienes han estado a cargo de la investigación que buscó anular los resultados de la elección presidencial que ganó Bernardo Arévalo y Karin Herrera.
Según informó la UE, el Consejo decidió imponer medidas restrictivas contra los cinco funcionarios guatemaltecos por “las acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala”.
Aseguran que estas personas son responsables de socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en nuestro país. Y por esa razón, ahora estarán sujetas a una congelación de activos y a los ciudadanos y empresas de la UE se les prohíbe poner fondos a su disposición; también se les restringirá el ingreso o tránsito por territorio de la UE.
¡Las acciones que socavan la #Democracia y el #EstadoDeDerecho en 🇬🇹 no son ignoradas!
El @EUCouncil impuso #MedidasRestrictivas que restringen viajes y congelan activos en 🇪🇺 contra
• Consuelo Porras
• Ángel Pineda
• Rafael Curruchiche
• Leonor Morales
• Fredy Orellana pic.twitter.com/iRHDG1RJju— Unión Europea en Guatemala (@UEGuatemala) February 2, 2024
De esa cuenta, no podrán ingresar a los siguientes países: Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.
“Cuando viajé a la Ciudad de Guatemala lo hice sabiendo que la presencia de numerosos invitados internacionales, no sólo enviaría un fuerte mensaje de apoyo a la democracia en Guatemala, sino también una fuerte señal a los obstruccionistas de que eludir los procesos democráticos no sería tolerado por el gobierno y la comunidad internacional. La UE está dispuesta a adoptar nuevas medidas para exigir responsabilidades a los responsables”, dijo Josep Borrell, Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.
La UE añadió que está plenamente comprometida con el apoyo a la democracia en Guatemala y dispuesta a trabajar en estrecha colaboración con el nuevo gobierno del presidente Bernardo Arévalo en cuestiones clave de interés mutuo, como fortalecer el Estado de derecho.
“La decisión de hoy sigue a la adopción, del 12 de enero de 2024, de un marco específico para medidas restrictivas en apoyo de la democracia y una transferencia pacífica y ordenada del poder en Guatemala. El marco se adoptó antes de la toma de posesión del presidente democráticamente elegido Bernardo Arévalo, el 14 de enero de 2024, a la que asistió el Alto Representante Josep Borrell”, explicaron.
#Urgente 🚨 Unión Europea sanciona a fiscal general Consuelo Porras por socavar la democracia, las medidas incluyen restricción del ingreso a Europa y congelan sus activos.
Se sanciona también a Ángel Pineda, Leonor Morales, Rafael Curruchiche de FECI y juez Fredy Orellana.📌 pic.twitter.com/ZDDyrDTTaV
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 2, 2024
Una doble sanción por corrupción
La Unión Europea se sumó a Estados Unidos, que fue el primero en aplicar sanciones para funcionarios guatemaltecos que han sido señalados en actos de corrupción y que han apoyado las acciones de criminalización contra operadores de justicia, abogados, políticos de oposición, periodistas y defensores de derechos humanos.
Quienes fueron incluidos en la primera lista de la UE ya enfrentan sanciones por el gobierno estadounidense, e incluidos en la lista de actores corruptos. Es decir, dichos funcionarios ahora no solo no podrán visitar EE.UU. sino los países antes citados.
A raíz de las acciones de criminalización, actualmente más de 70 guatemaltecos están en el exilio, entre políticos, activistas, defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas.
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