El abogado solicita peritajes especializados y testimonios que contextualicen los hechos dentro de un marco histórico y de derechos humanos. Estos serían parte de los medios de defensa para la audiencia de etapa intermedia por ese caso de criminalización, en la que se definirá si enfrenta o no juicio.
Por Alexander Valdéz
El abogado Ramón Cadena presentó un memorial ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural dentro del proceso penal identificado como “Toma USAC”, en el que fue ligado por los delitos de usurpación agravada y depredación de bienes culturales. En su escrito, Cadena expone que la causa se encuentra en fase de investigación y pendiente de audiencia de etapa intermedia, donde deberá resolverse si enfrenta juicio. No obstante, señala que el proceso ha sufrido reiteradas suspensiones y retrasos, a cargo del juez Víctor Cruz, en el Juzgado Décimo Pluripersonal Penal, prolongando la definición de su situación.
En el memorial, Cadena solicita la práctica de peritajes especializados que, argumenta, permitirían contextualizar los hechos más allá del ámbito estrictamente penal. Entre las diligencias propuestas figura un peritaje sociológico sobre la criminalización de defensores de derechos humanos en el caso USAC, así como un análisis desde el Derecho Penal Internacional que evalúe si existe una persecución sistemática contra abogados, estudiantes y docentes que rechazaron la designación de Walter Mazariegos en la rectoría de la Universidad de San Carlos.
“Su incorporación permitirá dotar al proceso de una visión integral desde las ciencias sociales, el Derecho Internacional y disciplinas técnicas especializadas, contribuyendo a que el órgano jurisdiccional cuente con elementos objetivos para valorar los hechos investigados dentro de su debido contexto histórico, social y jurídico”, señala el abogado.
Asimismo, el abogado solicitó la designación de expertos nacionales e internacionales en justicia transicional, Derecho Internacional Humanitario y estudios sobre autonomía universitaria, para aportar al tribunal un análisis histórico y estructural de las movilizaciones surgidas en la USAC. Según el documento, estos peritajes buscan evidenciar que el proceso penal se inscribe en un patrón más amplio de criminalización contra actores que han ejercido la defensa de derechos y oposición política.
Además de los peritajes, Cadena propone la declaración de testigos nacionales e internacionales que, dice, tienen conocimiento del contexto de criminalización vinculado al caso. En su petitorio final, solicita que se fije a la brevedad audiencia para discernir el cargo a los peritos y recibir las declaraciones testimoniales, invocando el derecho de defensa y la celeridad procesal. Mientras permanece en libertad condicional, el abogado continúa impulsando acciones para quedar fuera del proceso, a la espera de que se programe la audiencia intermedia que definirá si el caso avanza a juicio.
“Las declaraciones testimoniales propuestas resultan necesarias y pertinentes para el ejercicio efectivo del derecho de defensa, en atención al principio de libertad probatoria. Su recepción permitirá incorporar al proceso relatos directos de personas con conocimiento de los hechos investigados, aportando elementos fácticos relevantes que contribuyen a la reconstrucción objetiva de lo ocurrido y a su adecuada valoración dentro de su contexto”, añade.
El proceso de criminalización
Ramón Cadena fue ligado a proceso en el caso Toma Usac: Botín Político, en noviembre del año pasado, y recuperó su libertad por una medida sustitutiva. Cadena pasó 11 días en prisión preventiva y enfrentó una audiencia marcada por múltiples suspensiones, luego de presentarse voluntariamente ante los tribunales para enfrentar el proceso de criminalización en su contra.
El juez Cruz vinculó a Cadena por dos de los cuatro delitos que le imputó el Ministerio Público: usurpación agravada y depredación de bienes culturales en forma continuada. Sedición y asociación ilícita fueron desestimados.
Durante la serie de audiencias, Cadena estuvo acompañado por comunidades y autoridades indígenas, campesinas y urbanas del país, que manifestaron contra su detención y la persecución de universitarios frente a la Torre de Tribunales. “Defender derechos no es un delito”, señalaron los manifestantes.
La comunidad internacional también se ha pronunciado contra la persecución de Cadena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de un comunicado, señaló su rechazo a la detención del abogado y la criminalización contra la comunidad de la Universidad de San Carlos.
La CIDH señala tener documentado el caso de “criminalización contra estudiantes, docentes, personas trabajadoras y defensoras de derechos humanos que participaron en las movilizaciones estudiantiles y protestas pacíficas” ocurridas en 2022 y 2023, para señalar las irregularidades en la elección de la Rectoría. Además, señaló que la cooptación de esta casa de estudios tiene por finalidad “asegurar la influencia en las distintas comisiones de postulación que integra para elegir autoridades”.
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Un caso detenido y con exilios
El caso Toma Usac: Botín Político surge en el contexto de la movilización de estudiantes y profesionales de la Universidad de San Carlos que se opusieron a la imposición de Mazariegos como rector, que fue electo mediante un proceso que la comunidad universitaria y organizaciones de sociedad civil han denunciado como fraudulento.
La movilización de la comunidad universitaria buscaba cuestionar la legitimidad de su nombramiento y defender la autonomía de la institución, lo que derivó en la criminalización de varios líderes y participantes de estas protestas, incluido el abogado Ramón Cadena.
El caso fue presentado por el MP en noviembre de 2023, cuando se giraron 27 órdenes de captura y se realizaron 33 allanamientos contra estudiantes, docentes, trabajadores de la USAC y personas sin vínculo con la institución. La Fiscalía les atribuyó delitos de sedición, asociación ilícita, usurpación y daños al patrimonio cultural.
Por ahora, el juez ha ligado a proceso a casi 20 personas y ha decretado falta de mérito para algunas señaladas. Todos han salido en arresto domiciliario, pero su caso no avanza y están sometidos a restricciones del proceso penal. Mientras que, quienes siguen fuera del país no pueden volver por temor a la captura.
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