La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la expulsión del estudiante Camilo García de la Universidad de San Carlos. El fallo avala una de las sanciones impuestas contra uno de los integrantes del movimiento que defendió la autonomía universitaria en 2022, pero fue criminalizado y obligado al exilio.
Por Alexander Valdéz
La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la expulsión de Camilo García, estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), quien en 2022 fue uno de los rostros visibles de la defensa de la autonomía universitaria frente al proceso fraudulento que llevó a Walter Mazariegos a la rectoría. Prensa Comunitaria conoció que la decisión se tomó con una votación de tres magistrados contra dos, el máximo tribunal rechazó el recurso presentado por García, dejando firme la sanción impuesta por las autoridades universitarias.
García, quien tenía 22 años cuando estalló la crisis universitaria, era representante estudiantil de su facultad ante el Consejo Superior Universitario (CSU). Desde ese cargo participó activamente en las acciones y denuncias contra la elección de Mazariegos, señalada por distintos sectores sancarlistas como un proceso irregular que vulneró la autonomía de la única universidad pública del país.
Fue por esa lucha universitaria, que Mazariegos inició un proceso disciplinario en su contra que concluyó con su expulsión de la USAC. La medida fue cuestionada por estudiantes, docentes y organizaciones de derechos humanos, que la calificaron como una represalia contra uno de los líderes del movimiento universitario. Hasta entonces, incluso García era conocido por ser un estudiante destacado.
“Por inhibitoria de las Magistradas Astrid Jeannette Lemus Rodríguez y Dina Josefina Ochoa Escribá, se integra el Tribunal con los Magistrados Luis Fernando Bermejo Quiñónez y Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, para conocer y resolver el presente asunto. II. Sin lugar el recurso de apelación interpuesto por Adrian Camilo García Flores -postulante- contra la sentencia de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictada por la Sala Quinta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, constituida en Tribunal de Amparo”, indica parte del fallo.
El fallo fue firmado por los siguientes magistrados: Luis Fernando Bermejo (disidente), Anabella Morfín (disidente), Claudia Paniagua (a favor), Julia Rivera (a favor) y Roberto Molina Barreto (a favor).
Criminalizado
La expulsión no fue la única consecuencia que enfrentó García por su participación en la defensa de la autonomía universitaria. También, fue sometido a un proceso penal impulsado por Mazariegos y sus aliados, junto a otros estudiantes, docentes y profesionales que encabezaron el movimiento sancarlista que se opuso a su imposición como rector.
El caso fue presentado por el MP en noviembre de 2023, cuando se giraron 27 órdenes de captura y se realizaron 33 allanamientos contra estudiantes, docentes, trabajadores de la USAC y personas sin vínculo con la institución. La Fiscalía les atribuyó delitos de sedición, asociación ilícita, usurpación y daños al patrimonio cultural.
En 2023 fueron detenidos Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang, Alfredo Beber, Javier De León, Marcela Blanco y días después Jorge Macario. A la fecha hay 24 personas ligadas a proceso por este caso, y la mayoría de las audiencias que han sido suspendidas han sido por decisión del juzgado o ausencia de la fiscalía.
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El fraude continúa
La elección de rector de este año representaba una nueva oportunidad para recuperar la USAC mediante un proceso democrático y poner fin al control de Walter Mazariegos y el grupo que lo respalda. Y pese a que la resistencia sancarlista reunían una mayoría de electores, todo se frustró cuando Mazariegos repitió la misma fórmula que le permitió asumir el cargo en 2022: excluyó del proceso a los cuerpos electorales que no le eran afines y permitió solo la participación de sus aliados, asegurando así su permanencia.
La elección, además, se realizó de forma reservada en un lujoso hotel de Antigua Guatemala, lejos de las instalaciones universitarias y sin transparencia. Las consecuencias también alcanzaron a quienes continuaron manifestando su rechazo a ese proceso. Estudiantes que denunciaron públicamente las irregularidades enfrentaron represalias, entre ellas la eliminación de sus matrículas universitarias.
Por aparte, las acciones legales promovidas para impugnar la elección permanecen sin una respuesta de los tribunales de justicia y las denuncias penales presentadas ante el Ministerio Público (MP) tampoco han reportado avances.
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