Nueva normativa de Estados Unidos permite detener y procesar penalmente a funcionarios extranjeros que figuren en investigaciones por corrupción en ese país, como el cobro de sobornos.
Por Prensa Comunitaria
El gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ha caracterizado por imponer sanciones migratorias y económicas a políticos y ciudadanos extranjeros que están vinculados en actos de corrupción en sus países o que apoyan en acciones antidemocráticas, como ocurre en Guatemala.
Ahora, dicho país busca imponer cargos penales a los funcionarios extranjeros que estén señalados de beneficiarse de sobornos. Dicha norma lleva el nombre de Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, y fue promulgada por el mandatario norteamericano el pasado 22 de diciembre, según el diario The Wall Street Journal.
Dicha disposición es una ampliación a las leyes antisoborno de Estados Unidos, y permite a las autoridades estadounidenses procesar a funcionarios extranjeros que exijan o acepten sobornos de estadounidenses que intentan conseguir negocios.
Es decir ahora está tipificado como delito que un funcionario extranjero solicite o acepte un soborno de una persona estadounidense, una empresa estadounidense o dentro de una jurisdicción estadounidense.
Según el medio norteamericano, la nueva disposición llega después de años de campaña por parte de una coalición bipartidista de grupos anticorrupción y organismos de control gubernamentales, así como de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.
“Sin esto, el arsenal legal de Estados Unidos para combatir la corrupción internacional estaba incompleto”, dijo Tom Firestone, socio del bufete de abogados Squire Patton Boggs, especializado en delitos de cuello blanco, y señaló que la Ley de Prácticas de Corrupción en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) solo cubre el lado de la oferta del pago de sobornos, mientras que Agencias de Prácticas de Empleo Justas (FEPA, por sus siglas en inglés) aborda el lado de la demanda. “Si se aplica efectivamente, es de esperar que proteja a las empresas estadounidenses que operan en el extranjero para que no estén sujetas a estas demandas”, dijo.
Under a new provision, U.S. prosecutors can bring criminal charges against foreign officials if they demand or accept a bribe from a U.S. citizen or company https://t.co/XJLgd84YX8 https://t.co/XJLgd84YX8
— The Wall Street Journal (@WSJ) January 2, 2024
Efecto de la nueva normativa
La implementación de dicha norma implicaría que los funcionarios extranjeros acusados de aceptar sobornos pueden ser arrestados cuando entren en territorio estadounidense; si viven en un país con un tratado de extradición con Estados Unidos, o si viajan a un tercer país que tiene un tratado de extradición con ese país.
Incluso si algunos funcionarios extranjeros están fuera del alcance de los alguaciles estadounidenses, Firestone, ex fiscal federal, dijo que no es probable que eso disuada el procesamiento de estos casos, ya que el Departamento de Justicia reconoce el valor de identificar a los infractores y responsabilizarlos.
En Guatemala el último caso de un funcionario detenido y condenado por corrupción en dicho país fue Acisclo Valladares Urruela, el exministro del gobierno de Jimmy Morales, incluso reconoció su culpabilidad y está cumpliendo una condena. Además de él, Manuel Baldizón, excandidato presidencial, enfrentó una condena en Estados Unidos por lavado de dinero.
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