Alta Verapaz: excesivo despliegue policial en una comunidad Q’eqchi’ por posible desalojo

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Créditos: Estuardo de Paz
Tiempo de lectura: 3 minutos

 

Aunque el Ministerio de Gobernación y la PDH aseguran que el pasado 31 de enero no se trató de llevar a cabo un desalojo en la comunidad Ch’ina Cangüinic, de Alta Verapaz, la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (UVOC) sostiene que recibieron una alerta de comunitarios sobre un operativo de esa naturaleza.

Por Regina Pérez

El pasado 31 de enero, por la mañana, población del departamento de Alta Verapaz alertó sobre el avance de un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) que supuestamente se dirigía a la aldea Ch’ina Cangüinic, ubicada a más de una hora de Cobán, la cabecera departamental, para ejecutar un desalojo.

Según la información a la que tuvo acceso Prensa Comunitaria, un grupo de personas se organizó para impedir que los agentes de la PNC llegaran a la localidad, al taparles el paso a la altura de la aldea Cubilgüitz.

Fuentes oficiales consultadas negaron que se tratara de un desalojo y dijeron que la movilización de los agentes era por un allanamiento.

Carlos Guillermo Artola, auxiliar de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), en Alta Verapaz, señaló que el pasado 31 de enero no estaba programado ningún desalojo sino allanamientos, aunque dijo no tener claro si era en la referida aldea.

“Sí, estaba programado un desalojo para otra fecha en ese proceso de Cangüinic, pero fue suspendido por la jueza desde la semana anterior”, indicó. Sobre esta orden, el auxiliar dijo que es el Ministerio Público (MP) el que tiene los detalles. “Determinar si son los legítimos propietarios, eso le corresponde al señor juez”, agregó.

En tanto Julio Orozco, vocero del Ministerio de Gobernación (MINGOB), informó que el MP requirió el apoyo de agentes de la PNC para apoyarlos en un allanamiento.

Es importante entender que no es un operativo coordinado por la PNC, sino por el MP, que previendo cualquier situación solicita el apoyo de la policía, que da su apoyo pero tiene instrucciones claras del tema de manejo de derechos humanos, expresó.

“Incluso la cantidad de personal de policía no lo define la PNC, sino lo define en su solicitud el MP”, justificó. “Entendemos a la sociedad que se vio sorprendida pero todo se hizo dentro del marco de la ley y ellos tendrán la oportunidad a través de los medios de comprender que no es una situación de PNC y menos del Ministerio de Gobernación sino del MP que hizo una solicitud de ese tamaño”, agregó.

Se asignaron 1,194 agentes para la diligencia de Ch’ina Cangüinic, según la Subdirección General de Operaciones de la PNC.

UVOC: sí fue intento de desalojo

Sandra Calel, de UVOC, indicó que según la información que recibieron de comunitarios de la aldea sí se trató de un intento de desalojo, por lo que alertaron a varias instituciones, entre ellos la Secretaría Privada de la Presidencia.

En 2023, la organización campesina registró siete desalojos en Alta Verapaz y en 2024 el caso de China Cangüinic sería el primero en intentar ejecutarse.

Calel indicó que desde que inició el gobierno de Bernardo Arévalo pidieron una moratoria para que antes de realizar desalojos se realice una investigación catastral histórica para no llegar a esas consecuencias.

La movilización excesiva de agentes de la PNC generó preocupación ya que durante el gobierno de Alejandro Giammattei los desalojos fueron una constante en el departamento, uno de los más afectados por la problemática agraria.

De acuerdo con Calel, una de las principales causas de la conflictividad agraria en Alta Verapaz es la falta de voluntad política del Estado y de los diferentes gobiernos para buscar las rutas para resolver la problemática.

“La población indígena y campesina siempre ha reclamado su tierra ancestral e histórica, ningún gobierno le ha dado prioridad para resolver esta situación que afrontan las familias”, expresó.

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