El Ministerio Público de Consuelo Porras ha salido al paso de las sanciones de la Unión Europea y anuncia que se reserva el derecho de accionar legalmente a través del SICA por las sanciones en su contra y otros fiscales.
Por Regina Pérez
El comunicado emitido por el Ministerio Público (MP) ante las sanciones anunciadas por la Unión Europea (UE) contra la fiscal general, Consuelo Porras, su secretario general, Ángel Pineda y los fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales han generado todo tipo de opiniones debido a que el ente investigador anunció que se reserva las acciones legales de forma unilateral o desde el espacio del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) del cual Guatemala forma parte.
Las medidas restrictivas anunciadas el viernes 2 de febrero por el Consejo de la UE contra Porras y sus fiscales, así como contra el juez Fredy Orellana se debe a que con sus acciones socavaron la democracia, el Estado de Derecho o la transición pacífica del poder en Guatemala.
En un comunicado que difundió el ente investigador, Consuelo Porras anunció que estas sanciones constituyen una abierta violación a la autonomía e independencia del Ministerio Público, una institución fundamental del Estado de Derecho de Guatemala que como país miembro del SICA ratificó el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica por lo que desde ya la institución se reserva las acciones legales bien sea de forma unilateral o desde el espacio multilateral del SICA “de conformidad con los principios y normas del Derecho Internacional Público que pudieran corresponder en contra de la Unión Europea”.
Lo anterior ha generado varias reacciones por diversas razones. “Es todo un absurdo”, indicó el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien señala que el propósito del SICA está relacionado con la integración de los países centroamericanos.
“Dista mucho de convertirse en una autoridad que vaya en defensa de individuos cuya actuación dista mucho de tener que ver con el propósito del SICA, no sé dónde sacaron ese fundamento”, expresó.
#ObservatorioDeLoAbsurdo 🔎MP amenaza con demandar a Unión Europea (UE), tras las sanciones en contra de Fiscal General Consuelo Porras, el secretario Ángel Pineda, fiscales Rafael Curruchiche y Leonor Morales y Fredy Orellana, actores que atentan en contra de la democracia.👇🏾 pic.twitter.com/hWK00o2tFu
— Prensa Comunitaria Km169 (@PrensaComunitar) February 3, 2024
Para el politólogo Jorge Wong, es posible que el MP pueda realizar un reclamo a través del SICA, pero indica que eso no ha ocurrido nunca. Podría ser posible si en este momento se unieran pudieran lograr una cuestión de ese tipo, pero ¿Cuánto va a caminar? Ahí tiene que ver la negociación política de parte de los Estados, no solo Guatemala, cuestionó.
Este Sistema se constituyó en 13 de diciembre de 1991, cuando los países centroamericanos firmaron el Protocolo de Tegucigalpa, como un nuevo marco jurídico-político para todos los niveles y ámbitos de la Integración Centroamericana en aspectos económicos, sociales y culturales, políticos y ecológicos que permitieran visualizar un desarrollo integral para la región.
En redes sociales, el anuncio del Ministerio Público causó cuestionamientos. Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, indicó que la institución en posible abuso de autoridad y posible usurpación de funciones de la Cancillería de Guatemala amenaza a la UE con denunciarlos a través del SICA por sancionar a funcionarios del MP. “La Cancillería de Guatemala debiera evaluar tomar acciones”, expresó.
Sanción es contra individuos, no institución
El exjefe de la FECI, Sandoval, comentó que las sanciones de la Unión Europea son en contra de individuos que trabajan en el MP y no están condenando a la institución. Denota mucho el actuar de las autoridades que usan la plataforma institucional para la defensa de individuos que fueron sancionados, indicó.
Otro aspecto es que las personas señaladas invocan el respeto de principios que corresponden al proceso penal, cuando en la Unión Europea no les han iniciado un proceso penal por la posible comisión de delitos.
Por su parte, Wong hizo ver que lo principal son las pruebas de descargo para demostrar a la UE que está equivocada en lo que está diciendo. “Esa sería la ruta más correcta, a los hechos deberíamos remitirnos en estas cuestiones de política internacional”, señaló.
Llama la atención que en el comunicado del Ministerio Público se hizo referencia al Consejo Europeo en lugar del Consejo de la UE, que fue el que aplicó las medidas, lo cual para Sandoval es un disparate.
Las sanciones de la Unión Europea en contra de Porras, Pineda y los fiscales Curruchiche y Morales se suman a las medidas aplicadas ya por el gobierno de Estados Unidos en distintos momentos contra la fiscal general, el secretario general del MP y los fiscales de la FECI por su involucramiento en actos de corrupción y persecución de operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
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